Cristian Valtierra Payan

Expediente 579/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
579/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Cristian Valtierra Payan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV, del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve que a la letra dice: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 579/2018-VI, promovido por Cristian Valtierra Payan. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón en esa misma data, Cristian Valtierra Payan, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 579/2018-VI; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó a la tercera interesada; y previo diferimiento, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el promovente reclama a las responsables lo siguiente: La orden de comparecencia, entrevista, detención y presentación. La orden de aprehensión dictada el veintiocho de agosto dos mil dieciocho, en la causa penal 2573/2018, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127 y 136 fracción II incisos b) y d) del Código Penal Estatal. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Encargada del Despacho de los Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Por tanto, al no haber aportado la parte quejosa pruebas para desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio respecto a los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública Municipal, consistentes en la orden de comparecencia, entrevista, detención, presentación y aprehensión. Por su parte, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Agente del Ministerio Público adscrita la Coordinación Regional, en audiencia del Fiscal de Distrito, Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Vida; Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Zona Norte, Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Zona Norte; Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, y Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; adscritos a la Fiscalía General de Estado de Chihuahua, al rendir informe justificado, únicamente aceptaron la existencia de la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el veintiocho de agosto dos mil dieciocho, en la causa penal 2573/2018, por el juez de control; por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio respecto a los diversos actos reclamados consistentes en la orden de comparecencia, entrevista, detención y presentación, reclamados a dichas autoridades. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama; y para corroborar lo anterior, la responsable remitió copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión formulada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, Zona Norte, relativa a la carpeta de investigación 30363/2018; y resolución de orden de aprehensión dictada el veintiocho de agosto dos mil dieciocho, en la causa penal 2573/2018; probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. La Agente del Ministerio Público adscrita la Coordinación Regional, en audiencia del Fiscal de Distrito, Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Vida; Coordinador Regional de l Agencia Estatal de Investigación Distrito Zona Norte; Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Zona Norte; Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; y Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; adscritos a la Fiscalía General de Estado de Chihuahua, al rendir informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado consistente en orden de aprehensión dictada en contra del quejoso, el veintiocho de agosto dos mil dieciocho, en la causa penal 2573/2018. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. SEXTO. Determinación que adopta este Juzgado. Son infundados los conceptos de violación vertidos por el inconforme; y para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que la parte quejosa menciona que en la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se vulneraron en su perjuicio las garantías contenidas en los numerales 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Párrafo reformado DOF 09-12-2005 . Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Párrafo reformado DOF 15-09-2017 . Atendiendo a las porciones normativas anteriormente transcritas, conviene indicar que de las garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la actuación que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En efecto, dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta se considere legal, toda vez que los citados artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República imponen a todas las autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados con tales determinaciones, así como la de que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas y motivadas. Al respecto, es oportuno precisar el contenido de los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. Párrafo adicionado DOF 17-06-2016 En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos, se advierte que para emitir una orden de aprehensión con motivo de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, se deben cumplir con los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control); Que se haya formulado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Que exista la necesidad de cautela. Que la resolución de la autoridad judicial esté debidamente fundada y motivada. Ahora bien, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por la responsable como justificación de su informe, consistente en copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión formulada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, Zona Norte, relativa a la carpeta de investigación 30363/2018 y resolución de orden de aprehensión dictada el veintiocho de agosto dos mil dieciocho, en la causa penal 2573/2018, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que el primer elemento se cumplió, en virtud de que la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como es Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, quien analizó el hecho que la ley señala como delito cometido dentro de su jurisdicción, de conformidad con los numerales 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, 133 y 141 fracción III, Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al segundo de los requisitos, de las copias certificadas de las constancias que remitió el Juez de Control responsable, específicamente del parte informativo signado por Alejandro Macías Sierra, Agente de la Policía Ministerial, adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Integridad Física y Daños, se aprecia que siendo aproximadamente las veintidós horas del día sábado dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, el radio operador en turno reportó un lesionado por arma de fuego en el cruce de las calles Ajusco y Tecamachalco de la Colonia Gustavo Díaz Ordaz. Asimismo, del diverso parte informativo signado por Adrián Alberto Méndez Delgado, Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Vida, se desprende que el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, recibió un llamado por parte del radio operador en turno, reportando una persona sin vida por heridas producidas por proyectil de arma de fuego en el Hospital de la Familia. Así, el tercer requisito para el dictado de la orden de aprehensión, relativo a que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito también está debidamente satisfecho; toda vez que, el criterio del juzgador responsable es objetivamente correcto en cuanto tuvo por acreditado que se llevó a cabo la conducta denominada HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127 y 136 fracción II incisos b) y d) del Código Penal Estatal, que rezan: Artículo 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de doce a veinticinco años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. [Artículo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCOD/0730/2018 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 26 del 31 de marzo de 2018] Artículo 124. Se tendrá como mortal una lesión, cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. Artículo 127. A quien cometa homicidio calificado, en los términos de las fracciones I, II, III, IV, VI o VII del artículo 136 de este Código, se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años. . Artículo 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de las fracciones X y XI del presente artículo: . II. Existe ventaja: . b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él; . d) Cuando la víctima se halla inerme o caída y el agente armado o de pie. La ventaja no se tomará en consideración si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. Lo anterior, toda vez que el juez responsable acertadamente consideró que la existencia de la vida de MARTÍN MARES PEÑA hasta antes de acontecido el hechos investigado, se demostraba con las manifestaciones de ANA BIBIANA CASTAÑEDA SALAZAR y JAZMIN MARES PEÑA de diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, quienes ante el Agente del Ministerio Público, al tener a la vista el cadáver con registro SIEC 1717/2018/37, lo identificaron como quien en vida llevó el nombre de MARTÍN MARES PEÑA, lo que les constaba por ser la concubina y hermana, respectivamente; concatenándolas con el parte Informativo elaborado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, por el Agente Investigador, en el cual se asentó que en el Hospital de la Familia de esta ciudad, la Doctora Rocío de la Garza, comunicó que el dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, ingresó al hospital un paciente de nombre MARTÍN MARES, quien perdió la vida como consecuencia de diversas heridas producidas por armas de fuego; agregando que la testigo JAZMIN MARES PEÑA, al ser entrevistada el diecinueve de agosto de dos mil dieciocho por Agente de la Policía Ministerial, expresó que el sábado dieciocho de agosto a las veintidós horas aproximadamente, su hermano MARTÍN MARES PEÑA fue lesionado por proyectiles de arma de fuego y posteriormente el día domingo diecinueve de agosto perdió la vida a causa de las heridas. Asimismo, el juez de origen, adecuadamente estimó que la pérdida de la vida de Martín Mares Peña, había quedado acreditada con las manifestaciones realizadas ante el Ministerio Público por Ana Bibiana Castañeda Salazar y Jazmín Mares Peña, quienes indicaron que observaron a MARTÍN MARES PEÑA sin vida; adminiculadas al Informe de Necrocirugía de diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, realizado por la Médico Forense María Elena Robles Delgado, relativo al cuerpo sin vida identificado bajo el número de SIEC 1717/2018/37, (MARTÍN MARES PEÑA), en el que la Médico Forense describió que el occiso presentaba ocho heridas de arma de fuego: la primera con orificio de entrada en región paravertebral de 8mm x 8mm, sin salida, se aloja proyectil; la segunda con orificio de entrada en dedo anular izquierdo de 5mm x 3mm, con orificio de salida en muñeca izquierda de 25mm x 13mm; la tercera con orificio de entrada en región de deltoides izquierdo, cara posterior de 15mm x 12mm, sin orificio de salida, se aloja proyectil en antebrazo izquierdo; la cuarta con orificio de entrada en región lumbar izquierdo de 15mm x10mm, con orificio de salida en misma región de 15mm x35mm; la quinta con orificio de entrada en región de pierna izquierda, cara anterior de 30mm x15mm, con orificio de salida en misma región de 40mm x20mm; la sexta con orificio de entrada en región de pierna izquierda, tercio medio, cara posterior de 10mm x10mm, con orificio de salida en misma región, cara posterior de 20mm x30mm; la séptima con orificio de entrada en región pierna izquierda, cara posterior de 20mm x15mm, sin orificio de salida, se aloja proyectil en cavidad abdominal; y la última con orificio de entrada en re de pierna izquierda, cara lateral, externa sin orificio de salida, se aloja rodilla izquierda; concluyendo la experta que la causa de su muerte fue choque hipovolémico consecutivo a laceración de vena cava inferior producida por un arma de fuego; y estableciendo el tiempo estimado de muerte. Igualmente, en relación a la actualización de las hipótesis contempladas en los incisos b) y d) de la fracción II del artículo 136 del Código Penal Estatal, la responsable tomó en consideración la opinión de la médico legista, en la que determinó que el agente vulnerante externo que le causó la muerte a MARES PEÑA, fueron proyectiles de arma de fuego que dañaron estructuras anatómicas, particularmente el aparato circulatorio en la vena cava inferior; y concluyó como causa de su muerte el choque hipovolémico consecutivo a laceración de vena cava inferior producida por un arma de fuego; los partes informativos de diecinueve y veinte de agosto de dos mil dieciocho, signados por Adrián Alberto Méndez Delgado, Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Vida, respectivamente; y parte informativo de veinte de agosto de dos mil dieciocho, signado por Alejandro Macías Sierra, Agente de la Policía Ministerial, adscrito a la Unidad de Delitos Contra la Integridad Física y Daños. Igualmente, el juez responsable tomó en consideración que el perito en materia de criminalística de campo, a las cero horas con cinco minutos del día diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, se constituyó en la Calle Ajusco cruce Tecamachalco de la Colonia Díaz Ordaz (lugar del evento), donde analizó la escena y apuntó que inspeccionó un vehículo de la marca Chevrolet, Sedan, Aveo, Guinda, Matrícula JXJ-9813, Número de identificación vehicular: KL1T066E998648078 y recolectó en el lugar como evidencias, quince casquillos percutidos, todos localizados en la carpeta asfáltica de la Calle Ajusco. En el caso, el Juez responsable estimó que quedaba debidamente acreditada la existencia de un hecho que la ley penal señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127 y 136 fracción II incisos b) y d) del Código Penal Estatal, y la participación al menos de manera probable de Cristian Valtierra Payan, en coautoría con otro sujeto, bajo las siguientes consideraciones: . Del análisis y valoración de manera libre y lógica, de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimiento Penales, por tratarse registros incorporados a la carpeta de investigación como lo autorizan los artículos 261, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende una serie de datos de prueba aptos y suficientes para tener por demostrada la probable coautoría de DANIEL IVAN LUCERO y/o DANIEL LUCERO SILVA alias "GONZALO" y de CRISTIAN VALTIERRA PAYAN alias "CHOCOLATE" o "LEPRICAN", en términos del Artículo 21 fracción III del Código Penal Estatal, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127 y 136 fracción II incisos b) y d) del Código Penal Estatal, cometido en perjuicio de quién en vida llevó el nombre de MARTÍN MARES PEÑA, en hechos sucedidos el día Dieciocho de Agosto de Dos Mil Dieciocho, entre las veintiún horas con treinta minutos y veintidós horas, en el exterior de la Calle Ajusco y Tecamachalco de la Colonia Gustavo Díaz Ordaz de esta Ciudad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En primer término, el que la testigo presencial de los hechos JAZMIN MARES PEÑA se condujo ante el Agente del Ministerio Público, así como ante el Agente Investigador de apellidos MENDEZ DELAGADO de forma similar, asegure que es hermana de quien fue MARTÍN MARES PEÑA. Sostuvo que en el lapso de tiempo comprendido de las veintiún horas con treinta minutos y veintidós horas del día Dieciocho de Agosto de Dos Mil Dieciocho, se encontraba enfrente del domicilio de la novia de su hermano (hoy occiso en vida) de nombre KAREN LITZU ubicado en el cruce de las Calles Ajusco y Tecamachalco de la Colonia Gustavo Díaz Ordaz de esta ciudad, que observó a su hermano bajarse (del lado del copiloto) de un vehículo color rojo y dirigirse a un portón del domicilio a cerrarlo, pero en eso llegó una camioneta Liberty, color gris sin placas de la que descendieron dos sujetos a quienes conoce como CRISTIAN PAYAN a quien le dicen el CHOCOLATE o LEPRICAN, y DANIEL IVAN SILVA a quien le apodan GONZALO; textualmente refirió: MARTÍN MARES PEÑA dijo "que quieren aquí", en ese momento uno de los sujetos le advirtió "ahora si te vas a morir"; mientras su hermano advirtió a todos que se escondieran, luego se escucharon varios balazos, y los sujetos se fueron en el vehículo mencionado huyendo rumbo a la Calle Pimentel. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Esta seguridad de identificación de los agresores de MARTÍN MARES PEÑA manifestada por la testigo, llevó al Ministerio Público a practicar un acto de investigación idóneo para verificar tal información y facilitar la identificación de los agresores, ello en fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, como fue actuar dentro del parámetro que para ello establece el numeral 279 de aplicación supletoria al 277, por no encontrarse presente la persona a reconocer, ambos del Código Nacional Procesal Penal, pues le fue exhibida una serie fotográfica del rostro de cuatro hombres de rostros similares, entre las cuales reconoció la marcada con el número TRES refiriendo que se trata del sujeto a quien menciona en su declaración de CRISTIAN PAYAN a quien le dicen el CHOCOLATE o LEPRICAN; resultando que la persona reconocida por la testigo responde al nombre de CRISTIAN VALTIERRA PAYAN alias "CHOCOLATE" o "LEPRICAN".- - - - - Así, el Ministerio Público nuevamente practicó un acto de investigación idóneo para verificar tal información y facilitar la identificación de uno de los que dispararon en contra de MARTÍN MARES PEÑA; y en términos del numeral 279, de aplicación supletoria al 277, ambos del Código Nacional Procesal Penal, el día veintidós de agosto de dos mil dieciocho, le fueron puestas a la vista una serie de cuatro fotografías de personas con características físicas-faciales similares, de entre las cuales reconoció la marcada con el número DOS, afirmando que se trata del sujeto a quien mencionó en su declaración con DANIEL IVAN SILVA a quien le apodan GONZALO; luego, se le hizo saber que la persona reconocida responde al nombre de DANIEL IVAN LUCERO y/o DANIEL LUCERO SILVA alias "GONZALO".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - De ahí que de la justipreciación de los datos de prueba expuestos y valorados jurídicamente se cuente con una serie de indicios que forman una cadena ininterrumpida de ellos que llevan a la conclusión de tener por demostrada la probable coautoría de DANIEL IVAN LUCERO y/o DANIEL LUCERO SILVA alias "GONZALO" y de CRISTIAN VALTIERRA PAYAN alias "CHOCOLATE" o "LEPRICAN", en términos del Artículo 21 fracción III del Código Penal Estatal, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127 y 136 fracción II incisos b) y d) del Código Penal Estatal, cometido en perjuicio de quién en vida llevó el nombre de MARTÍN PEÑA MARES (sic), en hechos sucedidos el día Dieciocho de Agosto de Dos Mil Dieciocho, entre las veintiún horas con treinta minutos y veintidós horas, en el exterior de la Calle Ajusco y Tecamachalco de la Colonia Gustavo Díaz Ordaz de esta Ciudad- - - - - - - - - - - - - - - - - De lo anterior, se advierte que en términos de lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de origen, asignó libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica, justificando adecuadamente el valor otorgado, explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica del parte informativo de diecinueve de agosto de dos mil dieciocho, signado por Alejandro Macías Sierra, agente de la policía ministerial, adscrito a la unidad de delitos contra la integridad física y daños; parte informativo de veinte de agosto de dos mil dieciocho, signado por Adrián Alberto Méndez delgado, agente de la policía ministerial, adscrito a la unidad de delitos contra la vida; parte informativo de veinte de agosto de dos mil dieciocho signado por el Adrián Alberto Méndez Delgado, agente de la policía ministerial, adscrito a la unidad de delitos contra la vida; dictamen en criminalística de campo elaborado por el perito Adrián Murillo Briseño, perito en criminalística de campo adscrito a servicios periciales y ciencias forenses en la zona norte; informe de necrocirugía de diecinueve de agosto del año dos mil dieciocho, rendido por la María Elena Robles Delgado médico forense adscrito a la dirección de servicios periciales y ciencias forenses, comparecencia de identificación de cadáver a cargo de Ana Bibiana Castañeda Salazar y Jazmín Mares Peña, parte informativo elaborado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho por Adrián Alberto Méndez Delgado, agente de la policía ministerial, adscrito a la unidad de delitos contra la vida; declaración testimonial de Jazmín Mares Peña, realizada ante el agente del Ministerio Público en el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho; y diligencias de reconocimiento de persona por fotografía de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, realizadas ante el agente del Ministerio Público. En esas condiciones, este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que los datos de prueba que narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que Cristian Valtierra Payan, en coautoría con otro sujeto, cometió el hecho configurativo del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 123, 124, 127 y 136 fracción II incisos b) y d) del Código Penal Estatal, en perjuicio de quien en vida llevó el nombre de MARTÍN MARES PEÑA, entre las veintiún horas con treinta minutos y veintidós horas del dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, en el exterior de la calle Ajusco y Tecamachalco de la colonia Gustavo Díaz Ordaz, en esta ciudad. Finalmente, en relación al diverso requisito para la emisión de la orden de aprehensión, consistente en la necesidad de cautela, cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b) Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en el numeral 168 del citado Código Nacional, que establece: 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. En el caso a estudio, al analizar la necesidad de cautela, el Juez de Control consideró que el delito por el cual se solicitó la orden de captura, es de aquellos que el artículo 19 constitucional y el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, considera como de prisión preventiva oficiosa, por lo que el indiciado no tendría derecho a enfrentar el juicio en libertad, lo que aunado a la pena de prisión que corresponde a los delitos que se le atribuyeron, consideró que eran aspectos relevantes para considerar que la presencia del ahora quejoso podría verse demorada o dificultada, razón por la cual, determinó que la manera de garantizar la presencia del quejoso, sería mediante una orden de aprehensión. La consideración plasmada por la autoridad responsable en su mandato de captura se estima esencialmente correcta, en la medida que el delito de HOMICIDIO CALIFICADO es de aquellos que el legislador estableció que ameritan prisión preventiva oficiosa, en cuyo caso el inculpado no tiene derecho a enfrentar el proceso en libertad. Por ende, tratándose de hechos configurativos de ese tipo de delitos (que ameritan prisión preventiva oficiosa), la necesidad de cautela se encuentra implícita, al así haberlo dispuesto el legislador (necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva por la naturaleza del delito), dado que con posterioridad al cumplimiento de la orden de aprehensión ya no podría obtener su libertad durante el proceso, ante una eventual vinculación a proceso, porque en estos casos, la única medida que se puede imponer es la de prisión preventiva; de ahí que, en este aspecto, la orden de aprehensión reclamada no lesione los derechos del quejoso. Por otra parte, en cuanto al último requisito, en el caso, está debidamente acreditado al estar debidamente fundada y motivada la orden de captura combatida; pues el Juez responsable citó los preceptos aplicables al caso y con un razonamiento propio encuadró el hecho a la hipótesis normativa citada, señalando los datos de prueba que lo justifican, lo que permite establecer la probable participación del quejoso en su comisión. Bajo ese contexto, los datos de prueba antes mencionados resultan suficientes para el dictado de la orden de aprehensión reclamada, al estar reunidos los requisitos exigidos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, el suscrito considera que no le asiste razón al quejoso al manifestar que la orden de captura reclama es ilegal por no estar debidamente fundada y motivada como lo estable el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, en el aludido numeral se encuentran plasmados los requisitos para la emisión del auto de vinculación a proceso; por ende, el estudio del acto reclamado se realizó a la luz del artículo 16 constitucional. En las relacionadas condiciones, desestimados los conceptos de violación expresados, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, 63, fracción V, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 579/2018-VI, promovido por Cristian Valtierra Payan, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Cristian Valtierra Payan, contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en la orden de aprehensión dictada el veintiocho de agosto dos mil dieciocho, en la causa penal 2573/2018, así como su ejecución, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma David César Aranda González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez, hoy veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como legalmente corresponda; y en atención a su contenido, téngase al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado, mediante proveído de dieciséis del mes y año en curso, remitiendo copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo *******, de su índice. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219 y 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2º de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente, de los informes justificados rendidos por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y la Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en relación a los actos reclamados al Fiscal General Zona Norte, se advierte que en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se encuentra radicado el juicio de amparo 586/2018-VII, por el mismo acto reclamado y víctima, pero distinto quejoso. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, copia certificada del juicio de amparo referido en el párrafo que antecede. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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