Edgar Ariel López Velasco
Expediente 830/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Ariel López Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
PRLA.830/2019-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de veintidós de noviembre de esta anualidad, engrosada el veintinueve siguiente (fojas 74 a 90), en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ***; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que obste a lo anterior, que se encuentra transcurriendo el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la autoridad responsable juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro (foja 97); toda vez que, como se precisó, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que ningún agravio le genera el sentido de la referida sentencia para poder inconformarse. Publicación de datos personales. En otro aspecto, como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial, las resoluciones intermedias y la sentencia, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo del expediente. Como se advierte de la certificación que antecede, en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes, que conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumpliendo tal plazo, transferirá al centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. Devolución de anexo. Finalmente, por carecer de objeto su permanencia en este Juzgado, devuélvase a la autoridad responsable, juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la copia certificada del expediente 1404/2018, que remitió como su justificación a su informe, y con la que se formó por separado un cuaderno de prueba como anexo I a este juicio de amparo (foja 55). Notifíquese. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de diciembre de dos mil diecinueve, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio número CCJ/ST/7469/2019, de la misma fecha; y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 830/2019 MESA 6-A° AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ... Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; mediante oficio que al efecto se gire, remítase copia de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.
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NOTIFICACION POR LISTA A LA TERCERA INTERESADA GISSEL MILAGRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. PRAL. 830/2019 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 830/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre del año en curso (fojas 2 a 20), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en esa misma fecha en este Juzgado, el quejoso Edgar Ariel López Velasco, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto dictado por la juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mismo que será precisado en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de veintiséis de septiembre de este año (fojas 22 a 26) se previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda y una vez cumplidas las prevenciones que se hicieron, se ordenó su admisión; además, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde y se le notificó de la presentación de la misma (foja 42); de igual forma, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, quien quedó notificada personalmente el siete de octubre de dos mil diecinueve (foja 43); además, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza civil; además, el acto de ejecución, se llevará a cabo en la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado por el que se realizará el estudio, el cual, consiste en: a) La determinación de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 1404/2018, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que se negó admitir el recurso de apelación contra el auto de veintisiete de junio del año en curso. Lo anterior es así, porque a pesar de que en auto de veintiséis de septiembre del año en curso (fojas 22 a 26) se previno al quejoso para que indicara cuál era la parte en específico que le causaba afectación a sus derechos, de acuerdo al escrito aclaratorio (foja 28, del juicio de amparo), insistió en que los actos eran: (b) El apercibimiento de darle vista a la agente del Ministerio Público, por la probable comisión del delito previsto en el artículo 413 del Código Penal del Estado de Oaxaca ; c) el requerimiento para el pago de la pensión alimenticia; y d) la falta de pronunciamiento respecto de las pruebas ofrecidas en el auto apelable (veintisiete de junio del año en curso). Es decir, pretende que por medio del juicio de amparo se analice lo acordado en el diverso proveído de veintisiete de junio del año en curso, siendo que, como más adelante se expondrá, contra ese acto, debió agotar el recurso ordinario respectivo. Es aplicable, la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto que la parte quejosa atribuyó a la juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quedó acreditado con las manifestaciones que hizo en el informe justificado que rindió al respecto; además, con las propias constancias que adjuntó a su respectivo informe (foja 55). Documentales que adquieren valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. La parte tercera interesada Gissel Milagro Hernández Rodríguez, en el escrito recibido en la audiencia que antecede (fojas 70 a 73) refirió que, en el caso, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIII y XVIIII, de la Ley de Amparo, que disponen, respectivamente, a) que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, y b) contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En lo que interesa a la primer causa de improcedencia (fracción XIII), precisó que el apercibimiento de darle vista al agente del Ministerio Público adscrito, respecto a la probable comisión de un delito, contemplado por el artículo 413 del Código Penal del Estado de Oaxaca; así como el requerimiento que le formula la autoridad responsable, consistente en que justifique estar al corriente en el pago de la pensión alimenticia provisional, se trataba de actos consentidos al no haberlos recurrido en la instancia correspondiente. En relación a ello, toda vez que, como se verá a continuación, sus argumentos se encuentran relacionados con el fondo del asunto, por lo que deben desestimarse y no hacer pronunciamiento alguno en este apartado. Es aplicable, la jurisprudencia P. /J.135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, Enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 187973, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Por lo que respecta al auto de cinco de septiembre del año en curso, dictado por el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el expediente 1404/2018, en el que se le negó la admisión del recurso de apelación que interpuso contra el diverso de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dijo se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIIII, de la Ley de Amparo, ya que contra dicho auto procede el recurso de queja establecido en el artículo 697, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. En relación a esa causa de improcedencia, la misma resulta infundada, ya que si bien es cierto que contra el referido auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se negó dar trámite a la apelación, es procedente el recurso de queja previsto en el artículo 697, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca ; sin embargo, en su tramitación, no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente a fin de dar oportunidad a que manifieste lo que a su interés legal convenga; por tanto, tal recurso es de eficacia limitada de origen y, por ello, no requiere ser impugnada mediante el recurso de queja por denegada apelación. En similares términos fue analizado ese tema, -aunque de distinta entidad federativa-, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 403/2011 y que dio origen a la jurisprudencia de rubro siguiente: "QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN. NO SE REQUIERE SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Del contenido de los artículos 709, fracción III, y 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California que regulan el trámite del recurso de queja por denegada apelación, destaca que acorde con la evolución histórico legislativa de ese recurso, su interposición es idónea dado que persigue revocar la resolución recurrida; sin embargo, como en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, tal recurso es de eficacia limitada de origen. En consecuencia, la resolución del juez que rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva en juicios de naturaleza civil, no requiere ser impugnada mediante el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, para tener por satisfecho el principio de definitividad contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su demanda de amparo formuló conceptos de violación (fojas 4 a 20), los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no los deja en estado de indefensión, puesto que tienen la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. A fin de dar claridad a esta determinación, conviene destacar los principales antecedentes del caso, que se advierten de las copias certificadas del expediente 1404/2018, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (anexo I). 1. En escrito presentado el once de mayo de dos mil dieciocho, la actora Gissel Milagro Hernández Rodríguez demandó, en la vía especial de controversias del orden familiar, a Édgar Ariel López Velasco, entre otras cuestiones, el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva (fojas 3 a 9, del anexo I). 2. En proveído de once de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, recibió la demanda y formó el expediente número 1404/2018; asimismo, en lo sustancial, ordenó correrle traslado y emplazarlo a juicio; de igual manera, señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos; y admitió las pruebas documentales ofrecidas por la parte actora. Ordenó darle la intervención correspondiente a la representante social adscrita; y en cuanto a la pensión alimenticia provisional, fijó un salario mínimo diario por cada día que compone el mes, equivalente a la cantidad de ochenta y ocho pesos; así también, requirió al demandado para que los primeros días de cada mes, realizara el depósito correspondiente ante el Fondo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (fojas 1, 2, 14 a 16, del anexo I). 3. En escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, el demandado Édgar Ariel López Velasco dio contestación a la demanda y ofreció las pruebas que estimó necesarias para acreditar su acción (fojas 38 a 42, del anexo I). 4. Seguido el trámite, en auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en lo sustancial, el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ordenó requerir al demandado Édgar Ariel López Velasco, para que justificara con las documentales idóneas, estar al corriente con el pago de la pensión alimenticia, decretada en auto inicial; asimismo, lo apercibió que, de no hacerlo, se le daría vista al agente del Ministerio Público de la adscripción, porque su conducta, en su caso, actualizaría el tipo penal que prevé el artículo 413 del Código Penal del Estado (fojas 189, 214 y 215, del tomo anexo). 5. En escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el demandado Édgar Ariel López Velasco interpuso recurso de apelación contra el auto de veintisiete de junio del año en curso, dictado en el expediente 1404/2018 (fojas 226, del anexo I). 6. El cinco de septiembre de dos mil diecinueve se llevaría a cabo la audiencia de pruebas y alegatos; y en relación al escrito de cinco de agosto de dos mil diecinueve (foja 226, del anexo I), específicamente en cuanto al recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintisiete de junio del año en curso, la juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, resolvió lo que enseguida se transcribe: ". Acto seguido, agréguese a los autos el escrito firmado por Edgar Ariel López Velasco, recibido el cinco de agosto del presente año, visto su contenido, dígasele que no ha lugar a tenérsele interponiendo recurso de apelación en contra del auto de fecha veintisiete de junio del presente año, lo anterior en atención a que los autos que son apelables aquellos que tienen fuerza de definitivos, situación que no acontece en el presente caso, como así lo dispone el artículo 673 del Código de Procedimientos Civiles Vigente para el Estado..." Determinación que constituye el acto reclamado en estudio (fojas 217, 225 y 283, del anexo I). Hecha la anterior narración, debe señalarse que en el escrito de demanda, específicamente en el capítulo relativo a los conceptos de violación, la parte quejosa, sucintamente, alega lo siguiente: a) Que el acto reclamado está indebidamente fundadado y motivado (foja 4, del juicio de amparo); b) que la autoridad responsable realizó una indebida interpretación de lo dispuesto por el artículo 673 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que, contrario a lo que expone, dicho auto sí tiene fuerza de definitivo, pues el ordenar darle vista a la agente del Ministerio Público adscrita, está activando el funcionamiento de una autoridad diversa, para que, en uso de sus facultades, promueva en su perjuicio, lo relativo a la probable comisión del delito contemplado por el artículo 413 del Código Penal del Estado; además, el no admitir a trámite el recurso de apelación, le niega la posibilidad de obtener la revocación del auto impugnado (foja 5, del juicio de amparo); c) que al negarse a admitir el trámite del recurso de apelación, deja de aplicar el artículo 17 constitucional, en su tercer párrafo, que dispone que sin afectar la igualdad entre las partes, el debido proceso, u otros derechos en los juicios, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto, sobre formalismos procedimentales; y que el auto impugnado ante la responsable transgrede dicho precepto constitucional, ya que si bien, en un primer momento, decretó pensión alimenticia provisional en su contra, dejó de considerar que han transcurrido varios meses desde la fecha del escrito inicial de demanda y la emisión del auto impugnado, lapso en que se modificaron y cambiaron las circunstancias de la actora, por lo que hace totalmente nugatorio su derecho a reclamar el pago de una pensión alimenticia (foja 6, del juicio de amparo); d) que ofreció diversas probanzas, para acreditar el cambio de circunstancias, sin tomar en consideración, ni pronunciarse respecto de las pruebas que ofreció, para acreditar que se trata de una ex conyuge, la cual no se encuentra imposibilitada para trabajar y que trabajó en una guardería (foja 8); e) finalmente, adujo, que la autoridad responsable incumple en su perjuicio con lo dispuesto por el artículo 1 constitucional, al vulnerar sus derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro persona, de interpretación conforme, contradicción, equidad procesal e igualdad; al dejar de considerar que, en la especie, hubo cambio de circunstancias que nulifican la vigencia de la pensión alimenticia provisional que, en su fijación, no tuvo oportunidad de contravenirla, pero posteriormente exhibió probanzas que demuestran su improcedencia y que demuestran que se encuentra plenamente apta para trabajar y lograr su autosustento; y que, posteriormente a su demanda, empezó a hacer vida marital con otra persona y pese a ello, insiste en el cobro de una improcedente pensión alimenticia provisional y definitiva, pretendiendo sorprender la buena fe del juzgador (fojas 13 y 14, del juicio de amparo). Hecha la narrativa anterior, se estima que los conceptos de violación realizados por el quejoso, mismos que fueron identificados en los incisos a) y b), resultan infundados; en tanto que los restantes, son inoperantes. En efecto, los conceptos de violación, en los que indica la parte quejosa que el acto reclamado está indebidamente fundadado y motivado (foja 4, del juicio de amparo); y que la autoridad responsable realizó una indebida interpretación de lo dispuesto por el artículo 673 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, resultan infundados, porque, contrario a lo que aduce, la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la autoridad responsable, acertadamente, estableció que no había lugar a tenerlo interponiendo recurso de apelación contra el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, al no tener fuerza de definitivo, como así lo disponía el referido precepto 673 del citado ordenamiento adjetivo. Por tanto, en su aspecto formal, no se trasgredió el derecho sobre la legalidad en mención; así se estima, porque el auto de veintisiete de junio de este año, que la parte quejosa pretendió recurrir a través del recurso de apelación, efectivamente, no tiene el carácter de definitivo; es decir, no tiene efectos ejecutables de manera inmediata; sino que la autoridad responsable sólo requirió al quejoso para que justificara ante esa autoridad, con las documentales idóneas, estar al corriente con el pago de la pensión alimenticia decretada en el auto inicial; además, impuso una posible consecuencia para el caso de no cumplir con su determinación; es decir, sólo lo apercibió con darle vista al agente del Ministerio Público de la adscripción, en caso de no hacerlo, porque su conducta actualizaría el tipo penal que prevé el artículo 413 del Código Penal del Estado. De este modo, hasta ese momento, no era definitivo el acto, pues para que así fuera se necesitaba que en el proveído de veintisiete de junio de este año (fojas 189, 214 y 215, del tomo anexo), ya hubiera dado vista al agente del Ministerio Público y más aún que dicho representante social, en cumplimiento a ello, actuara conforme a las facultades que tiene conferidas en el artículo 21 constitucional para la investigación de los delitos. En ese sentido, se estima correcta la determinación de la autoridad responsable, ya que al tratarse de un auto que no es apelable, sino revocable, la parte quejosa debió interponer ese recurso (revocación), conforme a lo establecido en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que disponen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." De los preceptos transcritos, se advierte que el recurso de revocación tiene por objeto que el juzgador que conoce del trámite del asunto, con base en los argumentos que señale el recurrente, modifique la resolución combatida. A fin de establecer la diferencia entre ambos recursos, conviene precisar que el recurso de revocación es considerado en la doctrina procesal civil, como un recurso ordinario horizontal, ya que el conocimiento lo asume el mismo juzgador en el juicio y su procedencia generalmente se prevé en el Código de Procedimientos Civiles, por exclusión, cuando no tiene cabida el recurso de apelación. En cambio, el recurso de apelación se cataloga como un recurso ordinario vertical, cuya procedencia puede estar determinada bajo reglas generales o por determinación expresa; lo primero, porque de él conoce un tribunal de alzada, es decir, un juzgador diverso, superior en grado al que dictó la resolución recurrida; y lo segundo, porque comúnmente los ordenamientos procesales establecen contra qué resoluciones procederá dicho recurso. Ante ello, se insiste, el acto reclamado debió combatirse a través del recurso de revocación, cuyo efecto puede ser la confirmación, modificación parcial o revocación de la determinación judicial. Es ilustrativa la tesis I.12o.C.80 C (10a.), sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2472, Libro 59 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2018, Tomo III, Décima Época, Registro 2018083, del contenido siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN EN EL JUICIO CIVIL. PROCEDE CONTRA TODO TIPO DE RESOLUCIONES, EXCEPTO LA DEFINITIVA, SIN DISTINCIÓN ENTRE AUTOS PREPARATORIOS, PROVISIONALES O DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). La apelación es el recurso ordinario y vertical que, por regla general, procede contra sentencias, tanto definitivas como interlocutorias pues, por su contenido decisorio y trascendencia, pueden ser revisables por un tribunal de alzada, a fin de garantizar su legalidad mediante una decisión unitaria o colegiada. No obstante, existe una limitante a la procedencia de ese recurso en asuntos de cuantía menor que pretende que éstos culminen con una sentencia firme de forma expedita y sin dilaciones. Por otro lado, conforme al segundo párrafo del numeral 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, los autos e interlocutorias son apelables cuando lo es la sentencia definitiva; si éstos no son apelables, pueden ser revocados por el Juez en términos del artículo 684, a través del recurso de revocación, que es un medio de impugnación ordinario y horizontal cuyo efecto puede ser la confirmación, modificación parcial o revocación de la determinación judicial, por lo que constituye el medio de defensa idóneo contra los autos e interlocutorias no apelables en el juicio civil. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 685, párrafo segundo, del código citado, procede el recurso de revocación contra todo tipo de resoluciones (decretos, autos e interlocutorias), con excepción de la sentencia definitiva. Por lo anterior, del análisis armónico y sistemático de los supuestos de procedencia de los recursos de revocación y de apelación en el juicio civil, y acorde con el sentido literal del párrafo segundo del artículo 685 referido, se concluye que en los casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación procederá contra todo tipo de resoluciones, sin distinción entre autos preparatorios, provisionales o definitivos, salvo la sentencia definitiva. Por lo anterior, contrario a lo que indica la parte quejosa, no se advierte falta de fundamentación y motivación en el auto que constituye el acto reclamado; razón por la cual, se satisface lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 176546, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por otro lado, los motivos de inconformidad señalados con antelación en los incisos c), d) y e), resultan inoperantes. En efecto, la parte quejosa manifiesta que al negarse a admitir el trámite del recurso de apelación, la autoridad responsable deja de aplicar el artículo 17 constitucional, en su tercer párrafo, que dispone que sin afectar la igualdad entre las partes, el debido proceso, u otros derechos en los juicios, las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto, sobre formalismos procedimentales; y que el auto impugnado ante la responsable transgrede dicho precepto constitucional, ya que si bien, en un primer momento, decretó pensión alimenticia provisional en su contra, dejó de considerar que han transcurrido varios meses desde la fecha del escrito inicial de demanda y la emisión del auto impugnado, lapso en que se modificaron y cambiaron las circunstancias de la actora, por lo que hace totalmente nugatorio su derecho a reclamar el pago de una pensión alimenticia (foja 6, del juicio de amparo). Al respecto, debe decirse que entre los principios que rigen los recursos está el relativo a que, por regla general, están sujetos a la carga de la impugnación; es decir, su interposición es actividad procesal que se lleva a cabo a instancia de la parte interesada, pues no procede revocar o modificar de oficio las resoluciones o procedimientos que adolezcan de defecto, ni aun privilegiando la solución del conflicto; de modo que si la parte agraviada no hace valer el recurso correspondiente, precluye su derecho a recurrir y la resolución adquiere firmeza en el proceso; aunado a ello, la interposición del recurso debe sujetarse a las normas que lo rigen en cuanto a presupuestos de procedencia, personas legitimadas para plantearlos, oportunidad de presentación y demás requisitos exigibles. Respecto al diverso concepto de violación, consistente en que cambiaron las circunstancias de la actora, lo cual hace totalmente nugatorio su derecho a reclamar el pago de una pensión alimenticia; y el diverso en el que dice haber ofrecido diversas probanzas para acreditar dicho cambio de circunstancias, sin que la autoridad responsable, las tomara en consideración, ni se pronunciara al respecto, para acreditar que se trata de una ex conyuge y que no se encuentra imposibilitada para trabajar, ya que trabajó en una guardería (foja 8). Los mismos resultan inoperantes, toda vez que no es posible que, en este momento, se pueda determinar sobre cuestiones que, en todo caso, atienden al fondo del asunto; pues cualquier vulneración procedimental que se realice en el juicio, puede hacerse valer en la etapa correspondiente. Aunado a ello, los argumentos que realiza en los referidos incisos c), d) y e), se tornan inoperantes, porque están encaminados a evidenciar por qué motivo no debió fijarse la pensión alimenticia a la ahora tercera interesada y que, básicamente, se refieren al proveído de veintisiete de junio de este año (fojas 189, 214 y 215, del tomo anexo); y no al auto posterior, de cinco de septiembre de dos mil diecinueve que es, en sí, el acto reclamado en este juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 1396, Tomo XX, Julio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181186, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes; de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." Finalmente, también es inoperante, en relación a lo que alega, consistente en que la autoridad responsable incumple en su perjuicio con lo dispuesto por el artículo 1 constitucional, al vulnerar sus derechos humanos, de conformidad con los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, pro persona, de interpretación conforme, contradicción, equidad procesal e igualdad, al dejar de considerar que, en la especie, hubo cambio de circunstancias que nulifican la vigencia de la pensión alimenticia provisional que, en su fijación, no tuvo oportunidad de contravenirla, pero, posteriormente, exhibió probanzas que demuestran su improcedencia y que demuestran que se encuentra plenamente apta para trabajar y lograr su auto-sustento; y que, posteriormente a su demanda, empezó a hacer vida marital con otra persona y pese a ello, insiste en el cobro de una improcedente pensión alimenticia provisional y definitiva, pretendiendo sorprender la buena fe del juzgador (fojas 13 y 14, del juicio de amparo). Al respecto, debe decirse que estos últimos argumentos, de igual forma, están encaminados a controvertir el proveído de veintisiete de junio de este año y no el que constituye el acto reclamado; independientemente de ello, cabe precisar 30que si bien es cierto el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos, también lo es que la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos. Los anteriores argumentos se sustentan en lo establecido tesis XVI.1o.A.T.5 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1753, Libro XI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2001299, del contenido siguiente: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." En conclusión, se estima correcta la determinación de la juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, adoptada en el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado, en el cual consideró que el auto de veintisiete de junio de este año, al no tener carácter de definitivo, no era apelable. En esas condiciones, al resultar infundados, en una parte, e inoperantes, en otra, los conceptos de violación expuestos por el quejoso Édgar Ariel López Velasco, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Édgar Ariel López Velasco, contra el acto reclamado a la juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; mediante oficio que al efecto se gire, remítase copia de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, hasta el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.
- Principal
PRAL 830/2019 MESA 6-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Se difiere audiencia constitucional. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticinco de octubre del año en curso (foja 105) se ordenó agregar el informe justificado rendido por la juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, así como las documentales que adjuntó al mismo; por lo que el plazo de los ocho días que deben mediar entre la notificación del citado informe y la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, se encuentra transcurriendo, ya que el quejoso y la tercera interesada quedaron notificados el veintiocho del actual (foja 105 reverso). Por tanto, a fin de que las partes puedan imponerse del contenido del informe justificado rendido por la referida autoridad responsable, así como de sus probanzas, y evitar una violación procesal en este juicio de amparo, que repercute en la reposición del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Es aplicable, la tesis V.2o.º.A.4 K (10a.ª, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 1620, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro siguiente: ... Formula alegatos. Agréguese el escrito del quejoso Edgar Ariel López Velasco; en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos, mismos que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese....
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