Diana Carolina Flores Castelán y Otros.
Expediente 1177/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 02/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Diana Carolina Flores Castelán y Otros.
- Diana Carolina Flores Castelán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Monterrey, Nuevo León, por medio de cual devuelven diligenciado el exhorto 73/2022, orden 73/2022 del índice de este órgano, por el que se le solicitó emplazar a juicio al tercero interesado Jorge Romero Negrete; por los motivos que expone. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. Háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese sin mayor proveído el escrito del tercero interesado Jorge Romero Negrete, ello en virtud que mediante proveído de veintiocho de febrero del presente año, se acordó una promoción de idéntico contenido (promoción 2880). Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable, ya que se negó el amparo; mientras que el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar definitiva, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por otra parte, devuélvanse al Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, los tres tomos en copia certificada del expediente 363/2020 de su índice, que acompaño a su informe justificado. Finamente, agréguese el escrito del tercero interesado Jorge Romero Negrete, por medio del cual solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y sea notificada dicha circunstancia a la autoridad responsable; atento a ello, dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1177/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, recepcionado el diez siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado el once posterior, Diana Carolina Flores Castelán, por derecho propio y como representante de la menor de iniciales reservadas E.R.F., solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Desechamiento de demanda y trámite. En auto de once de noviembre posterior, este juzgado determinó desechar la demanda, acuerdo que recurrió la parte impetrante a través de queja, de la cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en resolución de cinco de enero de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja 275/2021 de su índice, declaró fundado el referido medio de impugnación. Mediante auto de veintiocho de enero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar conforme al acta que antecede. En el referido acuerdo, se designó un asesor jurídico para que representara a la menor quejosa E.R.F., por lo que el once de febrero posterior, se tuvo aceptando el cargo a Sonia López Sánchez. Por último, se reconoció el carácter de tercero interesado a Jorge Romero Negrete, quien se apersonó al presente juicio de amparo a través del escrito recibido el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable: El auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 363/2020 del índice del Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, en donde fijó como fecha para la escucha de la infante E.R.F., el diez de noviembre de dos mil veintiuno. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México (promoción 2717), toda vez que al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del mismo. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones relativas al expediente 363/2020 de su índice (constantes de tres tomos), a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por tratarse de la reproducción certificada de actuaciones judiciales expedidas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Cuarto. Procedencia del juicio. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan valer las partes; o bien, que de oficio se advierta alguna que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable invocó la actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a la obligación de agotar los medios de impugnación ordinarios, argumentando que el numeral 1.362 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, prevé que los autos que no fueran apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó, en concordancia con el diverso artículo 5.74 de dicho ordenamiento legal, sin que la parte quejosa haya ejercitado el recurso correspondiente. Dicho argumento resulta infundado, toda vez que si bien procede un recurso ordinario contra el auto reclamado, en la especie se actualiza una causa de excepción al principio de definitividad, atento a que sobre el principio de definitividad en materia familiar, cuando se involucran derechos de menores, no existe la necesidad de agotar el recurso ordinario que prevé la ley, cuando de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y se alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada. Así se desprende de la jurisprudencia 77/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Criterio que incluso sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la referida resolución de cinco de enero de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja 275/2021 de su índice. Consecuentemente, al no advertirse diversa causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo, al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se haga necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido. Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sexto. Estudio de fondo. En los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, esencialmente argumenta que la cita para la comparecencia de la menor de edad a la diligencia de continuación de audiencia inicial, constituye un riesgo para su salud derivado de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, puesto que se encuentra en un grupo vulnerable al contar con la edad de tres años, aunado a que el auto reclamado carece de motivación, porque atendiendo a la edad de la impúber resulta intrascendente que exprese su opinión respecto a la convivencia y régimen de visitas con su progenitor (quien reside en el Estado de Nuevo León), lo que conforme al estudio y análisis armónico de los autos del expediente de origen, es contrario al contenido de los numerales 1º, 4º, 14, 16, 17 y 20 Constitucionales, en relación con los diversos preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño que invoca, y los criterios que refiere como benéficos a su interés. Los precitados planteamientos resultan infundados. Con el objeto de sustentar la presente decisión, resulta pertinente relatar algunos antecedentes relevantes que se advierten de las constancias enviadas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en: - Diana Carolina Flores Castelán, por derecho propio y como representante de la menor de iniciales reservadas E.R.F, presentó demanda en la vía de controversia familiar, alimentos y guardia y custodia de la menor de iniciales E.R.N. (aquí quejosa) en contra de Jorge Romero Negrete. - El siete de octubre de dos mil veinte, se tuvo al accionado contestando la demanda en su contra, en donde se allanó a la prestación relativa a la guarda y custodia de la menor. - El veinticuatro de noviembre dos mil veinte, tuvo lugar la audiencia inicial, en la que el Juez responsable ordenó el desahogo de la escucha de la infante para el día y hora en que se desahogaría la audiencia principal; esto es, para el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, misma que en acuerdo de dieciocho de febrero de esa anualidad, se dejó sin efectos, con la finalidad de evitar algún riesgo de contagio del virus Sars-COV2 para la menor, reservando su desahogo hasta en tanto existieran las condiciones sanitarias que posibilitaran el verificativo de esa diligencia. - El trece de octubre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia principal, en la que, en lo que aquí interesa, se determinó que la escucha de la menor no podía tener lugar en razón a las circunstancias que ha generado la pandemia. - El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Juez responsable determinó que la continuación de la audiencia principal en la que se desahogaría la escucha de la menor, tendría verificativo el diez de noviembre de ese año. Auto que constituye el acto reclamado. Primeramente, es importante destacar que conforme a los numerales 4 de la Constitución Federal; 3 y 9 de la Convención sobre Derechos del Niño; y, 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, toda contienda judicial en la que se involucren derechos de menores, debe resolverse atendiendo al interés superior de éstos. Precisado lo anterior, se estima oportuno resaltar que el estudio del acto reclamado se analizará a la luz de lo previsto en los numerales 14 y 16 Constitucionales, al tratarse de una resolución que proviene de una autoridad jurisdiccional, pues el primero de los artículos en cita, contiene el principio de seguridad jurídica, el cual, refiere el derecho de legalidad y que a su vez comprende los principios de fundamentación y motivación que deben imperar en toda resolución o acto gubernamental. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, que consagran dichos numerales, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación, toda vez que de no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado; por lo que, un acto es legal, cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador. Así, de conformidad con el ordinal 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos; es decir, la actualización de los supuestos normativos, consideraciones que desde luego, resultan aplicables a las determinaciones emitidas por una autoridad jurisdiccional, pues está obligada a fundar y motivar sus actuaciones citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. En el caso, se estima que el acto reclamado cumple con tales exigencias constitucionales, pues contrario a lo que se plantea en la demanda de amparo, el ejercicio del derecho de escucha del menor, no se puede ver vedado, con la afirmación de que éste jamás puede ser considerado como un derecho superior a los diversos derechos relativos a la vida y la salud de la niñez cuando éstos últimos se encuentran en riesgo; lo anterior, atento a las siguientes consideraciones. En principio, es dable establecer que en el proveído reclamado, en lo que aquí interesa, la autoridad responsable acordó: ".en cuanto a la escucha del menor y atendiendo a que ya estamos en semáforo verde se con fundamento en los artículos 1º y 4º Constitucional, incisos tres, y 12 de la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se ordena la escucha de menor hijo de las partes, que tendrá verificativo el día y hora que se desahogue la continuación audiencia principal, en ese tenor se previene a Diana Carolina Flores Castelan, para que presente a su menor hijo el día diez de noviembre del año en curso donde tendrá lugar la continuación de la audiencia principal apercibida que de no hacerlo se hará acreedor a una medida de apremio establecidas en el artículo 1.124 del Código adjetivo de la materia.(SIC) De lo antes transcrito se desprende que de manera correcta como lo estimó la responsable, conforme a lo previsto en el artículo 4.228, del código sustantivo aplicable, así como al principio jurídico denominado "interés superior del menor", y en observancia a los derechos fundamentales de los niños, resulta necesaria la práctica de la escucha de la infante quejosa aún en el contexto de la pandemia; dado que lo que se pretende conocer y respetar es la participación de la menor en el proceso jurisdiccional en el que se encuentran involucrados sus derechos, con el fin de modular, en su caso, la forma y términos de las convivencias. En esta temática, se puntualiza que uno de los derechos vinculados al principio de interés superior del menor, es el de expresar su opinión en los asuntos que le afectan, es decir, que el niño, niña o adolescente tenga un papel activo en la determinación de su propio interés, y que su punto de vista sea tomado en consideración al momento de adoptar decisiones que le afecten directa o indirectamente en el juicio natural; por lo que si ello no se verifica, se arribaría a la conclusión de que no se ha procedido en los términos indicados, y que tal omisión afectaría su derecho fundamental de audiencia. En consecuencia, ante una eventual omisión en su desahogo en los controvertidos en los que se ven inmersos los derechos de los infantes, es indispensable que se les escuche a fin de que se tome en consideración su parecer, con el objeto de que el Juez responsable esté en aptitud de proveer lo que en derecho proceda, pero siempre, en atención al interés superior del menor. Sustenta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 11/2017 (10a.), registro 2013781, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 345, Décima Época, Materias(s): Constitucional, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y comprende dos elementos: i) que los niños sean escuchados; y ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los llamados "derechos instrumentales" o "procedimentales", especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional que permita que su actuación dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente, el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para ello, a los lineamientos desarrollados por este alto tribunal." De tal manera, el juez de origen está obligado a escuchar la opinión de la menor impetrante a efecto de estar en condiciones de formarse un juicio propio, para lo cual, en cada caso, deberá apreciar las circunstancias objetivas en relación con su capacidad física y mental; es decir, ponderar la intervención de ésta, atendiendo a su edad y condiciones de madurez, sin que la primera de las mencionadas características estribe, per se, como una condicionante para evitar su desahogo; por tanto, tampoco será una limitante la situación de pandemia que prevalece en el mundo, toda vez que en la especie, de los autos de origen se advierte que la escucha de la menor no ha tenido verificativo, por lo que a fin de garantizar tal prerrogativa, se estima que es necesario que se desahogue. En el entendido de que el ejercicio del derecho que le asiste a los infantes de participar en el procedimiento de origen para emitir su opinión y que sean escuchados, deberá efectuarse conforme a los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica. Así se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 12/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en el registro 2013952, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, página 288, Décima Época, Materias(s): Constitucional, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo que se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", lo cual conlleva que actúen durante su primera infancia por conducto de otras personas -idealmente, de sus familiares-. Así, el derecho de las niñas y los niños a participar en procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica se ejerce, también, progresivamente, sin que su ejercicio dependa de una edad que pueda predeterminarse en una regla fija, incluso de índole legal, ni aplicarse en forma generalizada a todos los menores de edad, sino que el grado de autonomía debe analizarse en cada caso. Ahora bien, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesite para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. En este sentido, los lineamientos que deben observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica son: (1) para la admisión de la prueba debe considerarse que: (a) la edad biológica de los niños no es el criterio determinante para llegar a una decisión respecto a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional, sino su madurez, es decir, su capacidad de comprender el asunto, sus consecuencias y de formarse un juicio o criterio propio; (b) debe evitarse la práctica desconsiderada del ejercicio de este derecho; y, (c) debe evitarse entrevistar a los niños en más ocasiones de las necesarias; (2) para preparar la entrevista en la que participarán, se requiere que sean informados en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; (3) para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado o tribunal que permitan el registro del audio; (4) los niños deben intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no puedan tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quienes legalmente estén llamados a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y (5) debe consultarse a los niños sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Finalmente, es importante enfatizar que en cada una de estas medidas siempre debe tenerse en cuenta el interés superior de la infancia por lo que no debe adoptarse alguna determinación que implique perjuicio para los niños, más allá de los efectos normales inherentes a su participación dentro del procedimiento jurisdiccional." En efecto, del contenido de la anterior jurisprudencia, en lo que aquí interesa, se destaca que se debe garantizar el derecho fundamental de participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales que les afecten, sin que hasta el momento se desprenda una restricción en su admisión, preparación y desahogo, por lo que en respuesta a los conceptos de violación vertidos en la demanda, es menester destacar que la edad de la menor, ni la situación pandémica que prevalece a nivel mundial, constituyen de manera imperativa una cuestión que de manera excepcional deba restringir la escucha de la infante. Incluso, aquel derecho -que la menor sea escuchada- no puede suspenderse o restringirse bajo el argumento de que la menor quejosa a la fecha en la que se emitió el acto reclamado, ostentara la edad de tres años; pues lo cierto es que escuchar y atender a la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador en torno a sus derechos; por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez (ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia), pero no rechazar la escucha del menor de edad sólo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no sólo con la implementación de los mecanismos formales de los que participan las personas adultas como declaraciones testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive, comunicándole la decisión en forma clara y asertiva. Así se desprende de la tesis 1a. LI/2020 (10a.), con número de registro 2022471, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 951, Décima Época, Materias(s): Civil, Constitucional, de rubro y texto siguiente: "JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE INFANCIA. DEBE GARANTIZARSE EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A SER ESCUCHADOS EN EL PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE INVOLUCRE SUS DERECHOS, TAMBIÉN EN LA PRIMERA ETAPA DE LA INFANCIA, PROMOVIENDO FORMAS ADECUADAS DE INTERACCIÓN, LIBRE OPINIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA Y ASERTIVA DE LA DECISIÓN. Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre; sin embargo, en el procedimiento no se escuchó al menor de edad, aparentemente en razón de su temprana edad. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que escuchar y atender a la opinión de los menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen, por una parte, entraña para ellos el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia y, por otra, es un elemento relevante para la decisión que deba adoptar el juzgador en torno a sus derechos. Por ello, a fin de alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus auxiliares deben proveer la mejor forma de interactuar con el menor de edad y alcanzar su libre opinión, de acuerdo con su edad y grado de madurez (ciclos vitales: primera infancia, infancia y adolescencia), pero no rechazar la escucha del menor de edad sólo en razón de su temprana edad, pues el ejercicio de ese derecho puede darse no sólo con la implementación de los mecanismos formales de los que participan las personas adultas como declaraciones testimoniales o escritas, sino a partir de metodologías pedagógicas y didácticas que brinden condiciones adecuadas al niño, niña o adolescente para alcanzar ese objetivo, inclusive, comunicándole la decisión en forma clara y asertiva. Justificación: El derecho de los menores de edad a emitir su opinión y a ser escuchados en los procedimientos jurisdiccionales en que se ventilan sus derechos, se encuentra reconocido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, e implícitamente en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los instrumentos e interpretaciones especializadas en materia de protección de los derechos de la niñez, es uno de los principios rectores que se deben tomar en cuenta en todo proceso que les concierna. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una amplia doctrina sobre el contenido de ese derecho y la forma de ejercerse. Éste también ha sido interpretado por el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General No. 12 destacando que el ejercicio de ese derecho del menor de edad y la valoración de su opinión en los procesos jurisdiccionales que involucren una decisión que pueda afectar su esfera jurídica, debe hacerse en función de su edad y madurez, pues se sustenta en la premisa ontológica de que el niño como sujeto de derechos, dada su condición de menor edad, se encuentra en el desarrollo de su autonomía, la cual va adquiriendo en forma progresiva en la medida que atraviesa sus etapas de crecimiento físico, mental y emocional, hasta alcanzar legalmente la mayoría de edad. Así, la clave para que el menor de edad tenga intervención en el proceso y su opinión pueda ser atendida, está en que conforme a su edad y madurez tenga la aptitud para formarse su propio juicio de las cosas. En ese sentido, dado que no es posible establecer una correspondencia necesaria entre la edad y el grado de desarrollo madurativo del menor de edad, ello implicará una evaluación casuística de cada menor de edad y de sus circunstancias, ponderando, entre otras cosas, su edad, su desarrollo físico e intelectual, sus habilidades cognitivas, su estado emocional, su experiencia de vida, su entorno, la información que posee sobre las cosas respecto de las cuales opina, etcétera; aspectos que lo determinan en el desarrollo progresivo de su autonomía, y dan pauta a la formación de sus opiniones sobre la realidad que vive. Por tanto, el hecho de que un menor de edad se encuentre en su primera infancia, no autoriza, per se, a descartar que pueda ejercer su derecho a ser escuchado y a que su opinión se tome en cuenta, sino que se deben buscar en cada caso, las formas más apropiadas de propiciar su participación; y si ello no se hizo en las instancias ordinarias del procedimiento, debe garantizarse el derecho del menor de edad, antes de adoptar decisiones judiciales que le conciernan, como en el caso de su guarda y custodia, las cuales, además, le deben ser comunicadas también de manera clara y asertiva." Por otra parte, cabe precisar que este juzgador no soslaya que si bien la motivación en el acuerdo el acuerdo reclamado, relacionado con la escucha de menor, fue breve; también cierto es que el derecho de la menor a ser escuchada, de ninguna manera implica, que ese derecho se sobreponga o esté por "encima" de los diversos derechos a la salud y vida de la menor, pues en realidad debe partirse de una interdependencia intrínseca entre tales derechos, a efecto de hacer operativo el primero de ellos, sin tener que lesionar o afectar los segundos; esto es, para la admisión, preparación y desahogo de la escucha de la menor, se deben respetar de sobre manera las medidas de prevención difundidas por las autoridades sanitarias y los protocolos sanitarios que se han emitido tanto a nivel federal como estatal. En efecto, el contexto fáctico excepcional de la pandemia por COVID-19 exige reconocer con sumo cuidado el derecho a la protección de la salud física y de la vida, frente a otros, como puede ser el derecho de audiencia de los infantes traducido en la escucha de la menor, o el relativo a la convivencia física con el progenitor no custodio, de manera que resulta admisible tener como premisa general que el interés superior de los menores de edad, como grupo, en este momento se encuentra en la necesidad de proteger y garantizar con mayor intensidad su vida y su salud física, y modular los otros derechos fundamentales para armonizarlos con ello. Sobre este aspecto se debe tener presente la jurisprudencia 1a./J. 11/2021 (10a.), registro 2023156, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1689, Undécima Época, Materias(s): Común, Constitucional, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUANDO ÉSTE CONSISTE EN UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE ORDENA UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIA PROVISIONAL EN FORMA PRESENCIAL Y LIBRE ENTRE UN MENOR DE EDAD Y EL PROGENITOR NO CUSTODIO, EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD COVID-19, PERMITE QUE LA SUSPENSIÓN SE OTORGUE MODULANDO LA CONVIVENCIA PARA QUE SE REALICE A DISTANCIA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIEMPRE Y CUANDO EL MATERIAL PROBATORIO CON QUE SE CUENTE AL PROVEER LA MEDIDA NO PERMITA FIJAR UNA DISTINTA COMO MÁS PROTECTORA DE SU INTERÉS SUPERIOR." Es menester destacar que la ejecutoria que originó ese criterio, el alto Órgano Judicial, en lo que interesa, partió de los siguientes parámetros: Las y los menores de edad, son un grupo cuya salud y vida, debe protegerse con mayor intensidad, frente a la enfermedad del COVID 19, al ser un tema de salud pública, sin soslayar la relevancia del derecho de convivencia paterno maternos filiales. Se debe ponderar y privilegiar la salud física de los infantes, ante una enfermedad de riesgo epidémico, sin sacrificar el derecho de convivencia de los menores; no se trata de una privación absoluta, sino de una modulación temporal en su ejercicio, para que dependiendo del caso concreto, se efectúen por medios electrónicos, a fin de armonizarlas con la protección de la salud física y de la vida del menor, privilegiando la observancia de las medidas de distanciamiento físico y de resguardo domiciliario provisionales a las que exhortan las autoridades públicas e instituciones en materia de salud. Modular temporalmente la forma en que se habrá de realizar la convivencia entre el menor y el progenitor no custodio, favoreciendo aquella que asegure en mayor medida la protección de su salud física frente al riesgo de contagio de la enfermedad COVID-19, permite equilibrar la protección al ejercicio del diverso derecho de convivencia, haciendo uso de las facultades del juzgador para fijar las condiciones en que habrá de operar, así como las medidas necesarias en cada caso, para equilibrar los derechos involucrados, sin perjuicio de los menores de edad. Al tenor de dicha ejecutoria, conforme a un análisis individualizado de las circunstancias del caso concreto, el juzgador debe determinar la forma en que se deberá llevar a cabo la convivencia del menor con el padre no custodio PARA LO CUAL ES NECESARIO CONTAR CON DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA, LA ESCUCHA DE LA MENOR, privilegiando en todo momento la salud física de la infante, ante una enfermedad de riesgo epidémico, sin tener que "sacrificar" necesariamente el derecho de convivencia de los menores con el progenitor no custodio; máxime si se considera que los niños en general han regresado, de manera paulatina o híbrida a la guardería o, en su caso, a clases escolares; lo que corrobora que puede realizarse también físicamente la escucha de la menor e, incluso, la visita y correspondencia con sus progenitores. Por otra parte, no se desconoce el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus Sars-COVID-19, publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que invoca la parte quejosa como uno de los fundamentos de su pretensión; sin embargo, se estima que su expedición no es acorde con las características que prevalecen actualmente en el País, pues incluso, a la fecha de la expedición de aquel Acuerdo, aún no se contaba con vacunas para hacer frente al referido virus, aunado a que se desconocían diversas características y circunstancias de la enfermedad que hoy son conocidas por la comunidad médica. En ese orden de ideas, conviene invocar como hecho notorio, la publicación de siete de marzo de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, en la sección segunda el: "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA CONTINUACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y GUBERNAMENTALES CON MOTIVO DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EN EL ESTADO DE MÉXICO.", que establece: "ÚNICO. Actividades permitidas durante la vigencia del presente Acuerdo. I. Todas las actividades podrán operar en forma y horario habitual, y sin limitación de aforo, procurando el uso de cubre bocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o uso de gel antibacterial, y registro de temperatura corporal al ingresar a las instalaciones; II. Las actividades educativas se llevarán a cabo en los términos que determine la Secretaría de Educación del Estado de México, y III. Las actividades gubernamentales continuarán funcionando en términos de los Acuerdos emitidos por la autoridad sanitaria y los que sobre el particular hayan expedido o expidan las dependencias e instituciones públicas competentes. Las actividades jurisdiccionales continuarán funcionando en términos de los Acuerdos que hayan expedido o expidan para tal efecto las autoridades competentes. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". SEGUNDO. Se abroga el "Acuerdo por el que se establecen medidas para la continuación de actividades económicas, sociales y gubernamentales con motivo del virus SARSCOV2 (COVID-19), en el Estado de México", publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el quince de octubre de dos mil veintiuno. TERCERO. Se derogan las disposiciones jurídicas de igual o menor jerarquía que se opongan a lo previsto en el presente Acuerdo. Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México a los siete días del mes de marzo del año dos mil veintidós." En ese mismo sentido, se tiene como hecho notorio la página https://coronavirus.gob.mx/semaforo/, en donde se señala que el semáforo de riesgo epidémico del dieciocho de abril al uno de mayo de dos mil veintidós en todo el país, y en particular para el Estado Libre y Soberano de México, es de color verde (mismo que se toma en consideración, por ser la actualización más reciente): De lo anterior se desprende que como acertadamente lo apuntó el juez responsable, en la fecha en que emitió el acto reclamado, así como actualmente, el Estado de México se encuentra en semáforo verde; por lo que contrario a lo esgrimido por la parte quejosa, el actuar de la autoridad no es contrario con las medidas sanitarias emitidas por las dependencias del Gobierno Federal y de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de México. Por otra parte, respecto a las diversas manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, en las que alude la progenitora, que la cita para la escucha de la menor se traduce en una exposición de su menor hija a un ambiente de un gran riesgo de contagio del virus SARS COV2 COVID 19 en el local que ocupa la autoridad responsable; resultan infundadas. Lo anterior se afirma, pues con la citación para la escucha de la menor, no implica per se, que tal actuación judicial ponga en peligro la vida o salud de la menor, toda vez que el buen estado de salud de ella también depende en gran medida de otros factores, como la permanencia en casa, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, así como el cumplimiento de las políticas públicas establecidas por la Secretaría de Salud. Efectivamente, no se desconoce la situación sanitaria que impera a nivel mundial y en específico en este País; sin embargo, el hecho de que se pudiera contraer el virus SARS-CoV2, no conlleva indefectiblemente a la pérdida de la vida o a poner en riesgo gravemente su salud, pues algunos casos, incluso son asintomáticos; esto es, que no presenta síntoma alguno, otros aun cuando sí los presentan, no se requiere hospitalización, siendo éstos los dos supuestos más frecuentes, incluso por ello, la Secretaría de Salud en los diversos acuerdos, ha emitido las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-COV2 (COVID-19) y además, ha clasificado como vulnerables a las personas mayores de sesenta años y aquellas que sin importar la edad, presentan algunos padecimientos específicos. En conclusión, por las particularidades del caso, no es posible asumir que ante la permisión del desarrollo de las diligencias jurisdiccionales, en particular, la escucha de la menor (con la adopción de las medidas de sanidad pertinentes), se encuentre en peligro la salud de la menor quejosa, o más aún, en peligro de privación de la vida por dicha asistencia y que por ello, sea factible o suficiente para otorgar el amparo solicitado; pues aceptar una postura en sentido contrario, implicaría postergar "indefinidamente" el derecho de la menor a ser escuchada en el proceso jurisdiccional en el que es parte. Aunado a que es obligación de los órganos jurisdiccionales velar por el normal desarrollo de los infantes para que generen un ambiente de familia y convivencia social, al ponderar que si bien se encuentran en juego dos derechos fundamentales, es decir, el relativo a la salud que, como se dijo, no se encuentra en riesgo directo; lo cierto es que, por otra parte, debe velarse por el otro derecho, consistente en la prerrogativa a su normal desarrollo como infante, por la eficacia en la convivencia con el progenitor no custodio, lo que no es factible determinar en lo sucesivo, ante la falta del desahogo de diversas probanzas, incluso, de manera oficiosa, entre las que se encuentra la escucha de la menor. Por último, debe decirse que no representa un obstáculo para sustentar la presente determinación, que es un hecho notorio (que no necesita demostrarse con alguna prueba ocular o documental) que los espacios que ocupan los órganos jurisdiccionales del Estado de México, constituyen locales de atención al público que por su propia naturaleza, suelen ser visitados por las partes de los procesos jurisdiccionales con sus abogados, representantes o apoderados, y que en ellos labora el personal propio de los tribunales respectivos. Sin embargo, aquella circunstancia no puede tener un efecto de alterar la decisión sustentada en esta resolución, pues se insiste, dado el nivel epidemiológico que persiste actualmente no sólo en el Estado de México, sino en el resto del País, en relación con el debido respeto a las medidas de prevención y mitigación adoptadas por las dependencias federales y estatales relativas a evitar el contagio del virus Sars-COV2, se estima que no existe la necesidad de postergar "indefinidamente" la escucha de la menor, en detrimento de su interés superior, el cual debe ser respetado de una manera interdependiente en relación con los diversos derechos a la vida y a la salud. En virtud de lo antes expuesto y al haber resultado infundados los argumentos planteados, se estima que procede NEGAR a la parte quejosa el Amparo y la Protección de la Justicia Federal Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Diana Carolina Flores Castelán, por derecho propio y como representante de la menor de iniciales reservadas E.R.F, contra el acto reclamado de la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos el último considerando de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente al asesor jurídico y agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, y por lista al tercero interesado, en términos de lo ordenado el veintiocho de febrero de esta anualidad; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
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