Dario Eduardo Ontiveros Gomez
Expediente 791/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Dario Eduardo Ontiveros Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que el siete de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, ordenándose su archivo definitivo como asunto concluido. Ahora, al valorar el destino del cuadernillo original del incidente de suspensión, se determinó que era susceptible de depuración, después de que transcurrieran tres años, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en virtud que se concedió la suspensión provisional solicitada y se negó la definitiva. Empero, se precisa que en el punto 7.1.1. dígito 2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo la acotación en el sentido que en los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la suspensión provisional, pero se negó la suspensión definitiva, el cuaderno incidental será "destruible". De ahí, que al actualizarse la hipótesis antes señalada en el presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y, conforme a lo dispuesto en el punto 7.1.1. dígito 2 del citado Manual, se establece que los autos originales del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción una vez que transcurra el plazo de tres años que prevé el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente relativo al original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintidós. I.FIRME SOBRESEIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que a la fecha de este proveído, feneció el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente controvertido constitucional; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. II.DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Darío Eduardo Ontiveros Gómez, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil veintidós. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Darío Eduardo Ontiveros Gómez, auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós (suspensión provisional). Así mismo, da cuenta con los informes previos que rinden las autoridades responsables que así lo hacen en este acto. A lo anterior, el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el informe previo que rinde Luis David Pérez Romero, Encargado del Despacho de la Administración General de los Juzgados de Oralidad de todas las Regiones Judiciales del Estado, en representación de las autoridades responsables 1. Ana Alicia Ponce Frías, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 2. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 3. Rosa Aurora Espejel Prado, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 4. Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 5. Karla Ivonne Munguía Olmos, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 6. María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 7. Rosalva Elena Zárate Herrera, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 8. Enrique López Criollo, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 9. Isaí López Rivas, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 10. Aarón Hernández Chino, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 11. Bet Nimra Pérez Hernández, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 12. Mario Cortés Aldama, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; y, 13. Rosario Ivonne Rivera Calzada, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; así como el diverso que rinde la autoridad responsable 14. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla -recibido en dos ocasiones-; y con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos dichos informes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; a lo anterior el secretario de juzgado encargado del despacho acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho para ello y, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no exhibió pedimento. A lo anterior, el secretario de juzgado encargado del despacho, acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 791/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Darío Eduardo Ontiveros Gómez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo determinado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión solicitado por Darío Eduardo Ontiveros Gómez, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable 1. Ana Alicia Ponce Frías, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, y otras autoridades. En la misma fecha, se requirió el informe previo a las autoridades responsables; se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas, se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, los actos reclamados en el presente asunto son: - La orden de aprehensión dictada en su contra; así como su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 a 13 JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL DE TODAS LAS REGIONES JUDICIAL DEL ESTADO, en representación de los Jueces de Control señalados como responsables: 1. Ana Alicia Ponce Frías, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 2. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 3. Rosa Aurora Espejel Prado, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 4. Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 5. Karla Ivonne Munguía Olmos, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 6. María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 7. Rosalva Elena Zárate Herrera, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 8. Enrique López Criollo, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 9. Isaí López Rivas, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 10. Aarón Hernández Chino, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 11. Bet Nimra Pérez Hernández, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; 12. Mario Cortés Aldama, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla; y, 13. Rosario Ivonne Rivera Calzada, Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. Niega 14 Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega De lo anterior se advierte que las autoridades responsables citadas en el recuadro que antecede, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a la referida autoridad responsable, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Darío Eduardo Ontiveros Gómez, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa; y, mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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