Cristian Alejandro Mota Garay y Otros.
Expediente 862/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 862/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Cristian Alejandro Mota Garay y Otros.
- Cristian Alejandro Mota Garay
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera incidente de inconformidad en contra la resolución de cumplimiento de diez de abril de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Debido a que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración, según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces resulta que, una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de abril de dos mil dieciocho. VISTO para dictar la resolución de cumplimiento en el expediente de amparo indirecto 862/2017-IV, promovido por ******* y *******; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de octubre de dos mil diecisiete, ******* y *******, promovieron demanda de amparo contra la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, a quien le reclamaron lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal *******, por el delito de secuestro con penalidad agravada. SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de seis de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite el juicio el amparo 862/2017-IV, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia, en la cual se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: Para que se deje sin efecto el auto de vinculación a proceso reclamado, Para que, emita uno diverso donde reitere lo considerado respecto a la configuración, en grado de probabilidad, del delito de secuestro, pero observando los ámbitos de validez normativos que señala el artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, esto, conforme a lo expuesto en la última parte de este considerando, y Con plenitud de jurisdicción, ya que no fue materia de análisis en esta sentencia, resuelva lo que estime procedente respecto a la probabilidad de que los aquí quejosos hayan participado en la comisión de dicho ilícito. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. Dicha sentencia, causó ejecutoria mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y, como consecuencia de ello, se requirió el cumplimiento respectivo. QUINTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en la audiencia para resolver la situación jurídica del quejoso, de veintiuno de marzo del año en curso, en principio, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado. Asimismo, en los aspectos que se le destacaron, se advierte que la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, determinó ahora lo siguiente: Así pues, los datos de investigación expuestos por el Ministerio Público, analizados de acuerdo a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica, acorde a la valoración que marcan los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permiten aseverar que: dos personas el diecisiete de septiembre del presente año se apersonaron en el domicilio de víctima y mediante violencia física y moral lo privaron de su libertad, con el fin de obtener la cantidad de 13,000 dólares. Hecho que tipifica el delito de SECUESTRO AGRAVADO previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), todos de la Ley. (.) Por todo lo anterior, tenemos que los datos de prueba descritos son aptos y suficientes, en concepto de la que resuelve, para establecer que los imputados de mérito desplegaron la conducta que se adecuó en el tipo penal atribuido; conducta que realizó (sic) de manera dolosa, pues tenían conciencia de que su conducta se encontraba prohibidas (sic) por una norma jurídico penal, no se encuentran amparados por alguna norma permisiva o causa de justificación de índole penal. Por último, los imputados de conformidad con el artículo 9 del Código Penal Federal obraron de manera dolosa; en términos del numeral 13, fracción III del referido ordenamiento legal son considerados como coautores del delito, en virtud a que conjuntamente desplegaron la conducta delictiva y; de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 7 del Código Sustantivo Federal, se está ante un delito permanente. Esto es, la Jueza de Control responsable, acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, en el siguiente sentido: (.) pues con motivo de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que delimita los delitos y las sanciones en dicha materia, también se establecieron ámbitos de validez diferenciados donde: - las autoridades del fuero común deben investigar, perseguir y sancionar aquellos delitos que no sean del conocimiento de la Federación, - conforme al artículo 2 de dicha Ley General, vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento, serán aplicables: a) el Código Penal Federal, b) el Código Nacional de Procedimientos Penales, c) la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y d) La Ley General de Víctimas. - De manera que, en relación con los aspectos sustantivos no previstos en tales ordenamientos, como la forma de comisión, participación, causas de exclusión del delito, individualización de las penas, concesión de sustitutivos y suspensión de derechos, entre otros, los Jueces del fuero común, no deben aplicar los Códigos Penales locales, sino que, en estricto acatamiento al principio de legalidad, de forma supletoria, conforme al referido numeral 2 de la citada Ley General, deben estarse a lo previsto en el Código Penal Federal, pues les está vedada la aplicación de la legislación penal sustantiva. Al respecto, por las razones conducentes que informa, se cita la tesis de jurisprudencia I.3º.P. J/2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia penal del Primer Circuito, publicada en la página 2516, del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, materias Constitucional y Penal, Décima Época y número de registro 2014021, que dice: PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), REGULADO EN LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN RELACIÓN CON ASPECTOS SUSTANTIVOS DE ESTE DELITO NO PREVISTOS EN DICHA LEY ESPECIAL, LOS JUECES DEL FUERO COMÚN NO DEBEN APLICAR LOS CÓDIGOS PENALES LOCALES, SINO LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2016). El 4 de mayo de 2009 se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se otorgaron facultades al Congreso de la Unión para que expidiera una ley de carácter general en materia de secuestro, en la que se establecieran como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, los Estados y Municipios. Luego, en ejercicio de dichas facultades, se emitió la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, normatividad que además de delimitar los delitos y las sanciones en dicha materia, estableció ámbitos de validez diferenciados donde las autoridades del fuero común deben investigar, perseguir y sancionar aquellos ilícitos que no sean del conocimiento de la Federación; en consonancia, el artículo 2, párrafo primero, de la referida legislación general, vigente hasta el 17 de junio de 2016, dispone que para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados. En ese orden de ideas, las autoridades locales convocadas a conocer de dicha clase de ilícitos deberán aplicar únicamente los cuerpos normativos que permite esa ley general; consecuentemente, en relación con los aspectos sustantivos no previstos en ésta, como las formas de comisión, participación, causas de exclusión del delito, individualización de las penas, concesión de sustitutivos y suspensión de derechos, entre otros, los Jueces del fuero común no deben aplicar los Códigos Penales locales, sino en estricto cumplimiento al principio de legalidad, de forma supletoria, lo previsto en el Libro Primero del Código Penal Federal pues, debido al carácter especial de la indicada ley reglamentaria, no permite a la autoridad judicial la aplicación de la legislación penal sustantiva local. Pues no citó, al dictar el auto de vinculación a proceso con el cual dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ningún Código o Ley de índole penal, del fuero común, sino que aplicó la legislación correspondiente de la forma que expresamente lo señala la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y la tesis de jurisprudencia invocada. SEXTO. Vista a las partes. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se ordenó darle vista al quejoso personalmente, con el oficio y anexo remitidos por la autoridad responsable, para que en un término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, apercibido de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, sin que realizara ninguna manifestación al respecto. SEPTIMO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de los que se advierte que: la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, acató los lineamientos que se le indicaron en dicha ejecutoria, pues dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado y en su lugar dictó otro en el cual aplicó la legislación federal conducente, en materia penal. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a los quejosos, en el goce de los derechos que se estimaron transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. Además, conviene precisar que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que con dicho proceder la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 862/2017-IV, ha quedado cumplida. SEGUNDO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, a la fecha, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción respectiva. Por ello, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, de autos se desprende que la protección constitucional dentro del presente juicio, se concedió a la parte quejosa para que el Juez de Control responsable: Para que se deje sin efecto el auto de vinculación a proceso reclamado, Para que, emita uno diverso donde reitere lo considerado respecto a la configuración, en grado de probabilidad, del delito de secuestro, pero observando los ámbitos de validez normativos que señala el artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Secuestro, esto, conforme a lo expuesto en la última parte de este considerando, y Con plenitud de jurisdicción, ya que no fue materia de análisis en esta sentencia, resuelva lo que estime procedente respecto a la probabilidad de que los aquí quejosos hayan participado en la comisión de dicho ilícito. Por ello, se requiere a la autoridad de referencia, para que hasta por el término de tres días posteriores a la recepción del oficio relativo a este auto, con fundamento en los dispositivos 192 y 193 de la Ley de Amparo, informe a este Juzgado el cabal cumplimiento a la sentencia concesoria, mismo que deberá acreditar con las constancias pertinentes. Se le apercibe, que en caso de no dar cumplimiento a lo que antecede, en el periodo concedido para ello, se remitirá este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Aunado a lo previo, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una multa por cien unidades de medida y actualización, equivalente a equivalente a ocho mil sesenta pesos, moneda nacional ($8,060.00) No pasa inadvertido para el que suscribe, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, a fin de que obligue a ésta a cumplir el fallo protector, apercibiéndole con los mismos medios de apremio que a la inferior. Sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado al Juez de Control, autoridad que para efectos del juicio de amparo no tiene superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese al presente cuadernillo para que conste como legalmente corresponda el escrito que signa el quejoso; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo en Vigor, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a *******, en el presente juicio de amparo. Notifiquese.- Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Organiza del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******. Doy fe.
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