Diana Carolina Flores Castelán
Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Diana Carolina Flores Castelán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a las partes a efecto de formular manifestación en relación a la forma en que la autoridad responsable precisó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, conforme al apercibimiento realizado en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se procede a calificarlo. En sentencia terminada de engrosar el veinticinco de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo a Diana Carolina Flores Castelán, para que la responsable realizara lo siguiente: "1. - Deje insubsistente la determinación adoptada en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro del procedimiento de controversia familiar 363/2020, únicamente en lo relativo a la imposición de la medida de apremio a la quejosa, consistente en un arresto de carácter civil por doce horas y su eventual ejecución." Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo amparador. Así, por oficio recibido en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, México, informó que el veinte de mayo de este año, dejó insubsistente la determinación adoptada en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro del procedimiento de controversia familiar 363/2020, únicamente en lo relativo a la imposición de la medida de apremio a la quejosa, consistente en un arresto de carácter civil por doce horas y su eventual ejecución y remitió copia certificadas de las constancias con que acredita lo anterior. A dichas documentales, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. En esas condiciones, es evidente que la responsable acató los efectos del fallo protector, porque restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, al haber dejado insubsistente la determinación adoptada en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro del procedimiento de controversia familiar 363/2020, únicamente en lo relativo a la imposición de la medida de apremio a la quejosa, consistente en un arresto de carácter civil por doce horas y su eventual ejecución; en consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Por tanto, y una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se concedió el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18, fracción I inciso a) del citado Acuerdo General, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Finalmente, hágase la devolución a la autoridad Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, México, las copias certificadas que remitió a este juicio. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa..."
- Incidental
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Secretario de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual remite testimonio de la resolución de ocho de junio de dos mil veintidós, dictada en el incidente en revisión 110/2022, interpuesto por la quejosa...contra la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintidós, de la que se aprecia que fue declarado sin materia el medio de impugnación de mérito; de lo que se toma conocimiento. Atento a la solicitud formulada por la superioridad, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese..."
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Tercero en Materia Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: - Deje insubsistente la determinación adoptada en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro del procedimiento de controversia familiar 363/2020, únicamente en lo relativo a la imposición de la medida de apremio a la quejosa, consistente en un arresto de carácter civil por doce horas y su eventual ejecución. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al correo electrónico 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx confirmando en el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1231. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Finalmente, atento a que se encuentra pendiente por resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra la suspensión definitiva, hágase del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que conoce de dicho medio de defensa de la determinación aquí adoptada; para los efectos legales conducentes. Notifíquese..."
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 142/2022-VI; R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, recibido el mismo día en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Rubén Ramírez Vallejo, mandatario judicial de la directa quejosa Diana Carolina Flores Castelán, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México y otra autoridad, por los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Previo desahogo de la prevención formulada, mediante auto de dos de febrero de dos mil veintidós, dicho Juzgado consideró que se actualizaba una de las hipótesis del conocimiento previo y remitió el asunto a este Juzgado. Segundo. Recepción de conocimiento previo. Mediante auto de quince de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, dio vista a la representación social federal de la adscripción, verificó oportunamente el emplazamiento del tercero interesado y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos impugnados tienen ejecución material dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama: - El acuerdo dictado en la continuación de la audiencia principal de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dentro del procedimiento de controversia familiar 363/2020, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con residencia en esta ciudad, en que se hace efectivo el apercibimiento decretado en la diversa audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, consistente en un arresto de carácter civil por doce horas y su eventual ejecución. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, pues así se desprende del informe justificado que rindió. La certeza del acto combatido se corrobora además con las constancias remitidas por la responsable en comento, como sustento a su informe con justificación, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Misma determinación debe adoptarse respecto a la autoridad responsable Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, aun y cuando en su informe justificado haya negado el acto que de ella se reclama, en virtud de que le asiste el carácter de ejecutora y la autoridad ordenadora aceptó haber emitido la orden de arresto cuya ejecución se le atribuye, por tanto, es claro que se encuentra en condiciones de darle cumplimiento en cualquier momento. Cuarto. Causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Así, al haberse analizado y valorado todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguno en específico, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Cuestión jurídica de fondo a resolver. A continuación, se examinará la constitucionalidad de la resolución reclamada, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. No obstante, debe hacerse mención que, medularmente, la parte promovente plantea la inconstitucionalidad de la determinación reclamada con motivo de que considera incorrecto que no se considerara justificada su inasistencia a la audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, siendo que con anticipación informó al juez responsable que había tenido contacto con una persona resultó positivo a la covid-19, lo que generaba la necesidad de que ésta, atendiendo a las indicaciones sanitarias, se aislara y esperara un término de 5 a 6 días para practicarse una prueba a fin de corroborar si había contraído la enfermedad, lo anterior, a fin de no exponer a las partes al contagio también de esa enfermedad. Al respecto, el suscrito encuentra fundados los motivos de disenso expuestos por la impetrante, sin embargo, previo a exponer las razones de tal consideración se estima indispensable exponer los antecedentes del acto reclamado más relevantes, para una mejor comprensión del asunto. En ese tenor, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, las cuales fueron previamente valoradas, se desprende lo siguiente: En los autos del expediente 363/2020, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Diana Carolina Flores Castelán, en contra de Jorge Romero Negrete, se estimó necesario llevar a cabo la escucha de la menor involucrada, sin embargo, en audiencia de trece de octubre de dos mil veintiuno (foja 128 a 138 tomo de pruebas), se consideró pertinente que ello se verificara una vez que las condiciones sanitarias lo permitieran, en atención a la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV2, por lo que se difirió dicha audiencia y se señalaron las doce horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. En la fecha señalada (fojas 1 y 2 tomo de pruebas), se fijaron las trece horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la continuación de la audiencia principal, a fin de llevar a cabo la escucha de la menor de edad involucrada, por lo que la responsable requirió a su progenitora su presentación, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se impondría una multa por el equivalente a una unidad de medida y actualización. Llegada la audiencia indicada, (fojas 78 a 80 tomo de pruebas) se hizo constar que Diana Carolina Flores Castelán, no presentó a su menor hija, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado anteriormente e impuso a la quejosa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, la previno para que presentara a la menor de edad en la siguiente audiencia, misma que programó para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a una medida de apremio consistente en un arresto por doce horas, debiendo designar persona de confianza que quede a cargo de la menor E. R. F. o, de lo contrario, quedaría a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo de las Familias o DIF Municipal. Luego, en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la responsable hizo constar que Diana Carolina Flores Castelán, no presentó a su menor hija E. R. F. por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado en la anterior audiencia. Sentado lo anterior, es menester señalar que el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establece la facultad de los jueces de la entidad, para imponer medidas de apremio a fin de hacer cumplir sus determinaciones, entre las que se encuentra el arresto hasta por treinta y seis horas, previo apercibimiento que se realice a la persona a quien se dirija dicha medida. Ahora, si bien la legislación en comento no establece un procedimiento para que se puedan imponer las medidas de apremio, debe precisarse que a esa actuación la rigen los principios de legalidad y seguridad jurídica pues éstos tienen rango constitucional, mismos que consisten en que la autoridad que haga efectiva una medida de apremio debe, en atención a esas directrices, exponer de manera fundada y motivada, con base a la normativa aplicable y valorando las pruebas y constancias que obren en autos, las razones y fundamentos que den lugar a su imposición. Sirve de apoyo, por las razones jurídicas que la integran la tesis I.3o.C.9 C (9a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO. AUNQUE LA LEGISLACIÓN CIVIL NO REGULE UN PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA, LA AUTORIDAD JUDICIAL DEBE EMITIR SU MANDAMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los artículos 61, 62 y 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, interpretados de manera conjunta, establecen que la imposición de las multas, entre otras, es una facultad exclusiva de los Jueces que tienen a su disposición estos medios de apremio para mantener el buen orden y tomar todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar cualquier acto contrario al respeto debido al tribunal, al que han de guardarse las partes entre sí, así como las faltas de decoro y probidad, sin que el orden en la aplicación de dichas penas sea una prerrogativa en favor del infractor para que éste pueda determinar si desea cumplir con una pena pecuniaria o un arresto, pues la única facultada y competente para determinar la sanción aplicable es la autoridad judicial. Sanción que si bien no tiene establecido un procedimiento específico para imponer la medida de apremio, lo cierto es que los principios de legalidad y seguridad jurídica tienen el rango constitucional, por lo mismo, están sobre las leyes secundarias, lo que conlleva afirmar que aunque en la legislación civil no se regule un procedimiento para imponerlas, la autoridad judicial debe de emitir su mandamiento, en los términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios, para que el gobernado tenga la certeza de que tal mandamiento de autoridad está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones. Las determinaciones decretadas por una autoridad judicial en los negocios de su competencia no pueden quedar al libre arbitrio de ésta o de las partes, en lo que atañe a su cumplimiento porque, de ser así, se restarían la autoridad y firmeza de las determinaciones establecidas y fundadas en preceptos legales que determinan la forma a través de la cual deberá obtenerse el cumplimiento de las resoluciones que sobre el particular se emitan; por tanto, no puede estimarse que las medidas de apremio que son la manifestación de facultades que la ley da al órgano jurisdiccional, puedan ser facultativas para el juzgador o las partes, puesto que no podría obtenerse el cumplimiento de esas determinaciones." En el caso, debe recordarse que en acuerdo emitido en audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el juez responsable apercibió a la aquí quejosa que de no presentar a su menor hija a la audiencia programada para el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se haría acreedora de una medida de apremio consistente en un arresto de doce horas. Así, llegada la fecha y hora señalada, la autoridad responsable estableció que la peticionaria de amparo no había presentado a su menor hija, como le fue ordenado, por lo cual hizo efectivo el apercibimiento con que le conminó. Para arribar a tal determinación citó el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que le faculta para imponer medidas de apremio, como se verificó en párrafos precedentes y expuso que, en el caso, lo consideró necesario para así garantizar los derechos de la menor involucrada dentro del proceso en que se dilucidan cuestiones que impactan en sus derechos fundamentales. Sin embargo, el suscrito considera que la motivación expuesta por la responsable en la referida determinación es incorrecta e insuficiente para demostrar que era imperioso la imposición de la medida de apremio en comento, pues no atiende debidamente a las manifestaciones realizadas por la aquí impetrante para explicar la causa por la que no podía presentar a la menor involucrada a la audiencia de mérito. Esencialmente, la quejosa mediante promoción presentada el veintiuno de enero de dos mil veintidós, informó al juez responsable que derivado a que tuvo contacto con una persona que resultó positiva a covid-19, es que decidió aislarse y esperar un término de entre cinco a seis días, para hacerse la prueba de laboratorio correspondiente, circunstancia que atiende a los lineamientos sanitarios expedidos por las autoridades sanitarias del País y que le impedían presentarse junto con la menor a la audiencia programada para el veinticuatro de enero de este año. A tales manifestaciones, la autoridad señaló que no había lugar a acordar su inasistencia dado que no acreditaba con documento fehaciente su estado de salud. No obstante, el suscrito considera que el Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, pasa por alto las indicaciones que en materia del contagio del virus SARS-COV-2, emitieron diversas organizaciones internacionales e inclusive nacionales, así como la dificultad para que al momento del verificativo de la audiencia de escucha del menor, la quejosa pudiera presentar una prueba con tales características que le permitieran demostrar su dicho. Para corroborar tal aserto, es pertinente señalar que las páginas electrónicas oficiales constituyen un hecho notorio para el suscrito juzgador, pues a través de ellas los órganos de gobierno emiten y publican disposiciones de orden público y, en ese sentido, cobra especial relevancia que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal del País, indicó que las ?estimaciones actuales apuntan a que el tiempo que transcurre entre ?la infección y la aparición de los síntomas varía ?entre 1 y 12 días, con una media estimada de 5-6 días y que el periodo de ?incubación podría ser hasta de 14 días. Además, que la Organización Mundial de la Salud a través del manual de "Recomendaciones: Preparación del hogar y estadía prolongada en aislamiento domiciliario", señaló que dentro de las principales medidas de salud pública que se han identificado para contener la expansión de esta pandemia está el aislamiento domiciliario, mismo que deben realizar aquellas personas que estuvieron expuestas a un agente infeccioso, y que actualmente no tienen síntomas, pudiendo desarrollar la enfermedad y por lo tanto transmitirla a otras personas. Bajo esa óptica, resulta indispensable que dentro de la medida de tiempo estimada, la persona que haya tenido contacto con diversa que haya obtenido un resultado positivo, se practique una prueba de laboratorio a fin de que pueda conocer con certeza si se ha contagiado de la enfermedad y continuar en aislamiento. Por lo anterior, no se considera acertada la determinación de la responsable respecto a que la quejosa estaba obligada en el momento en que realizo su manifestación a exhibir prueba fehaciente para acreditar un posible contagio del virus SARS-COV-2, pues dadas las circunstancias apuntadas el tiempo que medió entre el día que fue informada de que convivió con una persona infectada y el que se celebraba la audiencia cuya inasistencia dio lugar a la imposición del arresto hasta por doce horas, únicamente fue de dos días, tiempo insuficiente para obtener una prueba concluyente. Aunado a que, de haber dado oportunidad a la aquí quejosa para que dentro del tiempo indicado por las autoridades sanitarias se practicara la prueba diagnóstica, se hubiera podido saber con certeza si su manifestación constituía una causa justificante de su inasistencia o no, posibilidad que el juez natural no concedió. Máxime que, la manifestación de la peticionaria de amparo debió dar lugar a que la autoridad en su calidad de garante de derechos humanos, tomara las medidas pertinentes para evitar que una persona potencialmente contagiada acudiera a sus instalaciones, a fin de impedir que se pudiera poner en riesgo a los intervinientes y al demás personal que ahí labora. Además, debe destacarse que de las documentales aportadas por la responsable se desprende un estudio de laboratorio practicado a la impetrante el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, en que se advierte que obtuvo un resultado positivo al contagio de la enfermedad covid-19 (foja 188 tomo de pruebas). No pasa inadvertido para el suscrito que la jueza responsable, en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, haya establecido que aquella prueba de laboratorio no podía gozar de eficacia probatoria plena, porque de su contenido se apreciaba que la fecha de la toma de muestra difería; sin embargo, se considera que la circunstancia de que aquel diagnóstico, por una parte, contempla como fecha de la toma de muestra el veinticuatro de enero de este año y, por otra, el veinticinco de enero siguiente, no es una razón suficiente, para anular por completo, su eficacia demostrativa, pues esa inconsistencia no puede ser atribuida a la quejosa, porque ella no intervino en su configuración. Por otra parte, es importante mencionar que para que se celebrara la escucha de la menor en comento, era necesario que el Sistema Municipal DIF Naucalpan, designara un especialista en materia de psicología y psiquiatría, a fin de que compareciera a esa diligencia para apoyar a la infante durante la audiencia y así brindar condiciones de estabilidad emocional a ésta, circunstancia que en el caso aún no se verificaba, como se aprecia de la misma resolución que constituye el acto combatido; de ahí que, la falta de verificativo de la audiencia en mención, no fue únicamente imputable a la aquí quejosa. En ese orden de ideas, es que es evidente que el acto reclamado no acató los principios de legalidad y seguridad jurídica, al no haber valorado adecuadamente las circunstancias especiales manifestadas por la quejosa y requerir una prueba de difícil obtención tendiente a justificar su inasistencia, lo que hace procedente la concesión del amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección de la justicia federal se concede para el efecto de que el Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, realice lo siguiente: - Deje insubsistente la determinación adoptada en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro del procedimiento de controversia familiar 363/2020, únicamente en lo relativo a la imposición de la medida de apremio a la quejosa, consistente en un arresto de carácter civil por doce horas y su eventual ejecución. La presente concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al no combatirse por vicios propios. Por lo antes expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Diana Carolina Flores Castelán, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el último punto considerativo de este fallo. Notifíquese personalmente al agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado, vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista al tercero interesado; y por oficio a las autoridades responsables.
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