David López Zamudio

Expediente 305/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
305/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • David López Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    I. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de veintiocho del citado mes y año, que en lo conducente dice: URUAPAN, MICHOACÁN, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de trece de junio del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa...

  2. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, A VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. De la cuenta secretarial, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja en contra del proveído de trece de junio del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 27, inciso b), de la Ley de Amparo y en cumplimiento al apercibimiento decretado en el citatorio de catorce de junio de dos mil dieciocho, notifico a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído de trece del citado mes y año, que en lo conducente dice: URUAPAN, MICHOACÁN, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a David López Zamudio, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 305/2018-I. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, párrafo tercero, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no es el último dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: ... ... De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por otra parte, tratándose de remates sólo procederá el amparo indirecto contra la resolución definitiva en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendiendo al resultado de la resolución. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Son aplicables a los anteriores razonamientos los siguientes criterios: Tesis: ... También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Cobra sustento a lo expuesto: Tesis:... De lo asentado, se obtiene que toda resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, si no tiene la característica de última determinación, no puede ser combatida a través del juicio constitucional, pues en este caso, la intención del legislador al no incluir otras resoluciones en la regulación de referencia, reclamables en amparo indirecto, fue para que no se obstaculizara el cumplimiento de las sentencias, por ser de interés público conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, sin que la promoción de múltiples amparos impida su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en el fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior: Tesis:... En el caso, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se pueden advertir de las manifestaciones realizadas por la promovente bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: ... 1. El pasado veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, audiencia de remate dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 770/2015, que sobre pago de pesos promovió Cristian Osiris Morelos Mendoza, frente al aquí quejoso David López Zamudio. 2. Dicha audiencia de remate estaba anunciada mediante edicto para celebrarse el día veintidós de mayo de dos mil dieciocho, respecto de un bien inmueble propiedad del promovente del amparo, el cual se le asignó un valor de $741,960.00 (setecientos cuarenta y un mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional), siendo la postura legal el que cubran las 2/3 partes de dicho valor. 3. Asimismo, se dio inicio a dicha audiencia de remate del inmueble que aduce el quejoso es de su propiedad, lo que el actor por conducto de su endosatario en procuración, presento postura legal quien oferto la cantidad de $494,640.00 (cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), y en virtud que es el equivalente a las 2/3 partes del valor publicado, de la postura legal y que, en virtud que es la parte ejecutante, se debería descontar de dicha suma la cantidad a que fue condenada la parte demandada, que por sentencia definitiva lo fue por la cantidad de $242,745.06 doscientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y cinco pesos con 06/100, M.N., así como la cantidad a la que fue condenado el promovente del amparo, dentro del incidente dé liquidación de sentencia de siete de marzo del año en curso esto es la suma de $98,068.98 noventa y ocho mil sesenta y ocho pesos con 98/100 M.N., que arroja en suma una cantidad de $340,814.04 trescientas cuarenta mil ochocientos catorce pesos con 04/100 M.N., por lo que, para la cantidad ofertada como postura legal por parte del actor postor, restaba de cubrir una cantidad de $153,825.96 ciento cincuenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos con 96/100 M.N., cantidad que se le hizo del conocimiento al postor y parte ejecutante que debería de exhibir el remanente de la cantidad total del precio otorgado en el plazo de tres días. 4. Seguido el trámite, al transcurrir el término que se le concedió al postor en la audiencia de remate, para que cubriera el resto de la postura legal que oferto pagar, el mismo, no lo hizo, el cual exhibió a la autoridad responsable, unas copias certificadas de un juicio diverso y respecto de un adeudo diverso, así como con una cantidad mucho muy inferior y que es de $39,245.96 treinta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos con 96/100 M.N., asimismo, un escrito donde supuestamente pretende cumplir con el apercibimiento citado con antelación. 5. Asimismo el quejoso, solicitó a la autoridad responsable, se hiciera efectivo el apercibimiento que se le había hecho en la misma audiencia de remate, ya que no pagó dentro del término legal, el total de la postura que él mismo ofertó, el cual la responsable acordó reservar dicho escrito, hasta en tanto la parte actora no cumpla con el requerimiento ahí formulado. Actuaciones que en esencia constituyen la materia de los actos reclamados. De lo anterior, se deduce que al promovente del amparo, no le resulta el carácter de tercero extraño natural ni por equiparación, toda vez que es parte demandada en el procedimiento de origen; además, es evidente que el quejoso motiva su acción constitucional medularmente en las violaciones procesales que a su criterio se han cometido en la referida audiencia de remate, respecto del inmueble del que manifiesta es propietario. Lo que se corrobora con las manifestaciones expuestas en el punto cuarto de los conceptos de violación, al referir lo siguiente: ... ... Además, de las manifestaciones del promovente en la demanda de garantías, no se desprende algún pronunciamiento por parte de la autoridad responsable en tal sentido, pues sólo así, sería factible considerar que se trata de la resolución del otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien afecto al juicio de origen, a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. De modo que, al no tener el carácter de tercero extraño dentro del citado juicio de origen, el quejoso podrá gestionar en ese procedimiento de ejecución de sentencia de acuerdo a sus propios intereses, como lo ha vendido haciendo hasta la fecha; asimismo, podrá hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes y sólo podrá acudir al amparo indirecto, cuando se trate de un acto autónomo de la propia ejecución, siempre y cuando la respetiva determinación le afecte de manera directa e inmediata, de no ser así, podrá combatir las violaciones que estime se conculcaron respecto de su persona, hasta en tanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, específicamente en el de remate. Resulta aplicable: Tesis: ... En esas condiciones, se considera que lo aquí reclamado no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, párrafo tercero, del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí que, para instar el juicio de garantías se debe esperar a que se emita esa determinación en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por David López Zamudio, por su propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XXIII del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, tercer párrafo, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el ubicado en Avenida Latinoamericana, número 1432, colonia los Ángeles de esta ciudad de Uruapan, Michoacán; y como autorizado para tal efecto, a Quetzalcóatl Garibay Pardo, por así solicitarlo la parte quejosa. Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa...

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