Eder Geovanni Ruiz Torres

Expediente 227/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
227/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
31/07/2017

Partes del expediente

  • Eder Geovanni Ruiz Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, por el que, en atención a lo solicitado por este órgano jurisdiccional en auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, informa que mediante acuerdo de seis de junio del presente año y oficio 12585, entre otros puntos, se turnaron los autos al Secretario de ese juzgado, a efecto de emitir la resolución que en derecho correspondiera, misma que fue emitida en esa misma fecha; lo que se corrobora con la información que obra en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), relativo al expediente electrónico 382/2017, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, cuya impresión se ordena glosar a los autos, de la que se advierte que, efectivamente, el seis de junio de esta anualidad, se dictó resolución en el que se sobreseyó en el aludido juicio de amparo. Por consiguiente, toda vez que el aludido juzgado declinante no insistió en declinar la competencia planteada, y se avocó al conocimiento del asunto, resolviendo el mismo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del oficio 653, por el que se le devolvió el juicio de amparo 382/2017, de su índice, promovido por EDER GEOVANNI RUIZ TORRES, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca y de otra autoridad; lo anterior, por no haber aceptado este órgano jurisdiccional la competencia declinada por ese Juzgado de Distrito. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta no se advierte si el Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sostiene carecer de competencia para conocer de dicho juicio de amparo, e insiste en declinar la competencia a este órgano jurisdiccional, o bien, si consideró no insistir en la competencia planteada y avocarse al conocimiento del asunto; por consiguiente, solicítese al citado Juez de Distrito, tenga a bien informar dicha circunstancia, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese. I-A PENAL

  3. Principal

    En treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el suscrito Secretario doy cuenta al Juez con el oficio 9718, signado por el Titular y el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, con número de registro 5610, y anexos que acompaña, consistentes en el juicio de amparo 382/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Eder Geovanni Ruiz Torres, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de otra autoridad, y el original y duplicado del incidente de suspensión relativo; así como con la certificación secretarial que inmediatamente antecede. Conste. Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio 9718, signado por el Titular y el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual remiten los autos originales del juicio de amparo 382/2017, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Eder Geovanni Ruiz Torres, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de otra autoridad, y el original y duplicado del incidente de suspensión relativo; ello en cumplimiento a la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el referido juicio de amparo 382/2017, en el que se declaró que ese órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver del citado asunto, y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno con el número que le corresponda. Analizadas las razones que sustenta el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, para declinar la competencia respectiva, debe decirse que este juzgador no comparte el criterio sostenido, por lo que este Juzgado no acepta la competencia declinada por las consideraciones que enseguida se exponen. En efecto, los motivos del juez declinante para indicar que carece de competencia legal para conocer del asunto es el siguiente: "...Ahora, toda vez que el auto de vinculación a proceso que reclama proviene del Juez de Control de Pinotepa Nacional, Oaxaca, debe considerarse que esta tiene ejecución material a cargo del Director del Reclusorio Regional de Pochutla, el cual tiene su domicilio en Salina Cruz, Oaxaca (sic), lugar que se encuentra dentro de la jurisdicción que corresponde conocer a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca; por ello, se estima que corresponde avocarse al estudio y resolución del presente asunto, al Juzgado de Distrito en turno, residente en ese puerto, conforme al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor el día veintitrés de enero de dos mil trece, que en su punto cuarto, establece: [.] Así las cosas, no puede surtirse a favor de este Juzgado la competencia para conocer del asunto que se plantea, puesto que en la especie el acto que por esta vía constitucional se combate es el auto de vinculación a proceso emitida por el Juzgado de Control de Pinotepa Nacional, Oaxaca; en ese sentido, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se realizaron los actos procesales en cuestión." Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, que a saber, son las siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Por su parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor desde el día veintitrés de enero de dos mil trece, establece que los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, ejercen jurisdicción territorial, en los municipios que expresamente refiere, a saber: ". XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Conforme a las prescripciones que señala el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo lo será el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. De una recta intelección del artículo acabado de mencionar, se desprende que la competencia por razón de territorio cuando el acto reclamado tiene ejecución material, se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Así las cosas, el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra privado de su libertad personal en el Reclusorio Regional de Pochutla, Oaxaca, a consecuencia del auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil diecisiete, dictado en su contra por el Juez de Control de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en la causa penal 78/2017, por su probable intervención en el delito de homicidio calificado, en agravio de quien en vida respondió al nombre de Bismark López López, resolución que constituye el acto reclamado, lo que se corrobora con el informe rendido por el aludido juez responsable. Ahora, de acuerdo con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso del auto de formal prisión, la competencia surte a favor del juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde se encuentra recluido el quejoso, pues aun cuando la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), atendiendo a la naturaleza del auto de término constitucional, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, el procesado queda sometido ante la potestad del juez de la causa. Ello, en atención a que el auto de formal prisión produce diversos efectos, principalmente: a) dejar al inculpado cautelarmente privado de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva -a menos que se le conceda el beneficio de la libertad provisional bajo caución- y b) dejarlo a disposición del juez de primera instancia, los cuales se materializan ante el juez del proceso penal, y aunque la privación de la libertad del quejoso es ciertamente un efecto del mismo auto de formal prisión, lo cierto es que cuando se materializa en un ámbito territorial distinto de aquel en el cual se sigue su causa, ello generalmente obedece a una circunstancia excepcional o de urgencia, posiblemente fundada en un exhorto previo, girado por el juez natural a otro para efectos de solicitar su auxilio en la detención y reclusión del inculpado, en la que el juez exhortado actúa con base en una competencia extraordinaria, concreta y limitada que le es reconocida en razón de que el inculpado se encuentra en el territorio sobre el cual ejerce jurisdicción, y es necesario resolver su situación jurídica a la brevedad, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera que, al desaparecer la situación de urgencia, las reglas que sustentan la competencia del Juez exhortante cobran plena eficacia para seguir instruyendo la causa penal. Por ello, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, finca competencia al Juez de amparo residente en la jurisdicción donde se materializan los efectos del acto reclamado, en el caso que nos ocupa el auto de vinculación a proceso de dos de marzo de dos mil diecisiete, quien debe conocer es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el Juez del proceso penal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 118/2011, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2183, Libro III, Tomo 3, Diciembre de 2011, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 160608, cuyos texto y rubro son del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Bajo ese contexto, es inconcuso que el auto de vinculación a proceso reclamado, se ha ejecutado y las demás actuaciones seguirán ejecutándose en jurisdicción de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, toda vez que entre los efectos de tal resolución, se encuentra el que el procesado permanezca a disposición del referido Juez de Primera Instancia; circunscripción territorial donde los Jueces de Distrito con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ejercen jurisdicción conforme al considerando cuarto, fracción XIII párrafo primero del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por los motivos expuestos, con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para resolver del juicio de amparo promovido por Eder Geovanni Ruiz Torres, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y de otra autoridad, por ello no acepta la competencia declinada, por lo tanto, devuélvase al juez declinante el expediente de amparo 382/2017, así como el original y duplicado del incidente de suspensión relativo, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo respectiva y de las demás constancias pertinentes. Se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Gerardo Bautista López, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y únicamente por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia penal, aunado a que no se encontró registro alguno a sus nombres en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. Notifíquese por lista únicamente a la parte quejosa, toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad para tal efecto. IB-P

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