Edgar Castillo Hernández

Expediente 489/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
489/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Edgar Castillo Hernández
  • Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina. Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso ***, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo 489/2020. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso B, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso B, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, con residencia en Ciudad de México; en su atención, para los efectos legales a que haya lugar, téngase informando que el oficio 2260/20 de tres de diciembre de dos mil veinte (acto reclamado), fue dejado insubsistente mediante el diverso oficio 1313/21 de cuatro de marzo del año en curso, emitido por la autoridad responsable Director General de Recursos Humanos de esa Secretaría, adjuntando copia certificada de dicho oficio y de su notificación correspondiente. Así también, precisando, por los motivos que expone, que respecto de la remisión de copia autorizada de las constancias que tengan exacta relación con la petición que el quejoso formuló por escrito de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, considera es inoperante dicha remisión, en virtud de que la respuesta recaída a esa petición, es decir, el oficio 2260/20 de tres de diciembre del pasado año, ha sido dejado sin efectos, y por lo tanto ha dejado de surtir sus efectos legales. Por otra parte, glósese el escrito con firma electrónica y evidencia criptográfica de Alicia Méndez Morales, autorizada legal del quejoso Edgar Castillo Hernández, por el que refiere que el once de marzo pasado, le fue notificado al quejoso el oficio 1313/21 de cuatro de marzo del año en curso, donde entre otras cuestiones se dejó sin efectos el oficio 2260/20 de fecha tres de diciembre de dos mil veinte. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, solicita expresamente se sobresea el presente juicio fuera de audiencia, al haberse dejado sin efectos el oficio que constituía el acto reclamado, esto es, desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal. Ahora bien, tomando en consideración que el aquí quejoso Edgar Castillo Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, consistente en la emisión del oficio 2260/20, de tres de diciembre de dos mil veinte; la negativa de mi reingreso al servicio activo de la Armada de México y Astillero de Marina número 20, con sede en Salina Cruz, Oaxaca; y, la negativa del pago de haberes que ha dejado de percibir desde su baja del servicio activo; actos que resultaron ciertos, pues la autoridad responsable al rendir su informe justificado lo admitió (folio 2572). De lo expuesto, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Así como la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible a fojas 991, del Tomo XXIV, Noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 173878, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto." En el caso, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La porción normativa transcrita prevé como causa de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI, del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de dichos actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la aludida legislación, que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de aquéllos, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación del acto no deje ninguna huella. Aplica la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, registro 193758, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, de la copia certificada que se adjuntó al oficio de cuenta firmado por la Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, con residencia en Ciudad de México (folio 5028), consistente en el oficio 1313/21, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitido por la autoridad responsable, Director General de Recursos Humanos de esa Secretaría, la que tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que dicha responsable dejó insubsistente, entre otros, el oficio 2260/20 de tres de diciembre de dos mil veinte (que constituye el acto reclamado), determinado en el nuevo oficio que no es procedente se autorice al quejoso reingresar al servicio activo de la Armada de México, por no actualizarse los extremos exigidos para tal fin, conforme a la Ley Orgánica de la Armada de México y Manual de Servicios al Público de la Secretaría de Marina, ni el pago de haberse solicitado, por no cumplir los requisitos exigidos por el Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados. De lo anteriormente expuesto, se advierte cesaron total e incondicionalmente los efectos de los actos reclamados contenidos en el oficio 2260/20 e tres de diciembre de dos mil veinte, al haberse dejado insubsistente por la autoridad responsable mediante diverso oficio 1313/21 de cuatro de marzo del año en curso, el cual se notificó al quejoso el once de marzo siguiente, como se advierte de la documental que remitió la autoridad responsable en el oficio de cuenta (folio 5028), destruyéndose todos los efectos de los actos reclamados en este juicio de amparo, como ya se dijo, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, únicamente por lo que se refiere al oficio reclamado. Lo que entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación por los motivos expuestos. Orienta la tesis aislada P. CL/97, registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, página 71, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por ende, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, Constitucionales; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Déjese sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional, a saber, las doce horas con cuarenta y ocho minutos del siete de mayo del año en curso. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que al informe justificado que rindió el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, en representación del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, residente en Ciudad de México, se adjuntaron algunas constancias relacionadas con el oficio 2260/20 de tres de diciembre de dos mil veinte, por el que se dio respuesta a la petición del quejoso Edgar Castillo Hernández; en consecuencia, a efecto de dictar una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, remita copia certificada debidamente legible de la totalidad del expediente administrativo del quejoso, así como de las que tengan exacta relación con la petición que le formuló por escrito de treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las DOCE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio DCA/SJA/1673/2021, firmado por la Jefa de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina, residente en Ciudad de México; en su atención, téngase proporcionado correo electrónico para el envío de notificaciones en este juicio de amparo. Notifíquese.

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