Dalila Pérez Trejo

Expediente 147/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
147/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
05/04/2017

Partes del expediente

  • Dalila Pérez Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En cinco de abril de dos mil diecisiete, la Secretaria da cuenta a la Juez con lo siguiente: El oficio registrado con el número 4669 y anexo que se acompaña. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que existen documentos originales para devolver a la promovente del amparo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cinco de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el treinta de marzo del año en curso, dictada al resolver el recurso de queja administrativa 30/2017-5; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la promovente del amparo Dalila Pérez Trejo, por conducto de su autorizado legal, contra el auto de diecisiete de febrero de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de derechos promovida, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras autoridades. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, al no ser de relevancia documental, es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, tomando con consideración que en el expediente en que se actúa obra agregado un documento original que fue exhibido con la demanda con que se formó el presente expediente, por tanto, requiérase a la quejosa para que en el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a este juzgado debidamente identificada con documento idóneo que permita su identificación, a fin de que recoja el documento de que se habla; apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, dicho documento seguirá la suerte del expediente. PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Karla.

  2. Principal

    En ocho de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña, da cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el folio 3209. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de marzo de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el que se transcribe el auto de seis de los actuales, emitido en el expediente relativo al amparo en queja administrativa 30/2017-5 del índice del órgano colegiado al que se encuentra adscrito, de cuyo contenido se advierte que el recurso de queja interpuesto por la quejosa Dalila Pérez Trejo, en contra del auto de diecisiete de febrero del año en curso, dictado por éste órgano de control constitucional; se admitió y quedó registrado bajo el consecutivo antes mencionado; en tal virtud, se ordena agregar al presente cuaderno de antecedentes la comunicación de cuenta, para que surta los efectos legales conducentes, y se toma nota de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña, que autoriza. Doy fe. Ángeles

  3. Principal

    En uno de marzo de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña, da cuenta a la Juez con un escrito registrado bajo el folio 2791 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito presentado por José Alberto Zárate Juárez, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo de la quejosa Dalila Pérez Trejo; en atención al contenido del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 y relativos de la 0 de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer en contra de la resolución de diecisiete de febrero del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió la resolución impugnada, en los términos que en el informe justificado se precisan, y con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de lo actuado en el presente expediente para apoyar el contenido de dicho informe. Dentro del término legal remítase testimonio certificado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para la substanciación del mencionado recurso, en la inteligencia de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, Secretaria que autoriza. Doy fe. Ángeles

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Visto el escrito signado por la quejosa Dalila Pérez Trejo, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de trece de febrero del año en curso y al efecto informa, bajo protesta de decir verdad, que en esta instancia constitucional, esencialmente, reclama lo siguiente: Del Congreso del Estado de Zacatecas, se reclaman la discusión, aprobación, sanción y expedición de los artículos contenidos en los siguientes decretos: El decreto 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual reforma, deroga y adiciona, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, contenidas en los artículos 78 al 82 relativos al Impuesto Adicional para la infraestructura; y 83 al 90 relativos al Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas; 99 relativo al Derecho de Control Vehicular y Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de dicha ley, relativos a dicho impuesto. El decreto 111 que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, específicamente, los artículos 1 (1.6.1 y 1.6.2), 2, 5, 7, Primero y Segundo Transitorios de ésta, relacionados con el Impuesto Adicional para la Infraestructura y el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, respectivamente. Además, exhibe las copias solicitadas de su escrito aclaratorio; por lo que se tiene cumplida la citada prevención. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto anterior establece la posibilidad de que la demanda de amparo se deseche cuando exista una causa manifiesta e indudable de sobreseimiento. En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia establece. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)" El precepto transcrito establece la procedencia del juicio de amparo contra normas generales. Para tal efecto, el citado normativo regula dos supuestos: I. El primero se actualiza cuando por su sola entrada en vigor una norma general causa un perjuicio, y puede reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entró en vigor, según lo previsto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo; y el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna hipótesis prevista en el aludido precepto. II. El segundo, cuando la afectación se ocasiona con motivo del primer acto de aplicación de la norma reclamada, y puede reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al del acto de aplicación. Esto es, que solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no con motivo de ulteriores aplicaciones. En concordancia con lo anterior, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la Ley de la Materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. En particular, en tratándose de normas generales, se entenderán consentidas éstas cuando siendo impugnables en amparo desde el inicio de su vigencia, no se hubiera promovido dicho medio de impugnación constitucional tampoco contra el primer acto de aplicación. De tal manera que, en todo caso, el consentimiento del acto de aplicación de una norma general conlleva el de ésta, pues desde ese momento se actualizan las hipótesis normativas respectivas. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen en tres supuestos: I. En la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado. II. En la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal (el pago del tributo). III. En la actuación de un particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución. Al respecto sirve de apoyo la tesis jurisprudencial P./J. 67/97, visible en la página 84 del Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que versa: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 169 de los Volúmenes 205-216, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra se lee: "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en el dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." Por tanto, en tratándose de normas generales en materia tributaria, debe tenerse como primer acto de aplicación de éstas, el pago realizado por los particulares, al tratarse de la obligación fiscal principal a su cargo, lo que implica la actualización del mecanismo tributario previsto en aquéllas. En ese contexto, los artículos 78 a 90 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, establecen: CAPÍTULO SÉPTIMO Otros Impuestos SECCIÓN I Del Impuesto Adicional para la Infraestructura DEL OBJETO ARTÍCULO 78. El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 79. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes que deban realizar los pagos señalados en el artículo anterior. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 80. La base de este impuesto, la constituirá el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta Ley. DELA TASA ARTÍCULO 81. El impuesto se determinará aplicando a la base gravable que establece el artículo anterior, la tasa del 30%. DEL PAGO ARTÍCULO 82. El pago de este impuesto, se realizará conjuntamente y en el momento en que deban efectuarse los pagos relativos al Derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley. Los sujetos de este impuesto efectuarán su pago en la oficina recaudadora correspondiente y en las Instituciones Bancarias o en los medios que la Secretaría tenga autorizados. SECCIÓN II Del Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas DEL OBJETO ARTÍCULO 83. Es objeto de este impuesto, las cantidades que cobre el Estado por las contribuciones previstas en esta Ley. DEL SUJETO ARTÍCULO 84. Son sujetos del impuesto, los contribuyentes afectos al pago de impuestos o derechos del Estado. DE LA BASE GRAVABLE ARTÍCULO 85. La base de este impuesto será el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales. DELA TASA ARTÍCULO 86. La tasa aplicable a la base de este impuesto será el 10%. DEL PAGO ARTÍCULO 87. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada, la tasa establecida en el artículo anterior. ARTÍCULO 88. El pago deberá hacerse al momento de enterar los impuestos o derechos correspondientes. ARTÍCULO 89. Este impuesto será destinado a la Universidad Autónoma de Zacatecas. DE LAS OBLIGACIONES ARTÍCULO 90. La Secretaria trasladará las cantidades que correspondan a este impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas, siempre que la misma se encuentre al corriente en el pago de las contribuciones que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones estatales. Si la Universidad Autónoma de Zacatecas, adeuda contribuciones estatales o por afectación a las participaciones del Estado, derivado de obligaciones convenidas por la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, la Secretaria podrá compensar oficiosamente la totalidad de las mismas con las cantidades que por este impuesto le correspondan a la Universidad Autónoma de Zacatecas. La diferencia que resulte a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas será entregada por la Secretaria. ARTÍCULO 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda, para: CONCEPTO IMPORTE a) Del año en curso.......................................................... ..$2,350.00 b) Con un año de antigüedad.................... $2,150.00 c) Con dos años de antigüedad.................. .$1,950.00 d) Con tres años de antigüedad...................$1,750.00 e) Con cuatro años de antigüedad .................$1,550.00 f) Con cinco y más años de antigüedad .............. $1 ,350.00 l. Vehículos de servicio público y particular: II. Remolques: ..... .. ........ ... ......... ... ....... ..... ..... ... $700.00 III. Motocicletas: ..................................... ..... ...... $400.00 Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo sefialado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la Hacienda Pública Estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado. Los preceptos anteriores regulan, respectivamente, los elementos de los mecanismos tributarios de los impuestos para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como el derecho de control vehicular, como tributos accesorios de las demás contribuciones previstas en la ley citada, ya que, en general, éstas constituyen la base gravable de aquéllos. En esta instancia constitucional, la parte quejosa reclama las disposiciones normativas referidas, con motivo del primer acto de aplicación, es decir, como una ley heteroaplicativa; esto, en conformidad con el hecho segundo de la demanda, ya que la amparista refiere que el pago las contribuciones que realizó el cinco de enero de dos mil diecisiete. En ese contexto, se advierte que la peticionaria de amparo, realizó el pago de las contribuciones en comento el cinco de enero de este año, lo que implica la existencia de un acto de aplicación de los preceptos que se combaten. Lo anterior se corrobora con el recibo fiscal exhibido con la demanda folio V8117981 (13), del que se advierte que el cinco de enero de dos mil diecisiete, la quejosa erogó las contribuciones reclamadas (adicional para infraestructura y adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como derecho de control vehicular), con motivo del pago del derecho por servicio de control vehicular. Lo expuesto implica la actualización de las hipótesis normativas referidas, pues se trata del pago de los impuestos combatidos respecto de contribuciones erogadas con posterioridad a la vigencia de la ley de hacienda reclamada (uno de enero de dos mil diecisiete, en términos del artículo primero transitorio de dicho ordenamiento); por tanto, es indudable que el pago realizado tuvo como sustento los artículos reclamados. En consecuencia, tal comprobante fiscal constituye el primer acto de aplicación de dichas disposiciones, dado que no existe constancia de que con anterioridad a éstos hubiera existido otro. De tal suerte que a partir del entero de las contribuciones anteriores se actualizaron los artículos reclamados en perjuicio de la quejosa; por lo que desde ese momento inició el cómputo del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto concreto de aplicación. Por tanto, es evidente que el plazo para impugnar los artículos reclamados inició el seis de enero de este año, al ser el día hábil siguiente al en que se realizó el pago respectivo, tomando en cuenta que éste envuelve el conocimiento fehaciente los artículos reclamados, al tratarse del cumplimiento de la obligación tributaria contenida en éstos; y concluyó el veintiséis de enero siguiente. De ahí que, al haberse promovido la demanda de amparo hasta el diez de febrero de la presente anualidad, es notorio que resulta extemporánea y, por ende, los preceptos controvertidos se encuentran consentidos. En conclusión, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Dalila Pérez Trejo en términos del artículo 113 de dicha legislación.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano