Edith Santiago Díaz
Expediente 73/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edith Santiago Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veinte de octubre de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se determina que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veinte de octubre de dos mil veintidós en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se determina que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
SEGUNDO. DESECHAMIENTO PARCIAL, ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, por un lado, desechó la demanda por cuanto hace a las autoridades señaladas como responsables identificadas con los arábigos*** por otro, admitió a trámite la demanda respecto de las demás autoridades; por ende, solicitó a dichas responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda respecto de las autoridades*** Secretaria de Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México, y 11. Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; por lo tanto, se les requirió su informe justificado. CUARTO. DESISTIMIENTO PARCIAL. El diez de agosto del presente año, se tuvo a la parte quejosa desistiéndose del juicio únicamente por cuanto hace a la autoridad responsable, 10. Secretaria de Trabajo y Previsión Social, con residencia en la Ciudad de México. QUINTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede*** PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos*** de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se reclaman actos que no requieren ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquél consiste en*** TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado por cuanto hace a las autoridades responsables, Presidente y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba; 8. Presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México; y 9. Secretaria General de Conciliación y Asuntos Individuales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Máxime que de las constancias que obran en autos se desprende que la impetrante presentó la demanda laboral de que se trata, ante la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba (como órgano colegiado), y no ante las autoridades responsables en mención, por lo que en esa medida, no puede atribuírseles la omisión reclamada. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto y las autoridades de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, pues con independencia de que en su informe justificado lo negó, efectuó diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia del mismo; por tanto, se tiene por desvirtuada dicha negativa. Por otra parte, se presume cierto el acto que se reclama de la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, ya que dicha autoridad no rindió su informe justificado a pesar de que se le requirió mediante oficio 4470/2022.7 Es pertinente indicar que la certeza del acto reclamando en mención, se corrobora además con las constancias deducidas del juicio laboral*** remitidas por la Junta responsable residente en Orizaba, Veracruz, en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece*** De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso, se reitera, la impetrante de amparo*** reclama en el presente juicio*** Sin embargo, de las constancias que obran en el presente sumario constitucional se desprende en lo que al caso trasciende que por auto de uno de febrero de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, tuvo por recibida la demanda laboral presentada por la aquí quejosa*** en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la radicó bajo el número*** de su índice; no obstante, por las razones ahí expuestas, se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma, y ordenó remitir dicho asunto a la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; y por acuerdo de veintidós de abril de este año, esta última Junta tuvo por recibidos los autos del expediente en mención, aceptó la competencia planteada, y admitió a trámite la demanda de mérito bajo el número*** por lo que, entre otras cosas, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y ordenó fijar ". la convocatoria y la investigación que marca el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo", con el fin de investigar qué personas dependían económicamente de la trabajadora fallecida. Luego, dichas actuaciones ponen de manifiesto que la conducta omisiva reclamada cesó, pues ya se actuó para el efecto pretendido por la impetrante de amparo, es decir, los efectos de los actos reclamados desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada; máxime si se toma en cuenta que los efectos de una posible concesión de amparo, se constreñirían esencialmente a que las responsables dictaran el auto de radicación en relación con la demanda laboral presentada por la inconforme, señalaran fecha y hora para la celebración de la audiencia trifásica y ordenaran las diligencias para indagar a cerca de los dependientes económicos de la trabajadora fallecida; lo que, como se evidenció, ya aconteció. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo que impide analizar el fondo del asunto. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe señalar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 73/2022, promovido por*** contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero y tercero, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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