Edgar Contreras Enriquez

Expediente 582/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
582/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Edgar Contreras Enriquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    P 582/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de siete de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo haya hecho, no obstante su notificación el diez de julio en curso. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la resolución dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20 y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20 fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual, será conservado durante tres años y, cumplido ese plazo, será destruido, remitiendo dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 8. Incidente de suspensión. En la certificación de cuenta se precisó que este juicio se tramitó con incidente de suspensión, el cual se reservó archivar hasta en tanto se ordenara el archivo de este juicio de amparo; por tanto, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    I 582/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente como definitivamente concluido. 2. Archivo de expediente incidental. Por ello, como en este incidente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino del expediente. Se comunica a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva, este expediente es DESTRUIBLE, de conformidad con el artículo 20, fracción III, del mencionado acuerdo general; por lo cual, será conservado durante tres años y, cumplido ese plazo, será destruido, remitiendo dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Instrucción a Secretaría. Finalmente, se instruye a la secretaria que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula del expediente incidental obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y b) que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 582/2023 MESA 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 582/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada el dieciséis de junio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, registrada en dicha Oficina y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, Edgar Contreras Enríquez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra una omisión que atribuye a la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite. En acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés se radicó la demanda de amparo bajo el registro 582/2023, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales números 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, por tratarse de una omisión de naturaleza penal; que se atribuye a una autoridad con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, que se advierta del análisis integral de la demanda de amparo; así de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se aprecia que el quejoso Edgar Contreras Enríquez reclama de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género: - La omisión de proveer su escrito de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés presentado ante la responsable el veintidós siguiente, por el que solicitó: I. Le dieran intervención al licenciado en psicología Héctor Aquino Díaz, en la carpeta de investigación 17720/FMUJ/UDVF/2022. II. Se le entregara copia íntegra de las escalas, inventarios y todo lo relacionado con la pericial en psicología realizada a la víctima. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, al rendir informe justificado negó la omisión que se le atribuye, y para evidenciarlo remitió copia certificada del proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictado en la carpeta de investigación 17720/FMUJ/UDVF/2022. No obstante, debe tenerse por cierta la omisión que se le atribuye, pues de la documental exhibida por la autoridad responsable se advierte que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (16-junio-2023), sí existía la omisión reclamada, en razón que fue hasta el veintiuno de junio de dos mil veintitrés en que se dio contestación al escrito de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse en forma preferente y previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, las causales de improcedencia hechas valer por las partes, o bien, que este Juzgado advierta, pues su estudio es de oficio y de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". La causal de mérito no solo se actualiza cuando la autoridad deroga o revoca el acto reclamado, sino que es necesario que destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ninguna huella. Y en caso de que el acto reclamado sea una omisión u abstención, la causal de cesación de efectos se actualiza cuando las autoridades responsables abandonan su conducta negativa y proceden de manera positiva, de acuerdo a la pretensión del quejoso. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Ahora, se afirma que dicha causal se actualiza en este asunto, ya que de las documentales que obran en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno, en su calidad de documental pública, acorde a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se aprecia que: A) Por escrito de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés presentado ante la autoridad responsable el veintidós siguiente, José Luis Zamora Santiago y Edgar Contreras Enríquez, solicitaron a la agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género: I. Le diera intervención al licenciado en psicología Héctor Aquino Díaz, para efectuar un metaperitaje en la carpeta de investigación 17720/FMUJ/UDVF/2022. II. Se le entregara a dicho experto copia íntegra de las escalas, inventarios y todo lo relacionado con la pericial en psicología realizada a la víctima. B) El veintiuno de junio de dos mil veintitrés la autoridad responsable dio contestación al escrito de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido siguiente: i. Señaló las dieciséis horas del treinta de junio de dos mil veintitrés para efecto de que la licenciada Ana Carolina Martínez Loaeza, perito oficial, mediante diligencia formal, permitiera el acceso al licenciado en psicología Héctor Aquino Díaz, de las documentales consistentes en: oficio de solicitud, escalas, inventarios y todo lo relacionado en el dictamen de veinte de mayo de dos mil veintidós efectuado en la carpeta de investigación 17720/FMUJ/UDVF/2022, a favor de Isis Paola Ruiz Pérez, durante el tiempo que sea necesario y requerido por el perito particular, sin permitir la reproducción de los mismos por medio de fotografías o copias ii. En cuanto a la entrega de copia de escalas, inventarios y todo lo realizado en el dictamen en psicología efectuado a la víctima, reiteró lo acordado en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de que, por ese momento, no había lugar a acordar favorablemente la expedición de copias, por las razones ya expuestas al quejoso en ese auto. Determinación que le fue notificada a la parte quejosa a través del correo electrónico de su defensor particular, zamora_0373@hotmail.com, pues en su escrito de petición no señaló domicilio para recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 98/2004 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 181149, de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO". De ahí que han cesado los efectos de la omisión reclamada, toda vez que la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés dio contestación a la petición que el quejoso formuló mediante ocurso de veintiuno de marzo de este año, presentado el veintidós siguiente, mismo que le fue notificado a su defensor particular vía correo electrónico. Sin que obste a lo anterior, que respecto a la petición de copia íntegra de las escalas, inventarios y todo lo relacionado con la pericial en psicología realizada a la víctima, no le haya sido acordada en sentido favorable a la parte quejosa, en razón que el derecho de petición se satisface con la sola circunstancia de que la autoridad responsable emita una respuesta fundada y motivada, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido; es decir, no existe la obligación de proveer de conformidad con lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, la la jurisprudencia XXI.1º. P.A.J/27 de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Máxime que, en el caso, se estima que no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con la respuesta otorgada por la autoridad responsable para una eventual ampliación de demanda; ello, considerando en primer lugar, que ya había solicitado con anterioridad las mismas copias y, de las constancias de autos, se aprecia que ya conocía desde el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés (fecha en que le fue notificado el auto de diecisiete de marzo de este año dictado en la carpeta de investigación 17720/FMUJ/UDVF/2022) que no era procedente entregarle copia íntegra de las escalas, inventarios y todo lo realizado en el dictamen psicológico por la licenciada Ana Carolina Martínez Loaeza, ni reproducir las mismas por algún medio electrónico; sin que haya señalado como acto reclamado esa negativa. Aunado a que, en segundo lugar, la respuesta dada por la autoridad responsable versa en torno a cuestiones probatorias que, dada la etapa de investigación en que se encuentra el asunto penal, no constituye un acto de imposible reparación para la procedencia de una ampliación del juicio de amparo. Consecuentemente, se extinguieron las violaciones a los derechos fundamentales que pudo haber cometido la autoridad responsable con la omisión reclamada en este juicio, y los efectos desaparecieron al abandonar la conducta omisa, lo que restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado en este juicio, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese tenor, ante la cesación de los efectos de la omisión reclamada, PROCEDE SOBRESEER EN ESTE JUICIO DE AMPARO, con apoyo en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea dable el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues el sobreseimiento decretado impide el análisis de fondo del asunto, atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Precisión. Los criterios jurisprudenciales invocados en este asunto, integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, son aplicables en tanto no se oponen a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, como lo establece el artículo sexto transitorio de esta última. QUINTO. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, pero al encontrarse obligado este órgano jurisdiccional a su protección, se ordena realizar la versión pública de la sentencia, instruyendo a la secretaria de Juzgado que verifique que sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Contreras Enríquez, contra la omisión atribuida a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, precisada en el considerando segundo; por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    I 582/2023, mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Informe sin mayor pronunciamiento. Agréguese únicamente para que obre como corresponde, el informe signado por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que su contenido se atendió en la resolución interlocutoria de veintitrés de este mes, al haberse recibido antes la misma comunicación oficial vía correo electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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