Dalena Armenteros Garnier
Expediente 480/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Dalena Armenteros Garnier
- Director del Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
El trece de septiembre de dos mil veintidós, el suscrito Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifico que: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dieciocho al veintinueve de julio del año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión en el que por una parte se negó la suspensión definitiva y por otra se declaró sin materia el mismo; sin embargo, no se exhibió billete de depósito; No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio en la que se sobreseyó en el presente asunto; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la suspensión de plano, el presente asunto debe considerarse como DEPURABLE. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. De conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Luis. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo 480/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa con Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a las constancias que obran en los autos; demanda de amparo, informes relativos a la suspensión de plano concedida en autos y los justificados rendidos por las autoridades responsables; así como, las demás constancias que obran en los presentes autos Asimismo, se hace constar que mediante proveído de siete de abril del año en curso, se tuvieron como inexistentes a las responsables que la quejosa denominó como director del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas y Estación Migratoria de dicho Instituto. A lo anterior, el juez provee: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes y por asentada la anterior circunstancia. En el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con las pruebas que remitió la responsable Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, junto con su oficio con folio 5787, recibido en auto de once de marzo de dos mil veintidós, las que ofreció la parte quejosa con su escrito con folio 6970, recibido en auto de cinco de abril del año en curso, las allegadas por el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídico de la Secretaria de Gobernación en representación del Presidente de la Republica, con su oficio con folio 8425, recibido en proveído de veintiuno de abril del año en curso. Por último, las que ofreció el jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, recibido en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós. A lo que el juez dispone: con fundamento en el artículo 119, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas como pruebas de su parte las citadas documentales, mismas que dada su propia y especial naturaleza se admiten y desahogan. En el periodo de alegatos: la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el juez dispone: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se cierra dicho periodo y se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos. Al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se ordena se proceda a dictar la resolución respectiva conste. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 480/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de marzo del año en curso, Dalena Armenteros Garnier, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: "III. Autoridades responsables: a) Director del Instituto Nacional de Migración (.). b) Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (.). c) Comisionado del Instituto Nacional de Migración. d) Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. e) Director de Resoluciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración. f) Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración (.). g) Comandante en Jefe de la Guardia Nacional. h) Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. i) Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. j) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. "ACTOS RECLAMADOS: PRIMER ACTO RECLAMADO. De las autoridades señaladas en los inciso a), b), c), d), e), f) y g), la PRIVACIÓN ARBRITRARIA E ILEGAL DEL SUSCRITO QUEJOSO MIGRANTE en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Secretaría de Salubridad y Asistencia #18, Zona Industrial, parque Industrial, 98605, Guadalupe, Zac. La Ilegal detención y alojamiento forzado en la Estación Migratoria Mencionada, así como la Amenaza de Deportarme a mi país de origen: SEGUNDO ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada en el inciso g) la orden de aprehensión o detención que en su caso sea ordenada a cargo del suscrito, ilegal búsqueda, localización presentación y comparecencia forzosa así como la privación ilegal de la libertad, sujetándome a incomunicaciones, vejaciones y malos tratos, que pretenden realizar en mi persona, violación a mi derecho de libertad de transitar, actos de molestia, intento de deportar, asegurar, detener y privar de la libertad personal fuera de procedimiento; limitación y/o restricción al derecho de tránsito o libertad deambulatorio, por parte de personal del Instituto Nacional de Migración a través de la Guardia Nacional. TERCERO ACTO RECLAMADO: de las autoridades señaladas en los incisos a), b), c), d), e) y f), la omisión de autorizar la internación al país del quejoso solicitante de la condición de refugio ante su manifestación de necesidad de protección internacional, omitir dar aviso inmediato a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados sobre la necesidad de registro y tramitación de la solicitud del quejoso como solicitante de la condición de refugiado, así como la omisión de la obligación de garantizar el contacto del quejoso con la COMAR para efectos de formalizar su solicitud de acilo, no obstante de así habérselos solicitado verbalmente cuando fui cuestionado; CUARTO ACTO RECLAMADO: respecto de las autoridades señaladas en los inciso h), i) y j), la discusión, aprobación y emisión de los artículos 99, 100, 101, mismos que regulan la presentación de extranjeros en estaciones migratorias para su privación de libertad en ausencia de garantías indispensables frente a toda privación de liberta, principalmente, la falta de control de la detención, así como la privación de mi garantía de libertad de tránsito, derechos de los cuales debo gozar como cualquier Mexicano, según el artículo primero Constitucional". SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda fue presentada el siete de marzo del año en curso, se turnó para su conocimiento a este Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, en esa propia fecha, se concedió la suspensión de plano y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimentos. Seguido el juicio por sus trámites legales, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por actos reclamados a las autoridades que residen en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, quedaron establecidos en el resultando primero de la presente resolución. TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables Fiscalía General de la República en el estado de Zacatecas, Comisionado, Director General de Control y Verificación Migratoria y Director de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, todas del Instituto Nacional de Migración, y comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados; y la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, y sin prueba en contrario eficiente e idónea aportada por el impetrante del amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO A DICHAS RESPONSABLES, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por los actos y autoridades precisados. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente de la República, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, aceptaron la existencia del acto que se les atribuye. Además, la existencia de la disposición legal combatida se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba, al tratarse de una norma general publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". También es cierto el acto reclamado a la diversa responsable titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas (denominación correcta), pues no obstante que expresamente lo negó, a continuación realizó manifestaciones que evidencian su certeza. Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. QUINTO. Causas de improcedencia. Ahora bien, respecto al acto reclamado a la responsable titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, una vez impuesto este juzgador de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En efecto, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Dalena Armenteros Garnier, reclamó (i) su detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, (ii) su retención en dichas oficinas migratorias. Sin que sea inadvertido que la quejosa también reclamó su "inminente" traslado o deportación; sin embargo, no ha lugar a tenerlos como actos reclamados, en atención a que atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que dichos actos fueron señalados por la quejosa como una posible consecuencia de su alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; por lo que no ha lugar a tenerlos como actos reclamados dentro del presente juicio de derechos fundamentales. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, con relación a los actos ya precisados, se advierte que el seis de abril del año en curso, la autoridad responsable permitió el egreso de la citada quejosa, con la única condición de acudir a firma los días y horas ahí precisados, a las instalaciones de la Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, con el fin de continuar con su procedimiento administrativo. Asimismo se le hizo del conocimiento que de incumplir con las condiciones fijadas para autorizar su egreso, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, tal como lo dispone el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. La documental anterior cuenta con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser un documento público suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por los quejosos, en razón a que el seis de abril de dos mil veintidós, ordenó el egreso de la quejosa Dalena Armenteros Garnier, a fin de que continuaran con el procedimiento administrativo que se le sigue, en libertad. Asimismo, el veinticinco de mayo de este año, el jefe de departamento de control migratorio del Instituto Nacional de Migración, delegación Estatal Zacatecas, puso fin al procedimiento migratorio instaurado en su contra, por los motivos ahí expresados. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fue Dalena Armenteros Garnier, egresada de las instalaciones de dicha delegación estatal; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a la amparista, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el seis de abril de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el siete de marzo del año en curso, inhabilitó los efectos de los actos reclamados; debe considerarse que han sido destruidos los efectos de los actos tildados de inconstitucionales en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención en dichas oficinas migratorias, si ésta ya fue puesta en libertad y, posteriormente, se dio por concluido el procedimiento administrativo correspondiente. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Atento a lo anterior, se SOBRESEE con relación a los actos reclamados por la quejosa precisados en esta determinación respecto al titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas. SEXTO. Sobreseimiento extensivo sobre constitucionalidad de leyes. En este punto resulta necesario precisar que tratándose de amparo contra leyes, cuando éstas se combaten con motivo de su primer acto de aplicación, de acuerdo a la técnica que para su estudio ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menester estudiar primero la procedencia contra el acto de aplicación con motivo del cual se ataque la legislación; tal como así se aprecia en la jurisprudencia 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.". En efecto, tratándose de amparo contra leyes cuando éstas se combaten con motivo de su primer acto de aplicación, de acuerdo a la técnica que para su estudio ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es menester estudiar primero la procedencia contra el acto de aplicación con motivo del cual se ataque la legislación. Así las cosas, al operar en este asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos de aplicación reclamados por la impetrante, en los términos apuntados en el considerando anterior, es inconcuso que de igual manera lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los artículos 99, 100, 101 de la Ley Nacional de Migración, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del, artículo 63, del ordenamiento legal en cita Son aplicables las tesis del tenor literal siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACIÓN. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." (Tipo: Aislada, Registro digital: 232028, Instancia: Pleno, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Dalena Armenteros Garnier, por los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables y por los motivos indicados en los considerandos tercero, quinto y sexto de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. E/I. Luis. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del catorce de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El treinta de junio de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción con folio 12990. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Comandante de la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México; con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el diverso numeral 9 de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que al efecto designa y como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su comunicado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe. I/Luis. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del uno de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Incidental
-... Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 128, 139, 138, 140 y relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se niega a Dalena Armenteros Garnier, la suspensión definitiva solicitada, por los motivos precisados en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se declara sin materia el incidente de suspensión solicitado por Dalena Armenteros Garnier, por lo expuesto en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese. ...
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