Diana Carolina Flores Castelán

Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
90/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Diana Carolina Flores Castelán

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa ********************, por propio derecho y en representación de la menor de identidad reservada de iniciales ********************, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. ACTO RECLAMADO Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La determinación de diez de enero de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja (toca) ********************, del índice de la Sala Colegida Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, interpuesto por la quejosa en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictado en la controversia familiar ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el que no se tuvo por desahogada la prevención formulada. DESECHAMIENTO Es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano. En ese orden de ideas, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Para mejor comprensión de la causa de improcedencia que se estudia, caber precisar algunos antecedentes que obran en su escrito de demanda: El uno de diciembre de dos mil veintidós, ******************** (aquí quejosa), presentó demanda de controversia familiar en contra de ********************, misma que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Primero Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, quien la radicó con el número de expediente ********************. Por auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se previno a la parte actora para que aclarara diversos puntos. Mediante acuerdo de ocho de diciembre de esa anualidad, se tuvo por recibido el escrito de la parte actora, por medio del cual pretendía desahogar las prevenciones formuladas, sin embargo, se determinó no tener por desahogada la prevención. El quince de diciembre de dos mil veintidós, el juez primigenio tuvo por interpuesto recurso de queja en contra del auto señalado previamente, mismo que por razón de turno, correspondió conocer a la Sala Colegida Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. El veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se radicó el recurso con el número de toca ******************** se y ordenó turnar los autos para el proyecto de resolución respectivo. El diez de enero de dos mil veintitrés, la Sala Colegida Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dictó un acuerdo en el que declaró improcedente el recurso queja referido (acto reclamado). El dos de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Primero Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, emitió un acuerdo en el que determinó que no se había dado cumplimiento a las prevenciones formuladas el cinco de diciembre de dos mil veintidós, ni se había interpuesto un recurso idóneo contra del diverso de ocho de diciembre siguiente, por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado e inadmitió de plano la solicitud planteada, ordenando el archivo del asunto. Asentado lo anterior, dicha causal de improcedencia tendrá lugar en los casos en los que si bien subsista el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues aunque se declarara inconstitucional el acto, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia de concesión, lo que generalmente sucede cuando el acto reclamado ya no tiene impacto en la esfera de derechos del gobernado que pueda ser reparado a través del amparo. Para fijar el alcance de dicha causal de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada una serie de efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del alto tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En el caso concreto, la pretensión del quejoso al promover el juicio de amparo es que se declare la inconstitucionalidad del acuerdo en el que la Sala Colegida Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, declaró improcedente el recurso queja registrado con el número de toca ********************. Así, a la luz de los actos reclamados, se tiene que una eventual concesión del amparo sería para el efecto de que se declara inconstitucional dicha determinación y se ordenara el estudio y resolución del recurso planteado; sin embargo, con independencia de lo que se resolviera en ese medio de impugnación, lo cierto es que prevalecería el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, que inadmitió la solicitud formulada por la aquí quejosa. De tal forma que, si bien subsiste el proveído que declaró improcedente el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo que no tuvo por desahogada la prevención; lo cierto es que ya existe un diverso acuerdo en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el que se tuvo por inadmitida la controversia familiar promovida y se ordenó el archivo del expediente, por lo que el acuerdo reclamado ha dejado de surtir efectos materiales, aun cuando formalmente prevalece. Por lo dicho, se tiene que el amparo es improcedente porque el marco procesal que rige en el caso ha variado. En efecto, al dictarse un acuerdo en el que se ordena el archivo del expediente de origen por no haberse desahogado las prevenciones ni haberse interpuesto un medio de defensa idóneo contra el auto que así lo determinó, trajo como consecuencia que el acuerdo reclamado ya no surtiera sus efectos y, por tanto, una modificación en el entorno dentro del cual fue dictada la determinación reclamada. Lo anterior, significa un cambio, no sólo en el estado del expediente, sino también en el marco procesal que lo rige, el cual, como se dijo, imposibilita la materialización de una eventual concesión del amparo, pues con motivo del acuerdo dictado, no tiene ningún efecto práctico el estudio del auto impugnado, dado que ya no es éste el que rige. En esa tesitura, es inconcuso que respecto de los actos en estudio, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXII; y, por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, página 189, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por ********************, por propio derecho y ostentándose como representante de la menor de identidad reservada de iniciales ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 90/2023-l. PREVENCIÓN De inicio, debe indicarse que el numeral 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está facultado para requerir a la promovente con el propósito de que aclare su demanda cuando existan deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Así, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma que impiden a este órgano federal proveer lo que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 114, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: 1. Bajo protesta de decir verdad, abunde en los antecedentes del acto reclamado, en particular, para que: a) Informe el estado que guarda el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y establezca, entre otras cosas, si después del auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se dictó algún acuerdo con relación a las prevenciones formuladas en auto de cinco de diciembre de dos mil veintidós, y de ser así, informe su contenido o exhiba copia de éste. 2. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte agraviada que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir el mismo número de copias que adjuntará al presentar su demanda de amparo, para correr traslado a las partes. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En el entendido de que ello no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica , caso en el cual, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que las documentales que en su caso adjunte, son copia íntegra e inalterada de los documentos que originales que ahí se reproducen. Lo que resulta necesario toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 12, segundo párrafo, inciso f), del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, cuando el promovente ingrese documentos públicos mediante el uso de la FIREL deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que éstos son copia íntegra o inalterada del documento impreso. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de incumplir la prevención formulada en el numeral 1, se tendrá por no presentada la demanda, ello de conformidad con el artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos de los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "********************" y las restantes por medio de lista; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Se autoriza a la persona que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "********************"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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