Daniel Omar Hernández Sánchez

Expediente 745/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
745/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Daniel Omar Hernández Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se desechó la demanda, es susceptible de destrucción, en atención al sentido del proveído dictado en el mismo. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 mencionado en el párrafo que antecede, en atención a la hipótesis prevista en el capítulo tercero, punto décimo primero, último párrafo, de dicho acuerdo, se requiere al quejoso, para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, ocurra al local de este órgano jurisdiccional, identificado de manera debida, a recoger los documentos que adjuntó al presente juicio de amparo; apercibido de omitir hacerlo, los mismos podrán ser destruidos con este expediente. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno

  2. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ///, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (Lic. ////) y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, el quejoso en su demanda de amparo reclama lo siguiente: ".el acto reclamado en la presente demanda de garantías lo es básicamente (sic) dentro del número de atención temprana (NUAT) /// por la ilegal violación al procedimiento por dilación procesal para integrar la indagatoria antes mencionada (sic) en la clara contravención a mi garantía de acceso eficaz a la impartición de justicia de manera pronta." Tal acto fue reclamado por el quejoso, debido a la inactividad que a su decir existe en la referida indagatoria, y en la cual tiene la condición de víctima porque él presentó una denuncia por el delito de lesiones (como lo refiere en el capítulo de antecedentes del acto reclamado). Sin embargo, desde este momento se permite visualizar el acto reclamado (que atañe a una dilación) se tramita con las reglas del nuevo sistema penal acusatorio porque inició con una denuncia presentada el dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete, como lo manifestó el quejoso en su demanda (foja 3). Es decir, de manera posterior a la entrada en vigor para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en todo la república. Entonces, resalta en este momento una causal de improcedencia de forma indudable y manifiesta, en particular la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la dilación reclamada en la demanda de protección tienen prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el quejoso antes de promover el control de legalidad extraordinario -que es el juicio de amparo-. Para demostrarlo, es necesario presentar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.". Del precepto anterior se obtuvo que las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por omisiones atribuibles al Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir con un juez de control para reclamar ese tipo de actos, para cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Así se desprende de la tesis aislada XVIII.1o.P.A.2 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Interpretación que ha validado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días recientes, pues al decidir la contradicción de tesis 233/2017 -donde contendió la tesis antes citada- estableció que los preceptos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, derivan una ruta ordinaria para impugnar las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea este quien revise la legalidad de la actividad -o inactividad- que exista en la indagatoria a cargo del Ministerio Público. Más aún, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las víctimas u ofendidos pueden solicitar al juez de control -en esa ruta ordinaria de impugnación- que examine las actuaciones u omisiones del Ministerio Público que tiendan a paralizar, suspender o terminar una investigación. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y en consecuencia, que el Ministerio Público reanude la investigación en forma activa, hasta determinar lo procedente a la integración del NUAT y el inicio de una carpeta de investigación. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Ello se desprende de la contradicción de tesis 233/2017, que tiene validez para regir el sentido de este acuerdo pese a que esté pendiente de engrose y publicación en el Semanario Judicial de la Federación. Por consiguiente, es válido afirmar que el acto reclamado por el quejoso -dilación procesal para integrar ////- debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad. En otras palabras, el quejoso debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra el acto reclamado en la demanda; y si la resolución que emitiera el juez de control al examinar la legalidad de las actuaciones practicadas en las referidas indagatorias, fuera adversa a sus intereses o considerara que se emitió sin observar los derechos fundamentales previstos en la constitución federal, podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto -contra la resolución del juez de control-. Por tanto, es válido considerar en este acuerdo que el reclamo planteado por el quejoso, en el presente juicio de protección, encuentra una causal indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular la causal relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la omisión reclamada en la demanda de protección debe ser impugnada primero en la ruta ordinaria de impugnación, que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, se concluye la causal de improcedencia que se estimó actualizada, es notoria y manifiesta conforme al orden jurídico vigente (artículo 258 del código invocado) que ha examinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 233/2017. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113, en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este juzgado de distrito por así haberlo señalado el quejoso, y para los mismos efectos a la persona que refirió porque omitió conferirles las facultades amplias que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías a sus autorizados en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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