Edgar Alán Carmona Alavéz
Expediente 535/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Alán Carmona Alavéz
- Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Bahías de Huatulco, Oaxaca.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el sobre que contiene el oficio 750, a la consignación del Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, residente en Bahías de Huatulco, Oaxaca, y acuse de recibo postal respectivo, que devuelve la Administración del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, y en consideración a que el sobre referido, ostenta la leyenda que dice: "INFORMA EL C. AGENTE DE GUARDIA EMANUEL SALCE DEBE CITAR: JEFE DE LA SEDE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN BAHÍAS DE HUATULCO OAXACA", lo que constituye propiamente una negativa de la autoridad responsable a recibir el oficio 750, o de los encargados de recibir la correspondencia en su oficina, por lo que, con fundamento en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del oficio de referencia a la autoridad responsable Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, residente en Bahías de Huatulco, Oaxaca. Lo que adquiere mayor firmeza, en virtud de que a (foja 61), obra el acuse de recibo postal relativo al diverso oficio 146, por el cual se le solicitó a la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, residente en Bahías de Huatulco, Oaxaca, la rendición de su informe justificado, del que se advierte que dicha correspondencia oficial fue recibida por dicha autoridad, el tres de enero del año en curso; aunado que, el aludido informe justificado fue rendido por el Encargado de la Subsede de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, residente en Bahías de Huatulco, Oaxaca (foja 23), sin que hubiese realizado alguna aclaración con relación a su denominación; lo que hace palmario que dicha autoridad ya tiene conocimiento de la instauración de este procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada número V.4º.2K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI (Abril de 2005), Página 1439, Novena Época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Notifíquese por lista. I-B P
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete (fojas 101 a 104), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido debiéndose glosar a este expediente. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase Asimismo, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IB-P
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso EDGAR ALAN CARMONA ALAVÉZ, por acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete (fojas 98 y 99), el que se notificó a su autorizado legal el doce de mayo siguiente, (foja 100), transcurrió del dieciséis al dieciocho de mayo del actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el catorce de febrero de dos mil diecisiete (fojas 44 al 59), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso EDGAR ALAN CARMONA ALAVÉZ, para el efecto de que el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, dejara sin efectos el auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en la parte en la cual se revocó el beneficio de libertad provisional bajo caución que le fue concedido al aquí quejoso, se ordenó su reaprehensión y se hizo efectiva la garantía exhibida por concepto de cumplimiento a las obligaciones procesales del quejoso. Asimismo, ordenara la cancelación de dicho mandato de captura y solicitara a la Tesorería de la Federación, la devolución de la garantía por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda nacional), conteniendo como nombre de depositante Zenaida Carmona Alavés. Igualmente, en diligencia formal le hiciera saber a la citada depositante, las obligaciones que contrae como tercera garante del quejoso. Por acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete (foja 69 y 70), causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficios números 1607, 1810, 2647 y 3006, y anexos (foja 73, 76, 77, 86 a 88 y 93 a 96), el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, informó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; oficios de los cuales se advierte que en proveído de nueve de marzo del dos mil diecisiete, dejó insubsistente la orden de reaprehensión de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 21/2012, instruida en contra de EDGAR ALAN CARMONA ALAVÉZ, y como consecuencia, giró oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, en el cual le comunicó la cancelación de dicho mandato de captura para impedir su ejecución. De igual forma, de la copia certificada de la diligencia de diecisiete de abril de dos mil diecisiete (fojas 87 y 88), se aprecia que se le hizo saber a la fiadora Zenaida Carmona Alavés (sic), las prevenciones contenidas en el artículo 416 del Código Federal de Procedimientos Penales y la consecuencia legal a que alude el artículo 414 del código procesal de la materia. Asimismo, de la copia certificada del oficio 401-TDGAJ-DGAGPL-DG-02544-2017 (fojas 94 a 96), se desprende que la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales, residente en la ciudad de México, en cumplimiento al requerimiento formulado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, en su oficio 1838, de quince de marzo del año en curso, relativo a la causa penal 21/2012, remitió a ese órgano jurisdiccional, el billete de depósito N 063430, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., que ampara la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 moneda nacional), con nombre de la depositante Zenaida Carmona Alavéz, y concepto para garantizar las obligaciones procesales de Edgar Alan Carmona Alavéz, en la causa penal 21/2012. De lo anterior, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que la autoridad responsable dejó sin efectos la orden de reaprehensión de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 21/2012, instruida en contra de EDGAR ALAN CARMONA ALAVÉZ, realizó las prevenciones a la fiadora Zenaida Carmona Alavés y solicitó al Tesorero de la Federación la devolución de la garantía por la cantidad d $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con nombre de depositante Zenaida Carmona Alavés, la cual ya obra en la causa penal antes mencionada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. IB-P
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, por el que informa el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del oficio 02544-2017, firmado por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, residente en la Ciudad de México y del billete deposito N 063430, con nombre de depositante Zenaida Alan Carmona Alavéz. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, así como con el contenido de los oficios 1607, 1810, 2647 y anexo, (fojas 73, 76, 77, y 86 a 88), para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese. I-B PENAL
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