Damián Díaz Sánchez
Expediente 849/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Damián Díaz Sánchez
Actuaciones
- Principal
En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo en vigor, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el doce de julio de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Damián Díaz Sánchez y Emilia Sánchez del Río, en contra de actos reclamados a la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, las documentales que remitió junto con la demanda interpuesta por la parte quejosa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad, consistente en los autos originales del proceso penal 13/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y toca penal 272/2015 del índice de la responsable, toda vez que resultan innecesarias en el presente juicio. Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a doce de julio de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de siete de julio de dos mil dieciséis, y al efecto remite a este Juzgado los autos originales del amparo directo penal 648/2016-3 de su índice, así como dos legajos de pruebas consistentes en los autos originales del proceso penal 13/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas y toca penal 272/2015 del índice de la Sala Segunda Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, y copia cotejada del escrito de seis de mayo del presente año, firmado por Damián Díaz Sánchez y Emilia Sánchez del Río, por el cual adjuntan demanda de amparo directo contra la resolución dictada en el toca penal 272/2015; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del referido comunicado de cuenta, se advierte que la superioridad se declaró incompetente para conocer de dicho asunto, virtud a que el acto reclamado consiste en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el toca penal 272/2015, en la que confirmó la resolución emitida por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García, Zacatecas, en la cual negó la orden de aprehensión solicitada contra Victoriano Díaz Félix, Eduardo Hernández Carrillo, Jesús Granado Sánchez, Carlos Chávez de los Santos, Guillermo Suárez Marín, J. Refugio Martínez Granado, Alejandro de los Santos García y Genaro Suárez Marín, por no haberse demostrado el cuerpo del delito de despojo de bien inmueble en agravio de los aquí quejosos Damián Díaz Sánchez y Emilia Sánchez del Río. Lo anterior, por ser actos que se dictaron durante la tramitación de la causa penal, por tanto, en la especie no se actualizó la procedencia del juicio de amparo directo, toda vez que conforme en el artículo 170 de la Ley de Amparo, ello sólo acontece en contra de las resoluciones definitivas, entendiéndose que tienen ese carácter aquellas que ponen fin al juicio en lo principal, o de aquellos autos que sin decidirlo lo den por concluido, sin contemplar los actos realizados dentro o después de concluido el juicio, por ende, la procedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con el numera 107, fracción IV, de la citada ley, resultó la legal incompetencia de ese Tribunal Colegiado de Circuito, para conocer del asunto en amparo directo; luego, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, acepta la competencia declinada, ya que, como fuera expuesto, el acto que se reclama no constituye una sentencia definitiva y, por ende, se debe conocer en vía de amparo indirecto, asimismo se asume el conocimiento de la citada demanda; hágase la anterior circunstancia del conocimiento del referido Tribunal Federal para los efectos legales procedentes. En tales condiciones y vista la demanda promovida por Damián Díaz Sánchez y Emilia Sánchez del Río, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, y Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por considerar que los actos que se le reclama son violatorios en sus perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14,16, 17 y 20, de la Constitución General de la República; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 849/2016-4 que por su orden le corresponde; y en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando la Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo genérico de quince días que para promover el juicio de amparo señala el numeral 17 de esa propia legislación, se computará: A). A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y B). A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del citado artículo 17, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso a estudio se actualiza la hipótesis que se indica en el inciso A), es decir, la que se refiere a que el plazo para instar la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama. En efecto, de la demanda de estudio se advierte que los quejosos reclaman la resolución dictada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Estado dentro del toca penal 272/2015, el treinta y uno de agosto de dos mil quince, a través de la cual se confirmó el auto de veinticinco de junio de dos mil quince, dictado en el proceso penal 13/2015, mediante el cual el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, negó girar orden de aprehensión contra Victoriano Díaz Félix, Eduardo Hernández Carrillo, Jesús Granado Sánchez, Carlos Chávez de los Santos, Guillermo Suárez Marín, J. Refugio Martínez Granado, Alejandro de los Santos García y Genaro Suárez Marín, por no demostrarse el cuerpo del delito de despojo de bien inmueble en agravio de los aquí quejosos Damián Díaz Sánchez y Emilia Sánchez del Río. Ahora bien, de las constancias que integran el toca penal 272/2015 que remite la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se advierte que la resolución de donde emana el acto reclamado, fue notificada a la ofendida Emilia Sánchez del Río, el tres de septiembre de dos mil quince, por medio de cédula que se fijó y publicó en los estrados de dicha sala. Por su parte, el diverso ofendido Damián Díaz Sánchez, fue notificado de la citada resolución por medio de cédula que se dejó en poder de Susana Hernández Arellano, en el domicilio que señaló para tal efecto, el siete de septiembre de dos mil quince. Hechos que son corroborados con la certificación levantada por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el cuatro del mes y año en curso, de donde se advierte que efectivamente los ofendidos aquí quejosos Emilia Sánchez del Río y Damián Díaz Sánchez, fueron debidamente notificados de la resolución reclamada el tres y siete de septiembre de dos mil quince, respectivamente, al tenor de las actuaciones actuariales levantadas en esas propias fechas por la oficial notificadora adscrita a la Sala responsable, y que obran dentro del cuaderno de pruebas remitido por la referida responsable. Igualmente, de la certificación en comento, se desprende que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos del seis de mayo de la presente anualidad, situación que se confirma con el sello y folio de recibido que obra en el escrito inicial de demanda. Conforme a lo anterior, es evidente que los quejosos tuvieron conocimiento del acto que ahora reclaman desde el tres y siete de septiembre de dos mil quince; luego, partiendo de la indicada fecha, al seis de mayo del año en curso, en que se presentó la demanda que ahora se acuerda, en la Oficina de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, según se advierte del sello de recepción respectivo que obra en dicho libelo, resulta indiscutible que transcurrió en exceso el término de quince días que para promover el juicio establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo que pone de relieve que los quejosos consintieron el acto que reclaman y, por ende, resulta extemporánea su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 14, publicada en la página 11 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo los actos del orden común y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Sin que pase inadvertido acotar que en el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones que establecen las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, las cuales consignan: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, de la Ley de Amparo vigente, con apoyo en el diverso 113, se desecha de plano la demanda. Por otra parte, se tienen como autorizados de los quejosos en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Hugo Maravilla Correa y Luis Gerardo Campos Rodríguez, toda vez que cuentan con sus cédulas profesionales 2065049 y 8987062 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por no acreditar el anterior requisito se tienen únicamente para oír y recibir notificaciones a los licenciados Tony de Marco Ramírez Romero, José Pedro Enrique Herrera Hernández, Mario Salazar Macías María Belem del Billar Ramírez y Carolina Ramírez Romero y como domicilio para tal efecto, el ubicado en calle Valentín Gómez Farías número ciento veinte (120), colona C.N.O.P. de esta ciudad. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo vigente, se instruye a la Secretaria respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada ISAURA ROMERO MENA, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Josué
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