Edgar Castillo Hernandez
Expediente 212/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Castillo Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra el proveído dictado el veintidós de abril del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso a, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 21 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, contados a partir de que se emite este auto, procédase a su destrucción, debiendo enviarse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pondrán a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por Alicia Méndez Morales, con firma electrónica y evidencia criptográfica, en su carácter de autorizada del quejoso Edgar Castillo Hernández, por medio del cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que a su representado le fue notificado el oficio 1313/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, firmado por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaria de Marina, dirigido a dicho quejoso, en el que, entre otras cuestiones, dejó sin efectos el oficio C-4C.29.2.-1205/2020.-1/4 DC-BAPRA/365/2020 de quince de junio de dos mil veinte, anexando para constancia de ello el oficio 1313/2021; por lo que solicita con fundamento en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se sobresea el presente juicio de amparo fuera de audiencia, al haberse dejado sin efectos el oficio en mención que constituía el acto reclamado en el presente juicio de amparo. De lo anterior, se advierte que procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ello es así, toda vez que el quejoso Edgar Castillo Hernández, solicitó el amparo contra actos del Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en Ciudad de México, el cual tiene relación con el diverso 278/2018, del índice de este juzgado, dado que fue promovido por el mismo quejoso, así como autoridad responsable Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, y cuyo acto reclamado en el presente asunto, deriva del cumplimiento a la ejecutoria de amparo de aquél, es decir, el 1. oficio número C-4C.29.2.1205/2020.-1/4 DC-BAPRA/365/2020, de quince de junio de dos mil veinte; 2. la negativa de su reingreso al servicio activo de la Armada de México y Astillero de Marina número 20, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, y 3. la omisión de dar contestación de manera invariable y por escrito, en forma congruente, en breve término y en el domicilio señalado para tal efecto, a su escrito de fecha once de febrero de dos mil veinte, donde solicitó el pago de haberes que dejo de percibir desde su baja del servicio activo, mismo que fue recepcionado en la misma fecha en la Comandancia de la Décimo Segunda Zona Naval con sede en esta ciudad y que le fue remitido para su respuesta mediante diverso número 076/2020. De lo anterior, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, actualizándose así de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Como ya se indicó, se actualiza la invocada causa de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado consistente en la emisión del oficio número C-4C.29.2.1205/2020.-1/4 DC-BAPRA/365/2020, de quince de junio de dos mil veinte, del índice de la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en la Ciudad de México, quedó insubsistente, pues mediante oficio 1313/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, firmado por la citada autoridad, dirigido al aquí quejoso Edgar Castillo Hernández, entre otras cuestiones que dejó sin efecto el 1. oficio C-4C.29.2.-1205/2020.-1/4 DC-BAPRA/365/2020 de quince de junio de dos mil veinte y de las que se precisó 2. los lineamientos de la negativa de su reingreso al servicio activo de la Armada de México y Astillero de Marina número 20, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, y 3. la contestación de manera invariable y por escrito, en forma congruente, en breve término y en el domicilio señalado para tal efecto, a su escrito de fecha once de febrero de dos mil veinte, donde solicito el pago de haberes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la hora y fecha señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y ocho, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 193758, cuyo tenor literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579, del Tomo XXIII, febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 176051, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." SEXTO TRANSITORIO. Es conveniente mencionar, que los criterios invocados en este acuerdo, es conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, no se opone a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplica con sustento en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; a la parte quejosa vía electrónica. Así
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las trece horas de este día, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, no es posible su verificativo, dado que el acto reclamado por el quejoso Édgar Castillo Hernández, fue dictado por la responsable Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso 278/2018 del índice de este juzgado, misma que se encuentra sub judice al pronunciamiento de este órgano jurisdiccional al respecto. Lo anterior es así, ya que en proveído de esta fecha, se requirió nuevamente a la citada autoridad responsable a efecto de que, den al quejoso la contestación que en derecho proceda en términos de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, es patente la imposibilidad de éste órgano para pronunciarse respecto del acto reclamado, dado que el mismo aun no adquiere firmeza al ser parte del cumplimiento de diversa ejecutoria de amparo, al estar pendiente su subsistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2013159 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN INFORMAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO CUYO ACTO RECLAMADO SEA LA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO. Con el propósito de preservar la seguridad jurídica y evitar el dictado de sentencias contradictorias, los Tribunales Colegiados de Circuito ante los que se interponga un recurso de inconformidad, al remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben informar sobre la existencia en su índice de un juicio de amparo directo que haya sido resuelto o esté pendiente de resolver, cuyo acto reclamado sea la sentencia dictada en cumplimiento que es materia de análisis en el recurso de inconformidad; y si el juicio de amparo está pendiente de resolver, el Tribunal Colegiado de Circuito debe suspender el dictado de la sentencia respectiva hasta que dicho recurso se resuelva." Por tanto, se difiere la citada audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan en su lugar las trece horas con quince minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno, para su verificativo, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Notifíquese.
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Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las trece horas con veinte minutos de este día, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, no es posible su verificativo, dado que el acto reclamado por el quejoso ****, fue dictado por la responsable Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso 278/2018 del índice de este juzgado, misma que se encuentra sub judice al pronunciamiento de este órgano jurisdiccional al respecto. Lo anterior es así, ya que en proveído de esta fecha, se requirió nuevamente a la citada autoridad responsable a efecto de que, dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, remita copia certificada de la constancia con la que acredite que notificó al impetrante del amparo, el oficio 1313/2021, relativo al cumplimiento de la aludida ejecutoria de amparo (acto aquí reclamado). En tal virtud, es patente la imposibilidad de éste órgano para pronunciarse respecto del acto reclamado, dado que el mismo aun no adquiere firmeza al ser parte del cumplimiento de diversa ejecutoria de amparo, al estar pendiente su subsistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro 2013159 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN INFORMAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO CUYO ACTO RECLAMADO SEA LA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO. Con el propósito de preservar la seguridad jurídica y evitar el dictado de sentencias contradictorias, los Tribunales Colegiados de Circuito ante los que se interponga un recurso de inconformidad, al remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben informar sobre la existencia en su índice de un juicio de amparo directo que haya sido resuelto o esté pendiente de resolver, cuyo acto reclamado sea la sentencia dictada en cumplimiento que es materia de análisis en el recurso de inconformidad; y si el juicio de amparo está pendiente de resolver, el Tribunal Colegiado de Circuito debe suspender el dictado de la sentencia respectiva hasta que dicho recurso se resuelva." Por tanto, se difiere la citada audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan en su lugar las trece horas del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, para su verificativo, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente. Máxime que en el caso, el acto reclamado no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede Notifíquese
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