Cristiam Zaadam Rodríguez Villalobos
Expediente 1098/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Cristiam Zaadam Rodríguez Villalobos
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Registro de demanda Téngase por recibida la demanda promovida por ***; contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Varonil número Tres, ambos con residencia en Ciudad Juárez. Expediente electrónico En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquellos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII, del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del Secretario de Juzgado que tiene asignada la tramitación del presente asunto. Exhortación a las partes De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Admisión de la demanda Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Tramítese por separado el incidente de suspensión que solicita. Sin que haya lugar a tramitar el incidente por duplicado, en cumplimiento al artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las diez horas con treinta minutos del doce de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la Juez y la secretaria en forma electrónica; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que lo justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia, mismas que podrá remitir a través de cualquiera de estas vías: a) Por correo electrónico, a la dirección 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx; con la evidencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en el caso de realizar lo anterior, cumpliendo con el citado requisito, será innecesario que hagan llegar el informe por algún otro medio; lo anterior, en términos de la Jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2023740. b) A través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de firma electrónica o e.firma del servidor público correspondiente, o mediante el uso de los convenios de interconexión; c) Físicamente en las instalaciones del órgano jurisdiccional, a través de un dispositivo de almacenamiento masivo. En la inteligencia que, de no poder remitir las constancias de manera digitalizada, deberá justificarse tal circunstancia al momento de realizar la remisión física de las mismas. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Emplazamiento del tercero interesado Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación que intervino en la causa penal 617/2021. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados ***, toda vez que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y en el en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente. Asimismo, conforme al artículo 24 de la Ley de Amparo se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, por no encontrarse inscrito en los referidos registros. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, a través de la página de internet que se anota enseguida: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación que intervino en la causa penal 617/2021. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia Lopez Lopez, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura incidente de suspensión Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1098/2023-VI, promovido ***, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua y Director del Centro de Reinserción Social Estatal Varonil número Tres, ambos con residencia en Ciudad Juárez. Expediente electrónico En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquellos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII, del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del Secretario de Juzgado que tiene asignada la tramitación del presente asunto. Exhortación a las partes De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Suspensión provisional En el caso, la parte quejosa acude a esta instancia, reclamando al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez y otra autoridad, lo siguiente: III. Autoridades responsables y IV Acto reclamado a cada una de ellas: Se señalan como autoridad responsable y actos reclamados a: Ordenadora l.-C. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, con residencia en Ciudad Juárez; reclamo la resolución emitida en la audiencia de revisión de medidas cautelares, llevada a cabo el día Ocho de Noviembre del dos mil veintitrés. Audiencia en la que se solicitó por mi defensa entrar al debate para la revisión de la medida cautelar, por razón de habérseme impuesto la prisión preventiva oficiosa en mi audiencia inicial de fecha Veintinueve de Julio del dos mil veintiuno, en la que se determinó precisamente imponérseme la prisión preventiva oficiosa, sin siquiera entrar a debate por cuestión de ley, determinándose que el que comparece tendría que permanecer en prisión por el tiempo que dure mi proceso internado en el Centro de reinserción Social para Adultos Numero tres con cede en esta Ciudad Ejecutora 1.- C. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL VARONIL NÚMERO 3, con domicilio conocido en esta ciudad; reclamo el cumplimiento y ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a mi persona por el Juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta Ciudad, pues con motivo de dicha determinación del Juez de Control me mantiene privado de mi libertad en ese centro carcelario Respecto de la suspensión provisional solicitada, se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Así, este órgano considera que se cumplen con los requisitos del dispositivo legal antes transcrito, puesto que la suspensión la solicita la parte quejosa, no se sigue perjuicio al interés social, y tampoco se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la medida suspensional. Previo a demostrar lo anterior, es necesario establecer, que el artículo 128 de la Ley de Amparo, entre otras cosas establece: .Que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.. Sin embargo, el artículo 147 de esa misma Ley, prevé que: En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Aun cuando el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, analizó la porción normativa contenida en el párrafo tercero del numeral antes citado, en la que expresamente se establece la improcedencia de la suspensión tratándose de medidas cautelares; sin embargo, en dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos en contra de las medidas cautelares en el procedimiento penal decretadas por autoridad judicial, dado que se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, por lo que dijo, que el juzgador de amparo debe determinar en cada caso, si la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, si la concede o no, deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. Lo anterior, aunado a lo dispuesto en los artículos 166, párrafo segundo y 147, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en cuyo caso el primero no prohíbe la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada y el segundo prevé la posibilidad de otorgar la suspensión solicitada con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Ahora bien, este órgano considera que en el caso es procedente la suspensión provisional solicitada, por lo siguiente. El artículo 138 de la Ley de Amparo, en lo que interesa dispone, que, promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. En el caso, existe apariencia del buen derecho, pues en un cálculo de probabilidades se avizora una sentencia favorable a quien acude a la acción de amparo, en tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, estableció que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Jurisprudencia 20/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son inconvencionales, por transgredir los derechos fundamentales de libertad y presunción de inocencia, al no estar sujetas a un juicio de proporcionalidad (con la satisfacción de las cuatro gradas de: fin compatible con la Convención, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) que sólo la autoridad judicial puede efectuar y la que debe justificar su imposición según las particularidades de cada caso, lo que no ocurre si se aplica de manera oficiosa; inconvencionalidad que debe prevalecer respecto de lo dispuesto en el numeral 167, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, precepto que también autoriza y reitera la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 Constitucional, para los delitos contra la salud, previstos en los numerales 194, 195, 196 bis, 196 ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero. Además, se estima que existe peligro en la demora ya que el quejoso se encuentra privado de la libertad con motivo de la prisión preventiva oficiosa dictada en su contra, generándose con ello una afectación permanente mientras persista, que incluso puede llegarse al extremo de que se consume irreparablemente. Por otro lado, se estima que no existe afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, porque como quedó demostrado en párrafos anteriores, la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se otorgue la suspensión respecto de la medida cautelar cuestionada; y por otra parte, quedó demostrada la inconvencionalidad de los preceptos que autorizan la prisión preventiva, además de que no se advierte que de otorgarse la suspensión solicitada, se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiera algún daño que de otra amanera no resentiría. Pues si bien, a la sociedad le interesa que se cumplan las leyes que rigen el Estado de Derecho Mexicano, la concesión de dicha suspensión no le irroga ningún perjuicio, en principio, porque las normas que autorizan la prisión preventiva reclamada, fueron declaradas inconvencionales por un tribunal internacional y porque además, dicha medida suspensional no se otorgará para poner en inmediata libertad a la quejosa-al existir una eventual afectación al interés social-, sino para que de inmediato la autoridad responsable fije una audiencia de revisión de la medida cautelar e imponga la que considere razonablemente adecuada; por lo que, bajo ese panorama jurídico no se advierte transgresión alguna al interés social. En apoyo a lo considerado, se cita la Tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen 47, Tercera Parte, página 58, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 818680, rubro y texto siguiente: INTERES SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO. SU APRECIACION. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. También, cobra aplicación en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, página 483, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015310, rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO (EN MATERIA PENAL), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte (reglas generales) de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Finalmente, cobra aplicación por analogía la Jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la ciudad de México, que se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2026999, rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. En consecuencia, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, con base en las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, en un término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciba noticia de esta resolución (término que se fija en aplicación analógica del artículo 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales), señale fecha para la celebración de una audiencia en la que -con intervención de las partes-, prescinda de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que impuso (cuyo análisis se negó a debatir en la audiencia de revisión de medidas cautelares, negativa que constituye uno de los actos reclamados en el juicio de amparo) al quejoso y previo cumplimiento de los principios del sistema oral-acusatorio, esencialmente el de contradicción, proceda al debate de imposición de diversa o diversas medidas cautelares, esto es, la que considere razonablemente adecuada; y en caso de que las analizadas no sean suficientes para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de testigos, o evitar la obstaculización de procedimiento, de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales), podrá imponer la prisión preventiva pero justificada, es decir, de forma fundada y motivada en las condiciones del caso. Lo anterior, siempre y cuando no se haya analizado la diversa medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que de ser el caso, dejaría de surtir efectos la concesión de la suspensión provisional emitida en el presente incidente. Asimismo, a efecto de evitar un cambio de situación jurídica que acarree la consumación irreparable de las violaciones constitucionales reclamadas por el peticionario de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada para efectos de suspender el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia, pero sin dictar el auto de apertura a juicio oral. Audiencia incidental De conformidad con el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés para llevar a cabo la audiencia incidental. Solicitud de informe previo Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberán remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe las autoridades se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrán indicar las razones que estimen sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar y aducirán el o los delitos de que se trate, la disposición legal en que quede comprendido para su penalidad y, en su caso, el monto del daño causado o el beneficio económico obtenido por la parte quejosa, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo, mismos que podrá remitir a través de cualquiera de estas vías: a) Por correo electrónico, a la dirección 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx; con la evidencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en el caso de realizar lo anterior, cumpliendo con el citado requisito, será innecesario que hagan llegar el informe por algún otro medio; lo anterior, en términos de la Jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro 2023740. b) A través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de firma electrónica o e.firma del servidor público correspondiente, o mediante el uso de los convenios de interconexión; c) Físicamente en las instalaciones del órgano jurisdiccional, a través de un dispositivo de almacenamiento masivo. En la inteligencia que, de no poder remitir las constancias de manera digitalizada, deberá justificarse tal circunstancia al momento de realizar la remisión física de las mismas. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados***, toda vez que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y en el en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente. Asimismo, conforme al artículo 24 de la Ley de Amparo se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, por no encontrarse inscrito en los referidos registros. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, a través de la página de internet que se anota enseguida: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial A adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación que intervino en la causa penal 617/2021. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia Lopez Lopez, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.
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