David Zamudio Gutiérrez

Expediente 193/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
193/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
09/05/2018

Partes del expediente

  • David Zamudio Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    IV.-Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 438/2018 (C.O. 631), que le fue enviado a efecto de notificar al quejoso David Zamudio Gómez, el contenido del proveído de diecinueve de abril del año en curso; asimismo, lo previniera para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales. Diligencia que se realizó el Actuario adscrito al órgano jurisdiccional oficiante, el veinticuatro de abril pasado, como se advierte de las constancias que se anexan al oficio de cuenta. Dése de baja el exhorto de referencia y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese recibo. Ahora, como se advierte del inciso b), de la cuenta secretarial, el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de abril del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, toda vez que de la diligencia de notificación se advierte que se previno al quejoso, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, sin que lo haya hecho en el término de tres días concedido para tal efecto. En consecuencia, hágasele efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, las subsecuentes notificaciones que les resulten, aún las de carácter personal, practíquense por lista de acuerdos que sea publicada en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen uno en esta ciudad para tales efectos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    IV.-Téngase por recibido el oficio 8039/2018, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al que acompaña el cuaderno de incompetencia, relativo al juicio de amparo 303/2018; formado con motivo de la demanda de garantías promovida por David Zamudio Gutiérrez, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; demanda registrada bajo el consecutivo 193/2018-IV. Acúsese recibo. Lo anterior, toda vez que mediante proveído de doce de abril actual, dicho órgano jurisdiccional, declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de garantías en cuestión, al considerar que el acto reclamado consistente en la resolución dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, responsable, el catorce de marzo del año en curso, en los autos del toca I-82/2018, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra de la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 396/2015, que sobre pago de pesos y otras prestaciones se siguió en contra del quejoso ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuya jurisdicción es de este Juzgado de Distrito. De conformidad con los artículos 38, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada en el estado procesal en que se encuentra el asunto. Comuníquese esta determinación al Juez declinante, para los efectos legales conducentes. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, la resolución dictada el catorce de marzo del año en curso, en los autos del toca I-82/2018, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra de la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 396/2015, que sobre pago de pesos y otras prestaciones se siguió en su contra ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el efecto de que el Juez determine nuevamente lo conducente respecto a la forma en que se deben de cuantificar las costas erogadas en el juicio subyacente; en tal virtud, se desecha de plano la demanda de garantías, respecto de los actos reclamados materia del presente juicio, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, indica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le baste con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; asimismo, la fracción V del artículo 107 de dicha legislación, establece que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que en las controversias de que habla el artículo 103 de ese máximo ordenamiento, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. De lo anterior, se desprende que resulta requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías bi-instancial, que de modo directo e inmediato se transgredan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nunca en los casos que sólo afectan los derechos adjetivos o procesales, pues los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo cuando agravian de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo o fundamental del gobernado protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por actos de imposible reparación, deben entenderse aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos no puedan ser susceptibles de repararse en el curso del juicio o procedimiento del que deriven, como sería, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; ello, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no pueden ser reparados posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Al efecto se invoca la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/92, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis 3a. 43, aprobada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto será así, cuando se afecte a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debe determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, deben valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultará improcedente el juicio de amparo indirecto y el quejoso deberá esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, solo el primero relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación las tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006589 2 de 2 Pleno Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pág. 39 Jurisprudencia(Común) "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como la diversa tesis Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pág. 1902 Jurisprudencia(Común) "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución dictada el catorce de marzo del año en curso, en los autos del toca I-82/2018, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra de la interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 396/2015, que sobre pago de pesos y otras prestaciones se siguió en su contra ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para el efecto de que el Juez determine nuevamente lo conducente respecto a la forma en que se deben de cuantificar las costas erogadas en el juicio subyacente. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del incidente de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del quejoso, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior, es así en virtud de que la decisión del Magistrado responsable de revocar la resolución interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil 396/2015, que sobre pago de pesos y otras prestaciones se siguió en contra del quejoso, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, como ya se adelantó, para el efecto de que el Juez determine nuevamente lo conducente respecto a la forma en que se deben de cuantificar las costas erogadas en el juicio subyacente, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva en el incidente de pago de gastos y costas de donde deriva el acto reclamado; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en el incidente de origen sea adverso al aquí quejoso, de manera que mientras ésta no se pronuncie, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia Tesis: IX.1o. J/22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163233 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pág. 2859 Jurisprudencia (Común) "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis: Tesis: VI.2o.C. J/302 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 167997 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIX, Enero de 2009 Pág. 2594 Jurisprudencia (Común) "VIOLACIONES PROCESALES. SI ACONTECEN DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN INCIDENTE DEBEN ALEGARSE EN EL AMPARO QUE PROCEDA CONTRA LA INTERLOCUTORIA RESPECTIVA. Cuando durante la tramitación de un proceso incidental cuya resolución sea susceptible de impugnarse mediante el amparo indirecto, se cometan violaciones intraprocesales, tales infracciones no podrán ser reclamadas de inmediato, sino que el agraviado deberá esperar a que se pronuncie la interlocutoria, y ante el Juez de Distrito competente impugnar junto con ella, las posibles violaciones procesales cometidas dentro de ese procedimiento incidental. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por David Zamudio Gutiérrez, respecto del acto reclamado materia del presente juicio; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizado de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Francisco Madrigal Sánchez y Eduardo Loeza Rodríguez, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas las cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. No así a Suzzett Ocampo Peña, a quien únicamente se le autoriza de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no cumple con dicho requisito. Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." Por otra parte, toda vez que el impetrante de garantías precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Cobalto número 781, de la colonia Industrial en Morelia, Michoacán, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, ordene a quien corresponda, le notifique el presente auto, en el referido domicilio. Asimismo, lo prevenga para que en ese acto o dentro del término de tres días, computados legalmente, designe domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se delegan facultades al Juez exhortado, a efecto de que habilite días y horas inhábiles para la realización de la diligencia encomendada. Sin que se estime necesario que la autoridad exhortada acuse el recibo correspondiente, en virtud de que la constancia de envío que expide el sistema se tendrá como tal. Se solicita a la autoridad jurisdiccional federal, que una vez hecho lo encomendado, remita únicamente vía electrónica las constancias con las que acredite la diligenciación de dicho exhorto. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. NOTIFÍQUESE; mediante exhorto a la parte quejosa.

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