Edgar Castillo Hernández
Expediente 300/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Castillo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales conducentes, el oficio número 1585, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo el diverso oficio número 448 del índice de este Juzgado, en el que se le anexó cuatro tomos de copias certificadas de la causa penal número 153/2009. Notifíquese. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 157 a 159), en la que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IIIB
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número 897/2016, remitido vía fax, signado por la Secretaria de Acuerdos encargada del despacho del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, por el que, en atención al requerimiento que se le formuló por acuerdo de veinte del actual, informa que la diligencia de careos entre el testigo de cargo Santiago Escobar Solís con el testigo de descargo Andrés Castillo Hernández, ya se verificó, remitiendo al efecto copia certificada de la diligencia llevada a cabo a las diez horas del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, a efecto de acreditar su dicho. Ahora bien, del contenido de las aludidas copias certificadas, las que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que el quejoso, EDGAR CASTILLO HERNÁNDEZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, que hizo consistir, substancialmente, en la omisión de tomar las providencias necesarias, para que se desahogara a la brevedad los careos procesales entre el testigo de cargo Santiago Escobar Solís con el testigo de descargo Andrés Hernández Castillo, dentro de la causa penal número 153/2009 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, que se instruye en su contra. Y, toda vez que dichos careos procesales se llevaron a cabo el catorce de diciembre del año en curso (fojas 139 a 145), es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, actualizándose así de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y ocho, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, cuyo tenor literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese únicamente para que obre como corresponda el diverso oficio número 891/2016, signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, en virtud de que por acuerdo de veintidós de diciembre del año en curso, se acordó respecto de su contenido, al haberse recibido vía fax (fojas 130 y 131). Notifíquese; por lista al quejoso, en cumplimiento a lo ordenado por auto de admisión. III-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos; advirtiéndose que el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, señaló las diez horas del catorce de diciembre de dos mil dieciséis, para llevar a cabo los careos procesales entre el testigo de cargo Santiago Escobar Solís con el testigo de descargo Andrés Castillo Hernández; en consecuencia, a fin de acordar lo que en derecho proceda, solicítese al Juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificado de este acuerdo, tenga a bien informar si ya obra en su poder la requisitoria con número de orden 1560/2016 y con número de origen 523/2016 de su índice, deducida de la causa penal número 153/2009, debiendo remitir copia certificada de las actuaciones respectivas en caso de que se haya desahogado dicha diligencia o manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, señalándose las nueve horas con quince minutos del día veinticinco de enero de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. III-B
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