DARIO FUENTES LOPEZ y Otros.
Expediente 1881/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1881/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- DARIO FUENTES LOPEZ y Otros.
- Petra Cruz Baez
- Dario Fuentes Lopez
- Ruperto Fuentes Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 21 DE OCTUBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de siete de octubre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil dieciséis (fojas 211 a 239), se negó el amparo a la parte quejosa, por lo que inconforme con dicha determinación, dicha parte procesal interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca de revisión R-158/2016 (fojas 433 a 535), en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Darío Fuentes López, Ruperto Fuentes López, Ruperto Emilio Fuentes Zambrano y Petra Cruz Báez, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria; para los efectos establecidos en la parte final del presente fallo constitucional." (foja 534). Atento lo anterior, mediante proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 536 a 539), este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "(.)".En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Darío Fuentes López, Ruperto Fuentes López, Ruperto Emilio Fuentes Zambrano y Petra Cruz Báez, para el efecto de que el Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, deje insubsistente la orden de aprehensión de quince de julio de dos mil quince, dictada en la causa penal 298/2014, y en su lugar, dicte otra resolución, en la cual por una parte, reitere la acreditación del cuerpo del delito de lesiones previsto y sancionado por los artículos 305, 306, 308 fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, al igual que la probable responsabilidad de los impetrantes; y por otra, bajo los términos establecidos en esta ejecutoria, precise la verdad histórica del evento y determine que las lesiones se propiciaron bajo la atenuante de riña, de conformidad con lo previsto por los artículos 310 y 321 de la codificación sustantiva en comento." (foja 533 vuelta). Ahora bien, mediante oficio 5051 de cinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 640 a 669), el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 298/2014 de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de quince de julio de dos mil quince, así como la diversa de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento (foja 668). - Reiteró la acreditación del cuerpo del delito de lesiones, al igual que la probable responsabilidad de los aquí quejosos en su comisión; precisando que las lesiones se propiciaron bajo la atenuante de riña, de conformidad con lo previsto por los artículos 310 y 321 de dicha código. Por lo anterior, decretó orden de aprehensión contra los quejosos Darío Fuentes López, Ruperto Fuentes López, Ruperto Emilio Fuentes Zambrano y Petra Cruz Báez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, 309, 310 y 321, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Ana Elia Torres Arellano. Asimismo, libró orden de aprehensión contra los quejosos Darío Fuentes López, Ruperto Fuentes López y Ruperto Emilio Fuentes Zambrano, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción II, 310 y 321, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Julio César Cortez Zayas. Y, finalmente determinó orden de comparecencia contra los quejosos Darío Fuentes López y Ruperto Fuentes López, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 310 y 321, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Javier Centeno Chávez. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento"
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de siete de octubre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil dieciséis (fojas 211 a 239), se negó el amparo a la parte quejosa, por lo que inconforme con dicha determinación, dicha parte procesal interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el toca de revisión R-158/2016 (fojas 433 a 535), en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Darío Fuentes López, Ruperto Fuentes López, Ruperto Emilio Fuentes Zambrano y Petra Cruz Báez, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria; para los efectos establecidos en la parte final del presente fallo constitucional." (foja 534). Atento lo anterior, mediante proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis (fojas 536 a 539), este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "(.)".En consecuencia, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Darío Fuentes López, Ruperto Fuentes López, Ruperto Emilio Fuentes Zambrano y Petra Cruz Báez, para el efecto de que el Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, deje insubsistente la orden de aprehensión de quince de julio de dos mil quince, dictada en la causa penal 298/2014, y en su lugar, dicte otra resolución, en la cual por una parte, reitere la acreditación del cuerpo del delito de lesiones previsto y sancionado por los artículos 305, 306, 308 fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, al igual que la probable responsabilidad de los impetrantes; y por otra, bajo los términos establecidos en esta ejecutoria, precise la verdad histórica del evento y determine que las lesiones se propiciaron bajo la atenuante de riña, de conformidad con lo previsto por los artículos 310 y 321 de la codificación sustantiva en comento." (foja 533 vuelta). Ahora bien, mediante oficio 5051 de cinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 640 a 669), el juez responsable remitió a esta autoridad copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 298/2014 de su índice, de la cual se advierte que siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de quince de julio de dos mil quince, así como la diversa de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento (foja 668). - Reiteró la acreditación del cuerpo del delito de lesiones, al igual que la probable responsabilidad de los aquí quejosos en su comisión; precisando que las lesiones se propiciaron bajo la atenuante de riña, de conformidad con lo previsto por los artículos 310 y 321 de dicha código. Por lo anterior, decretó orden de aprehensión contra los quejosos Darío Fuentes López, Ruperto Fuentes López, Ruperto Emilio Fuentes Zambrano y Petra Cruz Báez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 305, 308, fracción I, 309, 310 y 321, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Ana Elia Torres Arellano. Asimismo, libró orden de aprehensión contra los quejosos Darío Fuentes López, Ruperto Fuentes López y Ruperto Emilio Fuentes Zambrano, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción II, 310 y 321, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Julio César Cortez Zayas. Y, finalmente determinó orden de comparecencia contra los quejosos Darío Fuentes López y Ruperto Fuentes López, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 310 y 321, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Javier Centeno Chávez. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 07 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Jueza Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Jueza Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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