David Valencia Chávez
Expediente 620/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- David Valencia Chávez
Actuaciones
- Principal
ME.-INFORMA COMPETENCIA. Agréguese el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia; en atención a su contenido, informa que ese órgano federal se reasumió competencia provisionalmente del juicio de amparo 620/2019, bajo el número 1304/2019 de su índice. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con el punto cuatro del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y conforme al punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos seis meses contados a partir de la notificación de la presente determinación, pues no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
I. Uruapan, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase por recibido el oficio 25749, signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, al que acompaña el cuaderno de incompetencia 1304/2019, formado con la demanda de amparo promovida por David Valencia Chávez, por su propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande y otras autoridades. Acúsese recibo. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional, por cuestión de jurisdicción territorial, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías en cuestión; por lo que se ordena formar el expediente electrónico e impreso, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 620/2019-I. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. En efecto, de las constancias que integran el citado cuaderno de incompetencia, se advierte el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que la Secretaria del Juzgado declinante, encargada del despacho por licencia oficial académica otorgada el titular, declaró carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, al determinar que el acto reclamado tendrá ejecución en Jacona, Michoacán, lugar en el que este Tribunal ejerce jurisdicción territorial. Y que por tanto, no se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que otorgue la competencia para que ese órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de resolver el presente asunto, al determinar que el acto combatido lleva implícita una ejecución material, por virtud de las consecuencias jurídicas que eventualmente se efectuarán en dicha localidad. Determinación de incompetencia que emitió, esencialmente, bajo el siguiente criterio: .En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Al respecto, este juzgado considera, que la presente demanda de amparo debe tramitarse ante el Juez de Distrito, donde el acto reclamado trate de ejecutarse, esto es, en el domicilio particular del quejoso, quien bajo protesta de decir verdad ha manifestado que reside en Jacona, Michoacán, y que a su domicilio se han presentado agentes policiacos con el propósito de privarlo de su libertad, argumentando que intentan cumplimentar una orden de aprehensión girada por el Juez Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande. Atento a lo anterior, y por lo narrado por el quejoso bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, es evidente que dicho acto tendrá ejecución material en Jacona, Michoacán, lugar donde reside el quejoso. [.] En esas condiciones, si el acto reclamado trata de ejecutarse en Jacona, Michoacán, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es claro que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, ya que de acuerdo a la regla contenida en el primer párrafo del citado precepto, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto recamado. Por lo que, con fundamento en el invocado artículo 37 de la Ley de Amparo, la citada Secretaria encargada del despacho del Juzgado de Distrito declinante, se declaró legalmente incompetente y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con sede en esta ciudad. No obstante lo anterior, quien resuelve, no comparte el criterio sustentado por la Secretaria encargada del despacho declinante, para justificar que la suscrita sea competente para conocer del asunto referido, por las razones que a continuación se expondrán. De la demanda se advierte que el promovente designa como autoridades responsables a las siguientes: Ordenadora: Juez Quinto de lo Penal del Primer partido Judicial del Estado de Jalisco, residentes en Puente Grande. Ejecutoras: Fiscal General del Estado de Jalisco. Fiscal General de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Comisario y/o coordinador de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Comisario y/o Coordinador de la Policía Investigadora, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Residentes en Guadalajara, Jalisco. Autoridades respecto de las cuales se reclama la orden de aprehensión y/o comparecencia dictada en contra del quejoso, así como su ejecución. Ahora, la Secretaria encargada del despacho declinante, sustenta su criterio de incompetencia, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en atención a que el acto reclamado se pretende ejecutar en la población de Jacona, Michoacán; esto es, en la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito, apoyando su criterio con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Sin embargo, del criterio jurisprudencial citado, también se obtiene que si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que lo pretenden detener en determinado lugar, que no corresponde a la circunscripción territorial del juez de Distrito ante quien se presenta ese escrito inicial, resulta inconcuso que aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por la referida Juzgadora, aclare su demanda y en su caso, haga el señalamiento condigno y que tal prevención es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Así, si bien el quejoso refiere que la orden de aprehensión y/o comparecencia se pretende ejecutar en Jacona, Michoacán, lugar en donde se encuentra su domicilio particular, esa circunstancia es insuficiente para fincar competencia a un Juzgado de Distrito, con sede en esta localidad, pues como en la mencionada tesis jurisprudencial se puntualiza, la regla para determinar cuestiones de competencia cuando existan actos de ejecución, como en el presente caso acontece, también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio donde se pretende materializar el acto reclamado, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar la competencia; de ahí que, cuando no se designe a ninguna autoridad ejecutora que radique en el lugar donde se encuentra el domicilio de la promovente, lo dable es prevenirla para que aclare su demanda y, en su caso, haga el señalamiento condigno y sólo hasta entonces podrá determinarse a qué órgano jurisdiccional de amparo corresponde el conocimiento de la demanda de garantías. En efecto, en la citada jurisprudencia, también se precisa que el domicilio de la parte quejosa no determina la competencia del juez de Distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha modificado su criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 12/95, visible en la página 97, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Así como la tesis aislada 1a. III/92 número 39, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, Tomo VII, Conflictos Competenciales, Precedentes Relevantes, Materia Penal, página 31, que establece: COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, no es dable aceptar la competencia que plantea la Secretaria encargada del despacho del Juzgado declinante, pues como se anotó, no se advierte que se haya prevenido al quejoso para que aclarara su demanda, a efecto de que manifestara, en su caso, sí deseaba señalar alguna autoridad con residencia en la jurisdicción de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia, Michoacán, a quien se le atribuya la ejecución del acto reclamado y que efectivamente la haya designado como responsable. Por tanto, la suscrita juzgadora estima que carece de competencia legal para conocer y resolver la demanda de garantías de cuenta; de ahí que, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de amparo, devuélvase dicho escrito inicial de demanda y copias de traslado correspondientes, a fin de que en el término de cuarenta y ocho horas, el titular del mencionado órgano jurisdiccional remitente determine si insiste o no en declinar su competencia. El criterio antes determinado, fue confirmado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el conflicto competencial 18/2014, suscitado entre este Tribunal y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, residente en esa ciudad capital, con motivo de la tramitación de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo III-813/2014, del índice de ese órgano jurisdiccional, de la que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, no se aceptó la competencia planteada; lo anterior, al existir idénticas razones a las expuestas en párrafos precedentes. Con copias certificadas de la demanda de amparo y de las principales constancia que integran el respectivo expediente de incompetencia, fórmese cuaderno de antecedentes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo, además, en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE.
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