Edgar López García
Expediente 386/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar López García
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo, por el que se remitió por incompetencia el juicio de amparo 386/2019, promovido por Alfonso López Osorio, por conducto de su defensor particular Edgar López García e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, signado por el Director del Centro Penitenciario Varonil de Valles Centrales, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, con el que rinde su informe justificado; por tanto, previa copia simple que se deje en autos, remítase este y los informes reservados en proveídos de doce, veinte y veinticinco de septiembre del presente año, al órgano jurisdiccional antes citado, para que esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. ARCHIVO En otro aspecto, vista la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General antes descrito. Destrucción del cuaderno de antecedentes. Con apoyo en los puntos segundo fracción XX y vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del expediente auxiliar en el que se actúa. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cúmplase. II-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a seis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar López García, quien se ostenta como defensor particular del procesado Alfonso López Osorio, contra actos del Director de Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Director del Centro de Reinserción Social de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; Comisionado de la Policía Estatal, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y, Director del Centro de Reinserción Social Varonil de Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: El ilegal traslado que se le pretende realizar a mi defendido de nombre ALFONSO LÓPEZ OSORIO del centro de reinserción social con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, al centro de reinserción social con sede en Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca." (sic). Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 386/2019. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda. REQUERIMIENTO AL JUEZ PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL DEFENSOR. Ahora, toda vez que Edgar López García, promueve como defensor particular del directo quejoso Alfonso López Osorio, manifestando bajo protesta de decir verdad, que ostenta ese carácter dentro de la causa penal 35/2006, del índice del Juzgado Primero de lo Penal, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; en consecuencia, con fundamento en el artículo 14, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase vía fax y/o correo electrónico institucional, al aludido Juez, para que dentro del término legal de tres días siguientes a su legal notificación de este acuerdo, remita por la misma vía la certificación correspondiente en la que se haga constar si Edgar López García, efectivamente ostenta el carácter de defensor del procesado, aquí quejoso, Alfonso López Osorio, dentro de la causa penal 35/2006. APERCIBIMIENTO AL PROMOVENTE DEL AMPARO. Con fundamento en el artículo 14, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se apercibe a Edgar López García que en caso de carecer del carácter con el que se ostenta, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en relación con el diverso numeral segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 26, en materia de desindexación del salario mínimo vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en concordancia con lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, vigente a partir del uno de febrero de esa propia anualidad. REQUERIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En la inteligencia de que dicho informe podrá anticiparlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx o luis.felix.rodriguez@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1067, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida; lo anterior, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y dentro del término establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con el mismo fundamento, apercíbaseles que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, o de no comunicar las causas notorias de sobreseimiento que se produzcan, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con cuarenta y siete minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia constitucional, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse del conocimiento de las responsables, mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, por lo que se considera que dicho acuerdo es de mero trámite. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza de los actos reclamados, no existe tercero interesado. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y de plano la suspensión, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las autoridades se abstengan de trasladar al quejoso Alfonso López Osorio, del centro penitenciario en el que actualmente se encuentra recluido a otro diverso y se garantice su integridad en ese lugar. De igual forma, toda vez que el promovente de amparo refiere que el directo quejoso se encuentra incomunicado, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la ley de la materia, se concede de oficio y de plano la suspensión de todo acto de incomunicación, así como de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pretendan aplicarse al directo quejoso Alfonso López Osorio. Se solicita a las autoridades responsables informen dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal notificación de este acuerdo, sobre el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo. De igual forma, a efecto de respetar los derechos fundamentales del quejoso Alfonso López Osorio, se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que a dicho peticionario no se le prive de una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo; sin que dicha medida se traduzca en que se está modificando el acto reclamo, pues no incorpora nuevos actos ni tampoco la desborda, sino que únicamente puntualiza la existencia de otros derechos relacionados con la orden de traslado reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2017871, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, visible a página 1538, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. EL JUEZ DE DISTRITO NO MODIFICA LA MATERIA DEL AMPARO SI AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE AQUÉLLA, HACE MENCIÓN DESTACADA DE LOS DERECHOS DEL QUEJOSO A CONTAR CON UNA ESTANCIA ACORDE A SU DIGNIDAD HUMANA Y UNA CAMA PARA SÍ MISMO, PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CONTINÚEN RESPETÁNDOLO. El párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano de respetar los derechos humanos y, en el ámbito de sus competencias, garantizar su ejercicio y reparar cuando se cometen violaciones en su contra; en ese sentido, resulta acorde a la competencia de las autoridades que conozcan del juicio de amparo, que potestativamente, al conceder la suspensión de plano respecto de una orden de traslado de un centro de reclusión a otro, efectúen una mención destacada de los derechos que asisten al quejoso de contar con una estancia acorde a su dignidad humana y una cama para sí mismo, aun cuando no hayan sido señalados como actos reclamados, para el único efecto de que las autoridades responsables continúen respetándolos, pues al no haberse reclamado su disfrute éste se presume, al tratarse de prerrogativas fundamentales de las personas privadas de la libertad dentro de un centro carcelario, en términos de los artículos 9, fracción I y 30 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como de la regla 19 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas; en la inteligencia de que con dicho proceder el juzgador no modifica la materia del amparo, pues no incorpora nuevos actos ni tampoco la desborda, sino que únicamente puntualiza la existencia de otros derechos fundamentales relacionados con el acto inicialmente reclamado." Para mayor celeridad se ordena al actuario adscrito a este Juzgado, remitir los respectivos oficios vía correo electrónico o fax. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio del escrito de demanda y únicamente como autorizados para tales efectos a Paola Pacheco Peralta, Miguel Ángel Reyes Pinelo, Isis Itzel Gómez Díaz, Rosa María Santiago Sabino, Marco Antonio López Vásquez, e Inocencio Lalo Azcona, toda vez que no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Se apercibe a la parte quejosa que el presente asunto se admite por cuanto hace a la autoridad que enunció en su demanda de amparo, la cual será emplazada a juicio con la denominación que indicó, salvo aquéllas que por ser un hecho notorio se conozca su nombre correcto y se hubiera realizado la aclaración correspondiente. Ahora, en el supuesto de existir en el sumario constancia de la que se advierta la imposibilidad de realizar el emplazamiento correspondiente, por cualquiera de los medios que prevé la ley, esto es, si el Servicio Postal Mexicano devuelve el sobre con el oficio por inexistencia de la autoridad destinataria o el actuario de la adscripción asienta la razón en ese sentido, al no poder entregar el oficio relativo, se tendrá por inexistente tal autoridad responsable y se ordenará suspender toda comunicación procesal posterior con ella, sin necesidad de otorgarle vista a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, pues es obligación de la parte quejosa precisar la denominación correcta de las autoridades a quienes les imputa la emisión del acto reclamado; lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV y 108, fracción III de la Ley de Amparo. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese. II-A
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