Diana Carolina Flores Castelán

Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
141/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • E. R. N.
  • Diana Carolina Flores Castelán
  • Diana Carolina Flores Castelán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo se advierte que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, no ha remitido los autos correspondientes a la comunicación oficial 123/2022 del índice de este juzgado, que se libró mediante auto de catorce de marzo del año en curso. Sin embargo, de una búsqueda a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que mediante proveído de ocho de septiembre del actual, el homólogo en cita, acordó devolver sin diligenciar la comunicación oficial precisada con anterioridad. En mérito de lo anterior, dese de baja la comunicación oficial 123/2022 del índice de este juzgado, y hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; sin que se requiera hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que dicho tercero se apersonó con oportunidad al presente juicio, además que ya se ordenó el archivo del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, dado que la parte quejosa no formuló manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia dictada el veinticinco de abril de dos mil veintidós, este Juzgado determinó otorgar el amparo solicitado por la parte quejosa, para que el Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la determinación de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en lo concerniente a la orden de entrega de la menor de identidad reservada de iniciales E. R. F., a su progenitor, para su resguardo, durante las doce horas en que se haría efectiva la medida de apremio de arresto que le fue impuesta a Diana Carolina Flores Castelán. b) En atención a que constituye un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 142/202-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, se dejó insubsistente el arresto por doce horas impuesto a Diana Calorina Flores Castelán, se estima innecesario vincular a la autoridad responsable a la emisión de un nuevo acto, por lo que con plenitud de jurisdicción deberá proveer lo que estime conducente dentro del juicio de origen." Dicha determinación se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al no combatirse por vicios propios. Luego, por oficio recibido el veinticuatro de mayo del año en curso, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el Juez responsable, informó que mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintidós; "se deja insubsistente la determinación de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en lo concerniente a la orden de entrega de la menor de identidad reservada de iniciales E.R.F., a su progenitor para su resguardo.". Documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral. Asimismo, al tener a la vista las constancias que integran el juicio de amparo 142/2022-VI radicado en este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que en cumplimiento a su ejecutoria, se dejó insubsistente la determinación adoptada en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro del procedimiento de controversia familiar 363/2020, únicamente en lo relativo a la imposición de la medida de apremio a la parte quejosa, consistente en un arresto de carácter civil por doce horas y su eventual ejecución; por lo tanto, se concluye que no existe acto pendiente por realizar a fin de tener por cumplida la sentencia emitida en este juicio. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin que se advierta exceso o defecto. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de depuración ya que se concedió el amparo. Asimismo, es susceptible de depuración el original del incidente, pues en él se concedió la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General señalado. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ésta ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere al Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la determinación de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en lo concerniente la orden de entrega de la menor de identidad reservada de iniciales E.R.F., a su progenitor para su resguardo, durante las doce horas en que se haría efectiva la medida de apremio de arresto que le fue impuesta a Diana Carolina Flores Castelán. b) En atención a que constituye un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 142/2022-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, se dejó insubsistente el arresto por doce horas impuesto a Diana Carolina Flores Castelán, se estima innecesario vincular a la autoridad responsable a la emisión de un nuevo acto, por lo que con plenitud de jurisdicción deberá proveer lo que estime conducente dentro del juicio de origen. Dicha determinación se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al no combatirse por vicios propios. Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerdo lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. Con el fin de privilegiar el uso de medios electrónicos que permitan la continuación del juicio en línea, la información antes indicada deberán remitirla al correo electrónico 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, pudiendo solicitar la confirmación de recepción en el teléfono 53870500 extensión 1231 o por el mismo medio. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 363/2020. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 141/2022-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. TRÁMITE. Mediante escrito recibido el veintisiete de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Diana Carolina Flores Castelán, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales E. R. F., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que se precisará en el considerando segundo. Dicho ocurso fue turnado inicialmente al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en esta Ciudad, quien por auto de dos de febrero de este año, lo radicó bajo arábigo 105/2022-I y lo remitió a este Juzgado por conocimiento previo a este juzgado, lo cual fue aceptado por este órgano federal, el ocho de febrero del mismo año. Posteriormente, el quince de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento previo planteado por el homólogo citado, radicándolo bajo el número de juicio de amparo indirecto 141/2022-V, lo admitió a trámite, dio la intervención que legalmente le compete al representante social federal de la adscripción, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, y solicitó a la Defensoría Pública Federal que designara un representante especial que defendiera los intereses del menor en el presente asunto. El veintitrés de febrero de la anualidad que transcurre, se tuvo al representante designado aceptando y protestando su cargo; asimismo, el veintitrés del mes siguiente, se tuvo al tercero interesado apersonándose al juicio en que se actúa. Una vez agregados los informes justificados e integrado el presente expediente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que disponen los artículos 35 y 37 primer párrafo, de la Ley de Amparo; toda vez que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama de las responsables: El auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente 363/2020, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México; por el cual, a fin de dar cumplimiento al apercibimiento hecho efectivo en audiencia de veinticuatro de enero de este año, consistente en un arresto por doce horas, se ordena la entrega de la menor E. R. F. para su resguardo, a su progenitor, por el tiempo en que se encuentre privada de la libertad. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al rendir su informe con justificación negó el acto que se le atribuye, sin embargo, debe tenerse por cierto el mismo, en atención a que ésta es una autoridad ejecutora de un acto cuya existencia quedó acreditada. La existencia de los actos reprochados incluso se corrobora con las constancias remitidas por el juez responsable, consistente en copias certificadas del juicio de controversia familiar, alimentos y guarda y custodia 363/2020, del índice del Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México; mismas que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de esta última en su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. De las cuales se aprecia el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós; así como el oficio de veintisiete de enero de dos mil veintidós, girado al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a fin de cumplimentar e proveído reprochado y otro (fojas 186 y 203 tomo de pruebas). CUARTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, refirió que considera que, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa debió agotar el recurso ordinario previsto por la ley para combatir el acto reclamado, esto es, el recurso de revocación. Sin embargo, el suscrito estima que no le asiste razón a la responsable señalada por las siguientes consideraciones. Primeramente, debe destacarse que el auto recurrido en esencia ordena a Diana Carolina Flores Castelán, entregar a su menor hija E. R. F. al progenitor de ésta, a efecto de que la resguarde durante doce horas, tiempo en que la quejosa se encontrará privada de su libertad con motivo de la medida de arresto que la responsable hizo efectiva en audiencia de veinticuatro de enero de este año, dado su incumplimiento en presentar a la menor para la continuación de la audiencia principal, con el objeto de llevar a cabo su escucha. En ese sentido, si bien es cierto que el numeral 5.751 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, contempla que todos aquellos autos dictados fuera de audiencia, como lo es el acto aquí reprochado, serán revocables conforme a las reglas generales; también lo es que, dada la naturaleza del acto aquí combatido, se actualiza la excepción al principio de definitividad a que alude la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, de registro digital 2004677, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Se estima lo anterior porque en el presente asunto Diana Carolina Flores Castelán, se duele del auto reclamado, bajo el argumento toral de que de ejecutarse la orden reclamada, es decir, de entregar a su menor hija a su padre, durante el cumplimiento de la orden de arresto que fue decretada en su contra, se pondría en riesgo a su hija menor de edad, por las razones que más adelante se detallarán. De ahí que en el caso no se actualice la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna distinta a la ya analizada, por lo que se procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. La parte quejosa refiere que la orden de entrega de su mejor hija al progenitor de ésta, a efecto de que la resguarde durante doce horas, tiempo en que la quejosa se encontrará privada de su libertad con motivo de la medida de arresto que la responsable hizo efectiva en audiencia de veinticuatro de enero de este año, trasgrede el interés superior de la menor, en esencia porque: La autoridad responsable, de manera injustificada y unilateral ordena a la quejosa entregar a su menor hija a su padre, quien tiene su domicilio en el Estado de Nuevo León, atentando con ello a la estabilidad, salud y seguridad de la infante, dado que ello implicaría un traslado a dicho lugar mediante el uso de trasporte como avión o camión, exponiéndola al contagio del virus Covid-19; aunado a que dejarla bajo su cuidado podría afectar a la menor, dado el poco contacto que tiene con su padre; además que dicho progenitor ni siquiera manifestó en ningún momento poder resguardar a la menor, durante la temporalidad referida y ni la responsable analizó si éste resulta ideal para su cuidado. Los argumentos de la parte quejosa resultan fundados y suficientes para conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, sin embargo, previo a exponer las razones de tal consideración se estima indispensable exponer los antecedentes del acto reclamado más relevantes, para una mejor comprensión del asunto. En ese tenor, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, las cuales fueron previamente valoradas, se desprende lo siguiente: En los autos del juicio 363/2020, promovido por Diana Carolina Flores Castelán, en contra de Jorge Romero Negrete, se estimó necesario llevar a cabo la escucha de la menor involucrada, sin embargo, en audiencia de trece de octubre de dos mil veintiuno (foja 128 a 138 tomo de pruebas), se consideró pertinente que ello se verificara una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, en atención a la contingencia ocasionada por el virus SARS-CoV2, por lo que se difirió dicha audiencia y se señalaron las doce horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. En la fecha señalada (fojas 1 y 2 tomo de pruebas), se fijaron las trece horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno, para que se llevara a cabo la continuación de la audiencia principal, a fin de desahogar la diligencia de escucha de la menor de edad involucrada, por lo que la responsable requirió a su progenitora su presentación, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se impondría una multa por el equivalente a una unidad de medida y actualización. Llegada la audiencia indicada, (fojas 78 a 80 tomo de pruebas) se hizo constar que Diana Carolina Flores Castelán, no presentó a su menor hija, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado anteriormente e impuso a la quejosa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, la previno para que presentara a la menor de edad en la siguiente audiencia, misma que programó para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós; bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a una medida de apremio consistente en un arresto por doce horas, debiendo designar persona de confianza que quede a cargo de la menor E. R. F. o, de lo contrario, quedaría a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo de las Familias o DIF Municipal. Luego, en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la responsable hizo constar que Diana Carolina Flores Castelán, no presentó a su menor hija E. R. F. por lo que hizo efectivo el apercibimiento decretado en la anterior audiencia. Finalmente, dada la petición por escrito del aquí tercero interesado Jorge Romero Negrete, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, el Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, giró oficio dirigido al Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a efecto de dar cumplimiento al apercibimiento decretado, dejándolo a disposición del nombrado para su diligenciación. Asimismo, ordenó que en la diligencia encomendada, Diana Carolina Flores Castelán, debería entregar a la menor de identidad reservada de iniciales E. R. F., a su progenitor, para su resguardo durante el lapso de doce horas, tiempo que durara la medida de apremio de arresto que le fue impuesta (ACTO RECLAMADO). En ese contexto, como se dijo, los argumentos de la quejosa resultan fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, por las siguientes razones. Como ya quedó detallado, en la continuación de la audiencia principal de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, previno a Diana Carolina Flores Castelán, para que presentara a su hija menor de edad E. R. F en la siguiente audiencia, misma que programó para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a una medida de apremio consistente en un arresto por doce horas y, al efecto, le previno para que designara persona de confianza que, en su momento, quede a cargo de la menor E. R. F. durante la ejecución del arresto referido, apercibiéndola que de no hacerlo, la menor quedaría a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo de las Familias o DIF Municipal. En ese orden de ideas, si Diana Carolina Flores Castelán, no presentó a su menor hija E. R. F. a la audiencia fijada para el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, y a causa de ello, en la fecha aludida la responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en la anterior audiencia, lo correcto sería que la responsable ordenara que al momento de ejecutar el arresto decretado, la menor de edad quedara a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo de las Familias o DIF Municipal, tal como lo plasmó en el apercibimiento que hizo efectivo, y no ordenar la entrega de la menor a su progenitor, para su resguardo durante el tiempo que dure el arresto que le fue impuesta, como lo hizo; de ahí que la orden de entrega de dicha menor resulte ilegal. En efecto, lo anterior se estima de esa manera, teniendo en cuenta que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad que se dirige a la persona quien debe cumplir el mandamiento, pues en él se especifica un hacer o dejar de hacer y una concreta una advertencia conminatoria. Para ello, la autoridad debe emitir el mandamiento en los términos y bajo las condiciones establecidas en la legislación, a fin de que el gobernado tenga la certeza de que la medida de apremio o el mandamiento judicial que se podría imponer, se ajusta a los dispositivos legales. Los requisitos mínimos que tal mandamiento deberá contener son: a) La existencia de una determinación de parte de un órgano jurisdiccional; b) Que dicha determinación se encuentre debidamente fundada y motivada; c) Que deba ser cumplida por las partes o alguno de los terceros involucrados en el litigio; d) La comunicación oportuna mediante la notificación personal al obligado; y, e) El apercibimiento de que en caso de desobediencia se le aplicará una medida de apremio o consecuencia jurídica precisa y concreta. De lo expuesto válidamente se puede concluir que la orden de entrega de la menor de edad E. R. F., a su progenitor, para su resguardo durante el lapso de doce horas, tiempo que durara la medida de apremio de arresto que le fue impuesta a la progenitora de ésta, se insiste, resulta violatoria de los derechos legalidad y seguridad jurídica de la parte quejosa, puesto que se ordenó de manera arbitraria y unilateral, sin que se hubiere apercibido en ese sentido a la parte quejosa, dejándola en total incertidumbre respecto de las consecuencias que acarrean los requerimientos efectuados por la autoridad. De ahí que si el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido, que especifica una acción u omisión que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que puede aplicarse en caso de incumplimiento, es inconcuso que a efecto de salvaguardar los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, previo a la imposición de la medida de que se trate y las condiciones en que debe cumplirse, debe emitirse un mandamiento judicial debidamente fundado y motivado, que deba cumplirse por las partes o alguna de las personas involucradas en el litigio, el cual deberá ser notificado personalmente de manera oportuna, con el apercibimiento de que de no obedecerlo, se aplicará la medida de apremio o consecuencia jurídica concretada en dicha determinación, bajo las condiciones que se establecieron para ese efecto. Por tanto, teniendo en cuenta que el apercibimiento es la advertencia de las consecuencias desfavorables que pudiesen ocurrir por incumplir algún mandamiento de la autoridad, es incuestionable que al no haberse indicado previamente a Diana Carolina Flores Castelán, que de ser omisa en presentar a su menor hija E. R. F. a la continuación de la audiencia principal en la que se llevaría a cabo la escucha de dicha menor, se le impondría una medida de apremio consistente en arresto por doce horas, durante la cual, el progenitor de la menor la tendría bajo su resguardo para su cuidado; se estima que la responsable contravino en perjuicio de la parte quejosa sus derechos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 20/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 122, Novena Época, que dispone: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." Por lo expuesto, se considera que previo a ordenar el cumplimiento de la medida de arresto impuesta y con el propósito de salvaguardar el interés superior de la menor involucrada, el Juez debió tomar las providencias necesarias para que alguna persona de confianza se hiciera cargo de la menor y para ello, debió dar oportunidad a los progenitores de ésta para que se manifestaran si proponían a persona alguna, y a su vez, dar vista a los contrarios con las propuestas, pues son éstos quienes, se presume, tienen mayor interés en su bienestar. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la tesis I.7o.C.109 C, de la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio 2008, página 1675, de registro digital 169368, que dice: "ARRESTO DICTADO EN JUICIO DEL ORDEN FAMILIAR EN CONTRA DEL PROGENITOR QUE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, ANTES DE SU IMPOSICIÓN DEBEN TOMARSE LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LA PROTECCIÓN DE SUS MENORES HIJOS A FIN DE NO PONER EN RIESGO SU INTEGRIDAD, SEGURIDAD Y SALUD. La medida de apremio consistente en la imposición del arresto hasta por treinta y seis horas, constituye un medio idóneo y eficaz para conminar al progenitor que tiene la guarda y custodia de sus menores hijos, a que cumpla con el régimen de visitas y convivencias fijado en juicio; sin embargo, previamente a hacer efectiva la medida de arresto, en aras de salvaguardar el interés superior de los menores, el Juez debe tomar las providencias necesarias para que otra persona se haga cargo de ellos, pudiendo ser los abuelos o bien prever su resguardo en una institución social, puesto que durante el tiempo en que el progenitor contumaz permanezca privado de su libertad se encuentra impedido para desempeñar la guarda y custodia, poniendo en riesgo la integridad, seguridad y salud de los menores." Lo hasta aquí expuesto permite concluir que el órgano jurisdiccional no puede hacer efectivos apercibimientos que nunca realizó, como lo es poner a la menor quejosa bajo el cuidado de su padre, sin que previamente hubiera establecido esa consecuencia jurídica. Máxime que el padre de la menor no reside en la misma Ciudad que ésta, ni de las constancias allegadas se aprecia que haya manifestado su deseo, posibilidad y disposición para cuidar de la infante durante el tiempo en que dure el arresto impuesto a la quejosa, sino que únicamente solicitó que se ejecutara el arresto impuesto a la madre de la infante. En consecuencia, al resultar fundados los argumentos expuestos, deviene innecesario avocarse al estudio de los restantes que se hacen valer, toda vez que dado el efecto para el cual se concede el amparo, es inconcuso que el acto reclamado quedará insubsistente2 Por ende, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: El Juez Tercero Familiar de Tlalnepantla, Estado de México: a) Deje insubsistente la determinación de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en lo concerniente a la orden de entrega de la menor de identidad reservada de iniciales E. R. F., a su progenitor, para su resguardo, durante las doce horas en que se haría efectiva la medida de apremio de arresto que le fue impuesta a Diana Carolina Flores Castelán. b) En atención a que constituye un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo 142/202-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, se dejó insubsistente el arresto por doce horas impuesto a Diana Calorina Flores Castelán, se estima innecesario vincular a la autoridad responsable a la emisión de un nuevo acto, por lo que con plenitud de jurisdicción deberá proveer lo que estime conducente dentro del juicio de origen. Es aplicable la tesis de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Cuarta Parte, Materia Común, página 72, Séptima Época, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." La presente concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama del Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al no combatirse por vicios propios3 Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a la menor de edad E. R. F. representada por su progenitora Diana Carolina Flores Castelán, en contra de los actos que reclamó de las aquí responsables, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente al representante especial de la menor quejosa y al agente del ministerio público federal adscrito a este juzgado; vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista al tercero interesado; y por oficio a las autoridades responsables.

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