DAVID URIBE REYNA y Otros.

Expediente 144/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
144/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • David Uribe Reyna
  • DAVID URIBE REYNA y Otros.
  • RUBÉN URIBE VELAZQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de junio de dos mil veintidós. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la MAYO 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 12 NOTIFICA 13 SURTE EFECTOS 14 INHÁBIL 15 INHÁBIL 16 (1) INICIA 17 (2) 18 (3) 19 (4) 20 (5) 21 INHÁBIL 22 INHÁBIL 23 (6) 24 (7) 25 (8) 26 (9) 27 (10) TERMINA Ana Lilia Domínguez Pérez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.79 11/03/24 17:54:58 parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. Ahora bien, por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional pero fue negada la suspensión definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el artículo 21, inciso c) normativa invocada, procede su destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con artículo 20, fracción II, inciso a), de la normativa de que Ana Lilia Domínguez Pérez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.72.79 11/03/24 17:54:58 se trata, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo tanto, manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No. BILLETE. De igual manera, se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V I S T O, para resolver, los autos del juicio de amparo 144/2022. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, turnado al día siguiente a este juzgado, David Uribe Reyna y Rubén Uribe Velázquez, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisaran más adelante. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, la cual quedó registrada con el número de juicio 144/2022-ll; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; asimismo, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; en proveído de seis de abril del año en curso, se tuvo al autorizado de la parte quejosa, proporcionando la denominación correcta de una de las autoridades responsables, esto es Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de esta ciudad; en auto de tres de mayo del año en curso, en que se dejó de tener como autoridad responsable al Jefe de Grupo y/o Encargado de la Sección de Localización y/o Comparecencia de la Policía Ministerial del Estado dependiente de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual una vez diferida, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán ejerce jurisdicción, es legal y constitucionalmente competente, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que tienen eficacia jurídica dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que los actos reclamados en el presente sumario son: la orden de localización y/o comparecencia y/o presentación girada en su contra, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 Fiscal Regional, con sede en esta ciudad NEGATIVO Reg. 5021 2 Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional, con sede en esta ciudad NEGATIVO Reg. 5107 3 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de Tancítaro y Adscrita a la Fiscalía Regional de Uruapan NEGATIVO Reg. 5382 4 Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, con sede en esta ciudad, NEGATIVO Reg.5625 5 Jefe de Grupo y/o Encargado de la Sección de Localización y/o Comparecencia de la Policía Ministerial del Estado dependiente de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán INEXISTENTE TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa atribuyó a las autoridades señaladas como responsables del recuadro que antecede, pues al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de dichos actos, sin que los justiciables hayan aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por el impetrante que desvirtúe tales negativas; consecuentemente, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en lo que respecta a las autoridades referidas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley que rige el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2°.J/20, que es del siguiente rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de Tancítaro y Adscrita a la Fiscalía Regional de Uruapan, al rendir su informe de ley, haya referido que existe una carpeta de investigación bajo el N.U.C. 1004202210735, en donde David Uribe Reyna y David y/o Rubén Uribe X, se encuentran en calidad de investigados por el delito de robo y lo que resulte; pues dicha manifestación, no es suficiente para determinar el sentido de la presente resolución de manera favorable a los intereses de los quejosos, pues de ella únicamente se desprende que el representante social referido, preciso que los citados David Uribe Reyna y David y/o Rubén Uribe X, se encuentran en calidad de investigados, con motivo de la integración de una carpeta de investigación; y tal acto, en forma alguna, no constituye una orden de localización y/o comparecencia y/o presentación como la que reclaman los quejosos; esto es, esa investigación no es un acto cuyo objeto sea la privación de su libertad, sino que su finalidad es investigarlos; sin que se advierta que con motivo de la integración de dicha carpeta hayan quedado detenidos o se le pretenda detener. Además, cabe agregar que, tomando en consideración que es facultad del Ministerio Público en la fase de averiguación previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Federal, la investigación y persecución de los delitos; entonces, de ello deriva que el representante social en la investigación de los hechos probablemente delictuosos que le fueron puestos en conocimiento, está facultado para llevar al cabo todas aquellas diligencias legales que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación, entre las que se encuentra, el citar o hacer comparecer a todas aquellas personas que se encuentren relacionadas con esos hechos o que tengan conocimiento de ellos, sin que ello implique que, por tal motivo, la persona o personas que sean citadas o se hagan comparecer, deban quedar detenidas, sin que, como se puntualizó, se advierta que los quejosos hayan quedado privado de su libertad o se les pretenda privar de ella, pues no existe prueba en contrario. A más de que, como quedó demostrado, la autoridad responsable negó los actos que le son atribuidos y los quejosos no aportaron medio de convicción alguno que desvirtuara tales manifestaciones; es decir, debe comprobar mediante prueba idónea la veracidad de los hechos que afirmó en su demanda de amparo, porque éstos se encuentran sujetos a comprobación. Es aplicable a la anterior determinación, la tesis VI.2º.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, Materia Común, del siguiente tenor literal: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por David Uribe Reyna y Rubén Uribe Velázquez, respecto de los actos y autoridades que se precisan en el resultando primero de esta resolución, con base en los razonamientos expuestos en el tercer considerando de la misma. SEGUNDO. Una vez que cause ejecutoria la presente, elabórese versión pública en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de mayo de dos mil veintidós. INEXISTENCIA AUTORIDAD. Como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de marzo del año en curso, a efecto de que desahogara la vista que se le dio respecto de la inexistencia de la autoridad responsable "Jefe de Grupo y/o Encargado de la Sección de Localización y/o Comparecencia de la Policía Ministerial del Estado dependiente de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán", sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y déjese de tener como responsable en el juicio de amparo en que se actúa; suspéndase toda comunicación que en lo subsecuente le resulte. Notifíquese.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de abril de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que el plazo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, aún no fenece. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional prevista para esta fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

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