Edgar Agustín Hernández Hernández y Otros.
Expediente 107/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Agustín Hernández Hernández y Otros.
- Gregorio Cruz Cano
Actuaciones
- Principal
PRAL 107/2019 MESA V-B° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Firmeza del desechamiento de la demanda de amparo. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos 1) ***, 2) ***, 3) ***, 4) *** y 5) ***, interpusieran recurso de queja contra el acuerdo de ocho de febrero del año en curso, por el cual se desechó la demanda -fojas 9 a 22-. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicha determinación. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Federal; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este acuerdo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tiene el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública del acuerdo de desechamiento, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Archivo. En virtud de que en proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por desechada la demanda de amparo y toda vez que en este fecha, ha quedado firme tal determinación; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de tal característica, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional en esta fecha, promovida por 1) Edgar Agustín Hernández Hernández, 2) Cristóbal de la O Mendoza, 3) Rafael García Montalvo, 4) Gregorio Cruz Cano y 5) José Ángel Delfín Chávez, por propio derecho, contra actos del director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 107/2019. Integración del expediente (instrucción al ( a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Precisión de actos reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos impugnan la falta de atención médica psiquiátrica y la falta de suministro de medicamentos controlados respecto a sus padecimientos de ansiedad, estrés, depresión e insomnio. Actos que reclaman al director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y al encargado del Departamento de Servicios Médicos de dicho complejo penitenciario. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ausencia de voluntad. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que, respecto al promovente Cristóbal de la O Mendoza, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La causal de improcedencia prevista en esa disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal y el diverso 6 de la Ley de Amparo, disponen: CONSTITUCIÓN FEDERAL "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.." LEY AMPARO "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita" De los citados preceptos, se advierte que uno de los principios que rigen al juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en la exigencia de que el particular, quien se ve afectado en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien suscriba el escrito de demanda. Al respecto, es oportuno destacar que la firma, acorde con el Diccionario de la Real Academia Española, es el rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifica a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para probar o dar autenticidad a un documento. De ahí que la firma sea el signo que demuestra la voluntad de una persona; es decir, denota su anuencia para determinado acto. En ese orden, tratándose de la demanda de amparo escrita, el principio de instancia de parte se acredita con la firma o huella del promovente, la que debe plasmarse precisamente al pie de la demanda, esto es, en el espacio inferior inmediato a la conclusión de aquélla. Se invoca la tesis III.1o.A.67K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FIRMAS. DEBEN ESTAMPARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE CONCLUIDA LA REDACCION DE LA DEMANDA. Como tratándose de la demanda de amparo por escrito la instancia de parte, prevista por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, se concreta con la firma del promovente, ésta debe plasmarse precisamente al pie de la demanda, esto es, en el espacio inferior inmediato a la conclusión de aquélla." En la especie, es evidente que el promovente Cristóbal de la O Mendoza no suscribió el escrito de demanda, como lo exige el artículo 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, lo que implica la ausencia de su voluntad para ejercer la acción de amparo, pues el documento carece de autenticidad. Sin que esa deficiencia deba ser corregida mediante una prevención, por no ser una irregularidad en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, ni se trata de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el numeral 108 del mismo ordenamiento legal. Es aplicable la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." En consecuencia, de plano, se desecha la demanda de amparo por lo que respecta a Cristóbal de la O Mendoza. Apoya lo anterior la tesis VI.1o.151K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que literalmente refiere: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." b) Principio de definitividad. Asimismo, del estudio de la demanda se advierte que respecto a los quejosos 1) Edgar Agustín Hernández Hernández, 2) Rafael García Montalvo, 3) Gregorio Cruz Cano y 4) José Ángel Delfín Chávez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)" El artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes, de oficio, o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto, o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el promovente, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión, ni plazo mayor que el que establece para su otorgamiento, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En relación con el principio de definitividad existe el criterio siguiente, que no contraviene a la actual Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). En la especie, el incumplimiento al principio de definitividad se estima verificado ante la omisión de los quejosos de agotar el mecanismo de "petición administrativa" y demás medios de defensa establecidos en la Ley Nacional de Ejecución de Penal, por medio de los cuales los actos de las autoridades penitenciarias reclamados, pueden ser revocados o modificados. Se afirma lo anterior en virtud de que la falta de atención médica psiquiátrica y la falta de suministro de medicamentos controlados que impugnan los quejosos, admiten un medio de defensa ordinario cuya tramitación está prevista en la Ley Nacional de Ejecución de Penal. Con el objeto de contextualizar el procedimiento referido, es necesario destacar que los artículos 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución de Penal, disponen: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud. Artículo 74. Derecho a la salud La salud es un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y será uno de los servicios fundamentales en el sistema penitenciario y tiene el propósito de garantizar la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, como medio para proteger, promover y restaurar su salud. Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. Artículo107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de la condiciones de internamiento. Artículo108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: La persona privada de libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguineidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; Los visitantes; Los defensores públicos o privados; El Ministerio Público; Cualquier autoridad, Entidad, Órgano u Organismo de Protección de los Derechos Humanos en el orden Federal o de las Entidades Federativas, que tengan de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y Las Organizaciones de la Sociedad Civil que tengan dentro de su objeto la Protección de los Derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciaran conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los Derechos de terceras personas y, en su caso, las subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito" Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 130. Revocación El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. Artículo 133. Efectos de la apelación La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. Los artículos transcritos regulan el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", mediante el cual las personas privadas de la libertad, y aquellas legitimadas en esa ley, pueden realizarlas a su favor "sin mayores formalidades" y auxiliadas por la propia autoridad penitenciaria. Esas peticiones pueden ser promovidas para impugnar hechos, actos u omisiones que tengan relación con las condiciones de internamiento, con la finalidad de que la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas, y una vez allegada de la información necesaria, declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a derechos de terceras personas y, si fuera el caso, la subsanación de ésta. Incluso, la normativa prevé que en el caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución (o de control en caso de las personas sujetas a prisión preventiva), dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Ahora bien, cabe precisar que para que se pueda tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con base en el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es menester tomar en consideración la condicionante establecida en dicho numeral, relativa a que el medio de impugnación previsto para revisar los actos de las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe prever, conforme a las mismas leyes que lo rijan, la suspensión de los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa que haga valer el quejoso, el cual deberá tener los mismos alcances que los que prevé la legislación de amparo y sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni un plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la medida provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. En ese tenor, se estima que dicha condicionante se cumple en la especie, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé, en el artículo 115, la posibilidad de promover peticiones urgentes. En estos casos, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución (o de control) para plantear su petición, quien decretará de oficio y de inmediato la suspensión del hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; o bien, tratándose de omisiones, como en el caso, el juzgador determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, es decir, puede resolver precautoriamente con efectos de restitución. Ante este marco regulatorio, puede afirmarse que la petición administrativa es un medio de defensa que cumple con las características requeridas por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues es claro que en casos urgentes, como los que aquí pretenden impugnar los quejosos, colma los lineamientos que en materia de amparo son propios de la suspensión, dado que tiene el alcance de suspender el acto o la omisión reclamada a la autoridad penitenciaria de manera oficiosa hasta en tanto se resuelva el asunto en definitiva; además, la aludida medida suspensional no exige requisito alguno a cargo de la persona privada de su libertad, más que el hecho de que realice la petición ante el juez correspondiente; y el plazo establecido para decretarla es inmediato, esto es, tan pronto se le haga llegar a la autoridad judicial ésta deberá resolver. Así, la petición administrativa constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual el interno puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo, los quejosos tienen la obligación procesal de agotar el procedimiento administrativo ante la autoridad penitenciaria, en el caso, director del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", contra las omisiones reclamadas, pues con ese medio ordinario de defensa podrían obtener resolución favorable a sus intereses. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia con registro 2018548, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cuerpo siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Así como en la tesis jurisprudencial con registro 2017822, del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Finalmente, cabe precisar que los hechos, actos u omisiones materia del procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben enmarcarse dentro de los actos de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales administrativos o del trabajo, pues invariablemente dicho mecanismo nace de la acción u omisión de la autoridad penitenciara, quien pertenece formal y materialmente al poder ejecutivo, a quien se le confirió la facultad constitucional de administrar los centros de reclusión. En ese sentido, la naturaleza de los actos reclamados es de origen administrativa, pues las funciones conferidas a las autoridades penitenciarias son diametralmente opuestas a las otorgadas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dado que aquellas exclusivamente se centran en la operatividad del sistema penitenciario, por lo que, todas aquellas problemáticas que se presenten con motivo del cumplimiento de dichas funciones (entre las que destacan el establecimiento de medidas de seguridad, prestación de servicios y suministros a los internos, como son actividades educativas, culturales, recreativas, de trabajo, de protección para la salud, deportivas, alimentos, agua potable, visitas, medicamentos, ropa, entre otras), tienen calidad de actos de autoridad administrativa. Por tanto, la acción intentada contra la afectación a las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, ocasionadas por la actividad o la inactividad de la autoridad penitenciara, debe agotar los medios de defensa a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para hacer procedente el juicio constitucional. Precisando, además, que la naturaleza de los actos reclamados no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que éstos no encuadran en alguno de los supuestos de excepción previstos en los párrafos segundo y tercero de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dichos párrafos prevén las siguientes excepciones: Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. Cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución. Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Cuando en el informe justificado la autoridad responsable expresa la fundamentación y motivación del acto. En el caso, es claro que las excepciones relatadas no se actualizan, pues el mecanismo de defensa sí se encuentra previsto en la ley de la materia; mientras que las diversas excepciones consistentes en que el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando solo se aleguen violaciones directas a la constitución, no son aplicables, en virtud de que tales supuestos son incompatibles con el diseño legal de la petición administrativa. Además de que, en caso de que los internos consideren que la conducta u omisión de la autoridad penitenciaria configura una violación directa a la constitución, tienen la posibilidad de promover la petición administrativa urgente, que de oficio y de manera inmediata, suspenderá el acto, así como sus efectos, por lo que es claro que, en cualquier, caso, existe la necesidad de agotar dicho procedimiento. Adicionalmente, tampoco se encuentra en el supuesto de que la excepción al principio de definitividad se surta cuando en el informe justificado la autoridad responsable expresa la fundamentación y motivación del acto reclamado, pues tal supuesto parte de la idea de la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos reclamados en la demanda inicial, mientras que la improcedencia que se analiza surge desde la presentación de la demanda. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de plano, se desecha la demanda de amparo promovida por 1) Edgar Agustín Hernández Hernández, 2) Rafael García Montalvo, 3) Gregorio Cruz Cano y 4) José Ángel Delfín Chávez. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a José Ángel Delfín Chávez, sin perjuicio de que pueda ser sustituido. Notificación. En virtud de que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS- OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se comisiona al (la) actuario (a) Judicial que corresponda, para que se haga presente en dicho centro y les notifique este acuerdo, por conducto de su representante común. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE LO HAGA EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miguel Ángel Ovando Jerónimo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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