Daniel Omar Ayala Ayala

Expediente 591/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
591/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Daniel Omar Ayala Ayala
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 591/2022-I En cinco de julio de dos mil veintidós, el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifico: el plazo de cinco días previsto por el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, transcurrió para el quejoso del veintitrés al veintinueve de junio del año en curso (previo descuento de los días inhábiles), porque fue notificado vía electrónica el veintidós del mismo mes y año. Asimismo, hace constar que dentro del plazo antes computado, no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho acuerdo. Doy fe. En la misma data, se da cuenta a la jueza con la certificación precedente y el estado procesal del expediente. Conste. Puebla, Puebla, cinco de julio de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el cual se tuvo no presentada la demanda de amparo. Entonces, con fundamento en los artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, pues la determinación de no presentada implica una resolución que sin decidir el fondo del juicio, lo dio por concluido. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de no presentada. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque se declaró no presentada la demanda en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 591/2022-I. Puebla, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado al quejoso en proveído de seis de junio del año en curso, transcurrió del ocho al catorce de junio de dos mil veintidós, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que el quejoso desahogara la prevención contenida en el citado proveído inicial. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones internas. Se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno de este juzgado, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese; de forma personal al quejoso (de forma electrónica); y cúmplase

  3. Principal

    ---- JUICIO DE AMPARO 591/2022 . Puebla, Puebla, seis de junio de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo, signada por el quejoso +++++++, por derecho propio, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla, y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 7/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-21 -que causa la enfermedad COVID-19-. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Por sus siglas en inglés "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus ". Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica), a través de sus autorizados en términos amplios. Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias, en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Prevención. La lectura integral que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en las autoridades responsables y en los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones en las autoridades y en el reclamo planteado, habrán de impedir la pronta integración del presente juicio e incluso podrían generar una causa de improcedencia, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que el capítulo de autoridades responsables ordenadoras, contiene un señalamiento impreciso porque involucra a autoridades de los Estados de Guerrero, Morelos y Puebla; aun cuando el quejoso afirmó que su domicilio está en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla, sin que se advierta de manera objetiva que hubiera vivido o laborado en aquellas entidades, sólo su dicho de que, como comerciante, viaja constantemente a esas entidades federativas. Sin pasar por alto la, eventual, impresión de la página electrónica de las dos consultas que el quejoso realizó en el Registro Público Vehicular (REPUVE) de veintiséis y veintinueve de mayo de dos mil veintidós, pues constituyen un indicio con base en el cual es posible inferir que se realizaron dos consultas, en la primera, al parecer el vehículo en cuestión, aún no contaba con reporte de robo; en la segunda ya se advierte que se realizó un reporte de robo, pero desde el veintidós de mayo de dos mil veintidós; por ende, esa sola circunstancia, contrariamente a lo que sostiene el quejoso, es insuficiente para considerar, desde este momento, la existencia del acto al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Robo de Vehículos Zona Metropolitana en el Estado de Morelos Además, en el capítulo de antecedentes, el promovente no mencionó que resintiera algún acto de molestia en su perjuicio, que justificara que el quejoso involucre a autoridades de los tres Estados; sobre todo, las de los Estados de Morelos y Guerrero. Máxime que los antecedentes relatados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, revelan que este ubica su domicilio particular y residencia habitual en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Dicho de otro modo, nunca expuso que hubiera vivido o trabajado en algún municipio de los Estados que refiere, tampoco que se le hubiera molestado en alguno de esos lugares; ni siquiera ofreció documentos para visualizar indiciariamente que en algún momento hubiese residido en las citadas entidades. Así, es indispensable la aclaración de la demanda de amparo, con datos o indicios que respalden la eventual participación de las autoridades responsables del Estado de Morelos y Guerrero, porque ninguna manifestación obra en la demanda, para visualizar la intervención de esas autoridades, y en cambio, aquél ubica su domicilio particular en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Empero, debe indicarse que la aclaración tendrá que realizarla el quejoso sin variar los antecedentes de la demanda, porque estos ya fueron relatados con la protesta de decir verdad. De modo que si en el escrito aclaratorio intentara mantener el señalamiento contra las autoridades del Estado de Morelos y Guerrero, con antecedentes novedosos, podrían incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al momento de presentar la demanda de protección. Por consiguiente, deberá evaluar el quejoso la pertinencia de desistir en señalar como responsables a las autoridades de los Estados de Morelos y Guerrero. Ello, a fin de evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del mencionado delito. Máxime que la participación de las citadas autoridades encontraría respaldo en los antecedentes de la demanda, conforme al domicilio y residencia habitual manifestados por el quejoso. Además de lo anterior, se requiere aclaración respecto de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, porque no queda claro si el quejoso al momento de comprar el vehículo descrito en su demanda, realizó una búsqueda en el Registro Público Vehicular (REPUVE), o si lo realizó en fecha posterior a su adquisición, lo cual resulta indispensable conocer. Por otra parte, en el inciso e), relativo a los actos reclamados, el quejoso menciona de forma genérica la omisión de que se le dé derecho de audiencia a una carpeta de investigación; sin embargo, además de la imprecisión ya destacada ese acto no guarda estrecha relación con los inicialmente reclamados (inscripción en el REPUVE, así como la orden de detención y su ejecución), por lo cual, sólo podría ser analizado en esta sede constitucional hasta que se materializara algún acto que afectara de manera directa e inmediata algún derecho fundamental y después de que se actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ende, el quejoso deberá considerar la posibilidad de desistir en señalar ese acto o reclamarlo en un juicio de amparo autónomo; pero si insiste, deberá proporcionar los datos que permitan identificar plenamente la carpeta de investigación de la cual pide derecho de audiencia, pese a que en la demanda mencione que lo desconoce, ya que no es posible emprender la acción de amparo contra un acto tan genérico que es imposible de identificar. Finalmente, en cuanto al último de los actos que reclama y que menciona en el inciso e), consistente en: ".la remisión de la carpeta de investigación que desde este momento manifiesto bajo protesta de decir verdad desconozco el número, misma que debe ser enviada a este h. juzgado debidamente foliada, entre sellada y certificada por esa autoridad responsable, por el delito robo de vehículo automotor marca Nissan, modelo Sentra, con número de serie +++, sin número de motor, año ++++, color ++++, con placas de circulación número ++++ del estado de Guerrero." Como se ve, además de confuso, porque no es posible advertir qué es lo que en realidad reclama el quejoso; tampoco se desprende que pudiera ser un acto que tuviera íntima relación con lo reclamados inicialmente (inscripción en el REPUVE, así como la orden de detención y su ejecución), por lo cual, el quejoso deberá aclararlo si es que insiste en reclamarlo o desistir de señalarlo como reclamado. No obstante, la aclaración debe realizarla el quejoso porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de autoridades responsables y actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste las razones objetivas que respalden el señalamiento de autoridades ordenadoras del Estado de Morelos y Guerrero, si es que ya ha padecido de esas autoridades algún acto tendente a privarlo de la posesión del automóvil marca ++++, modelo +++, con placas de circulación +++, del estado de +++; o si desiste en señalarlas como autoridades responsables, a fin de que se tenga como únicas autoridades ordenadoras al Fiscal General del Estado de Puebla y el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Robo de Vehículos; y como ejecutoras al Titular de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, Director General de la Policía Estatal Preventiva y Coordinador General de la Guardia Nacional. Lo anterior, sin pasar por alto que en la demanda de amparo se adjuntó dos impresiones de las dos consultas que el quejoso realizó en el Registro Público Vehicular (REPUVE) de veintiséis y veintinueve de mayo de dos mil veintidós; eso no significa que, necesariamente, se deba tener como cierto el acto al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Robo de Vehículos Zona Metropolitana en el Estado de Morelos; sobre todo, porque como ya se ha mencionado, no se tiene la certeza de que exista alguna carpeta de investigación contra el quejoso en el Estado de Morelos. 2. Manifieste bajo protesta de decir verdad si antes de comprar el vehículo marca ++++, modelo +++, con placas de circulación ++++, del estado de Guerrero, realizó alguna búsqueda en el Registro Público Vehicular (REPUVE), pues aunque el quejoso anexa como prueba, dos impresiones de dos consultas que el quejoso realizó en el Registro Público Vehicular (REPUVE) de veintiséis y veintinueve de mayo de dos mil veintidós, lo cierto es que de esos documentos se desprende que el automotor fue robado desde el veintidós de mayo de dos mil veintidós (cuatro días antes de la compraventa). 3. Aclare si desiste en señalar como acto reclamado la omisión de que se le dé derecho de audiencia a una carpeta de investigación o, en su caso, si insiste en señalarla; de ser esto último, deberá indicar, bajo protesta de decir verdad si ya fue objeto de alguno de los actos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales aunado a ello, deberá proporcionar los datos que permitan identificar plenamente la carpeta de investigación de la cual pide derecho de audiencia. 4. Finalmente, el quejoso también debe aclarar si desiste en señalar como reclamado el acto que menciona en el inciso e); o en su caso si insiste en señalarlo, pero de ser así, tendrá que aclarar qué es exactamente lo que pide y cuál es la estrecha relación que guarda ese acto con los inicialmente reclamados. Conviene indicar al quejoso que el perfeccionamiento de autoridades responsables, en los términos del anterior punto 2, le permitiría evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del delito mencionado en líneas previas. Además, ningún perjuicio tendría si perfeccionara el señalamiento de autoridades responsables, para dejar únicamente a las ordenadoras y ejecutoras de esta entidad federativa Sobre todo porque el Fiscal General del Estado de Puebla, quedaría señalado como autoridad ejecutora y es quien tiene conocimiento directo de cualquier orden de captura, que hubieran emitido jueces de control de la ciudad de Puebla -la cual corresponde al lugar donde vive el quejoso-. Al margen de lo anterior, se informa al quejoso que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio en el plazo otorgado en líneas anteriores, con copias para cada una de las partes -y dos para el incidente de suspensión de insistir en la tramitación-, tal como lo dispone el artículo 110 de la Ley de Amparo Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Publicación de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 7/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a los intervinientes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Notificación electrónica, acceso a expediente electrónico y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se detectó su solicitud para acceder al expediente electrónico. Por consiguiente, se instruye al secretario encargado del presente asunto, habilite al quejoso tanto la notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado en la demanda: ++++++ Sobre todo porque ese nombre de usuario se encontró registrado, desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, como lo solicita el quejoso, quedan autorizados para oír y recibir notificaciones, los profesionistas de nombres ++++++. Correo electrónico y número telefónico. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 7/2022), del Consejo de la Judicatura Federal, se informa al quejoso que en el mismo plazo otorgado en líneas anteriores, puede ofrecer una dirección de correo electrónico y número de teléfono, de algún familiar o sus autorizados, para ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico), sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Bajo este contexto, queda ofrecida la dirección de correo electrónico y número telefónico que proporcionó el quejoso en su demanda, como medios para contactarlo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicaciones especiales para la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada de este juicio, que al realizar notificaciones en forma personal se ajuste al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilice el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la contingencia sanitaria actual. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto3 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que revise las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Integración de la demanda original al expediente. Por último, debido a las circunstancias de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; de manera personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase

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