Dario Medina Seoane

Expediente 990/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
990/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
16/08/2016

Partes del expediente

  • Dario Medina Seoane
  • Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    (SE PUBLICA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de catorce de junio dos mil dieciséis (fojas 337 a 352), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Darío Medina Seoane, para los efectos siguientes: "SÉPTIMA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Darío Medina Seoane; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 324/2009; 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta resolución, concretamente, en el apartado del cuerpo del delito, deberá precisar claramente: 2.1. Las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. 2.2. Con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude que se atribuye al peticionario de amparo; y, 2.3 Valore adecuadamente la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 26081/06-17-04-4 -relativa medularmente a que "Financiera Coofia, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada", sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos, por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez- ofrecida por el inculpado, ponderando si la misma incide, o no, para el acreditamiento del elemento del cuerpo del delito de fraude, consistente en el engaño." (350 y 351). Por auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 475 a 478). Ahora bien, mediante oficio 4234 de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (foja 486), la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en la que se advierte que dicho juzgador siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 324/2009; 2. Con libertad de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que, realizó lo siguiente: a) Precisó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo (501 vuelta a 503); b) Estableció con qué medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude que se atribuye al peticionario de amparo (fojas 489 vuelta a 501); y, c) Valoró adecuadamente la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 26081/06-17-04-4, relativa medularmente a que "Financiera Coofia, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada", sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos, por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez (foja 505); pues dijo que dicho documento no genera convicción para los fines propuestos por el indiciado pues si bien, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concluyó que "Financiera Coofia, S.C. de R.L." sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos (por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez) no pasaba inadvertido que no existía pronunciamiento alguno que declarara dicha determinación firme o irrevocable, en virtud de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; aunado a que en la resolución de mérito el Tribunal Administrativo sostenía su resolución esencialmente en que Financiera Coffia, S.C. de R.L. celebró un contrato de afiliación con la federación "Fine, Servicios S.C.", sin que el referido juzgador compartiera tal conclusión por las razones que al efecto cita (fojas 505 y 506). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de catorce de junio dos mil dieciséis (fojas 337 a 352), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Darío Medina Seoane, para los efectos siguientes: "SÉPTIMA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Darío Medina Seoane; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 324/2009; 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta resolución, concretamente, en el apartado del cuerpo del delito, deberá precisar claramente: 2.1. Las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. 2.2. Con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude que se atribuye al peticionario de amparo; y, 2.3 Valore adecuadamente la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 26081/06-17-04-4 -relativa medularmente a que "Financiera Coofia, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada", sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos, por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez- ofrecida por el inculpado, ponderando si la misma incide, o no, para el acreditamiento del elemento del cuerpo del delito de fraude, consistente en el engaño." (350 y 351). Por auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 475 a 478). Ahora bien, mediante oficio 4234 de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (foja 486), la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en la que se advierte que dicho juzgador siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 324/2009; 2. Con libertad de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que, realizó lo siguiente: a) Precisó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo (501 vuelta a 503); b) Estableció con qué medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude que se atribuye al peticionario de amparo (fojas 489 vuelta a 501); y, c) Valoró adecuadamente la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 26081/06-17-04-4, relativa medularmente a que "Financiera Coofia, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada", sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos, por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez (foja 505); pues dijo que dicho documento no genera convicción para los fines propuestos por el indiciado pues si bien, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concluyó que "Financiera Coofia, S.C. de R.L." sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos (por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez) no pasaba inadvertido que no existía pronunciamiento alguno que declarara dicha determinación firme o irrevocable, en virtud de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; aunado a que en la resolución de mérito el Tribunal Administrativo sostenía su resolución esencialmente en que Financiera Coffia, S.C. de R.L. celebró un contrato de afiliación con la federación "Fine, Servicios S.C.", sin que el referido juzgador compartiera tal conclusión por las razones que al efecto cita (fojas 505 y 506). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSE OSCAR MORAN SANCHEZ LA RESOLUCION DE QUINCE DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de catorce de junio dos mil dieciséis (fojas 337 a 352), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Darío Medina Seoane, para los efectos siguientes: "SÉPTIMA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Darío Medina Seoane; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 324/2009; 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta resolución, concretamente, en el apartado del cuerpo del delito, deberá precisar claramente: 2.1. Las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. 2.2. Con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude que se atribuye al peticionario de amparo; y, 2.3 Valore adecuadamente la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 26081/06-17-04-4 -relativa medularmente a que "Financiera Coofia, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada", sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos, por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez- ofrecida por el inculpado, ponderando si la misma incide, o no, para el acreditamiento del elemento del cuerpo del delito de fraude, consistente en el engaño." (350 y 351). Por auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 475 a 478). Ahora bien, mediante oficio 4234 de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (foja 486), la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en la que se advierte que dicho juzgador siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 324/2009; 2. Con libertad de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que, realizó lo siguiente: a) Precisó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo (501 vuelta a 503); b) Estableció con qué medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude que se atribuye al peticionario de amparo (fojas 489 vuelta a 501); y, c) Valoró adecuadamente la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 26081/06-17-04-4, relativa medularmente a que "Financiera Coofia, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada", sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos, por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez (foja 505); pues dijo que dicho documento no genera convicción para los fines propuestos por el indiciado pues si bien, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concluyó que "Financiera Coofia, S.C. de R.L." sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos (por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez) no pasaba inadvertido que no existía pronunciamiento alguno que declarara dicha determinación firme o irrevocable, en virtud de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; aunado a que en la resolución de mérito el Tribunal Administrativo sostenía su resolución esencialmente en que Financiera Coffia, S.C. de R.L. celebró un contrato de afiliación con la federación "Fine, Servicios S.C.", sin que el referido juzgador compartiera tal conclusión por las razones que al efecto cita (fojas 505 y 506). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ERNESTINA BENITEZ PEREZ POR CONDUCTO DE SU ALBACEA ENRIQUE MARTINEZ MOLINA LA RESOLUCION DE QUINCE DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de catorce de junio dos mil dieciséis (fojas 337 a 352), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Darío Medina Seoane, para los efectos siguientes: "SÉPTIMA. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Darío Medina Seoane; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y la restitución a la quejosa en el goce del derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 324/2009; 2. Con libertad de jurisdicción dicte otra resolución subsanando los vicios de forma destacados en esta resolución, concretamente, en el apartado del cuerpo del delito, deberá precisar claramente: 2.1. Las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso-, así como los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales debe concluirse que con la acción perpetrada se llevó a cabo en esas circunstancias. 2.2. Con qué medio o medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude que se atribuye al peticionario de amparo; y, 2.3 Valore adecuadamente la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 26081/06-17-04-4 -relativa medularmente a que "Financiera Coofia, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada", sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos, por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez- ofrecida por el inculpado, ponderando si la misma incide, o no, para el acreditamiento del elemento del cuerpo del delito de fraude, consistente en el engaño." (350 y 351). Por auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito, requiriéndose su cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 475 a 478). Ahora bien, mediante oficio 4234 de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (foja 486), la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, en la que se advierte que dicho juzgador siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintinueve de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 324/2009; 2. Con libertad de jurisdicción dictó una nueva resolución en la que, realizó lo siguiente: a) Precisó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo (501 vuelta a 503); b) Estableció con qué medios de convicción se acredita cada uno de los elementos del delito de fraude que se atribuye al peticionario de amparo (fojas 489 vuelta a 501); y, c) Valoró adecuadamente la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del expediente 26081/06-17-04-4, relativa medularmente a que "Financiera Coofia, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada", sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos, por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez (foja 505); pues dijo que dicho documento no genera convicción para los fines propuestos por el indiciado pues si bien, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, concluyó que "Financiera Coofia, S.C. de R.L." sí tenía facultades para llevar a cabo operaciones de captación de recursos (por lo menos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez) no pasaba inadvertido que no existía pronunciamiento alguno que declarara dicha determinación firme o irrevocable, en virtud de lo establecido en el artículo 63 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; aunado a que en la resolución de mérito el Tribunal Administrativo sostenía su resolución esencialmente en que Financiera Coffia, S.C. de R.L. celebró un contrato de afiliación con la federación "Fine, Servicios S.C.", sin que el referido juzgador compartiera tal conclusión por las razones que al efecto cita (fojas 505 y 506). Las constancias a las que se ha hecho referencia son documentos públicos que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que este asunto en el que se concedió la protección constitucional no es de relevancia documental, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Así mismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

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