Edilberto Tecpile Temoxtle

Expediente 837/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
837/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Edilberto Tecpile Temoxtle
  • Edilberto Tecpile Temoxtle y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el*** Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Zongolica, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 22285/2023, mediante el cual se le notificó el auto de treinta de octubre del año en curso, e informando respecto al cumplimiento de la sentencia amparadora. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y el diverso signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, al que acompañó copias certificadas de las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria, recibidos en proveído dieciséis del mes y año en curso; dese vista a las partes quejosa y tercero interesada, por el término de tres días, computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector. Notifíquese, electrónicamente a los quejosos y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lista a los terceros interesados, víctima de identidad reservada identificada con el alfanumérico 1. V/601/2019, y ofendidos identificados con los alfanuméricos 2. O/600/2019, 3. O/603/2019 y 4. O/604/2019; y por oficio a los diversos terceros interesados Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, y Fiscal Cuarta Auxiliar de la Fiscalía General, con residencia en Xalapa, ambas del Estado de Veracruz.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; en atención a su contenido, se provee: Se tiene a la citada autoridad responsable acusando recibo del oficio 22284/2023, mediante el cual se remitió el original del Toca número*** de su índice y se notificó el auto de treinta de octubre del año en curso. Asimismo, se tiene a la Sala responsable remitiendo las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia amparadora y se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la restante autoridad responsable informe sobre ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, son los siguientes*** En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se requiere al 1. Magistrados que Integran la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz y 2. Jueza de Control y Enjuiciamiento*** adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, cumplan puntualmente con la ejecutoria de amparo e informe a este Juzgado Federal sobre ello, con la remisión de las constancias que avalen dicho acato. Apercibidas las autoridades responsables, que en caso de no cumplir dentro del plazo concedido para ello, se harán acreedoras de una multa de doscientas Unidades de Medida de Actualización conforme a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En el entendido que, si las autoridades responsables no cumplen con el requerimiento señalado en el párrafo precedente, con independencia de hacerle efectiva la imposición de la multa señalada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, conforme a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, previa copia certificada que se deje en los presentes autos del acto reclamado, consistente en la resolución de veintiocho de septiembre del año próximo pasado, remítase a los*** la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, el tomo de prueba que conforma el original del toca número*** de su índice; para que esté en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia de amparo concedida a la parte quejosa, en el entendido de que dichas constancias podrán serle requeridas nuevamente, en caso de ser necesarias, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese

  4. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 837/2022, promovido por*** por conducto de su defensor voluntario*** contra actos de la 1. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado con sede en Xalapa, Veracruz, y otra autoridad, los cuales consideró violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19*** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque la resolución reclamada fue notificada a la parte quejosa el trece de octubre de dos mil veintidós, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el catorce; por tanto, el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, transcurrió del diecisiete de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, sin contar en dicho lapso los días veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, uno, dos, cinco y seis de noviembre, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y la circular*** emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, resulta oportuna. QUINTO. Consideraciones previas. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la citada Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues los actos reclamados son relativos a la materia penal y los quejosos son los imputados. Por otro lado, de resultar procedente este juicio de amparo, el análisis de constitucionalidad de los actos reclamados deberá realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, toda vez que aquéllos fueron dictados aplicando el nuevo sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes del acto reclamado, que se desprenden del disco óptico y del toca*** del índice de la Sala responsable, formado con motivo de la apelación interpuesta en el proceso penal*** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Zongolica, Veracruz, remitidos por la autoridad responsable en vía de informe, cuyo valor probatorio se precisó en el considerando tercero de este fallo, a saber*** OCTAVO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los peticionarios de amparo argumentan que la resolución reclamada les causa perjuicio debido a que carece de motivación, dado que la Sala responsable consideró que respecto a la medida cautelar se actualizan dos supuestos de excepción*** el primero, que el proceso no ha concluido debido a que la defensa ha hecho valer diversos medios de impugnación, que lo han entorpecido, a lo que, refiere, también arribó la juez de origen; lo que considera carece de motivación, pues en ninguna de las resoluciones se enuncian cuáles son estos medios y en su caso el tiempo que han durado. El segundo, que de conformidad con el artículo 2 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los procesados por el delito de secuestro, deben estar sujetos a prisión preventiva oficiosa, todo lo que dure el juicio; criterio que, refiere, no comparte, toda vez que se trata de una ley reglamentaria que no puede estar por encima de la constitución, pues el artículo 20 constitucional, dispone un plazo para la duración de la prisión preventiva oficiosa, en este caso, dos años, sin hacer distinción alguna en cuanto al tipo de delitos por el que se juzgue. Que la Sala aplica al problema la tesis aislada de rubro*** como un criterio orientador; empero, no lo completó con otros argumentos, aunado a que omitió el estudio de los antecedentes de los imputados, su grado de peligrosidad, el posible peligro para las víctimas o algún testigo o posible sustracción de la acción de la justicia. Lo expuesto a ese respecto es sustancialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, aunque para arribar a esa conclusión debe suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Es así, porque del análisis de la resolución reclamada se advierte que la determinación judicial de confirmar la prórroga de la prisión preventiva oficiosa no cumple con el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque carece de debida motivación. Para justificar dicha postura, resulta pertinente establecer que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho fundamental de legalidad, que obliga a las autoridades entre otras cosas a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, lo que implica*** Citar los preceptos normativos en que apoyan su actuar*** Exponer las consideraciones que las llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como finalidad que los gobernados puedan atacar esos fundamentos y motivos si no son correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación expuesta; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Bajo esta perspectiva, para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el numeral constitucional en mención, en él se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta para su emisión; además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Asimismo, es pertinente precisar que existen diferencias entre la falta y la indebida fundamentación y motivación de los actos de autoridad; la falta de fundamentación se traduce en una inexistencia en la cita de los preceptos legales en los que la autoridad base su actuación, y en cuanto a la falta motivación, en una ausencia total de las circunstancias especiales o razones particulares que tuvo en cuenta la autoridad para la emisión del acto. Por su parte, la indebida fundamentación y motivación se traducen, en el primer supuesto, en que si bien existe una cita de preceptos legales estos no son aplicables al caso en concreto y, en el segundo, en que aun cuando se dan razones o argumentos, ellos no correspondan a los hechos, o bien, cuando los argumentos que se dan en el acto no corresponden a las normas aplicadas. Ahora, como se ha señalado, la resolución reclamada confirma el auto que prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el término de un año; por tanto, resulta pertinente citar el contenido de los artículos 19, segundo párrafo, y 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen*** De los preceptos constitucionales transcritos deriva que la prisión preventiva pretende garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; establecen los supuestos en que debe ser decretada; y que no podrá exceder el tiempo de pena máximo que merezca el delito que motivare el proceso penal, pero en ningún caso podrá ser superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. La cual se rige por los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión*** ha analizado los referidos principios y establecido que consisten en*** Excepcionalidad, a través del cual el Estado garantiza el principio de presunción de inocencia, en la medida de que la libertad siempre es la regla, mientras que la prisión es la excepción*** Necesidad, que significa que la prisión preventiva tiene que ser indispensable para conseguir el fin legítimo que ésta persigue. En cuanto a este principio, el Máximo Tribunal del País destacó que en la doctrina de la Corte Interamericana, la existencia de un fin legítimo constituye el detonador o el motivo por el cual la prisión preventiva se vuelve indispensable, por lo tanto, si es la base para dictarla, este fin legítimo deberá estar presente todo el tiempo que dure la medida cautelar, y si éste desaparece, la prisión preventiva tiene que cesar, porque ya no tiene un fundamento o un fin legítimo que perseguir o proteger; que, por tanto, el principio de necesidad es relevante para la determinación de imponer la prisión preventiva, pero también para justificar su prolongación. Agregó que de conformidad con el artículo 19 constitucional, solamente serán fines legítimos para justificar la prisión preventiva, los que buscan asegurar que el acusado comparezca al juicio, proteger el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y los testigos*** Proporcionalidad, con base en el cual la privación de la libertad no debe ser desmedida en relación con las ventajas que se obtienen mediante la prisión preventiva, por lo que su restricción no debe ser más allá de lo estrictamente necesario para asegurar que no se obstaculizará el desarrollo del proceso penal. Asimismo, implica que las autoridades deben evitar que la medida cautelar sea igual o más onerosa que la pena que será recibida en caso de que se determine la responsabilidad penal de la persona; y se requiere que antes de imponer la prisión preventiva, se considere la aplicación de otras medidas cautelares menos gravosas. Ahora, en cuanto a la prolongación de la medida cautelar, la Corte señaló que el ejercicio del derecho a la defensa necesariamente impacta en la duración del proceso penal, porque implica la activación de la maquinaria procesal contemplada en la ley para que las personas que enfrentan un proceso penal puedan ofrecer y desahogar los elementos de prueba necesarios, los cuales están sometidos al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio; que por ello, el plazo de la prisión preventiva necesariamente se prolongará, pero dicho lapso no puede existir sin estar sujeto a un escrutinio que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. Precisó que para realizar el referido escrutinio debía atenderse a los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomando en cuenta tres elementos*** La complejidad del asunto, donde se deben estudiar factores como las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones, la dificultad de las pruebas y su desahogo, la pluralidad de sujetos procesales, la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos*** La actividad procesal del interesado, de la que no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. En el entendido que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada*** La conducta de las autoridades, se debe tomar en cuenta el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen. La Suprema Corte destacó que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que se actualizan dichos elementos, es decir, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso; en su caso, acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar; y de no demostrarlo, se decretará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, concluyó que, llegado el límite de dos años de duración de la prisión preventiva, y formulada la petición ante el juez de control, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación; y en el caso de que deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación de acuerdo con los estándares ya indicados, que evitará que la medida cautelar se extienda innecesariamente. Ahora, en el asunto que nos ocupa, la Sala responsable validó las consideraciones de la juez del proceso, en el sentido de que la prolongación de la prisión preventiva se encontraba justificada, pues si bien se había excedido el término que prevé la constitución, ello se debía a que los imputados han ejercido su derecho a defenderse, concluyendo que en el caso concreto la prórroga de la medida cautelar se trata de una excepción a la regla, por dos motivos*** el primero relativo a los actos de defensa a los que se refirió la Juzgadora; y el segundo, porque la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, en su artículo 2, señala de manera determinante que no existe otra medida cautelar aplicable cuando el delito que se persigue es secuestro, como acontece en proceso penal de origen; así se advierte de la resolución reclamada en la que precisó*** En las relatadas circunstancias, al no haberse ocupado la Sala responsable de analizar la determinación de la Juez de origen que prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los impetrantes de amparo, atendiendo a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, y la conducta de las autoridades; su resolución no se encuentra motivada adecuadamente en torno a tales aspectos, por lo que incumplió con el mandato contenido en el artículo 16 constitucional. Por otro lado, no basta con señalar que de acuerdo al segundo precepto de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, no existe otra medida cautelar aplicable cuando el delito que se persigue es secuestro, como acontece en proceso penal de origen; ello debido a que, como se ha indicado, el Máximo Tribunal ya estableció que en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, la decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evite que la medida se extienda innecesariamente; y que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso; en su caso, acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar; y de no demostrarlo, se decretará el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar a que se debata sobre la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a*** por conducto de su defensor voluntario*** para el efecto de que la autoridad responsable 1. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, realice lo siguiente*** Deje sin efectos la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós*** En su lugar, emita una nueva en la que, con libertad de jurisdicción y bajo su más estricta responsabilidad, purgue los vicios formales que afectan el acto reclamado ciñéndose a lo destacado en esta sentencia. Esto es*** analice la determinación que prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los impetrantes de amparo, atendiendo a los tres elementos a que se refiere la jurisprudencia Concesión que se hace extensiva a la autoridad responsable denominada 2. Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Zongolica, Veracruz, por ser una consecuencia legal del acto reclamado, cuya inconstitucionalidad ha sido decretada en esta sentencia. Finalmente, no pasa inadvertido que la tercera interesada Fiscal Cuarta Auxiliar de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, formuló manifestaciones a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. NOVENO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA a*** contra el acto reclamado a los Magistrados de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, por los motivos y para los efectos precisados expuestos en el considerando octavo de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese, electrónicamente a los quejosos y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lista a los terceros interesados, víctima de identidad reservada identificada con el alfanumérico*** por oficio a los diversos terceros interesados Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, y Fiscal Cuarta Auxiliar de la Fiscalía General, con residencia en Xalapa, ambas del Estado de Veracruz

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano