Edmundo Estrada Atemiz

Expediente 280/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
280/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Edmundo Estrada Atemiz

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin que se hubiera recurrido el auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. Se establece que el juicio no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales exhibidos por el promovente, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de NOVENTA DÍAS legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, serán destruidos. Finalmente, debido a que en la secretaría de este Juzgado se encuentran las copias del escrito de demanda, y dado que con el presente proveído queda firme la resolución en la que se desechó, procédase a su destrucción

  2. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos al promovente. Córdoba, Veracruz, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda firmado por ., con diez copias del mismo y tres anexos, consistentes en tres copias de su escrito inicial de demanda; mediante el cual desahoga la prevención formulada el seis de abril del año en curso; por tanto, se tiene por cumplido dicho requerimiento, por lo que se provee: REGISTRO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ., con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Expuesto lo anterior, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el promovente, . reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: a) El ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz. b) La resolución dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, en el expediente ., en la que decretó una pensión alimenticia provisional del veinte por ciento (20%) para cada uno de los acreedores alimentarios, haciendo un total del sesenta por ciento (60%), de lo que percibe en su fuente de trabajo; y su ejecución. c) El embargo precautorio decretado en el expediente . afecto de garantizar los alimentos provisionales fijados a favor de los acreedores alimentarios; y su ejecución, consistente en el oficio girado al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado a fin de que no realice movimientos sobre algún vehículo de su propiedad. Aunado a ello, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el veintidós de marzo del año en curso el promovente se enteró que había una demanda en su contra promovida por . por concepto de pensión alimenticia, disolución de sociedad conyugal y diversas prestaciones; asunto que fue radicado con el número ., del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; y que el diecinueve de febrero del presente año fue emplazado en un domicilio que no se encuentra habitando; además, en el escrito aclaratorio, manifestó, bajo protesta de decir verdad, que en el juicio de origen aún no se ha dictado sentencia y que se encuentra pendiente el desahogo de la etapa de pruebas. Precisado lo anterior, en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado en contrario sentido, en virtud de que el promovente de amparo carece del carácter con el que acude a esta vía constitucional, esto es, el de persona extraña a juicio por equiparación. En efecto, los artículos antes citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la procedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" De dichos preceptos deriva que los terceros extraños al juicio de origen pueden promover el amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, sin estar obligados a agotar los recursos o medios de defensa que concedan las leyes comunes. Sin embargo, en el caso no se actualiza el supuesto antes señalado, dado que la parte quejosa formula la demanda como persona extraña a juicio por equiparación, y de lo expuesto en su demanda y escrito aclaratorio se advierte que es parte en el juicio de origen ., del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; y que a la fecha, en dicho asunto no se ha dictado sentencia. Por tanto, ello le permite tener conocimiento completo, exacto y directo del juicio seguido en su contra, con independencia de que no haya comparecido a éste, pues está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, del Libro V, correspondiente al mes de febrero de dos mil doce, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto se citan: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Asimismo, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, ya que, previo a la instauración del juicio constitucional, el quejoso debió observar el principio de definitividad. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)". El precepto legal antes mencionado establece que antes de promover un juicio de amparo indirecto se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, en razón que a esta vía debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante la propia autoridad de instancia. Asimismo, el referido artículo enuncia los casos de excepción al citado principio de definitividad, es decir, las hipótesis en que no será necesario agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, los medios de impugnación ordinarios existentes. Ahora bien, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), consistente en el ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; cabe destacar que los artículos 55, 73, 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: "Artículo 55. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título Segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente en que haya intervenido el interesado en solicitar la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. La tramitación de los incidentes de nulidad no suspenderá el curso de los juicios." "Artículo 73.- Las notificaciones, requerimientos, entrega de expedientes o emplazamientos, se efectuarán a más tardar al día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que los prevengan, siempre que en éstas, el Juez o Tribunal no dispusieren otra cosa. A los infractores de esta disposición se les impondrá de plano una multa equivalente a un día de salario del notificador." "Artículo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." De tales disposiciones normativas deriva que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V, del Título Segundo, serán nulas; y que el incidente de nulidad que se interponga se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del asunto. En el caso, el acto reclamado consistente en el ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil ., es impugnable, de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que prevé la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones, en contra de las notificaciones realizadas en contravención a lo prevenido por el Capítulo V, del Título Segundo de dicho ordenamiento, el cual el peticionario de amparo no manifestó haberlo hecho valer. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en mención, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a. Resulta aplicable por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 198/2008, sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 698, del Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de literalidad siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". Asimismo, se invoca como apoyo la tesis V.1o.C.T. 105 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, consultable en la página 2674, del Tomo XXVI, Julio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DEL ILEGAL O DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO A JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, NO TIENE ESE CARÁCTER Y, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter al peticionario de garantías, cuando de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de la transgresión que reclama, antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra, ya que en esas condiciones, al tener el carácter de parte en el juicio y no de tercero extraño, está en condiciones de impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que prevén los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, pues a través de ese medio de impugnación se da a los interesados la oportunidad de aportar las pruebas que estimen pertinentes, a fin de justificar la ilegalidad o falta de emplazamiento a juicio que alegan, ya que ésta es la razón fundamental por la cual se da la procedencia del amparo en la vía indirecta, a fin de dar oportunidad al quejoso de defenderse y aportar las pruebas conducentes, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2001, derivada de la contradicción de tesis 23/2000- PL, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 81, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.". Por tanto, de conformidad con la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 114, fracción V, de la ley reglamentaria, el amparo indirecto será procedente cuando el quejoso alegue falta o ilegalidad del emplazamiento y se ostente como persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando la ley no establezca a favor del afectado o tercero extraño, algún recurso ordinario o medio de defensa, como resulta ser el incidente de nulidad de actuaciones, que también tiene como efecto, modificar o revocar el acto o actos reclamados." En relación con el acto reclamado señalado en el inciso b), consistente en la resolución dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, en el expediente . en la que decretó como una pensión alimenticia provisional relativa al veinte por ciento (20%) para cada uno de los acreedores alimentarios, haciendo un total del sesenta por ciento (60%), de lo que percibe en su fuente de trabajo; y su ejecución; es impugnable de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, el cual dispone: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario". De la disposición normativa transcrita se advierte que en los juicios de alimentos el juez está facultado, a petición de parte, a fijar en el auto inicial una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento; y la determinación que recaiga a esa solicitud es impugnable a través de la reclamación, cuyo trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes. En ese entendido, contra el acto que aquí se reclama procedía la reclamación prevista en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; y no existe constancia de que la parte quejosa, demandado en el juicio de origen, previo a acudir a este juicio de amparo haya agotado el indicado medio de impugnación, con el que podía obtener la revocación de tal resolución. De ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada respecto del acto reclamado señalado en el inciso b). Sustenta lo expuesto la jurisprudencia PC.VII.C. J/3 C (10a.) del Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo III, página 2221, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO PUEDEN FORMULAR LA RECLAMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 210, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, CONTRA EL AUTO INICIAL QUE LA FIJA. Atento a lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la fijación de una pensión alimenticia provisional (medida cautelar surgida a la par del procedimiento) tiene como presupuesto básico que quien pretende obtenerla pruebe la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, es de naturaleza accesoria y sumaria, no constituye un fin en sí misma, se tramita en plazo breve y su objetivo es suplir internamente la falta de una resolución sobre el fondo de la controversia, asegurando la eficacia de la sentencia y previniendo los peligros de la dilación; y está destinada a cubrir necesidades impostergables de quienes se encuentran en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, así como de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar su subsistencia mientras el juicio respectivo se resuelve. Ahora bien, la fijación de la pensión alimenticia provisional en el auto de inicio puede impugnarse a través de la reclamación prevista en el citado artículo 210, toda vez que su trámite se desarrolla con un escrito de cada una de las partes, teniendo mayor oportunidad para impugnar, pues el término es más amplio, idéntico a aquel con que cuenta el demandado para contestar la demanda -9 días-, además de que lo resuelve la misma autoridad que conoce del asunto, lo que da seguridad jurídica, al permitir al juzgador contar con los elementos para pronunciarse acerca de los intereses alimentarios tanto del acreedor como del deudor. Y si bien el tercer párrafo del artículo 210 aludido dispone que cualquier reclamación contra dicha medida se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, lo que interpretado gramaticalmente da lugar a entender que sólo el demandado puede interponerla, desde un punto de vista funcional, y atendiendo a los alcances de la norma adjetiva, pero sobre todo por tratarse de una medida cautelar que surge a la par del procedimiento, se concluye que ambas partes están en igualdad de condiciones durante el proceso, por lo que la reclamación contra el auto inicial relativo a la fijación de los alimentos provisionales pueden formularla tanto el actor como el demandado, sean éstos concedidos o no. Sin que sea obstáculo a lo anterior que el párrafo indicado establezca que contra la resolución que recae a la reclamación no procede recurso ordinario, pues debe entenderse que se refiere al que interponga el demandado, pues si se trata de la que haga valer el actor, es evidente que el demandado tendrá expedito su derecho para impugnarla en términos del artículo citado". También resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8, del Tomo I, Julio de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En cuanto al acto reclamado señalado en el inciso c), consistente en el embargo precautorio decretado en el expediente ., afecto de garantizar los alimentos provisionales decretado a favor de los acreedores alimentarios; y su ejecución, consistente en el oficio girado al Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado a fin de que no realice movimientos sobre algún vehículo de su propiedad; de igual forma, resulta impugnable de conformidad con los artículos 204 y 205, en relación con el 183, fracción II, y 186, primer párrafo, todos del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, los que establecen: "Artículo 183. Las providencias precautorias sólo pueden dictarse: (.) II.-Para impedir que un deudor eluda el cumplimiento de sus obligaciones o el resultado del juicio que se ha promovido o se intente promover en su contra; (.)" "Artículo 186. En el caso de la fracción II del artículo 183, el embargo se pedirá expresando el valor de la demanda o la cosa que se reclame, designando ésta con toda precisión; y el juez lo decretará de plano, fijando la cantidad por la cual haya de practicarse la diligencia y los bienes en que deba ejecutarse. (.)". "Artículo 204. La persona contra quien se dicte una providencia precautoria, puede reclamarla antes de la sentencia definitiva. Igualmente puede reclamar la providencia un tercero, cuando alegue que los bienes secuestrados, o parte de ellos, le corresponden en propiedad o por lo menos que los posee legalmente". "Artículo 205. Reclamada la providencia, la oposición se tramitará en la forma que para los incidentes establece la ley. La resolución que se dicte, será apelable en el efecto devolutivo". Preceptos de los que derivan que la medida preventiva decretada a efecto de garantizar el pago de alimentos constituye una providencia precautoria, para impedir que el deudor eluda el cumplimiento de sus obligaciones, la cual puede ser reclamada antes de dictarse la sentencia definitiva, y que se tramitará en la forma que establece la ley para los incidentes. En ese entendido, contra el acto reclamado consistente en el embargo decretado y su ejecución, a efecto de garantizar los alimentos fijados en el juicio natural a favor de los acreedores, también procede la reclamación, y no se advierte que previo a acudir a este juicio constitucional, el quejoso lo haya hecho valer, por lo que, al no agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es que se actualiza la causa de improcedencia respecto del acto impugnado, identificado en el inciso c). Resulta aplicable al caso, la tesis X.1o.36 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 2741, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA DEBE PROMOVERSE, PREVIO A OCURRIR AL JUICIO DE GARANTÍAS, EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 204 Y 205 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ. De los artículos 204 y 205 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad que establecen respectivamente: "... contra quien se dicte una providencia precautoria, puede reclamarla antes de la sentencia definitiva ..." y "Reclamada la providencia, la oposición se tramitará en la forma que para los incidentes establece la ley ...", se advierte que contra la resolución que decreta una providencia precautoria es obligatorio para el quejoso agotar previamente al juicio de amparo, dicha oposición vía incidental como medio de defensa previsto en los referidos numerales, pues, de lo contrario, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción III, de la citada ley". En el entendido de que, respecto de los actos reclamados, no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad que prevé el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un auto de vinculación a proceso, ni es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, como se concluyó en la presente determinación, el promovente no es una persona tercera extraña al procedimiento, pues tiene la calidad de demandado en el controvertido natural, en el cual no se ha dictado sentencia, por lo que puede integrarse a la relación procesal a efecto de hacer valer sus derechos e interponer los medios de defensa previstos en la ley; por lo tanto, estaba en condiciones de impugnar los actos aquí reclamados. Tampoco se actualiza la excepción relativa a que para arribar a la consideración de la necesidad de agotar el incidente de nulidad y la reclamación contra los actos reclamados, respectivamente, se requiere una interpretación adicional, pues del propio contenido de las normas invocada se advierte su procedencia. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia en mención, respecto de los actos reclamados marcados con los incisos a), b) y c), se impone desechar la demanda de amparo promovida por . Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ., contra los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c), que atribuye a la autoridades señaladas como responsables..

  3. Principal

    Se notifica por lista de acuerdos al promovente. Córdoba, Veracruz, seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por . con siete copias y dos anexos, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se acuerda: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico correspondientes, cuyas constancias deberán digitalizarse, salvo aquéllas que, por su voluminosidad, protección de la integridad del documento o protección de datos personales, no puedan o deban digitalizarse; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado; y regístrese bajo el juicio de amparo número 280/2021. Antes de acordar acerca de su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción I y II, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que en el plazo de cinco días, computado legalmente, por escrito, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. En razón de que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente manifestó que el veintidós de marzo del año en curso se enteró que había una demanda en su contra interpuesta por ., por concepto de pensión alimenticia, disolución de sociedad conyugal y diversas prestaciones, radicándose con el número . del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz; de lo que se infiere que es parte, y por ende, se encuentra facultado para consultar el expediente del que derivan los actos que reclama; por tanto, se le requiere para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo siguiente: -Si dentro del juicio civil ., del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, ya se dictó sentencia; y en su caso, qué se resolvió. Lo anterior, a efecto de contar con una narración completa de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término indicado para ello, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. SEGUNDO. Toda vez que en el capítulo relativo al acto reclamado, señala como tal, la ejecución de la pensión alimenticia provisional, del embargo precautorio decretado en su contra y de la emisión del oficio para que no se permita movimiento alguno sobre algún vehículo a su nombre, a fin de garantizar los alimentos provisionales; pero formula argumentos tendentes a evidenciar la ilegalidad de las resoluciones donde se decretó los alimentos provisionales y la medida preventiva para garantizar el pago de alimentos; por tanto, deberá indicar si también señala como actos reclamados: a) La resolución dictada por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, en el expediente . en la que fijó una pensión alimenticia provisional, consistente en el veinte por ciento (20%) para cada uno de los acreedores alimentarios, haciendo un total del sesenta por ciento (60%), de lo que percibe en su fuente de trabajo; y b) El embargo precautorio decretado en el expediente . a efecto de garantizar los alimentos provisionales. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo antes expuesto dentro del término indicado para ello, se entenderá que únicamente reclama la ejecución de dichos actos. TERCERO. Deberá exhibir tres copias de su escrito de demanda de amparo, ya que sólo exhibió siete; y diez de su escrito aclaratorio; debido a que resultan necesarias cuatro para las autoridades responsables, tres para los terceros interesado, dos para el incidente de suspensión y una copias más para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, párrafo último y 110, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En el entendido de que al omitir exhibir una o dos copias de los escritos de demanda de amparo o aclaratorio se entenderá que son para el incidente de suspensión, por lo que ante esa falta de copias sólo dará lugar a la postergación de su apertura, y de omitir exhibir más de dos, la demanda de amparo se tendrá por no presentada; lo anterior, con base en el artículo 114, párrafos último y penúltimo, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia de P./J.36/2001, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, Abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado; y como autorizado de su pare con facultades restringidas para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a . toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en toda la República De conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta al promovente que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 22, fracción II, en relación con el 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta para que proporcione un correo electrónico, número telefónico y/o servicio de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales en los casos en que se estime necesario. HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal puedan llevar a cabo las diligencias ordenadas en el presente juicio.

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