Daniel Martinez Mancilla
Expediente 1053/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Daniel Martinez Mancilla
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1053/2020 Puebla, Puebla, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido, por lo tanto se ordena su archivo. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b)2, del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1053/2020-III Puebla, Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio1 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-22-, que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos generales relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales, Así, mediante el Acuerdo General 21/20204 (reformado por el diverso 25/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte y hasta el quince de enero de dos mil veintiuno-. Sin embargo, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte -comunicada mediante la circular CAP/3/2020-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Con base en dicho acuerdo, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno-. Reanudación de plazos. Luego, en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/1/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno -en el sexto circuito y otros- retoma vigencia el esquema de operación previsto en el Acuerdo General 21/2020 (y el diverso 25/2020 que lo modificó) Por consiguiente, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar el auto de desechamiento. Visto el estado procesal del juicio, se advierte que el auto de desechamiento de la demanda de amparo fue dictado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Además, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que aún no transcurre el plazo de cinco días con los que cuenta la parte quejosa para impugnar dicho proveído, pues éste le fue notificado por listas el dieciocho de diciembre siguiente en tanto que la suspensión de plazos inició el veintiuno del mismo mes y año. Por tanto, se informa a la parte quejosa que los cinco días con los que cuenta para interponer recurso de queja en contra del aludido auto de desechamiento, correrán a partir del trece de los corrientes y hasta el diecinueve de enero próximo, pues en esta data surtirá efectos la aludida notificación. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020, por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". Sin embargo, en atención a lo determinado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de once de enero de dos mil veintiuno -comunicado mediante la circular SECNO/2/2021-, dichas citas podrán programarse a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II5, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo debe notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista al quejoso, dado que no contiene algún requerimiento. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1053/2020-III. Puebla, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Formación de expediente Se recibe la demanda de amparo (en su versión digitalizada) promovida por ******, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador encargado de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales de la Ciudad de Puebla, Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Empero, debe tenerse en cuenta que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no puede implicar la restricción de la libertad de la parte quejosa cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación. Por otra parte, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impone al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con la orden de presentación, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, pues al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, sino que corresponde a un acto de investigación, pues todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una investigación, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Misma situación ocurre en relación a la orden de detención, ello es así, porque al comparecer ante el agente ministerial, derivado del cumplimiento de dicha orden, es con el fin de que en su caso, declare dentro de una indagatoria, empero no tiene como propósito lograr su detención, sino que el quejoso acuda ante la autoridad ministerial a declarar y, una vez finalizada la diligencia que motiva su presencia, pueda retirarse libremente del lugar para que regrese a sus actividades cotidianas. Pues en el caso no se trata de una orden de detención, por notoria urgencia, previamente emitida por el Ministerio Público, en los términos constitucionalmente previstos, pues dicha orden de detención reclamada solo se comprende dentro de las detenciones ordenadas por autoridades administrativas en la integración de carpetas de investigación o averiguaciones previas. Por tanto, resulta evidente que respecto del acto reclamado, opera una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo3. Máxime que la regulación de la orden de presentación traducida en un acto de investigación por parte de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales4 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación de la persona investigada incluso ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Audiencia en la cual podrá ser o no vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, el acto consistente en la orden de presentación o detención, así como la ejecución de la misma, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Además, no pasa desapercibido por este órgano de control constitucional que la parte quejosa manifestó en la demanda de amparo que la privación de la libertad (detención) que reclama a la autoridad ministerial pudiera deberse a la realización de una investigación en su contra. Entonces, si se pretendiera recabar su declaración y/o entrevista en la indagatoria respectiva de conformidad con lo dispuesto por los artículo 215 y 218, tercer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra ese acto también deviene improcedente el juicio de amparo; pues, únicamente se trata de un aviso para que comparezca a realizar un acto de investigación, es decir, no ha ocasionado ni tiene inminente afectación de los derechos fundamentales de aquel; entonces, no puede considerarse que afecta su derecho de libertad; ello, porque aun cuando contuviese algún apercibimiento de que, de no presentarse, se empleará el auxilio de la fuerza pública, pues esa determinación sería futura y de realización incierta, pues dependería enteramente de la conducta que tenga el quejoso respecto de esa citación. Cabe precisar que, similares consideraciones fueron vertidas en el recurso de queja 87/2020, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. En apoyo a lo considerado, por analogía se invoca la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 180028, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Asimismo, tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia I.2o.P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo respecto del acto consistente en la orden de privación de la libertad (detención) con fines de ser presentado ante el agente del Ministerio Público responsable, así como su ejecución, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia; una vez termine la situación de contingencia generada por el virus COVID- 19. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, las listas de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, quedan autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres Aurelio Martínez Rosales, Jaime Gasca Aranda, Sulikey Conde Lechuga y Gregorio Salvador Tolentino porque el quejoso omitió conferirles, de forma textual, las facultades amplias previstas en el referido numeral. Comunicación con las partes. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y, a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de tres días proporcione un número de teléfono y correo electrónico por medio del cual pueda ser contactado. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. , procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese; en forma personal al quejoso (por lista) y cúmplase.
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