Diana Carolina Flores Castelán
Expediente 1238/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1238/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Diana Carolina Flores Castelán y Otros.
- Diana Carolina Flores Castelán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a) de esa normatividad. Finalmente, devuélvase a la Sala responsable, las copias certificadas relativas al toca de apelación 985/2022 y al expediente 363/2020, que adjuntó en apoyo a su informe justificado. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1238/2022-IV; R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido el veinte de octubre de dos mil veintidós, en este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, ********************, en su carácter de mandatario judicial de ********************, por derecho propio y como representante de la menor de iniciales reservadas ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridad que se describirán en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. Segundo. Trámite. En auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado determinó desechar la demanda, acuerdo que recurrió la parte impetrante a través del recurso de queja, de la cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien en resolución de doce de enero del año en curso, emitida en el recurso de queja ********************de su índice, declaró fundado el referido medio de impugnación. Por tanto, mediante auto de veintiséis de enero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ordenó emplazar al tercero interesado ********************y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable: ( La resolución emitida el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca ********************, por el que inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la determinación de veinte de septiembre del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, dentro del procedimiento especial sobre controversia del orden familiar ********************, que no admitió la prueba superveniente ofertada por la aquí quejosa, tendente a conocer la nueva situación económica patrimonial y laboral de ********************, quien es la contraparte de la agraviada en el juicio de origen. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptó su existencia. Lo que se corrobora con las constancias que remitió al rendir su informe con justificación, consistentes en copias certificadas del toca de apelación ********************, así como de diversas actuaciones del expediente ********************, relativo a la Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por tratarse de la reproducción certificada de actuaciones judiciales expedidas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Cuarto. Procedencia del juicio. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan valer las partes; o bien, que de oficio se advierta alguna que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no advertirse alguna causa de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, y que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo, al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Quinto. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló diversos conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y no abona a la claridad que debe revestir a toda resolución jurisdiccional. Sexto. Estudio de fondo. En los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, esencialmente argumenta: Que la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, debió de admitir el recurso de apelación que interpuso en contra de la determinación de veinte de septiembre del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, dentro del procedimiento especial sobre controversia del orden familiar ********************, que inadmitió la prueba superveniente ofertada por la aquí quejosa, tendente a conocer la nueva situación económica patrimonial y laboral del demandado ********************, toda vez que el artículo 1.259 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone que el auto que admita pruebas no es recurrible, pero el que las deseche, es apelable sin efecto suspensivo. Que al no haberse admitido ese recurso, que tuvo como consecuencia declarar firme el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós y, por tanto, no admitida la prueba superveniente que ofreció mediante escrito presentado en esa misma fecha, se violentaron los derechos de la menor involucrada de iniciales ******************** Son infundados los conceptos de violación que formula la parte quejosa, aun suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En principio, se estima necesario conocer algunos de los antecedentes relevantes respecto del asunto que nos ocupa, que se advierten de las documentales que adjuntó la autoridad responsable a su informe con justificación, a saber: 1. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veinte, ******************** por su propio derecho y en representación de la menor ********************, demandó de ********************, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones (fojas 1 a 7 tomo I). 2. Por razón de distribución de asuntos, la demanda fue turnada al Juzgado Tercero Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien la radicó con el número ******************** y admitió en proveído de cuatro de marzo de dos mil veinte; asimismo, con respecto al pago y aseguramiento de la pensión alimenticia a favor de la infante ********************, el Juez Familiar fijó una pensión alimenticia provisional a cargo de su progenitor ********************, por la cantidad que resultara del 30% del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe en su fuente laboral ********************, para lo cual ordenó girar oficio al Representante legal y/o Jefe de Recursos Humanos de la citada fuente laboral, para que realizara el descuento del porcentaje y lo pusiera a disposición de ******************** madre de la menor involucrada; asimismo, también se le requirió para que proporcionara la información respecto a la totalidad de las percepciones ordinarias y extraordinarias que recibía el demandado ********************(fojas 8 a 11 tomo I). 3. Por escrito recibido el siete de octubre de dos mil veinte, el demandado ********************, dio contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, con respecto al régimen de visitas y convivencias propuesto, se dio vista a su contraparte ********************, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera (fojas 12 a 85 tomo I). 4. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia inicial en el expediente ********************, relativo a la Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, en la cual al revisar las medidas provisionales decretadas en auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, se fijó a favor de la menor ******************** una pensión alimenticia del 20% del total de las percepciones ordinarias y extraordinarias que recibía el demandado ********************(fojas 91 a 98 tomo I). 5. Mediante escrito recibido el veinte de septiembre de dos mil veintidós, ********************, en su carácter de mandatario judicial de ********************, por derecho propio y como representante de la menor de iniciales reservadas ********************, ofreció como prueba superveniente, que se girara oficio al Representante legal de ********************, para que rindiera un informe con respecto a lo siguiente: ". Por medio del presente libelo, atento a lo que el demandado, ********************, ha señalado en diversa promoción sobre su cambio de residencia de San Pedro Garza García a la Ciudad de México; por decisión de su patrón, la moral "********************". En este acto con fundamento en lo dispuesto por el numeral 5.38 fracción V del Código de Procedimientos Civiles, me permito ofertar como prueba superveniente la documental privada consistente en el informe que tenga a bien rendir el C. Representante legal de la moral "********************", con domicilio en Avenida Ejército Nacional Mexicano Ochocientos Cuarenta y Tres "B", Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El cual verse sobre los siguientes apartados: 1. Informe sobre la veracidad del cambio de lugar de residencia del demandado ********************de sus oficinas en San Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León a sus oficinas en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. 2. Para el caso que se de una respuesta afirmativa al punto que antecede, se sirva a informar sobre las prestaciones que le pagará y/o beneficios que le dará al demandado, ********************, por su cambio de domicilio para que preste sus servicios en sus oficinas de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. 3. Clarifique cómo es posible si el nuevo lugar de residencia del demandado ********************se enuentra en la Ciudad de México; porque dicha persona moral le está proveyendo de dos vuelos mensuales en clase ejecutiva en la ruta Monterrey Ciudad de México Monterrey.": 6. En proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Familiar, no acordó favorable la solicitud del mandatario judicial de la ahora quejosa, por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 5.38, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México (foja 145 tomo I). 7. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de apelación (fojas 4 a 12 tomo II). 8. Mediante resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca ********************, la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la determinación de veinte de septiembre del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, dentro del procedimiento especial sobre controversia del orden familiar ********************, que a su vez no admitió la prueba superveniente ofertada por la aquí quejosa, tendente a conocer la nueva situación económica patrimonial y laboral de ********************, quien es la contraparte de la agraviada en el juicio de origen (fojas 21 a 23 tomo II). Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Como se había adelantado, este órgano jurisdiccional considera que son infundados los conceptos de violación que formula la parte quejosa, en los que sostiene que la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, debió de admitir el recurso de apelación que interpuso en contra de la determinación de veinte de septiembre del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, dentro del procedimiento especial sobre controversia del orden familiar ********************, que inadmitió la prueba superveniente que ofreció, tendente a conocer la nueva situación económica patrimonial y laboral de ********************, quien es la contraparte de la agraviada en el juicio de origen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.259 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se explica. Con el objeto de sustentar la presente determinación, se estima pertinente indicar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido consistente en sus precedentes, en lo que concierne a la interpretación de los alcances del derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República; pues al respecto, ha establecido que ese derecho humano entraña para los gobernados la impartición de justicia por parte de Jueces y tribunales competentes, previamente establecidos, imparciales, independientes, llamados a dirimir los conflictos sometidos a su potestad con pleno respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y que, tal derecho se rige por cuatro principios básicos: 1. El de justicia pronta, que obliga al juzgador a resolver las controversias dentro de los plazos y términos que establezcan las leyes; 2. El de justicia completa, que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario y asegurar al gobernado la obtención de una resolución en la que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos deducidos; 3. El de justicia imparcial, que obliga al juzgador a emitir una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. El de justicia gratuita, conforme al cual, los órganos jurisdiccionales del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, el derecho fundamental de acceso a la justicia de los gobernados, implica la obligación de los órganos jurisdiccionales del Estado de garantizar la impartición de justicia bajo las directrices referidas (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), a efecto de evitar la justicia por propia mano o que los gobernados ejerzan violencia para reclamar sus derechos. El derecho humano de acceso a la justicia, desde luego también tiene anclaje convencional, particularmente en los artículos 8, apartado 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha concebido ese derecho como la posibilidad que debe tener toda persona de acudir al sistema legal para que sea resuelto un conflicto del que es parte y en su caso, se le reivindique en el goce de sus derechos vulnerados o desconocidos. Asimismo, el derecho de protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, exige que el sistema legal ponga a disposición de toda persona un recurso sencillo y rápido o cualquier otro mecanismo que se pueda instar ante los tribunales, que resulte efectivo para impugnar actos que violen derechos fundamentales, es decir, toda persona debe contar con un recurso o medio de defensa previsto en la ley, que resulte idóneo para determinar la existencia de la violación de derechos humanos y repararla. Por tanto, los derechos de acceso a la justicia y de protección judicial mediante recurso efectivo, se han entendido como componentes de un derecho de tutela judicial efectiva, el cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se desarrolla en tres etapas: i) Previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que tiene su base en el derecho de acción como una especie del derecho de petición en sede jurisdiccional; ii) Una judicial, del inicio del procedimiento hasta la última actuación del juicio, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, iii) una posterior al juicio, que se identifica con la efectividad de las sentencias en orden a su ejecución. Ahora bien, para que los gobernados puedan ejercer ese derecho subjetivo de reclamar justicia dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, planteando una pretensión o defendiéndose de ella, y para que los órganos jurisdiccionales puedan cumplir con ese cometido de impartir justicia bajo los plazos y términos que fijen las leyes y resolver las contiendas conforme a derecho, el propio Estado, a través del Poder Legislativo, hace posible el acceso de los gobernados a la jurisdicción mediante la creación de los mecanismos y reglas legales que lo hagan factible, esto, estableciendo los procedimientos y disposiciones mínimas necesarios para la sustanciación y resolución de las controversias, regulando en la ley los plazos, términos, condiciones, presupuestos, etcétera, a que estarán sujetos los diversos procedimientos jurisdiccionales. Asimismo, la teoría del proceso, en consonancia con ese derecho humano de todo gobernado de acceder a la impartición de justicia por parte de los órganos del Estado, considera la existencia de un derecho subjetivo, de carácter sustancial, frente al órgano jurisdiccional, para obtener la prestación de la jurisdicción, esto es, para exigir que planteada una pretensión, se lleven a cabo los procedimientos necesarios para que se decida sobre el derecho deducido y la decisión se ejecute en forma coactiva, a menos que se presente algún obstáculo que lo impida, por no cumplirse con las formas y términos (presupuestos, requisitos o condiciones) que válida y razonablemente haya impuesto el legislador en las reglas legales previstas para la realización del procedimiento. En suma, el proceso jurisdiccional, es un medio instrumental dispuesto por el Estado, a través de la ley, para prestar la jurisdicción, es decir, para la administración de justicia y ésta, es la garantía de realización del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, aquí cabe referir que, debe tenerse presente lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17 constitucional, que establece la obligación para los órganos jurisdiccionales de que, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, deben privilegiar la solución sustancial de las controversias sobre los formalismos procedimentales. Disposición de la Norma Fundamental que, acorde con la exposición de motivos de la reforma constitucional hecha por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, derivó del reconocimiento del Constituyente de que en México, la efectiva tutela judicial de los derechos humanos, suele verse mermada cuando la ley o su interpretación y aplicación por parte de los juzgadores en los procesos jurisdiccionales, impone la satisfacción de formalismos por encima de la finalidad sustantiva de resolver los conflictos. Por su parte, el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho que tiene toda persona 'a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial'. Por su parte, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el Estado Mexicano es Parte, reconoce el derecho de toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados a 'interponer un recurso efectivo'. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México es Parte, reconoce en el artículo 25.1 el derecho de toda persona 'a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.' Para hacer efectivo este derecho no basta con garantizar el acceso formal a un recurso, ni que en el proceso se produzca una decisión judicial definitiva. Un recurso sólo se considera efectivo si es idóneo para proteger una situación jurídica infringida y da resultados o respuestas. Sin embargo, en México predomina la percepción de que la justicia funciona mal, y dos de los mayores problemas que se perciben son la injusticia y la desigualdad. Hoy se confunde la aplicación de normas con la impartición de justicia. Esto causa insatisfacción y frustración en las personas, y convierte al sistema de impartición de justicia en un sistema que genera injusticias. En este ejercicio de diálogo amplio y plural, se diagnosticaron los principales problemas de acceso a la justicia y se construyeron soluciones. Una de las conclusiones fue que en la impartición de justicia en todas las materias y en el ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro país prevalece una cultura procesalista. Esto genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado y, por lo tanto, sin resolver, la controversia efectivamente planteada. Asimismo, se identificaron dos categorías de obstáculos de acceso a la justicia: i) excesivas formalidades previstas en la legislación y ii) la inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de justicia. Esta conclusión es consistente con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la obligación del Estado de desarrollar la posibilidad del recurso judicial es dual, por un lado, la ley no debe imponer límites, salvo las formalidades esenciales para su trámite y resolución; por otro lado, los órganos que imparten justicia deben asumir una actitud de facilitadores para ese fin. Las normas vulneran el derecho a la tutela judicial si imponen requisitos que impiden u obstaculizan el acceso a la justicia, cuando éstos resultan innecesarios, excesivos o carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que legítimamente puede perseguir el legislador. En cuanto al aspecto interpretativo y de aplicación de la norma, se encontró que en la impartición de justicia en todos los niveles y materias, las leyes se aplican de forma tajante o irreflexiva, y no se valora si en la situación particular cabe una ponderación que permita favorecer la aplicación del derecho sustantivo por encima del derecho adjetivo para resolver la controversia, desde luego sin inaplicar este último arbitrariamente. Sobre este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia en pro del formalismo. También la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los tribunales deben resolver los conflictos que se les plantean evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo. Los juzgadores al interpretar los requisitos y formalidades procesales que prevén las leyes, deben tener presente la ratio de la norma y los principios pro homine e in dubio pro actione para evitar que aquéllos impidan un enjuiciamiento de fondo. Una disposición de ese carácter permite recordar que el proceso es un medio para facilitar y preservar, mediante la adecuada actualización de las normas, el reconocimiento de los derechos sustantivos de las personas. Para hacer frente a este aspecto de la problemática, en los diálogos por la justicia cotidiana se recomendó llevar a cabo una reforma que eleve a rango constitucional el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. La incorporación explícita de este principio en la Constitución Federal busca que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país, se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. La incorporación de esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto. Con esta reforma de ninguna manera se busca obviar el cumplimiento de la ley. La efectividad del derecho de acceso a la justicia no implica pasar por alto el mandato del párrafo segundo del artículo 17 constitucional de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. Permitir que los tribunales dejen de observar los principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, daría lugar a un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos. En efecto, los juzgadores deben apegarse a los principios que rigen la función judicial, como el de debido proceso y el de equidad procesal, y que garantizan la seguridad jurídica y credibilidad en los órganos que administran justicia. Lo que pretendió la Iniciativa no es la eliminación de toda formalidad, ni soslayar disposiciones legales, en cambio, se busca eliminar formalismos que sean obstáculos para hacer justicia. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que dentro del proceso jurisdiccional, la garantía de audiencia reconocida en el artículo 14 constitucional, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de adecuada defensa previamente a que se emita el acto privativo, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, reconociendo como básicas: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de un resolución que dirima las cuestiones debatidas. Sin embargo, la oportunidad de adecuada defensa no se agota en esas formalidades esenciales de núcleo duro referidas, sino que, acorde con la naturaleza del procedimiento de que se trate, tendrán cabida como relevantes determinados, derechos procesales que coadyuvan a su plena satisfacción, como garantías de debido proceso. En el caso de los procesos jurisdiccionales civiles, es reconocido el derecho a recurrir las determinaciones judiciales a través de los recursos ordinarios que la legislación adjetiva prevea para ello, salvo que la irrecurribilidad respecto de una determinada resolución judicial esté expresamente prevista. Puede hablarse de un derecho de recurrir, cuya naturaleza es estrictamente procesal y que es uno de los varios que surgen de la relación jurídica procesal. Se trata de un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso a cualquier título y condición, para que se corrijan los errores del Juez, que le causen gravamen o perjuicio. Eduardo Pallares, se refiere a los recursos ordinarios como los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución judicial sea ésta un auto o decreto. Señala que se trata de actos procesales que pertenecen a la categoría de las pretensiones en general, pues son actos de voluntad pura y simple, de conservación y defensa y no de disposición de los derechos litigiosos, cuyo objeto es revocar o reformar una resolución judicial y han de deducirse en el mismo proceso para que sean verdaderos recursos. Entre los principios que rigen los recursos, está el relativo a que, por regla general, están sujetos a la carga de la impugnación, es decir, su interposición es actividad procesal que se lleva a cabo a instancia de la parte interesada, pues no procede revocar o modificar de oficio las resoluciones o procedimientos que adolezcan de defecto, de modo que si la parte agraviada no hace valer el recurso, precluye su derecho a recurrir y la resolución adquiere firmeza en el proceso; LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DEBE SUJETARSE A LAS NORMAS QUE LO RIGEN EN CUANTO A PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA, PERSONAS LEGITIMADAS PARA PLANTEARLOS, OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN Y DEMÁS REQUISITOS EXIGIBLES. Ahora bien, el recurso de revocación es considerado en la doctrina procesal civil como un recurso ordinario horizontal de procedencia residual; lo primero, porque es un medio de impugnación cuyo conocimiento asume el mismo juzgador que emitió la resolución recurrida, en la propia pieza de autos y lo segundo, porque su procedencia generalmente se prevé en los códigos civiles por exclusión, cuando no tiene cabida el diverso recurso de apelación. Por su parte, el recurso de apelación se cataloga como un recurso ordinario vertical, cuya procedencia puede estar determinada bajo reglas generales o por determinación expresa; lo primero, porque de él conoce un tribunal de alzada, es decir, un juzgador diverso, superior en grado al que dictó la resolución recurrida y lo segundo, porque comúnmente los ordenamientos procesales establecen contra qué resoluciones procederá dicho recurso, ya sea precisándolas expresamente en forma taxativa, o estableciendo una regla concreta a la que ha de adecuarse la naturaleza de la resolución para que pueda ser examinada a través de ese recurso. Conforme a lo antes señalado, no está en debate que los recursos ordinarios de revocación y de apelación en el juicio civil se excluyen entre sí, es decir, no es viable que una determinada decisión judicial pueda ser controvertida a efecto de obtener su revocación o modificación mediante la sustanciación de cualquiera de esos dos recursos ordinarios, pues el principio imperante en las leyes procesales es que si una determinación puede ser recurrida, ello sólo tenga lugar mediante un recurso determinado, pero en modo alguno pueden ser procedentes respecto de la misma decisión ambos medios de impugnación, pues la ley cuida que en el sistema de recursos, uno no invada el ámbito de procedencia de otro; ello, evidentemente, por razones de seguridad jurídica y para la eficaz administración de justicia, para la claridad y certeza del proceso y para garantizar su avance a través de la firmeza procesal que deben ir adquiriendo las decisiones jurisdiccionales en aras de una justicia pronta, además, para evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Por tanto, se puede concluir válidamente que el recurso que se interponga tendrá que ser planteado con apego a las formalidades propias que exija la legislación. Ahora bien, expuesto lo anterior, la parte quejosa controvierte a través del presente juicio constitucional la resolución emitida el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca ********************, que inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la determinación de veinte de septiembre del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, dentro del procedimiento especial sobre controversia del orden familiar ********************, que no admitió la prueba superveniente ofertada por la aquí quejosa, tendente a conocer la nueva situación económica patrimonial y laboral de ********************, quien es la contraparte de la justiciable en el juicio de origen. Asimismo, debe precisarse que la finalidad de la prueba superveniente que ofreció la ahora quejosa, lo era de manera específica para solicitar a la empresa ********************, rindiera un informe para corroborar lo manifestado por el demandado ********************en el sentido de que por cuestiones laborales se trasladaría temporalmente a trabajar de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la Ciudad de México; y en caso de ser afirmativa su respuesta le indicara las prestaciones o beneficios que le otorgaría al demandado por esa circunstancia y aclarara la razón del porqué le estaba proveyendo de dos vuelos mensuales en clase ejecutiva a la Ciudad de Monterrey. Por su parte, la autoridad responsable inadmitió el recurso de apelación interpuesto por el Mandatario Judicial de la quejosa ********************, en contra del acuerdo dictado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, por los siguientes argumentos: ". Tlalnepantla de Baz, Estado de México, diecisiete (17) de octubre de dos mil veintidós (2022). (.) Tomando en consideración que el recurrente pretende impugnar a través del recurso de apelación, el auto de fecha veinte de septiembre del dos mil veintidós, dictado fuera de audiencia, en el cual se inadmitió una prueba superveniente, al respecto debe señalarse que el juicio de origen corresponde a una Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, al cual le son aplicables las reglas contenidas en el Libro Quinto, Título Único, Capítulo VIII, de la Ley Adjetiva Civil, referente a las Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, incluyendo las reglas relativas a los medios de impugnación; por lo tanto, resulta evidente que el auto combatido, no admite recurso de apelación. Ello es así, toda vez que la sistemática legal establece que, tratándose del recurso de apelación, necesariamente tiene que ser casuístico, pues solo cuando el código lo dispone puede impugnarse en apelación una interlocutoria o auto, al efecto debe considerarse que el artículo 5.76 del ordenamiento legal en cita establece: "La apelación procede en contra de: Las resoluciones que ponen fin a la controversia; El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y Las resoluciones interlocutorias y definitivas". Siendo concluyente, el auto de fecha veinte de septiembre del dos mil veintidós, que pretende apelar, no se ubica en ninguna de las hipótesis normativas supracitadas. A mayor abundamiento es de destacarse que según lo establecido por el numeral 5.74 del Código de Procedimientos Civiles, los autos dictados fuera de audiencia resultan compatibles mediante revocación, dicho numeral prevé: "ARTÍCULO 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales". En consecuencia, toda vez que el proveído que se pretende apelar fue dictado fuera de audiencia, en términos de los artículos 1.134, 1.135, 1.138, 1.365, 1.378, 1.387 y 5.74 de la ley adjetiva civil, se declara que la resolución recurrida NO ES APELABLE, al existir disposición expresa que establece en forma precisa el recurso procedente en contra de aquellas resoluciones que se dictan fuera de audiencia, siendo precisamente el recurso de revocación.". Expuesto lo anterior, se estima que esa determinación se encuentra ajustada a derecho, considerando que efectivamente atendiendo a la naturaleza del juicio de donde deriva el acto reclamado (Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar), como bien lo señaló la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, la procedencia e interposición de los recursos se rige conforme a las reglas establecidas en el Libro Quinto, Título único, Capítulo VIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Pues al respecto el artículo 5.1., del código adjetivo civil, dispone que las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en ese libro y en lo no previsto con las del Libro Segundo del citado ordenamiento. Por su parte, los artículos 5.74 y 5.76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, disponen respectivamente: "ARTÍCULO 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales". "ARTÍCULO 5.76. La apelación procede en contra de: Las resoluciones que ponen fin a la controversia; El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y Las resoluciones interlocutorias y definitivas". Del contenido de los artículos antes transcritos, de manera expresa se establece con claridad los recursos que las partes pueden interponer en el trámite de las Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, así como la naturaleza de las determinaciones en contra de las cuales procede el recurso de apelación, como el de revocación. Lo anterior significa que la interposición de los recursos en ese tipo de Controversias se rige conforme a lo previsto en los numerales antes señalados y no de acuerdo a las reglas generales, como lo indica el Mandatario Judicial de la parte quejosa, al referir que en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, sí procedía el recurso de apelación de conformidad en lo dispuesto por el artículo 1.259 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece que el auto que admita pruebas no es recurrible, en tanto el que las deseche, es apelable en efecto suspensivo. Por tanto, el Mandatario Judicial de la impetrante de amparo, debió de agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 5.74 de la Ley adjetiva civil, pues el auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, se emitió fuera de audiencia y no se encuentra en alguna de las hipótesis de procedencia del recurso de apelación previsto en el numeral 5.76 del citado ordenamiento legal, aunado a que tampoco es apelable conforme al artículo 1.259 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, al existir disposición expresa conforme a las reglas establecidas en el Libro Quinto, Título único, Capítulo VIII, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de la procedencia del recurso de apelación, únicamente en contra de: Las resoluciones que ponen fin a la controversia El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. En ese sentido, se estima acertada la determinación de la Sala responsable, al no admitir el recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa, a través de su Mandatario Judicial, de conformidad en lo establecido en el artículo 1.386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dispone que recibido el cuaderno de apelación con los autos o el testimonio, la Sala declarará de oficio, si la resolución recurrida es o no apelable y en qué efecto y si se interpuso en tiempo. En tanto, que el numeral 1.387, señala que si se declara que la resolución recurrida no es apelable o que no fue interpuesto en tiempo el recurso, se devolverán los autos al Juzgado con testimonio de la resolución. Por ello, resulta evidente que tratándose de Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, las partes se encuentran obligadas a sujetarse a las cargas procesales previstas en dicho procedimiento, lo que incluye interponer los recursos previstos de manera expresa para ese tipo de Controversias y en contra de las determinaciones ahí señaladas dependiendo del recurso de que se trate, es decir, apelación o revocación. Pues no existe ninguna disposición que de manera taxativa indique que los recursos hechos valer se tramitarán conforme a las reglas generales, por lo que contrario a lo que argumenta la parte quejosa, dicho auto no era apelable en términos de lo dispuesto en el artículo 1.259 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En adición a lo anterior, debe señalarse que entre los principios que rigen los recursos, está el relativo a que, por regla general, están sujetos a la carga de la impugnación, es decir, su interposición es una actividad procesal que se lleva a cabo a instancia de la parte interesada, pues no procede revocar o modificar de oficio las resoluciones o procedimientos que adolezcan de defecto, de modo que si la parte agraviada no hace valer el recurso, precluye su derecho a recurrir y la resolución adquiere firmeza en el proceso; la interposición del recurso debe sujetarse a las normas que lo rigen en cuanto a presupuestos de procedencia, personas legitimadas para plantearlos, oportunidad de presentación y demás requisitos exigibles. Por otra parte, también deviene infundado el concepto de violación que formula el Mandatario Judicial de la parte quejosa, en el que señala que al no haberse admitido el recurso de apelación que interpuso en contra de la determinación dictada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, se infringieron los derechos de la niña ********************, al impedir que se fije una pensión por alimentos acorde con las posibilidades económicas del deudor alimentario, lo que perjudica a la menor acreedora alimentaria al no recibir una pensión suficiente. Dicho argumento se estima que es incorrecto. Previamente, debe indicarse que en el juicio de origen, se encuentran inmersos los derechos de una menor de edad de iniciales ********************, en donde los progenitores de la infante se reclaman mutuamente diversas prestaciones, entre las cuales destaca por parte de la madre de la niña, el que se fije una pensión alimenticia a favor de la menor involucrada, que le permita satisfacer plenamente sus necesidades de casa, vestido, alimentos, educación, entre otras. Ahora bien, ********************, en su carácter de mandatario judicial de ********************, por derecho propio y como representante de la menor de iniciales reservadas ********************, mediante escrito recibido el veinte de septiembre de dos mil veintidós, ofreció como prueba superveniente, que se girara oficio al Representante legal de ********************, para que rindiera un informe con respecto a lo siguiente: ". Por medio del presente libelo, atento a lo que el demandado, ********************, ha señalado en diversa promoción sobre su cambio de residencia de San Pedro Garza García a la Ciudad de México; por decisión de su patrón, la moral "********************". En este acto con fundamento en lo dispuesto por el numeral 5.38 fracción V del Código de Procedimientos Civiles, me permito ofertar como prueba superveniente la documental privada consistente en el informe que tenga a bien rendir el C. Representante legal de la moral "********************", con domicilio en Avenida Ejército Nacional Mexicano Ochocientos Cuarenta y Tres "B", Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El cual verse sobre los siguientes apartados: 1. Informe sobre la veracidad del cambio de lugar de residencia del demandado ********************de sus oficinas en San Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León a sus oficinas en la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. 2. Para el caso que se de una respuesta afirmativa al punto que antecede, se sirva a informar sobre las prestaciones que le pagará y/o beneficios que le dará al demandado, ********************, por su cambio de domicilio para que preste sus servicios en sus oficinas de la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. 3. Clarifique cómo es posible si el nuevo lugar de residencia del demandado ********************se encuentra en la Ciudad de México; porque dicha persona moral le está proveyendo de dos vuelos mensuales en clase ejecutiva en la ruta Monterrey Ciudad de México Monterrey.": En ese tenor, el ofrecimiento de la prueba superveniente por parte de la impetrante de amparo, lo fue con la finalidad de conocer si el demandado ********************, cuenta con diversos ingresos, para en todo caso, solicitar la modificación de la pensión alimentaria que le fue fijada a su menor hija ********************, en la audiencia inicial celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Por su parte, el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, no acordó favorable la solicitud del mandatario judicial de la hoy quejosa, al señalar que el ofrecimiento de la prueba no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 5.38, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. El artículo 5.38, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone lo que enseguida se transcribe: "Artículo 5.38.- En el desahogo de los medios de prueba, se atenderá: (.) V. Las documentales supervenientes se ofrecerán y desahogarán a más tardar en la audiencia principal y para ser admitidas se manifestará bajo protesta de decir verdad que tienen tal carácter, ya sea por ser de fecha posterior a los escritos de fijación de la litis, o bien, por tener conocimiento de su existencia después de la audiencia inicial, las que se recibirán con vista a la contraria.". Es decir, el juez de primera instancia no acordó favorable la admisión de la prueba superveniente que ofreció el Mandatario Judicial de la parte quejosa, por no cumplir con los requisitos previstos en la fracción V, del numeral 5.38 del Código procesal civil. Por lo tanto, analizado el contexto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, resulta evidente que contrario a lo que afirma la parte quejosa en su demanda de derechos fundamentales, el hecho de no admitirse el recurso de apelación y, como consecuencia de ello, tampoco la prueba superveniente que ofreció, trajo como consecuencia un perjuicio para la menor involucrada de iniciales ********************, en cuanto al hecho de evitar que cuente con una pensión alimenticia de acuerdo a la real capacidad económica de su progenitor ********************, no le ocasiona ningún perjuicio, si se parte del hecho de que desde un inicio el ofrecimiento de la prueba superveniente fue erróneo, al no cumplirse con los requisitos previstos en el numeral 5.38 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues en el citado numeral se establecen con precisión los requisitos que deben satisfacerse para admitir con el carácter de superveniente alguna prueba. En adición a lo anterior, debe indicarse también que contrariamente a lo argumentado por la parte quejosa a través de su Mandatario Judicial, con antelación a la fecha en que presentó su escrito y ofreció la prueba superveniente, él ya tenía conocimiento de que el demandado ********************, se trasladaría temporalmente a trabajar a la Ciudad de México, por un término de cinco meses, e incluso solicitó al Juez Familiar, a través de la promoción de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se girara oficio al representante legal de la empresa ********************, para que le proporcionara la misma información que pidió en el escrito presentado el veinte de septiembre del año próximo pasado (prueba superveniente). En efecto, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es de explorado derecho los diversos juicios de amparo que ha promovido ********************, en su carácter de mandatario judicial de ********************, por derecho propio y como representante de la menor de iniciales reservadas ********************, controvirtiendo diversas determinaciones dictadas en el expediente ********************, relativo a la Controversia sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar. Específicamente el juicio de amparo número ********************, el cual a la fecha se encuentra concluido y del que de las constancias que como prueba ofreció el propio Mandatario Judicial en los autos del incidente de suspensión relativo a dicho juicio, consistente en diversas constancias de la Controversia antes señalada, destaca la promoción registrada con el número 20575/2022, presentada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, a través de la cual el demandado ********************, informó al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que a partir del uno de agosto de dos mil veintidós y hasta el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, estaría viviendo en la Ciudad de México, debido a que su fuente laboral lo comisionó de manera temporal para trabajar por cinco meses. Asimismo, de las citadas constancias se encuentra glosado un escrito de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, suscrito electrónicamente por ********************, a través del cual solicitó al Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, girara oficio al Representante legal de la moral ********************, para que rindiera un informe sobre la autenticidad de lo manifestado por el demandado ********************en el sentido de que por cuestiones laborales se trasladaría temporalmente a trabajar de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a la Ciudad de México; y en caso de ser afirmativa su respuesta le indicará las prestaciones o beneficios que le otorgaría al demandado por esa circunstancia y aclarara la razón porque le estaba proveyendo de dos vuelos mensuales en clase ejecutiva a la Ciudad de México. De esos antecedentes, se advierte con claridad que con antelación a la solicitud que formuló ******************** mediante escrito de veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el que ofreció la prueba superveniente que no le fue admitida, ya tenía conocimiento de todas esas circunstancias que sustentan su pretensión de ofrecer como prueba superveniente el citado informe, tan es así que en el escrito de fecha treinta de agosto de dos mil veintidós, solicitó al Juez se recabara la misma información a la fuente laboral para la que ********************presta sus servicios. Por ello, válidamente puede señalarse que la inadmisión de la citada prueba no le irroga ningún perjuicio a los derechos de la menor quejosa, considerando que dicha probanza no tiene el carácter de superveniente, al no cumplir con los requisitos previstos en el artículo 5.38, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En adición a lo anterior, debe indicarse que el promovente aún tiene la posibilidad de que a través de otros medios probatorios se recabe la información que requiere. Inclusive, el propio artículo 5.38 de la legislación procesal civil, establece que las documentales supervenientes se ofrecerán y desahogarán a más tardar en la audiencia principal, por lo que considerando que de las constancias remitidas no se advierte que se haya celebrado la citada audiencia en el juicio de origen, la parte quejosa tiene hasta esa temporalidad para allegarse de los medios probatorios que puedan acreditar sus pretensiones, que en el caso lo es demostrar que el deudor alimentario cuenta con otros ingresos y por lo tanto, estar en condiciones de solicitar la modificación en su caso, del monto de la pensión alimenticia decretada a favor de la infante ******************** En las relatadas condiciones y ante lo infundado de los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo antes expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio y como representante de la menor de iniciales reservadas ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como al Representante Especial de la menor, por lista al tercero interesado y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista otorgada en proveído de dieciséis de marzo del año en curso, para que el tercero interesado ********************, se imponga del contenido de las actuaciones que obran en el presente juicio, y así manifieste lo que a su interés convenga; por lo tanto, a fin de dar lugar a lo anterior, se difiere de oficio la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Por otra parte, agréguese el escrito presentado vía electrónica por ********************mandatario judicial de ********************, quien a su vez comparece en representación de la menor de iniciales ********************por el cual solicita los datos necesarios para comparecer mediante videoconferencia a la audiencia constitucional fijada en este sumario constitucional. Respecto a su solicitud, dígase que a fin de poder llevar a cabo la audiencia por videoconferencia mediante la plataforma Cisco Webex, deberá proporcionar un correo electrónico, al cual se le remitirá la liga de acceso correspondiente; lo anterior, para estar en aptitud de acatar los lineamientos establecidos en los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibido que de no proporcionarlo, no se tendrá por hecha su petición. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio enviado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciada la comunicación oficial ********************que se envió para notificar y emplazar al presente juicio al tercero interesado ********************; sin que sea necesario remitir el acuse de recibo en la vía tradicional dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo. En ese tenor, téngase por legalmente emplazado al citado tercero interesado, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), en relación con los diversos 26, fracción I, inciso b) y 27, párrafo primero de la fracción II, todos de la Ley de Amparo. Ahora, con la finalidad de no transgredir las normas que rigen el procedimiento, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con las constancias que obran en autos al precitado tercero por un término de ocho días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
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