Dario David Sanchez Maldonado
Expediente 52/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Dario David Sanchez Maldonado
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el quince de febrero de dos mil dieciocho, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 9. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 52/2018-B. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 127 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Darío David Sánchez Maldonado, por su propio derecho, contra actos de las autoridades responsables siguientes: 1 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla. 2 Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 3 Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. 4 Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 5 Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 6 Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 7 Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 8 Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 9 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 10 Director General de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora, que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla; sin embargo, no ha lugar a tenerla con dicho carácter, atendiendo a la copia del oficio 5537 signado por el Secretario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual informó el cierre de dicho juzgado a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, lo cual evidencia la inexistencia de la autoridad señalada. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá a cada uno y de forma separada, una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. No ha lugar a remitirles copia de la demanda de amparo, pues la misma se remitirá al momento de requerir el informe previo, de conformidad con el artículo 116 del multicitado ordenamiento legal. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia, que deberán de rendir su respectivo informe justificado en forma separada del previo, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 251 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a los Jueces Penales de la ciudad de Puebla, se les hace de su conocimiento que si bien, la autoridad que la quejosa denominó como Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, ya no existe, ello no implica que no rindan sus informes respecto de las causas penales que fueron returnadas a cada uno de los demás juzgados penales de la ciudad de Puebla, las cuales estaban radicadas en el Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla. Dicho de otra manera, se requiere a los Jueces Penales de la ciudad de Puebla, que rindan sus informes justificados respecto de lo que obre en su totalidad en sus respectivas bases de datos, incluyendo las causas penales que les hayan sido returnadas con motivo del cierre del Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convengan en la existencia el acto reclamado, precisen si las constancias que remitan como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Resérvese ordenar el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto, obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables ordenadoras para que, en caso de que convengan con la existencia del acto reclamado, en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información. Con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá de forma separada, una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emita el presente proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 251 de la Ley de Amparo. También se hace saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en su demanda de amparo y por autorizado en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Aponte Martínez, pues el mismo acreditó que cuenta con cédula de licenciado en derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil dieciocho. En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión, en lo que se refiere a sus efectos formales y procesales se aplicará la Ley de Amparo abrogada, porque las autoridades que fueron señaladas como responsables ordenadoras conocen del sistema penal tradicional, lo cual hace evidente que la presente incidencia deba tramitarse con la Ley de Amparo abrogada. Cobra aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten. Contradicción de tesis 75/2014. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 52/2018-B, promovido por Darío David Sánchez Maldonado, contra actos de las siguientes autoridades: 1 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla. 2 Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 3 Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. 4 Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 5 Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 6 Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla. 7 Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 8 Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla. 9 Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. 10 Director General de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 132, 133, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de su notificación, ante este Juzgado de Distrito, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, enviándoles para tal efecto copia autorizada de la demanda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada se les impondrá a cada una y por separado una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, respecto a los Jueces Penales de la ciudad de Puebla, se les hace de su conocimiento que si bien, la autoridad que la quejosa denominó como Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla, no fue considerada como responsable en el presente juicio, ello no implica que no rindan sus informes respecto de las causas penales que fueron returnadas a cada uno de los demás juzgados penales de la ciudad de Puebla, las cuales estaban radicadas en el Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla. Dicho de otra manera, se requiere a los Jueces Penales de la ciudad de Puebla, que rindan sus informes previos respecto de lo que obre en su totalidad en sus respectivas bases de datos, incluyendo las causas penales que les hayan sido returnadas con motivo del cierre del Juzgado Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax. Así mismo, con fundamento en el artículo 134 de la Ley de Amparo abrogada, requiérase a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí parte quejosa o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remitan copia certificada de las resoluciones correspondientes. Apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una y por separado una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. De la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: I. La orden de presentación o comparecencia emitida por un Juez; y, II. La orden de aprehensión o reaprehensión. Lo anterior, no obstante que la parte quejosa reclame una orden de aprehensión pues en caso de que se hubiere designado erróneamente el acto reclamado por desconocimiento del solicitante de amparo, ello no da motivo a considerar que el acto no existe en la forma expresamente señalada por la parte quejosa. Por su contenido sirve de apoyo la tesis de rubro siguiente: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. Capítulo 1. De la orden de presentación o comparecencia girada presuntamente por un Juez de lo Penal. Por cuanto hace a la orden de presentación o comparecencia girada presuntamente por un Juez de lo Penal en contra de la parte quejosa y su ejecución, con fundamento en lo establecido en los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Federal por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público, hasta en tanto se resuelva lo atinente a la suspensión definitiva. A fin de que continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida en líneas precedentes, de conformidad con los citados artículos los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se fijan a la parte quejosa las siguientes medidas de aseguramiento: a) Comparecer ante el Juez de la causa dentro del plazo de tres días para la continuación del proceso; b) Presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado; c) Señalar ante este órgano de amparo el lugar donde se encuentra establecido su domicilio particular cierto y actual en el que pueda ser localizada tanto por este órgano constitucional como por las autoridades responsables ordenadoras; y, d) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, deberá exhibir una garantía por la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 35/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO. Contra la ejecución de una orden de comparecencia procede la suspensión provisional, aun cuando se trate de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal, aunque en menor grado que la orden de aprehensión. Así, conforme a los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia, la suspensión que se conceda contra la ejecución de una orden de comparecencia será para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, el quejoso debe cumplir con los siguientes requisitos: a) en el plazo que establezca el juzgador de amparo que conozca del asunto, otorgar la garantía que éste decrete; b) comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución que concede la suspensión, para la continuación del procedimiento penal, conforme al artículo 138 de la Ley de la materia, lo que deberá acreditar ante el Juez de garantías dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del juzgado responsable; c) presentarse ante el Juez de la causa cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada y, d) señalar domicilio a fin de que puedan hacerle las notificaciones respectivas; asimismo, se le apercibirá que de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Lo anterior, a fin de que el quejoso pueda ser devuelto al Juez responsable en caso de no obtener el amparo federal solicitado, y sin perjuicio de las que adicionalmente el juzgador estime imponer, acorde a las circunstancias del caso concreto y en uso de las amplias facultades que los señalados preceptos legales le conceden para decretar las medidas de aseguramiento pertinentes para prevenir que el indiciado se sustraiga de la acción de la justicia y evitar perjuicios a terceros y al interés social. Signifíquese a la parte quejosa que las obligaciones descritas en los incisos a) y b), serán exigibles hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada autoridad responsable ordenadora señalada en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se reproducen: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. No obstante lo anterior, si la parte quejosa cumple con las medidas de aseguramiento indicadas en los incisos a) y b) antes de la celebración de la audiencia incidental, deberá acreditar su cumplimiento ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su acatamiento, mediante las constancias respectivas de la que se advierta el sello del juzgado responsable. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable que ordenó el acto reclamado para que, al momento de rendir su informe previo, comunique si la parte quejosa cumple con las medidas de aseguramiento fijadas en los incisos a) y b) dentro del plazo señalado en líneas anteriores, esto para saber si cumple o no con las obligaciones impuestas. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de comparecencia reclamada es dictada por autoridades judiciales distintas a las aquí señaladas. Capítulo 2. De la orden de aprehensión o reaprehensión emitida por un Juez. Por cuanto hace a la orden de aprehensión u orden de reaprehensión presuntamente giradas en contra de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de la materia abrogada, se provee: Fracción I. Si el delito por el que se dictó la resolución combatida, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley la parte quejosa sí tiene el derecho a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. A fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión concedida en líneas precedentes, de conformidad con los artículos los citados artículos 124 bis, 130, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, se fijan a la parte quejosa las siguientes medidas de aseguramiento: a) Dentro del plazo de tres días comparezca ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, según sea el caso; b) Dentro del plazo de tres días, comparezca a firmar en el libro de procesados que obtuvieron el beneficio de la libertad provisional bajo caución en el juzgado de la autoridad responsable, lo que deberá continuar realizando los días viernes de cada semana; y, c) En el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, deberá exhibir la garantía indicada en el Capítulo 1, inciso d). Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 94/2001 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia. Signifíquese a la parte quejosa que las obligaciones descritas en los incisos a) y b), serán exigibles hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada autoridad responsable ordenadora señalada en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 149/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se reproducen: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. No obstante lo anterior, si la parte quejosa cumple con las medidas de aseguramiento señaladas en los incisos a) y b) antes de la celebración de la audiencia incidental, deberá acreditar su cumplimiento ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su acatamiento, mediante las constancias respectivas de la que se advierta el sello del juzgado responsable. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable que ordenó el acto reclamado para que, al momento de rendir su informe previo, comunique si la parte quejosa cumple con las medidas de aseguramientos fijadas en los incisos a) y b) dentro del plazo señalado en líneas anteriores, esto para saber si cumple o no con las obligaciones impuestas. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Fracción II. En otro sentido, si el delito por el que se dictó la resolución combatida, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley no se permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el único y exclusivo efecto de que la parte quejosa al ser aprehendida quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere precisamente en el lugar en que deba ser recluida, y a disposición de la autoridad responsable que corresponda para la inmediata continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada. Fracción III. Si el acto reclamado consiste en una orden de reaprehensión dictada para el cumplimiento de una sentencia penal ejecutoriada, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, esto es, la suspensión únicamente tendrá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar sólo se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ello hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción 369/2009 de la Sala Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto son los siguientes: SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes. En cualquiera de los supuestos, la medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad judicial distinta a las aquí señaladas o si se sorprende a la parte inconforme en la comisión flagrante de delito. Capítulo 3. De las garantías fijadas. Ahora bien, atento a las cauciones señaladas en el presente proveído, no se inadvierte que el artículo 124 bis de la ley de Amparo abrogada también prevé que para fijarla se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: - La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa: - Las características personales y situación económica de la parte quejosa; y, - La posibilidad de que el mismo se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias, a fin de que la parte quejosa, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que la parte inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que la parte promovente en su demanda de garantías no proporciona datos exactos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos la parte inculpada no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto la autoridad responsable ordenadora, en su caso, proporcione tales datos, toda vez que existe peligro de que se ejecute el acto reclamado, con notorios perjuicios para la parte quejosa, pues el objeto de la suspensión es precisamente evitar que se causen tales perjuicios. Así, para el otorgamiento de la suspensión provisional que aquí se decreta, se toman en cuenta únicamente la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución del acto. En consecuencia, a fin de que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para fijar la garantía que en su caso proceda al momento de resolver en definitiva el presente incidente de suspensión, se provee: - Se requiere a la autoridad responsable que haya emitido el acto reclamado, para que en el término de veinticuatro horas que se le otorgó para rendir su informe previo, manifieste de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la parte quejosa, así como sus características personales y situación económica, en caso de que tenga constancia de ello, por lo que en ese caso, deberá remitir tales constancias a este juzgado. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. - Se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días precise, bajo protesta de decir verdad, el estado que guarda su situación económica, la actividad a la que se dedica y los ingresos mensuales que percibe y, de ser posible, robustezca su dicho con documentales idóneas. En otro aspecto, hágase saber a la parte quejosa que podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirlas en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: En caso de exhibir billete de depósito: - En el apartado autoridad asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, - Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a Darío David Sánchez Maldonado en el incidente de suspensión 52/2018-B. En caso de exhibir póliza de fianza: - Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; - Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a Darío David Sánchez Maldonado en el incidente de suspensión 52/2018-B; y, - Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito inicial de demanda de amparo y por autorizado en términos amplios previstos en el artículo 27 de la Ley de Amparo abrogada, a Fernando Aponte Martínez, pues el mismo acreditó que cuenta con cédula de licenciado en derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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