Daniel Perez Rico

Expediente 742/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
742/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Daniel Perez Rico

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte: la parte quejosa omitió recurrir el acuerdo de siete de agosto de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda origen del presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, SE DECLARA QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, se ordena: hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. En último lugar, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, posteriormente realice la certificación correspondiente. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acuerda y firma Rafael González Castillo, Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante José Alberto Joo Moreno, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE SIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. Recibo la demanda de amparo, signada por ***, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Casa de Justicia del Municipio de Atlixco en el Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, ordeno formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia será desechada de plano. Para empezar, debe indicarse que del contenido de la demanda del quejoso, menciona como acto reclamado la conducta omisiva de garantizarle una defensa adecuada durante el desarrollo del control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares, así como la medida cautelar de prisión preventiva en la causa penal **, como consecuencia jurídica. Y la fecha de conocimiento constituye un factor determinante, para esclarecer si la acción constitucional fue ejercida con la oportunidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Pues el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares dictadas dentro de la carpeta judicial administrativa ** fue presenciado por él y su defensor en audiencia de uno de abril del año en curso. Así que el conocimiento de los actos que reclama la parte quejosa sucedió en la audiencia de uno de abril del año en curso, de la causa **, donde participó el quejoso y su defensor público. Debo resaltar, la expresión formulada por el quejoso, en donde reconoce que los actos reclamados datan desde el uno de abril de dos mil diecinueve, implica un reconocimiento que en términos de los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, constituye una confesión expresa que hace prueba plena en su contra, por ende el peso probatorio dado a su manifestación. Lo anterior se robustece en la tesis de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)" Así como del contenido conducente (en lo relativo a que las manifestaciones del quejoso en la demanda de amparo constituyen una confesión expresa), de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR" Por consiguiente, resalta desde este momento de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, motivo por el cual habrá de desecharse la solicitud de protección, dado que la acción constitucional fue ejercida fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. A fin de justificar la determinación anunciada, se hace notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar el escrito de demanda, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, debe emitirse un acuerdo de desechamiento (de plano). Entonces, la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Máxime que el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro del plazo legal de quince días, pues la demanda de amparo fue presentada hasta el seis de agosto de dos mil diecinueve. Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En este caso, tuvo conocimiento de los actos que se duele en la audiencia de uno de abril de dos mil diecinueve, dictados dentro de la carpeta judicial administrativa ***, como se advierte de la lectura integral de la demanda pues así lo manifiesta bajo protesta de decir verdad la parte quejosa, incluso manifiesta estar consiente que a la fecha han transcurrido tres meses y medio. Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía el quejoso para solicitar la protección, comenzó el tres de abril de dos mil diecinueve (día siguiente hábil de aquél cuando surtió efectos la notificación realizada durante la audiencia de uno de abril de este año) y terminó el veintiséis de abril de dos mil diecinueve. De ahí se considera que la demanda de protección resulta extemporánea, pues fue presentada hasta el seis de agosto del presente año, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2). Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos tácitamente los actos reclamados consistentes en la conducta omisiva de garantizarle una defensa adecuada durante el desarrollo del control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso y medidas cautelares, en la audiencia de uno de abril de dos mil diecinueve, así como la ejecución de las medidas cautelares como consecuencia jurídica. Cabe agregar que los actos reclamados incluyen una restrictiva de libertad, pero ello no constituye una excepción al plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo, como se desprende del artículo 17 de la legislación. Considerar por ello, la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. Así, los actos que reclama el quejoso tienen un periodo en el cual su contenido es susceptible de modificación o revocación, a través de los medios ordinarios de impugnación y del propio juicio de amparo; por lo que una vez agotados los referidos medios o transcurrido el tiempo para interponerlos, la resolución queda firme, para así posibilitar el desarrollo de las fases subsecuentes, en congruencia con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial que ordena el artículo 17 constitucional. De hecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el tema del plazo para la interposición de la demanda de amparo contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro de un proceso jurisdiccional, lo cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 12/2015 de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 18, mayo de 2015, tomo I, visible a página 38, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA" . Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encuentra una causa de improcedencia manifiesta e indudable (la de extemporaneidad) que se actualiza respecto de la vinculación combatida. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, tengo por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, tengo como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda (ubicado en la ciudad de Puebla), y quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones a la diversas personas que menciona en su escrito de demanda, por así solicitarlo el quejoso. Autorización para consultar expediente electrónico. En atención a lo solicitado en sentido de que al autorizado se le permita consultar vía internet el expediente electrónico formado con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo se provee: Toda vez que la parte quejosa proporciona el nombre de usuario vía electrónica y dado que el veintidós de enero de dos mil quince, fue habilitada la pestaña correspondiente a autorizados para consultar expedientes (S.I.S.E) de este Juzgado Federal, instrúyase al Secretario encargado del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta vía internet del expediente electrónico al usuario **. Habilitación de días y horas inhábiles. Luego, facultó al actuario judicial de la adscripción, a fin de que pueda practicar las notificaciones del presente asunto, aun en horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano