David Trejo Gómez

Expediente 530/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
530/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • David Trejo Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. CONFLICTO COMPETENCIAL. Téngase por recibido el oficio 5613/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, por el que remite testimonio autorizado de la resolución correspondiente a la sesión pública virtual número veintinueve, de veinticuatro de agosto del presente año, pronunciada dentro del conflicto competencial ********************, de cuyos puntos resolutivos se advierte que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre la jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan y su homólogo del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia penal en la Ciudad de México; derivado del juicio de amparo 5********************, del índice de la primera de los mencionados, promovido por ********************. SEGUNDO. Es legalmente competente el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo indirecto de referencia, por las razones contenidas en el último considerando de este fallo, por lo que se ordena remitirle los autos respectivos." Acúsese recibo. ARCHIVO. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto; de conformidad con lo supuesto en el capítulo sexto, artículo 20, fracción X, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente cuaderno de antecedentes y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO. Toda vez que el promovente del amparo ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en dicho centro penitenciario, y previamente su identificación a través de los medios administrativos correspondientes, le notifique personalmente el presente proveído, haciéndole entrega de una copia simple del mismo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE; y personalmente al quejoso en el centro preventivo donde guarda reclusión.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, por el cual transcribe el proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Magistrado presidente de dicho órgano colegiado; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del comunicado 15900/2023, por el cual se remitió el juicio de amparo 530/2023, del índice de este Juzgado, de donde deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Asimismo, se advierte que el conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo respectiva, fue admitido bajo el número 30/2023. Circunstancias de las cuales se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de agosto de dos mil veintitrés. JUZGADO NO ACEPTA COMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio 9035/2023, signado por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que anexa el expediente ********************, de su índice; comunicado del que se advierte que dicho Tribunal no aceptó la competencia declinada a su favor para conocer y resolver de la demanda de garantías promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con sede en la capital del país, que originó la tramitación del presente asunto; ello, por las razones expuestas en su acuerdo de veintiséis de julio pasado. Acúsese recibo de estilo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. No se comparte el criterio sostenido por el Secretario de Acuerdos del referido órgano jurisdiccional, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en virtud de las consideraciones que quedaron plasmadas en auto de cuatro de julio del año en curso, donde se determinó declinar la competencia para conocer de la demanda de garantías en cuestión. Se insiste en que la competencia legal para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo promovido por ********************, se surte en favor del tribunal oficiante, en virtud de que el acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, residente en la Ciudad de México, en proseguir con la investigación e integración de la averiguación previa penal ********************, y por consiguiente, ejercitar la acción penal correspondiente en contra de quien resulte responsable de la comisión del delito de tortura, en agravio del quejoso, materializado al momento de su detención, sus consecuencias, si bien omisivas, conllevan un efecto positivo que se traduce en la obligación de dar respuesta por la autoridad responsable, pues las peticiones del agraviado van dirigidas precisamente a una averiguación previa penal que se tramita ante la potestad de aquélla -la autoridad responsable-; lo cual conlleva a concluir que esa respuesta, en todo caso, habrá de emitirse en el lugar donde reside el fiscal investigador, quien para ello deberá proveer lo conducente. En efecto, como fue puntualizado en el referido auto de cuatro de julio pasado, las consecuencias de las omisiones reclamadas, necesariamente se surtirán en la averiguación previa penal ya señalada, pues es ahí donde tendrán su principal impacto y repercusión, cuenta habida que la respuesta a las peticiones formuladas por el peticionario de la tutela federal, deberá constar en el acuerdo que al efecto emita el fiscal responsable. Atento a lo anterior, se robustece que el presente asunto, a raíz de la naturaleza y efectos del acto reclamado por el quejoso, el Juez de Distrito que como órgano de amparo debe conocer de las omisiones de que se trata, es el que ejerce jurisdicción en el ámbito territorial de competencia donde se encuentra el Agente del Ministerio Público que lleva la averiguación previa penal ********************, pues de ahí derivan las omisiones reclamadas, por no determinar el ejercicio de la acción penal contra sus captores, quienes ejecutaron actos de tortura en su persona, según refiere. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, residente en Morelia, Michoacán, al resolver los autos del conflicto competencial ********************, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, derivado del juicio de amparo ********************, de la estadística de este juzgado. CONFLICTO COMPETENCIAL. En ese tenor, con fundamento en el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se plantea conflicto competencial para conocer del juicio de amparo ******************** del índice de este Tribunal, y radicado por el citado Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el número ********************. Lo anterior, respetuosamente hágase del conocimiento del referido Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. REMISIÓN. Consecuentemente, mediante oficio correspondiente, remítase el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para el conocimiento del presente conflicto competencial; lo anterior, previamente las constancias que deban agregarse al cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACION AL QUEJOSO. Toda vez que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que le notifique personalmente el presente proveído y le haga entrega de una copia. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso y por oficio al Juzgado de Distrito de referencia.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de julio de dos mil veintitrés. DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con sede en la Ciudad de México. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************/2023-VI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con sede en la Ciudad de México, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA, TRAS LA VISTA QUE EN PROVEÍDO DE FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE LE REALIZÓ EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE JALISCO, DENTRO DE LA CAUSA PENAL ********************. EL EXCESO, COMO DEMORA, PROLONGADO PARA INTEGRAR LA AVERIGUACIÓN DE TORTURA Y EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL CONTRA LOS RESPONSABLES. ASIMISMO, LA OMISIÓN DE DARME LA CALIDAD DE VÍCTIMA, ASÍ COMO GIRAR LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES ANTE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEAV) DONDE SE ME DE LA SURPA MENCIONADA CALIDAD DE VÍCTIMA. CON ELLO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A CONOCER LA VERDAD Y EL DERECHO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL." Lo anterior, dentro de la averiguación previa penal ********************, según refiere el promovente, bajo protesta de decir verdad. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan, carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías en estudio. Lo anterior es así, habida cuenta que, uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida; por tanto, antes de decidir cuestiones sobre la resolución del juicio, es menester analizar tal presupuesto. Así, para establecer cuestiones relativas a la competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Se considera necesario precisar, que los dispositivos jurídicos que fijan la competencia de los Juzgados de Distrito, tratándose del juicio de amparo indirecto, son los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49, 50, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno, y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito". Por ello, conviene precisar que del contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del referido precepto legal, se advierte la existencia de tres reglas para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: La primera, que atiende al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, que resulta del conocimiento anticipado de los jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que obedece al lugar de presentación de la demanda cuando el acto reclamado no requiere ejecución material. Así, del artículo en comento, queda de relieve que el criterio para fincar competencia al juez de amparo, parte de la noción de "ejecución material" del acto reclamado, lo cual consiste en que, con su emisión, se genere un actuar de la autoridad responsable que produzca un cambio fáctico o material en la esfera jurídica del quejoso, bien porque el acto en sí mismo implique tal cambio, o porque sus efectos conlleven esa modificación. Esto es, la ejecución atiende tanto al contenido del acto reclamado en sí mismo, cuando su contenido precise una orden, mandato, cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; pero también comprende las consecuencias o efectos materiales que tenga o pueda llegar a producir. En ese orden de ideas, deviene también necesario precisar lo que se entiende por "omisión", para lo cual resulta útil acudir a la perspectiva jurídica sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde con lo siguiente. En sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete, al resolver el amparo en revisión ********************, la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, determinó que la simple inactividad no equivale en sí misma a una omisión sino, para que ésta se configure en el ámbito jurídico, es necesaria la existencia previa de un deber de realizar cierta conducta y que la persona vinculada a llevarla a cabo incumpla tal obligación. Conforme a lo anterior, la Primera Sala acotó que en el sistema jurídico mexicano es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Dentro de esta última clasificación, la Primera Sala identificó tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Lo anterior, siguiendo lo establecido en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Lo enfatizado es de este Tribunal. Conviene puntualizar también que, a partir de la reforma constitucional en materia de amparo de diez de junio de dos mil once, la fracción I del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En concordancia, la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que procede el amparo indirecto contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En este sentido, si durante la tramitación del juicio de amparo se llegara a demostrar que las autoridades a quienes se atribuye el o los actos reclamados tienen un deber de actuar, brindando diversos servicios o medidas, y éste es incumplido; entonces, la inactividad reclamada por el quejoso configuraría una omisión reconocida como tal en el ámbito jurídico, en los términos que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se ha visto, con los efectos positivos resultantes de la inobservancia de tal obligación, que se traducirían en que, si se concediere el amparo, la responsable quedaría constreñida a llevar a cabo la conducta que no realizó. Por ende, es factible colegir que las omisiones con efectos positivos son aquellas que traen como consecuencia una ejecución material, esto es, un actuar de la autoridad responsable derivado del cumplimiento de un deber legal de hacer, el cual ha incumplido. En el caso, como fue precisado en párrafos precedentes, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se duele, esencialmente, de la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, residente en la Ciudad de México, en proseguir con la investigación e integrar la averiguación previa penal ********************, y por consiguiente, ejercitar la acción penal correspondiente en contra de quien resulte responsable, de la comisión del delito de tortura, en agravio del quejoso, materializado al momento de su detención. De ahí que, si se toma en consideración que la citada autoridad tiene sede oficial en la Ciudad de México, deviene inconcuso que el acto reclamado y consecuenciales legales, si bien omisivos, conllevan un efecto positivo que se traduce en la obligación de dar respuesta por la autoridad señalada como responsable, pues las peticiones del agraviado van dirigidas precisamente a una averiguación previa penal que se tramita ante la potestad de aquélla -la autoridad responsable-; lo cual conlleva a concluir que esa respuesta, en todo caso, habrá de emitirse en el lugar donde reside el agente del Ministerio Público designado como responsable, quien para ello deberá proveer lo conducente. En efecto, las consecuencias de las omisiones reclamadas necesariamente se surtirán en la averiguación previa penal ya señalada, pues es ahí donde tendrán su principal impacto y repercusión, cuenta habida que la respuesta a las peticiones formuladas por el peticionario de la tutela federal, deberá constar en el acuerdo que al efecto emita el fiscal responsable. Por estos motivos, ésta juzgadora estima que el presente asunto, a raíz de la naturaleza y efectos del acto reclamado por el quejoso, se debe considerar que el Juez de Distrito que como órgano de amparo debe conocer de las omisiones de que se trata, es el que ejerce jurisdicción en el ámbito territorial de competencia donde se encuentra el Agente del Ministerio Público que lleva la averiguación previa penal ********************, pues de ahí derivan las omisiones reclamadas, por no determinar el ejercicio de la acción penal contra sus captores, quienes ejecutaron actos de tortura en su persona, según refiere. Dicho de otra forma, el cumplimiento de la obligación de dar respuesta a las peticiones formuladas por el impetrante de amparo deberá verificarse precisa e indefectiblemente en el lugar de residencia de la autoridad señalada como responsable. En este orden de ideas, se considera que la competencia para conocer de la demanda de garantías de cuenta, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se materializan positivamente las omisiones tildadas de inconstitucionales por el promovente, esto es, donde se lleva la aludida averiguación previa penal ********************, pues ahí es donde se producen tales consecuencias objetivas. Es decir, las omisiones, tienen un impacto positivo en la esfera de derechos del peticionario de amparo, en tanto se impone una carga a la autoridad que cesará hasta que se cumpla con el haber señalado; esto es, se pronuncie respecto de lo solicitado, lo cual evidentemente implica "un hacer" a cargo de la autoridad, cuya jurisdicción radica en la Ciudad de México. Tiene aplicación al caso, por identidad jurídica de las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." De igual forma, la jurisprudencia 1a./J.24/2021(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido literal siguiente: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. También, es aplicable la tesis aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." De igual forma, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. POR TRATARSE DE UN ACTO NEGATIVO CARENTE DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE RESIDE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-144, Tercera Parte, página 45, determinó que la competencia para conocer del juicio de garantías cuando se reclaman actos negativos carentes de ejecución material, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad ordenadora; sobre el mismo tema se pronunció también la Primera Sala de ese Máximo Tribunal en la diversa tesis de rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO.", publicada en la Quinta Época, Tomo CIII, página 2846, de la fuente citada, en la que sostuvo que tratándose de actos que no requieren de ejecución material, es la residencia de la autoridad que dicta la resolución la que determina la competencia del Juez de Distrito y no el domicilio del quejoso; luego, si el acto reclamado en el juicio de garantías consiste en la violación al derecho de petición, el cual no requiere de ejecución material, entonces, atento a los criterios citados, no debe considerarse el domicilio señalado por el quejoso, pues corresponde conocer del juicio de amparo respectivo al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en que reside la autoridad señalada como ordenadora." Similar criterio ha sido sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión ********************, ******************** y ********************, de su índice, en sesiones de siete de octubre, dos y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, respectivamente; así como lo resuelto por dicho órgano de control constitucional en los conflictos competenciales ********************de su estadística. Y recientemente, a Igual pronunciamiento llegó en lo medular, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, al resolver el conflicto competencial********************, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para conocer y resolver del juicio de amparo ********************, de la estadística de este juzgado. Por su idea jurídica esencial, resulta aplicable el criterio sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: COMPETENCIA EN AMPARO. La competencia en amparo corresponde al Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o pueda ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanan las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese Juez." También, es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo, y conforme con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, esta Juzgadora federal declina su competencia para conocer de la presente demanda de amparo, a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, residente en la Ciudad de México, por ser la autoridad legalmente competente para su conocimiento, acorde a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que el quejoso se encuentre privado de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, toda vez que ello en nada influye, dado que lo reclamado es la falta de investigación e integración de la averiguación previa penal ******************** (omisiones); por ende, ello en nada afecta la libertad personal de éste, pues lo que pretende el quejoso es que sea ejercitada la acción penal en contra de quien resulte responsable, por la comisión de hechos delictuosos (tortura) derivados de su detención, por lo que, sólo en el supuesto de que éstas -sus peticiones- se acordaran procedentes, serían un factor que tomar en cuenta, pero evidentemente se trataría de un nuevo acto de autoridad. REMISIÓN. Por tanto, mediante oficio correspondiente, remítase el presente expediente de incompetencia a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo turne al Tribunal correspondiente. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que por cuestión de turno corresponda conocer del presente asunto, se sirva acusar de recibo e informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada, a efecto de estar en condiciones de proveer lo que legalmente corresponda. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; asimismo, háganse las anotaciones de rigor tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFICACION AL QUEJOSO. Toda vez que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, "CPS MICHOACÁN", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán; se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que le notifique personalmente el presente proveído y le haga entrega de una copia simple del mismo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 136 párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación al Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO. Como lo gestiona el promovente, téngase por designado como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones personales, en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con asentamiento en Buena Vista Tomatlán, donde refiere guarda reclusión. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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