Dagoberto Sandoval Reyes
Expediente 539/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Dagoberto Sandoval Reyes
Actuaciones
- Principal
En veintitrés de mayo de dos mil veintidós, certifico: que en el libro de promociones de la Oficialía de Partes de este juzgado, no obra escrito alguno tendente a recurrir el auto pronunciado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Además, que el plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el proveído de referencia, transcurrió del cuatro al ocho de abril del presente año. Con la anterior certificación se da cuenta al juez, así como con el estado procesal de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja, el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
CUENTA. En veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Dagoberto Sandoval Reyes, registrada con el número de folio 7061 y anexos que se adjuntan. b) Con la circunstancia de que los licenciados Lucas Alberto López Soto (5146367), Pedro Antonio Reyes Florentino (8729914) y Alfonso Gurrola Pérez (2854025), si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así Isidro Rebollar Pérez Juan Roberto Mancera Sánchez, Luis Fernando Sanabria Martínez, Miguel Ángel Rojas Albavera, Edgar Omar Gordiano Ajuria. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Dagoberto Sandoval Reyes, contra actos de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 5°, 8°, 14, 16, 17 y 123 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 539/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable: Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas. Actos reclamados: "1. LA NULIDAD DEL OFICIO SE/DSICAMM/.-250/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, pues en el mismo se me informa que el pago de las funciones que desempeño y devengo no podrá ser validado, son que las razones expuestas tengan coherencia y mucho menos exista una debida motivación y fundamentación legal para tal actuar. 2. La omisión del pago del Concepto "KR", PAGO DEVENGADO DEL ESTIMULO POR DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA, MISMA UE SE PAGA BAJO EL CONCEPTO "KR", por la cantidad de $3,946.35 MENSUALES, lo anterior desde el 01 de septiembre de 2021 hasta la fecha y los que se sigan devengando y venciendo hasta que se regularice el pago de dicha prestación; lo cual me afecta en mis derechos fundamentales y humanos de protección al salario, así como también se traduce en afectaciones irreparables que sufro en mis ingresos, y a la subsistencia propia y de mi familia, pues se recalca que de manera ilegal y autoritaria la responsable ha omitido el pago del concepto KR, así como se agrava y pone y pone en riesgo cada vez más por el simple paso del tiempo del mantenimiento y efectos del acto reclamado sobre la subsistencia de mi persona y mi familia, pues se me está privando de la contraprestación consistente en salario por el trabajo prestado, en este caso el pago del estímulo por desempeñarme en la función de Asesoría Técnica pedagógica." DESECHAMIENTO Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Esto así fue dispuesto por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como último medio de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, toda vez que el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I del artículo 1 y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, interpretados este último en sentido inverso; en razón de que lo reclamado toralmente en este juicio de amparo no es un acto que provenga de una autoridad propiamente dicha para efectos del amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Ahora bien, partiendo del concepto de autoridad responsable que contiene el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene que tienen tal carácter aquéllas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Tal definición legal concuerda con el concepto establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, impresa en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro en IUS 199459, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En el mismo orden de ideas, debe decirse también que para determinar si las autoridades especificadas en la demanda tienen tal carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, es necesario hacer un análisis previo de la naturaleza del acto reclamado; y en ese sentido, del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas, y como acto reclamado, el oficio SE/DSICAMM/.-250/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se le informa que el pago por las funciones desempeñadas en materia de asesoría técnica pedagógica no podrá ser validado; y, como consecuencia de ello, la omisión del pago por concepto "KR". De lo antes transcrito, y de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte en esencia, que la promovente es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública del estado de Zacatecas, pues es docente en las plazas presupuestales 1103079915E076303.0350065, 1103079915E076301.0322004; 103079915E076301.0320092, 1103079915E076301.0322801 1103079915E076301.0322253, 1103079915E076322.0320039, 1103079915E076301.0321742, 1103079915E076301.0320655, 1103079915E076303.0350049, 1103079915E076301.0321090, 1103079915E076301.0320279. Asimismo, manifiesta el inconforme que el dos de marzo de dos mil veintidós, le fue notificada la resolución que constituye el acto reclamado, en la cual la autoridad responsable rescinde su relación laboral. Ahora, cabe precisar que el acto que se atribuye a la autoridad señalada con el carácter de responsable, consistente el oficio SE/DSICAMM/.-250/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se informa a la promovente que el pago por las funciones desempeñadas en materia de asesoría técnica pedagógica no podrá ser validado; y, como consecuencia de ello, la omisión del pago por concepto "KR", es de naturaleza laboral entre un trabajador de la educación y la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas. Lo anterior es así, pues no existe una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, el acto que reclama no es proveniente de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, ya que para realizar el acto precisado que señala como reclamado el inconforme, las autoridades actúan sin imperio, al no existir una relación de supra a subordinación, sino lo hacen en su calidad de patrón, pues de los antecedentes de su demanda antes sintetizados, se advierte la existencia de una relación laboral entre dicha quejoso en su carácter de docente y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas. Luego, si la relación del hoy quejoso y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas, resulta de naturaleza laboral, dicha situación impide a la quejosa acudir al juicio de amparo indirecto, sino debió ocurrir ante el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas a dirimir sus diferencias de trabajo, y así reclamar lo relativo a pago por concepto "KR" relativo a la función que dice desempeña como Asesora Técnica Pedagógica, quien es competente para resolver las controversias laborales que se susciten entre la administración pública estatal con sus empleados, tal como lo disponen los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas, que indica: "Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores. Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: I.- Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio. II.- Tribunal: El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. III.- Entidades públicas: los poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal. Artículo 3.- Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales." La disposición transcrita permite visualizar que el acto reclamado por la parte quejosa se circunscribe a la prestación de un servicio intelectual con motivo de la relación que mantiene con la autoridad, llamada Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, la cual actúa como patrón o empleador de aquél en términos de la Ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas. Lo anterior tiene sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, visible en la foja 369, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1996, Registro: 200595, de rubro y texto: "COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada Secretaría de Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del propio Estado, a dicho tribunal laboral le corresponde "conocer de los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores"; además, dicha Secretaría ejerce la función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, respectivamente. No es óbice para lo anterior que el artículo 8o. de la invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, excluya de su ámbito a los trabajadores de la educación, habida cuenta que la Legislatura Estatal no ha expedido las leyes especiales que refiere el precepto en comento, ni menos se ha instituido algún tribunal con atribuciones específicas para conocer de conflictos de esta índole". Así como la diversa tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de 1993, Registro: 207759, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. SUS DEMANDAS LABORALES DEBEN SER RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, MIENTRAS LA LEGISLATURA LOCAL EXPIDE LA LEY ESPECIFICA. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla regula las relaciones de trabajo entre dicha entidad y sus servidores, pero el artículo 8o. del citado ordenamiento excluye expresamente a los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública estatal, sin que se haya emitido el estatuto correspondiente. Por tanto como el Congreso del Estado de Puebla no ha cumplido cabalmente con el mandato establecido en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal pues no ha expedido la ley que regule las relaciones laborales entre la citada Secretaría de Educación Pública y sus empleados, debe establecerse que el Tribunal de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, es la autoridad a quien corresponde legalmente conocer de las demandas que formulan los empleados de la Secretaría de Educación Pública del propio Estado, pues conforme a los artículos 1o. y 82 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de esa entidad federativa, es a quien compete conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados". Tampoco es el caso de que se trate de un acto de particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, pues la autoridad señalada como responsable, actuó sin imperio, al no existir una relación de supra a subordinación, por tanto su relación fue sólo laboral, al carecer de facultades de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, tal y como lo dispone el último párrafo de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En esa tesitura, como se dijo, el acto reclamado no es de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por carecer de la nota distintiva de una relación de supra a subordinación con un particular, sino se trata de una relación laboral entre una trabajadora docente, de ahí que lo reclamado en esta sede constitucional no pueda considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 92, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 205876, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución. Asimismo, resulta aplicable por su contenido la tesis 2a. C/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 370, Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193612 de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción que surge de correlacionar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretados estos dos últimos en sentido inverso, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Dagoberto Sandoval Reyes, por su notoria y manifiesta improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Lucas Alberto López Soto (5146367), Pedro Antonio Reyes Florentino (8729914) y Alfonso Gurrola Pérez (2854025), quienes si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos de dicho precepto legal a Isidro Rebollar Pérez Juan Roberto Mancera Sánchez, Luis Fernando Sanabria Martínez, Miguel Ángel Rojas Albavera, Edgar Omar Gordiano Ajuria, por carecer de dicho requisito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito que se provee. Como lo solicita, en términos del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con los artículos 5 y 28 del acuerdo General Conjunto 21/2020 del propio Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "pedroareyes", la consulta del expediente electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Francisco Javier Castillo Bautista, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. En veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta con lo siguiente: a) Demanda de amparo promovida por Dagoberto Sandoval Reyes, registrada con el número de folio 7061 y anexos que se adjuntan. b) Con la circunstancia de que los licenciados Lucas Alberto López Soto (5146367), Pedro Antonio Reyes Florentino (8729914) y Alfonso Gurrola Pérez (2854025), si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así Isidro Rebollar Pérez Juan Roberto Mancera Sánchez, Luis Fernando Sanabria Martínez, Miguel Ángel Rojas Albavera, Edgar Omar Gordiano Ajuria. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Dagoberto Sandoval Reyes, contra actos de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 5, 8 14, 16, 17 y 123 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 539/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable: Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas. Actos reclamados: 1. LA NULIDAD DEL OFICIO SE/DSICAMM/.-250/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, pues en el mismo se me informa que el pago de las funciones que desempeño y devengo no podrá ser validado, son que las razones expuestas tengan coherencia y mucho menos exista una debida motivación y fundamentación legal para tal actuar. 2. La omisión del pago del Concepto KR, PAGO DEVENGADO DEL ESTIMULO POR DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA, MISMA UE SE PAGA BAJO EL CONCEPTO KR, por la cantidad de $3,946.35 MENSUALES, lo anterior desde el 01 de septiembre de 2021 hasta la fecha y los que se sigan devengando y venciendo hasta que se regularice el pago de dicha prestación; lo cual me afecta en mis derechos fundamentales y humanos de protección al salario, así como también se traduce en afectaciones irreparables que sufro en mis ingresos, y a la subsistencia propia y de mi familia, pues se recalca que de manera ilegal y autoritaria la responsable ha omitido el pago del concepto KR, así como se agrava y pone y pone en riesgo cada vez más por el simple paso del tiempo del mantenimiento y efectos del acto reclamado sobre la subsistencia de mi persona y mi familia, pues se me está privando de la contraprestación consistente en salario por el trabajo prestado, en este caso el pago del estímulo por desempeñarme en la función de Asesoría Técnica pedagógica. DESECHAMIENTO Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Esto así fue dispuesto por el legislador, tomando en consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como último medio de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales. En términos del numeral invocado, en el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de derechos, toda vez que el suscrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción I del artículo 1 y 5, fracción II, todos de la ley de la materia, interpretados este último en sentido inverso; en razón de que lo reclamado toralmente en este juicio de amparo no es un acto que provenga de una autoridad propiamente dicha para efectos del amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis, o bien de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, pues, se insiste, la improcedencia del juicio puede derivar de cualquier otra disposición de la ley fundamental o de la Ley de Amparo. Ahora bien, partiendo del concepto de autoridad responsable que contiene el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene que tienen tal carácter aquéllas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Tal definición legal concuerda con el concepto establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/97, impresa en la página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro en IUS 199459, cuyo rubro es: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En el mismo orden de ideas, debe decirse también que para determinar si las autoridades especificadas en la demanda tienen tal carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, es necesario hacer un análisis previo de la naturaleza del acto reclamado; y en ese sentido, del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas, y como acto reclamado, el oficio SE/DSICAMM/.-250/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se le informa que el pago por las funciones desempeñadas en materia de asesoría técnica pedagógica no podrá ser validado; y, como consecuencia de ello, la omisión del pago por concepto "KR". De lo antes transcrito, y de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se advierte en esencia, que la promovente es trabajadora de la Secretaría de Educación Pública del estado de Zacatecas, pues es docente en las plazas presupuestales 1103079915E076303.0350065, 1103079915E076301.0322004; 103079915E076301.0320092, 1103079915E076301.0322801 1103079915E076301.0322253, 1103079915E076322.0320039, 1103079915E076301.0321742, 1103079915E076301.0320655, 1103079915E076303.0350049, 1103079915E076301.0321090, 1103079915E076301.0320279. Asimismo, manifiesta el inconforme que el dos de marzo de dos mil veintidós, le fue notificada la resolución que constituye el acto reclamado, en la cual la autoridad responsable rescinde su relación laboral. Ahora, cabe precisar que el acto que se atribuye a la autoridad señalada con el carácter de responsable, consistente el oficio SE/DSICAMM/.-250/2022 de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se informa a la promovente que el pago por las funciones desempeñadas en materia de asesoría técnica pedagógica no podrá ser validado; y, como consecuencia de ello, la omisión del pago por concepto "KR", es de naturaleza laboral entre un trabajador de la educación y la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas. Lo anterior es así, pues no existe una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, el acto que reclama no es proveniente de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, ya que para realizar el acto precisado que señala como reclamado el inconforme, las autoridades actúan sin imperio, al no existir una relación de supra a subordinación, sino lo hacen en su calidad de patrón, pues de los antecedentes de su demanda antes sintetizados, se advierte la existencia de una relación laboral entre dicha quejoso en su carácter de docente y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas. Luego, si la relación del hoy quejoso y la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Zacatecas, resulta de naturaleza laboral, dicha situación impide a la quejosa acudir al juicio de amparo indirecto, sino debió ocurrir ante el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas a dirimir sus diferencias de trabajo, y así reclamar lo relativo a pago por concepto KR relativo a la función que dice desempeña como Asesora Técnica Pedagógica, quien es competente para resolver las controversias laborales que se susciten entre la administración pública estatal con sus empleados, tal como lo disponen los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas, que indica: Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores. Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: I.- Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio. II.- Tribunal: El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. III.- Entidades públicas: los poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal. Artículo 3.- Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales. La disposición transcrita permite visualizar que el acto reclamado por la parte quejosa se circunscribe a la prestación de un servicio intelectual con motivo de la relación que mantiene con la autoridad, llamada Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, la cual actúa como patrón o empleador de aquél en términos de la Ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas. Lo anterior tiene sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, visible en la foja 369, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1996, Registro: 200595, de rubro y texto: COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada Secretaría de Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del propio Estado, a dicho tribunal laboral le corresponde conocer de los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores; además, dicha Secretaría ejerce la función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, respectivamente. No es óbice para lo anterior que el artículo 8o. de la invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, excluya de su ámbito a los trabajadores de la educación, habida cuenta que la Legislatura Estatal no ha expedido las leyes especiales que refiere el precepto en comento, ni menos se ha instituido algún tribunal con atribuciones específicas para conocer de conflictos de esta índole. Así como la diversa tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 195, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de octubre de 1993, Registro: 207759, del tenor siguiente: COMPETENCIA. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. SUS DEMANDAS LABORALES DEBEN SER RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, MIENTRAS LA LEGISLATURA LOCAL EXPIDE LA LEY ESPECIFICA. La Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla regula las relaciones de trabajo entre dicha entidad y sus servidores, pero el artículo 8o. del citado ordenamiento excluye expresamente a los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública estatal, sin que se haya emitido el estatuto correspondiente. Por tanto como el Congreso del Estado de Puebla no ha cumplido cabalmente con el mandato establecido en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Federal pues no ha expedido la ley que regule las relaciones laborales entre la citada Secretaría de Educación Pública y sus empleados, debe establecerse que el Tribunal de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, es la autoridad a quien corresponde legalmente conocer de las demandas que formulan los empleados de la Secretaría de Educación Pública del propio Estado, pues conforme a los artículos 1o. y 82 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de esa entidad federativa, es a quien compete conocer de los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados. Tampoco es el caso de que se trate de un acto de particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, pues la autoridad señalada como responsable, actuó sin imperio, al no existir una relación de supra a subordinación, por tanto su relación fue sólo laboral, al carecer de facultades de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, tal y como lo dispone el último párrafo de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esa tesitura, como se dijo, el acto reclamado no es de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por carecer de la nota distintiva de una relación de supra a subordinación con un particular, sino se trata de una relación laboral entre una trabajadora docente, de ahí que lo reclamado en esta sede constitucional no pueda considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 10/90, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 92, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 205876, de rubro y texto siguientes: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS. y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS., subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución. Asimismo, resulta aplicable por su contenido la tesis 2a. C/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 370, Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 193612 de rubro y texto siguientes: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIAPAS. SU CESE NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en las tesis de jurisprudencia 9/90 y 10/90, derivadas de la contradicción de tesis varios 6/88, sostuvo que el apartado B del artículo 123 constitucional equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, similar a la de un patrón, hecha excepción de los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes. También se precisó que corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias que se susciten entre el Estado y sus servidores, inclusive los de confianza (excluyendo al Poder Judicial de la Federación y sus servidores). Congruente con las disposiciones constitucionales, la Ley del Servicio Civil del Estado de Chiapas da un carácter laboral al vínculo que se genera entre el Estado, los Municipios y sus trabajadores, lo que significa que cualquier decisión que adopte el patrón con motivo del desempeño de las labores no constituye un acto de autoridad sino un hecho derivado de la relación laboral. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el Estado de Chiapas deben ser ventilados ante el Tribunal del Servicio Civil de esa entidad, que es un órgano creado por la citada ley para ese fin. De ahí que debe establecerse que cuando un trabajador de confianza promueve un juicio de amparo contra la baja de que fue objeto por parte de la Dirección de Educación Básica del Estado de Chiapas, resulta improcedente, al surtirse la causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, no sólo porque el acto por el que se determina la baja del empleado no es un acto de autoridad, sino porque el trabajador debe agotar previamente un medio ordinario de defensa, el juicio laboral." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción que surge de correlacionar lo que establece el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretados estos dos últimos en sentido inverso, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Dagoberto Sandoval Reyes, por su notoria y manifiesta improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Lucas Alberto López Soto (5146367), Pedro Antonio Reyes Florentino (8729914) y Alfonso Gurrola Pérez (2854025), quienes si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos de dicho precepto legal a Isidro Rebollar Pérez Juan Roberto Mancera Sánchez, Luis Fernando Sanabria Martínez, Miguel Ángel Rojas Albavera, Edgar Omar Gordiano Ajuria, por carecer de dicho requisito; y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito que se provee. Como lo solicita, en términos del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con los artículos 5 y 28 del acuerdo General Conjunto 21/2020 del propio Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "pedroareyes", la consulta del expediente electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente.
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