Daniel Pérez Rico
Expediente 683/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Daniel Pérez Rico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte: la parte quejosa omitió recurrir el acuerdo de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda origen del presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, SE DECLARA QUE EL REFERIDO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo tanto, se ordena: hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, y carece de relevancia documental, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. En último lugar, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, posteriormente realice la certificación correspondiente. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo.
- Principal
Se agrega al expediente sin realizar mayor pronunciamiento el sobre devuelto por el servicio de mensajería acelerada Estafeta, por el cual devuelve el oficio *** dirigido al Juez de Control Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la Región Judicial Centro-Poniente, Atlixco, Puebla, con la leyenda "no conocen al Juez de Control, ya cambio de domicilio". La determinación de agregar el sobre de cuenta sin emitir mayor pronunciamiento, se debe a que con fecha veinticinco de julio del año en curso se desechó la demanda por actualizarse una causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo.
- Principal
Ordeno agregar el oficio y escrito de cuenta el primero signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla y el segundo signado por el quejoso **. En el oficio de cuenta, la autoridad oficiante, en cumplimiento al auto que previno la demanda de amparo de dieciocho de julio del año en curso, refiere que el quejoso ** fue vinculado a proceso en audiencia de uno de abril de dos mil diecinueve, por el delito de robo de vehículo agravado, y a quien, en la misma fecha le fue impuesta como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, con vigencia de todo el tiempo que dure el procedimiento sin que deba exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa; además indicó que el quejoso fue ingresado al Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, desde el momento en que se resolvió su situación jurídica a la fecha. En apoyo a dicho oficio, adjuntó un disco versátil digital con registro de audio y video, que contiene la audiencia de uno de abril del año en curso. Por otra parte, del escrito del quejoso **, se desprende el cumplimiento al proveído de dieciocho de julio del año en curso, al manifestar bajo protesta de decir verdad que las diversas etapas de la audiencia inicial (control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y el acuerdo del plazo de investigación complementaria) se desarrollaron en una misma audiencia de fecha uno de abril de dos mil diecinueve. Por lo que tengo cumplido el requerimiento de dieciocho de julio de dos mil diecinueve formulado a la autoridad responsable y por desahogada la prevención formulada al quejoso, por lo que procedo a emitir el pronunciamiento de ley para la demanda y escrito que la aclaró. De entrada, invoco el artículo 113 de la Ley de Amparo , porque establece que el juzgado de amparo examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Esa previsión legislativa obedece al derecho de justicia pronta y expedita tutelado por el numeral 17 de la constitución federal, el cual permite visualizar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte terminarán en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se observa en forma clara y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en específico que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, nunca se arribaría a una convicción diversa, pese a los elementos que allegaran las partes. Así lo obtengo de la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora, la demanda de amparo, escrito aclaratorio y constancias remitidas por la autoridad oficiante, me permiten determinar que los únicos actos reclamados corresponden a los siguientes: El auto de vinculación a proceso de uno de abril de dos mil diecinueve y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada en la misma fecha; con motivo de estos el quejoso destacó la omisión de la responsable de garantizar una adecuada defensa al haber emitido dichas determinaciones, lo cual se analizaría en caso de estudiar el fondo de las dos determinaciones reclamadas. En ese contexto, respecto de los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ambos de uno de abril de dos mil diecinueve, estimo actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV , del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Es así, porque tú **, omitiste solicitar la protección federal contra los actos reclamados dentro de los plazos legales establecidos en la propia legislación. Para demostrarlo, te explico, la primera parte del numeral 17 de la ley de la materia, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, a computarse bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Las hipótesis de excepción al plazo de quince días referido corresponden a: a). Si se reclama una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Si se reclama la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Si los actos impactan núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Si se impugnan actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, al presentarse la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo actualización de una excepción de las fracciones comentadas. Pero de inicio, en el presente asunto no nos encontramos ante un acto de excepción, porque tus actos reclamados -auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa- resultan ajenos a alguna norma autoaplicativa o procedimiento de extradición, tampoco tienen relación con alguna sentencia condenatoria en un proceso penal donde exista pena de prisión; impacte núcleos de población ejidal o comunal o bien se trate de actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Con lo cual afirmo que la demanda de amparo fue promovida fuera de los quince días para ello, como se verá más adelante, por ende la causa de improcedencia invocada. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción ., inclusive al reclamarse actos privativos de la libertad como los reclamados en esta vía de amparo -la vinculación a proceso y la imposición de medida cautelar de prisión preventiva-. Esa medida legislativa, relativa al plazo genérico de quince días para actos privativos de la libertad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales a fin de garantizar una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, el sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, por ello resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Es más, la propia Ley de Amparo bajo la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de quince días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. Por ello el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el plazo de quince días como suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la constitución no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal como los relativos al auto de vinculación a proceso y a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Tiene aplicación a los argumentos anteriores la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA . En este caso, **, el uno de abril del dos mil diecinueve se te tuvo notificado en la propia audiencia, de las determinaciones correspondientes al auto de vinculación a proceso dictado en tu contra y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tal como se advierte de tu escrito aclaratorio así como del oficio remitido por la autoridad oficiante y el disco versátil digital remitido en su apoyo. Por lo que todos ellos constituyen datos suficientes para establecer que los actos reclamados te fueron notificados en audiencia de uno de abril de dos mil diecinueve, por lo que el cómputo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debió realizarse con la fecha de celebración de la referida audiencia y desde esa fecha estabas en plenitud de impugnarlos dentro de los quince días hábiles siguientes. De tal forma, si la fecha de emisión y notificación del acto reclamado aconteció el uno de abril de dos mil diecinueve, por ende, el plazo de quince días para promover el presente juicio de amparo transcurrió del tres al veintiséis de abril de dos mil diecinueve, de cuyo lapso deben descontarse los días seis, siete, trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de abril del año en curso por haber sido inhábiles. Entonces, si la demanda de amparo la presentaste hasta el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2); tal circunstancia hace evidente la presentación extemporánea de tu demanda de amparo, al promover el juicio constitucional fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia. Entonces reitero, en el caso, se actualiza la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debo estimar consentidas de forma tácita las determinaciones reclamadas. Sobre todo, porque considerar la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. En conclusión establezco: los actos reclamados encuentran la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, pues la demanda se promovió cuando ya había fenecido el plazo de quince días establecido en el artículo 17, máxime que los actos reclamados resultan ajenos a los supuestos de excepción previstos en éste, inclusive al constituir actos privativos de la libertad dentro del procedimiento. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, relacionado con la fracción XIV del diverso 61, se desecha de plano la demanda de amparo que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En consecuencia, ordeno realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, hago notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS".
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A QUEJOSO SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE RESOLUCIÓN DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO CUAL SE NOTIFICA DICHA RESOLUCIÓN, QUE DICE: Ordeno agregar el oficio y escrito de cuenta el primero signado por la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla y el segundo signado por el quejoso **. En el oficio de cuenta, la autoridad oficiante, en cumplimiento al auto que previno la demanda de amparo de dieciocho de julio del año en curso, refiere que el quejoso ** fue vinculado a proceso en audiencia de uno de abril de dos mil diecinueve, por el delito de robo de vehículo agravado, y a quien, en la misma fecha le fue impuesta como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, con vigencia de todo el tiempo que dure el procedimiento sin que deba exceder de dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa; además indicó que el quejoso fue ingresado al Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, desde el momento en que se resolvió su situación jurídica a la fecha. En apoyo a dicho oficio, adjuntó un disco versátil digital con registro de audio y video, que contiene la audiencia de uno de abril del año en curso. Por otra parte, del escrito del quejoso **, se desprende el cumplimiento al proveído de dieciocho de julio del año en curso, al manifestar bajo protesta de decir verdad que las diversas etapas de la audiencia inicial (control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y el acuerdo del plazo de investigación complementaria) se desarrollaron en una misma audiencia de fecha uno de abril de dos mil diecinueve. Por lo que tengo cumplido el requerimiento de dieciocho de julio de dos mil diecinueve formulado a la autoridad responsable y por desahogada la prevención formulada al quejoso, por lo que procedo a emitir el pronunciamiento de ley para la demanda y escrito que la aclaró. De entrada, invoco el artículo 113 de la Ley de Amparo , porque establece que el juzgado de amparo examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Esa previsión legislativa obedece al derecho de justicia pronta y expedita tutelado por el numeral 17 de la constitución federal, el cual permite visualizar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte terminarán en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se observa en forma clara y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en específico que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, nunca se arribaría a una convicción diversa, pese a los elementos que allegaran las partes. Así lo obtengo de la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" . Ahora, la demanda de amparo, escrito aclaratorio y constancias remitidas por la autoridad oficiante, me permiten determinar que los únicos actos reclamados corresponden a los siguientes: El auto de vinculación a proceso de uno de abril de dos mil diecinueve y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dictada en la misma fecha; con motivo de estos el quejoso destacó la omisión de la responsable de garantizar una adecuada defensa al haber emitido dichas determinaciones, lo cual se analizaría en caso de estudiar el fondo de las dos determinaciones reclamadas. En ese contexto, respecto de los actos reclamados consistentes en el auto de vinculación a proceso e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ambos de uno de abril de dos mil diecinueve, estimo actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV , del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Es así, porque tú **, omitiste solicitar la protección federal contra los actos reclamados dentro de los plazos legales establecidos en la propia legislación. Para demostrarlo, te explico, la primera parte del numeral 17 de la ley de la materia, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, a computarse bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Las hipótesis de excepción al plazo de quince días referido corresponden a: a). Si se reclama una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Si se reclama la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Si los actos impactan núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Si se impugnan actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, al presentarse la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo actualización de una excepción de las fracciones comentadas. Pero de inicio, en el presente asunto no nos encontramos ante un acto de excepción, porque tus actos reclamados -auto de vinculación a proceso y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa- resultan ajenos a alguna norma autoaplicativa o procedimiento de extradición, tampoco tienen relación con alguna sentencia condenatoria en un proceso penal donde exista pena de prisión; impacte núcleos de población ejidal o comunal o bien se trate de actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Con lo cual afirmo que la demanda de amparo fue promovida fuera de los quince días para ello, como se verá más adelante, por ende la causa de improcedencia invocada. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción ., inclusive al reclamarse actos privativos de la libertad como los reclamados en esta vía de amparo -la vinculación a proceso y la imposición de medida cautelar de prisión preventiva-. Esa medida legislativa, relativa al plazo genérico de quince días para actos privativos de la libertad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales a fin de garantizar una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, el sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, por ello resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Es más, la propia Ley de Amparo bajo la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de quince días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. Por ello el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado el plazo de quince días como suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la constitución no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal como los relativos al auto de vinculación a proceso y a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Tiene aplicación a los argumentos anteriores la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA . En este caso, **, el uno de abril del dos mil diecinueve se te tuvo notificado en la propia audiencia, de las determinaciones correspondientes al auto de vinculación a proceso dictado en tu contra y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tal como se advierte de tu escrito aclaratorio así como del oficio remitido por la autoridad oficiante y el disco versátil digital remitido en su apoyo. Por lo que todos ellos constituyen datos suficientes para establecer que los actos reclamados te fueron notificados en audiencia de uno de abril de dos mil diecinueve, por lo que el cómputo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debió realizarse con la fecha de celebración de la referida audiencia y desde esa fecha estabas en plenitud de impugnarlos dentro de los quince días hábiles siguientes. De tal forma, si la fecha de emisión y notificación del acto reclamado aconteció el uno de abril de dos mil diecinueve, por ende, el plazo de quince días para promover el presente juicio de amparo transcurrió del tres al veintiséis de abril de dos mil diecinueve, de cuyo lapso deben descontarse los días seis, siete, trece, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de abril del año en curso por haber sido inhábiles. Entonces, si la demanda de amparo la presentaste hasta el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2); tal circunstancia hace evidente la presentación extemporánea de tu demanda de amparo, al promover el juicio constitucional fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia. Entonces reitero, en el caso, se actualiza la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debo estimar consentidas de forma tácita las determinaciones reclamadas. Sobre todo, porque considerar la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. En conclusión establezco: los actos reclamados encuentran la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, pues la demanda se promovió cuando ya había fenecido el plazo de quince días establecido en el artículo 17, máxime que los actos reclamados resultan ajenos a los supuestos de excepción previstos en éste, inclusive al constituir actos privativos de la libertad dentro del procedimiento. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, relacionado con la fracción XIV del diverso 61, se desecha de plano la demanda de amparo que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. En consecuencia, ordeno realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, hago notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS".
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