Cristian Alejandro Mayo Sánchez

Expediente 1083/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1083/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Cristian Alejandro Mayo Sánchez
  • Instituto Nacional de Migración, en ciudad Juárez Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente juicio de amparo, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica, a la parte quejosa a través del usuario dado de alta para tal efecto y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obren como simple antecedente el oficio y anexo que remite la Subdirectora de Juicios de Amparo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en suplencia del Sub Comisionado Jurídico, representante del Comisionado del Instituto Nacional de Migración; lo anterior, en virtud de que el veintinueve de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Glósese al sumario el oficio de cuenta, mediante el cual la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua 2 adscrita a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua 2, con residencia en esta ciudad, informa que procedió al registro, control y cobro con registro **********, de la multa impuesta a **********, Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua; de lo que toma conocimiento este juzgado federal. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se actualizan diversas causales de improcedencia del juicio, las que se analizarán a continuación. PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se recibió la demanda promovida por **********, a favor de Cristian Alejandro Mayo Sánchez, en la que demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (.) a) Se reclama de la autoridad responsable la detención, aseguramiento y/o incomunicación del quejoso por más de 36 horas en la estación migratoria del instituto nacional de migración (.) b) Se reclama la aplicación por la autoridad responsable del artículo 111 de la Ley de migración, respecto a la temporalidad de los 15 días hábiles para su presentación de la situación migratoria que estos deban resolver sobre el quejoso, violentado sus derechos humanos por una detención, aseguramiento, incomunicación y/o alojamiento en la estación migratoria (.) c) Se reclama a la autoridad responsable la violación del título V de la protección a los inmigrantes que transitan por el territorio nacional a razón del artículo 68 de la ley de migración, en la cual se establece que no podrá excederse del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición; lo cual no ha ocurrido hasta este momento. d), Se reclama a la autoridad responsable la violación al artículo 1 constitucional, por la violación de los derechos humanos que son debidamente reconocidos por la constitución de los estados unidos mexicanos. e) Se reclama a la autoridad responsable del articulo 14 y 16 constitucional, toda vez que existe una privación ilegal de la libertad, y se deja al quejoso sin una seguridad jurídica para una defensa digna y legal. f). Se, reclama de la autoridad responsable la violación de los artículos 7, 7.1, 7.2, 7.3, 22 de la CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, así como el articulo 9 de EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; esto en base al articulo 133 constitucional de la supremacía de la constitución, estableciendo como ley suprema todos aquellos tratados y convenciones de los que México forme parte, así mismo en relación con el protocolo de PARA JUZGAR CASOS QUE INVOLUCREN PERSONAS MIGRANTES y SUJETAS DE PROTECCION INTERNACIONAL, específicamente en el principio de libertad personal, de circulación y residencia. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el consecutivo 1083/2022-V, se concedió la suspensión de plano a efecto de que no se llevara a cabo la deportación de la quejoso a su país de origen; en el entendido, que por lo que hace a la libertad, debería de observar las medidas de seguridad decretadas por esta Juzgadora. Luego, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, al haber ratificado el escrito de demanda Cristian Alejandro Mayo Sánchez, se admitió a trámite. En este sentido, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la privación de la libertad en calidad de alojado, asegurado o detenido con fines de deportación, incomunicación, así como la aplicación de los artículos 68 y 111 de la Ley de Migración. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, remitió las constancias que dan noticia de los actos que se le endilga, de los que se desprende su inexistencia. Se dice lo anterior, pues el ordinal 68 de la Ley de Migración, prevé que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esa Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Así, de las constancias que remitió el Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración, del ocurso INM/ORCHIH/SCVM/2654/2022 de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se desprende que el quejoso **********, fue asegurado en la misma fecha en el tramo carretero comprendido del kilómetro 230 a la altura del poblado de Villa Ahumada, en el punto carretero denominado "Precos", situado entre el kilómetro 311 al 341 de la carretera Chihuahua - Ciudad Juárez. Luego, a las catorce horas del mismo dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad en comento dictó acuerdo de inicio bajo el expediente 7856/2022, a efecto de resolver la situación migratoria del extranjero de referencia; llevó a cabo la comparecencia del justiciable y proveyó sobre su alojamiento temporal en esa estancia al haber solicitado el beneficio de retorno asistido. De lo que se tiene, que el justiciable fue presentado ante la autoridad migratoria dentro del plazo establecido por el numeral 68 de la Ley de Migración, de ahí la inexistencia del acto reclamado. Misma consideración se realiza respecto a la incomunicación reclamada, pues de las constancias que conforman este expediente, se tiene que el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración, libró el oficio INM/ORCHIH/EPJUA/19621/2022, al Cónsul General de Cuba, haciéndole saber que el justiciable se encontraba presentado bajo custodia en ese Instituto, ello con motivo de la autorización de notificación consular que extendió el quejoso. Lo que lleva a concluir que es inexistente dicho acto reclamado. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, en esta ciudad, fue omiso en rendir informe justificado; sin embargo, remitió las constancias que dan noticia de los actos que se le reclaman, a saber, la privación de la libertad en calidad de alojado, asegurado o detenido con fines de deportación, así como la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. QUINTO. Sobreseimiento fuera de audiencia. Esta Juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que del sumario se desprenden los siguientes datos relevantes: 1. El veinte de noviembre de dos mil veintidós, se radicó la demanda presentada por Enrique Figueroa García, a favor de **********, se concedió la suspensión de plano a efecto de que obtuviera su libertad, fijando las medidas de seguridad que debía observar, a saber: Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecería. No podría ausentarse sin previa autorización de este Juzgado Federal, del domicilio que señalado para su resguardo. En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, debería comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces fuera requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. 2. De las constancias que envió el Subrepresentante Local del Instituto Nacional de Migración adscrito a la Oficina de Representación en Chihuahua, Encargado de la Estancia Provisional Juárez, se advierte el "acuerdo de salida de estancia provisional por mandato judicial" realizado a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, notificado el veintidós siguiente, del cual se advierte que el quejoso Cristian Alejandro Mayo Sánchez fue puesto en inmediata libertad. De lo que se tiene, que el justiciable se encuentra gozando de su libertad, de ahí que la autoridad esté impedida para dar cumplimiento a la solicitud del quejoso sobre el retorno asistido a su país de origen. En este tenor, y en relación con la aplicación del numeral 111 de la Ley de Migración, de los antecedentes narrados, se desprende que el quejoso se encontraba sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, el cual inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve. En este sentido, la autoridad remitió el Acuerdo de Salida de la Estación Provisional por Mandato Judicial, en el que consta que el quejoso se acogió al beneficio de retorno asistido bajo el expediente 7856/2022 de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, quedando debidamente notificado el veintidós siguiente, obteniendo así su libertad; lo anterior, en términos de los ordinales 118, 119, 124 y 125 de la Ley de Migración. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, de febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, de junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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