Dagoberto Trejo Chávez
Expediente 159/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Dagoberto Trejo Chávez
Actuaciones
- Principal
El doce de marzo de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del cinco al once de marzo del año en curso, sin contar los días nueve y diez por ser sábado y domingo, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del referido acuerdo, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Alicia
- Principal
CUENTA. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con el escrito registrado con el folio 2448. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de febrero de dos mi diecinueve. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Dagoberto Trejo Chávez, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones realizadas mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, por lo que al respecto se acuerda: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, en el caso en particular, el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: [.] a). Juez Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. b). Oficial notificador adscrito al juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. c). Comandante de la Policía Municipal de Morelos, Zacatecas. IV. ACTOS RECLAMADOS. a). De la autoridad responsable y ordenadora me permito señalar como acto reclamado el acuerdo o acuerdos que estén por girarse y que se hayan pronunciado dentro de los autos del expediente número: 298/2017, el cual contiene el JUICIO CIVIL ORDINARIO, promovido en mi contra por el Señor J. ISABEL GUTIÉRREZ Y OTRA, por diversas prestaciones Y EL CUAL SE ENCUENTRA EN Vía de trámite concretamente en fase probatoria, y el cual pude ser algún desalojo o en su caso particular alguna orden de desposesionarme de uno de los bienes que a la fecha tiene en posesión el suscrito, y de los cuales se me demandan por parte de los terceros interesados. Y a mayor abundamiento de mi dicho Cabe hacer especial mención que a la fecha dentro de la causa que emanan los actos reclamados no se ha emitido ninguna sentencia interlocutoria o en su defecto definitiva. Hasta donde se tiene conocimiento por parte del ahora quejoso. b). Y de la ejecutora la indebida ejecución que se trate de cumplimentar del acto pronunciado dentro de los autos del expediente de donde emana el acto reclamado. c). Así mismo se les reclama todas y cada una de las consecuencias legales que se deriven de tal acto que el ahora quejoso reclama por este medio. [.] Cabe destacar que de la demanda de derechos se advierte lo siguiente: Que el quejoso es parte demandada en el juicio civil ordinario reinvindicatorio 298/2017, promovido ante el juez Primero del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas por J. Isabel Gutiérrez Gutiérrez y Rosa María Gutiérrez Martín. Que dicho sumario se encuentra en vía de trámite concretamente en fase probatoria, esto es, que no se ha emitido sentencia definitiva. Asimismo, que el veinte de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso fue informado por unos vecinos de su domicilio que lo habían ido a buscar unas personas provenientes del Juzgado Primero del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y que los mismos regresarían el veinticinco siguiente para la práctica de una diligencia de carácter personal. También refiere que en dicho juzgado, tiene señalado domicilio para recibir notificaciones de cualquier índole. Asimismo, en su escrito aclaratorio señala bajo protesta de decir verdad que sí fue legalmente emplazado al juicio de origen, compareciendo al mismo. Precisado lo anterior, cabe señalar que a efecto de que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por el quejoso, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia. Debe decirse que las razones que fundamentan las causas de improcedencia obedecen, en general, a evitar un cúmulo de asuntos innecesarios, que no tendría objeto resolver sobre la violación alegada, pues a nada llevaría su estudio ya que no se podría arribar a la restitución que el quejoso pretende. Este juzgador, de oficio, advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Del último precepto se desprende que el juicio de amparo indirecto, entre otros supuestos, procede contra actos dictados dentro o fuera de juicio, cuando afecten a personas extrañas. Ahora, para que se considere a una persona como extraña a juicio, se requiere que no sea parte formal en el juicio natural y sufra una afectación en su esfera jurídica a consecuencia de ese procedimiento; o que siendo parte formal del juicio, no haya sido emplazado o que éste se hubiese realizado en forma diversa o en contravención a lo establecido en la ley y ello le hubiera provocado desconocer el juicio instado en su contra (persona extraña por equiparación). Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 196932, consultable en la página 56 del tomo VII, Enero de 1998, Jurisprudencia (Común), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Corolario con lo anterior, es pertinente precisar que la calidad de persona extraña por equiparación se puede perder, entre otros supuestos, cuando el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio que aduce desconocer antes de que se dicte sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En el caso, según se desprende de los antecedes narrados, el quejoso es demandado en el juicio civil ordinario reinvindicatorio número 298/2017, tramitado ante el Juzgado Primera de Primera Instancia del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, al cual compareció por haber sido emplazado, siendo que a la fecha de presentación de la presente demanda de derechos que dicho sumario se encuentra en vía de trámite concretamente en fase probatoria, esto es, que no se ha emitido sentencia definitiva; de ahí que claramente se logre apreciar que el demandante del amparo es sabedor del juicio 298/2017. En ese orden de ideas, si el juicio natural, se encuentra en trámite y el inconforme reclama una violación a sus derechos humanos de audiencia, defensa adecuada y legalidad, implica que antes de promover el amparo debe comparecer al sumario de origen, pues aún está en posibilidad de defenderse dentro del mismo juicio, incluso de inconformarse con el emplazamiento e incorporarse materialmente a la relación jurídica procesal en el asunto que se sigue en su contra, donde cuenta con la oportunidad de ejercer plenamente su derecho humano de audiencia. Como corolario, la presente instancia constitucional resulta improcedente, porque aún no se ha emitido la sentencia definitiva y el quejoso está en posibilidad de vincularse al contradictorio natural, donde si es su deseo, tratándose de la nulidad del emplazamiento podrá reclamarla en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, así como de interponer los medios de defensa ordinarios una vez que se emita la resolución que ponga fin al juicio, que por cierto de ser favorable a sus intereses quedaría evidenciado que las violaciones procesales que pudieran haberse cometido no le generaron afectación alguna a sus derechos sustantivos y por el contrario, en caso de no obtener un fallo acorde con sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el amparo directo que promueva en contra de la determinación conclusiva del juicio oral mercantil de origen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1617 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época, registro 2000293, con el rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, del mismo ordenamiento legal lo que procede es desechar la demanda promovida por Dagoberto Trejo Chavez. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Alicia
- Principal
CUENTA. El veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Dagoberto Trejo Chavez registrada con el folio 2307 y con siete copias que se adjuntan, La circunstancia de que se advierte un registro a nombre del licenciado Octavio Muñoz Aguilera, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Dagoberto Trejo Chavez, contra actos del juez Primero de primera Instancia del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 159/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, a la letra dice: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; Por su parte, el numeral 108, fracción V, de la ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;. De los preceptos transcritos se desprende que será motivo de prevención que la demanda de amparo indirecto no cumpla con los requisitos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, que exista alguna irregularidad en la demanda. Al respecto, el artículo 108 de la citada ley establece como requisitos entre otros, que se narren los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, en el caso en particular, el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: [.] a). Juez Primero de Primera Instancia del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. b). Oficial notificador adscrito al juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. c). Comandante de la Policía Municipal de Morelos, Zacatecas. IV. ACTOS RECLAMADOS. a). De la autoridad responsable y ordenadora me permito señalar como acto reclamado el acuerdo o acuerdos que estén por girarse y que se hayan pronunciado dentro de los autos del expediente número: 298/2017, el cual contiene el JUICIO CIVIL ORDINARIO, promovido en mi contra por el Señor J. ISABEL GUTIÉRREZ Y OTRA, por diversas prestaciones Y EL CUAL SE ENCUENTRA EN Vía de trámite concretamente en fase probatoria, y el cual pude ser algún desalojo o en su caso particular alguna orden de desposesionarme de uno de los bienes que a la fecha tiene en posesión el suscrito, y de los cuales se me demandan por parte de los terceros interesados. Y a mayor abundamiento de mi dicho Cabe hacer especial mención que a la fecha dentro de la causa que emanan los actos reclamados no se ha emitido ninguna sentencia interlocutoria o en su defecto definitiva. Hasta donde se tiene conocimiento por parte del ahora quejoso. b). Y de la ejecutora la indebida ejecución que se trate de cumplimentar del acto pronunciado dentro de los autos del expediente de donde emana el acto reclamado. c). Así mismo se les reclama todas y cada una de las consecuencias legales que se deriven de tal acto que el ahora quejoso reclama por este medio. [.] Cabe destacar que de la demanda de derechos se advierte lo siguiente: Que el quejoso es parte demandada en el juicio civil ordinario reinvindicatorio 298/2017, promovido ante el juez Primero del distrito judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas por J. Isabel Gutiérrez Gutiérrez y Rosa María Gutiérrez Martín. Que dicho sumario se encuentra en vía de trámite concretamente en fase probatoria, esto es, que no se ha emitido sentencia definitiva, así como que en dicho juzgado, tiene señalado domicilio para recibir notificaciones de cualquier índole. Sin embargo, de la lectura del escrito de cuenta, no se logra advertir, si el quejoso fue emplazado o no al citado juicio civil ordinario reinvindicatorio 298/2017. REQUERIMIENTO. En consecuencia, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días, contado a partir de la legal notificación de este proveído bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise si fue emplazado, al juicio civil ordinario reinvindicatorio 298/2017, promovido por J. Isabel Gutiérrez Gutiérrez y Rosa María Gutiérrez Martín, y en caso de manifestar que no, señale si reclama la falta de emplazamiento al mismo. Asimismo, para el caso de haber sido emplazado al citado juicio 298/2017, indique si compareció al mismo. Exhiba una copia más del escrito de demanda, toda vez que únicamente exhibió siete y deben ser ocho, a saber: tres para cada una de las autoridades señaladas como responsables, dos para ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, dos más para agregar a los cuadernos relativos al incidente de suspensión y la última para darle intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón la Jurisprudencia siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE.- El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público. También de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, deberá exhibir ocho copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a cada una de las partes a saber: tres para cada una de las autoridades señaladas como responsables, dos para ordenar el emplazamiento de los terceros interesados, dos más para agregar a los cuadernos relativos al incidente de suspensión y la última para darle intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el presente juicio. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado solo para oír y recibir notificaciones a Octavio Muñoz Aguilera en atención a que no proporciona el número de cédula profesional, conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo; a efecto de verificar que se encuentre registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y así tener la certeza de que dicha persona tiene la calidad de autorizado en términos del ordenamiento legal invocado; por tanto, una vez que el prenombrado proporcione los datos correspondientes que acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, se acordará lo conducente a dicha representación y se tiene como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Coronado número ciento nueve (109) de la colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.
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