David Alberto Gonzalez Barrales

Expediente 1093/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1093/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • David Alberto Gonzalez Barrales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por Ma. Isabel Escalona Pérez, quien dice ser autorizada en términos amplios de Óscar García Téllez, por medio del cual solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico dentro del presente juicio de amparo, así como sus respectivas notificaciones; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en atención a que la promovente y Óscar García Téllez, no son parte del presente juicio, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a la parte promovente.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a las actuaciones únicamente para que obre como corresponda el diverso informe previo de la autoridad responsable 1. Encargada de la Unidad Especializada en investigación de Delitos Contra la Familia de la Fiscalía General del Estado; en virtud que mediante interlocutoria de dieciocho de noviembre pasado, se resolvió en definitiva el presente incidente de suspensión. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

  3. Incidental

    I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1093/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por David Alberto González Barrales; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno (suspensión provisional), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión promovido por David Alberto González Barrales, contra actos del 1. Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y otra autoridad, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se celebró en sus dos primeras etapas, que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional7. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo8, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados por el quejoso David Alberto González Barrales en el presente asunto son: - La orden de detención dictada por alguna de las autoridades; y, - Su ejecución. TECERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME OF. 16-1 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN OMITIÓ VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. OF. 16-02 DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. NIEGA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las autoridad responsable 02. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a la mencionada autoridad responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario."9 QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Como se advierte de la tabla que obra en el considerando tercero de la presente resolución, la autoridad responsable Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla, omitió rendir su correspondiente informe previo, no obstante estar debidamente notificada para ello y haber transcurrido el plazo de cuarenta y ocho horas que se les otorgó para tal efecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen como presuntivamente ciertos los actos que se atribuyen a las citadas autoridades, únicamente para efectos del incidente de suspensión, sin perjuicio de lo que se resuelva en el cuaderno principal del que éste deriva. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "INFORMES PREVIOS, OMISIÓN DE RENDIRLOS. EFECTOS. Ningún precepto de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito para exigir a las autoridades responsables a que rindan necesariamente sus informes previos, pues, en todo caso, ante la omisión de rendirlos, lo que previene el artículo 132, párrafo tercero, de dicho ordenamiento, es que su falta establece la presunción de ser cierto el acto que se estime violatorio de garantías para el sólo efecto de la suspensión y que, además, hace incurrir a la autoridad responsable omisa en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo Juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones, pero de ninguna manera puede obligarse a las autoridades responsables a que necesariamente los rindan."10 SEXTO. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. Con fundamento en los artículos 136, 139, 162 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, y hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte en el juicio principal del que emana el presente incidente de suspensión; por lo que, mientras esto último no ocurra, no deberán privar a David Alberto González Barrales de su libertad personal, ni presentarlo por medio de la fuerza pública con motivo de la orden privativa de libertad reclamada, por quedar al respecto a disposición de este juzgado de Distrito y a la de la autoridad respectiva (penales administrativas), por lo que hace a la continuación del procedimiento. Tratándose de casos urgentes y respecto de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional y el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, en cuyo caso, las autoridades ministeriales podrán, bajo su más estricta responsabilidad, ordenar su detención, debiendo fundar y expresar los indicios que motiven su proceder; y, sin perjuicio de que las autoridades ministeriales practiquen las diligencias de averiguación previa o carpeta de investigación, según corresponda, y hagan la consignación o la puesta a disposición respectiva, acorde lo establecido en el numeral 16 Constitucional. En la inteligencia de que por ningún motivo se podrá ejecutar en contra de la parte quejosa alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. La medida cautelar concedida surte efectos de inmediato, pero no los surtirá si ya se hubiese ejecutado el acto restrictivos de la libertad que la parte quejosa reclama, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprende en la comisión de flagrante delito; tampoco surtirá efecto alguno respecto de la ejecución de actos emitidos con posterioridad a la concesión de la medida que provisionalmente aquí se decreta. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA. Estima procedente fijar a la parte quejosa, las siguientes medidas de efectividad: 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable, y en su caso, rinda la declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde con la jurisprudencia 1ª/J. 149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ."11 2. Deberá otorgar caución, a satisfacción de este juzgado de Distrito por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos, cero centavos 00/100), en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 139 de la Ley de Amparo; pues de resultar cierto el acto, debe garantizarse que no se sustraiga a la acción de la justicia y comparezca para continuar con el procedimiento seguido ante la autoridad responsable ordenadora. Lo anterior es así, toda vez que la fracción I, del artículo 168, de la Ley de Amparo, establece que el monto de la garantía, se fijará tomando en consideración: a) la naturaleza, modalidades y características del delito imputado al quejoso; b) las características personales y situación económica del mismo; y, c) la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; elementos que no se encuentran sustentados con prueba alguna exhibida por la parte promovente. En el supuesto de que la parte quejosa elija exhibir la caución fijada en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante y en el rubro relativo al "concepto", se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1093/2021, formado con la demanda promovida por David Alberto González Barrales; pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la mencionada vigencia termina antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido, que de no exhibir la garantía fijada dentro del plazo de CINCO DÍAS subsecuentes a su legal notificación, este juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar los actos reclamados. En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 612, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. Asimismo, para los casos en que se requiera la exhibición de un documento o valor -como acontece en el presente asunto- que no necesariamente requiera la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, pero que tampoco pueda realizarse por medios electrónicos, las partes deberán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común que corresponda, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente ante el órgano jurisdiccional, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. En atención a tales disposiciones, con fundamento en el artículo 6, fracción III, del mencionado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento del peticionario de amparo, que deberá exhibir el billete de depósito o póliza de fianza -según elija-, ante la Oficialía de Partes Común correspondiente, de acuerdo a los señalamientos indicados, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este proveído, reiterándole los apercibimientos señalados en supralíneas, para el caso de ser omiso sobre el particular. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por dicha potestad. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la medida impuesta, la suspensión definitiva concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por David Alberto González Barrales, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria, por la autoridad indicada en el diverso considerando tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por David Alberto González Barrales, en términos del considerando sexto de esta interlocutoria y por la autoridad responsable identificada en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE POR ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 2. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con el que da cuenta la secretaria y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes...

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