Cristian Manuel Moreno Olivas

Expediente 965/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
965/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
16/02/2017

Partes del expediente

  • Cristian Manuel Moreno Olivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia en que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y archívense las actuaciones como asunto concluido. Así pues, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa, se negó, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción II, del acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, no tiene valor jurídico, no constan documentos originales y no hubo oposición a la publicación de datos personales, así como que es susceptible de depuración. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Además, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido; en efecto, en el presente expediente no existe información reservada o confidencial en términos de lo previsto en los artículos 13,14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del numeral 37 del Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Atribuciones de los Órganos en Materia de Transparencia, así como los Procedimientos de Acceso a La información Pública y Protección de Datos Personales, de ahí que no tiene aplicación el precepto legal en cuestión. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 965/2016-IV, promovido por *******, contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado a este juzgado al día siguiente, *******, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades siguientes: III. Autoridades responsables COMO ORDENADORA: 1.- El JUEZ 5º DE Distrito como autoridad ordenadora quienes tiene su domicilio en Avenida Tecnológico domicilio conocido. COMO EJECUTORAS: 1.- El C. comisionado del procurador general de la república con domicilio en calle Abraham Lincoln y Hermanos Escobar. 2.- El C. Comandante de la Policía Judicial Federal destacamentado en esta Ciudad. 3.- Agentes del ministerio público de la Federación adscrito a los Juzgados de Distrito. IV. Acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en mi contra, por la responsable ordenadora, y tratada de ejecutarse por las ejecutoras, sin que el suscrito haya cometido al participado en hechos delictuosos de ninguna especie. SEGUNDO. Derechos constitucionales que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis (foja 4), se previno al quejoso para que aclarara su demanda, señalando al efecto: a) si la ejecución del acto reclamado la atribuye al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado (que fue el órgano jurisdiccional que señaló como autoridad ordenadora); b) si la ejecución del acto reclamado la atribuye a diversos agentes del Ministerio Público de la Federación; y, c) proporcionara las denominaciones correctas de las autoridades responsables que denominó como "Comisionado del Procurador General de la República" y "Comandante de la Policía Judicial Federal". En relación a lo anterior, el quejoso, mediante escrito presentado en tiempo (foja 9), manifestó que: La ejecución del acto reclamado se la atribuye al agente del ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, no así a los demás agentes del Ministerio Público indicados, y Que la denominación correcta de la diversa autoridad ejecutora es Comisario (sic) de la Policía Federal. CUARTO. Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciséis (foja 10), se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con el número de juicio 965/2016-IV; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la resolución correspondiente. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que pudiera tener ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de garantías así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: Del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez: La orden de reaprehensión que dictó en contra del quejoso, mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******. Del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez y del Coordinador Estatal en Chihuahua de la Policía Federal (denominación correcta), con residencia en la misma localidad: La ejecución de la orden de reaprehensión reclamada. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (foja 24), manifestó que no es cierto el acto reclamado, pues no emitió orden de "aprehensión" en contra del quejoso, sino que, en la causa penal *******, dictó orden de "reaprehensión" en contra de *******, mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Dicha negativa se desvirtúa, pues con independencia de la denominación que el quejoso atribuyó al acto reclamado, es indudable que el quejoso reclama del Juez de Distrito responsable, un acto privativo de libertad que resultó ser cierto, tal como lo acepta dicha autoridad ordenadora, lo que se corrobora tomando en cuenta que remitió copia certificada de las constancias conducentes de causa penal *******, de las que se advierte, a foja 60, la existencia de dicho acto. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario adscrito al Juzgado responsable. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XVI, página 391, con registro 211004, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos si existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (foja 18), de igual forma, manifestó que no es cierto que pretende ejecutar una orden de "aprehensión" en contra del quejoso, pero informó que el veintiocho de octubre del año en curso, el Juez responsable dictó orden de "reaprehensión" con su contra, dentro de la causa penal mencionada. De manera que, por las mismas razones anteriormente expuestas, se desvirtúa su negativa, pues lo cierto es que dicha orden existe y su ejecución es inminente, con independencia, se insiste, de la denominación que a dicho acto privativo de libertad le haya asignado el quejoso. Por último, el Coordinador Estatal en Chihuahua de la Policía Federal, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (foja 68), manifestó que no es cierto el acto reclamado, sin embargo, como se argumentó en el párrafo que antecede, debido a la inminencia de la ejecución de la orden de reaprehensión efectivamente dictada en contra del quejoso, también dicha negativa se desvirtúa. En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se tienen como ciertos los actos reclamados. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Análisis del acto reclamado. El quejoso reclamó la orden de reaprehensión dictada en su contra por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******. En principio es menester indicar que ante la ausencia de conceptos de violación concretos formulados por el quejoso y en atención a que, conforme al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en este asunto procede la suplencia de la queja, es en éstos términos que se procede al análisis del acto reclamado. Pues bien, la orden de reaprehensión reclamada, como todo acto de autoridad, debe sujetarse a lo previsto por el primer párrafo del artículo 16 Constitucional (texto aplicable al caso), que dispone lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto es, que una orden de reaprehensión debe ser emitida por escrito y por autoridad competente, la cual deberá, en todo caso, fundar y motivar su proceder. Pues bien, en el caso, la orden de reaprehensión reclamada, fue emitida por escrito (foja 60) y por autoridad competente, esto es, por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, quien es precisamente la autoridad competente para ello, pues fue la autoridad jurisdiccional que le instruyó la causa penal de referencia, dictó sentencia en su contra y se encarga de declarar la extinción de las sanciones impuestas, esto conforme a los artículos 1º, fracción VI y 112 ter, párrafo cuarto, del Código Federal de Procedimientos Penales. Ahora bien, a efecto de analizar la fundamentación y motivación de la orden de reaprehensión reclamada, se narran los antecedentes de la misma: El tres de mayo de dos mil doce, se dictó sentencia en contra de *******, aquí quejoso, dentro de la causa penal *******, en la cual se determinó que es penalmente responsable del delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, por posesión de marihuana, previsto y sancionado por el artículo 477, primer párrafo, de la Ley General de Salud (foja 25), Por ello, se le impuso una pena privativa de libertad de diez meses de prisión y un día multa, equivalente a sesenta y dos pesos con treinta y tres centavos moneda nacional (foja 37), Además, se le concedieron los beneficios sustitutivos de la pena privativa de prisión, consistentes en trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, por tratamiento en libertad o por multa, así como el de condena condicional (fojas 37 y 37 vuelta), El cuatro de junio de dos mil doce, causó ejecutoria dicha sentencia y además, se tuvo al sentenciado acogiéndose al beneficio de condena condicional que le fue otorgado, proveyendo al efecto en dicho auto lo siguiente (foja 39): (.) Asimismo, en términos del referido precepto legal, hágase del conocimiento del sentenciado de mérito, que en lo sucesivo quedará al cuidado y vigilancia que ejerza la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, residente en México, Distrito Federal, y que deberá obligarse a residir en determinado lugar del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia, desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación ilícitos y abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica. (.) Auto que fue notificado al aquí quejoso, el cinco de junio de dos mil doce, mediante cédula de notificación (fojas 43 y 44), Posteriormente, en auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito responsable, requirió a la Dirección General de Control de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, para que informara si el aquí quejoso, cumplió con las obligaciones inherentes al beneficio de la condena condicional que se le otorgó (foja 39); autoridad que, mediante telegrama agregado a foja 51, informó que no obra constancia sobre el cumplimiento, por parte del aquí quejoso, de tales obligaciones, Por lo anterior, en auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito responsable, requirió al quejoso en los siguientes términos: (.) Por otro lado, agréguese el telegrama que remite la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social, por el cual en respuesta del oficio ******* que este juzgado envió, informa que en dicha Dirección General no obra registro de constancias de cumplimiento derivadas del beneficio de la condena condicional concedida a *******. Sin embargo, para mejor proveer requiérase al sentenciado en comento, como a su depositante *******, para que en un plazo de tres días contados a partir de su legal notificación exhiba ante este órgano jurisdiccional las constancias de cumplimiento derivadas del beneficio de la condena condicional, lo anterior para estar en posibilidades de decretar la extinción de la penal, o bien, proveer lo que legalmente proceda. (.) A lo cual, el aquí quejoso, mediante escrito agregado a foja 59, manifestó: (.) que no di cumplimiento al beneficio de condena condicional al cual me acogí, en virtud de que mi defensor particular en ningún momento me hizo saber que debía dar cumplimiento con algunas obligaciones inherentes a dicho beneficio, motivo por el cual no di debido cumplimiento no obstante lo anterior, me encuentro en la mejor disposición de seguir dando cumplimiento a las mismas. Finalmente, con vista en lo anterior, el Juez de Distrito responsable, en auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, acordó lo siguiente (foja 60): (.) Agréguese el oficio firmado por el sentenciado *******, mediante el cual manifiesta que no dio cumplimiento al beneficio de condena condicional, toda vez que su defensor particular no le informó que tenía que cumplir con algunas obligaciones inherentes a ese beneficio, sin embargo refiere que se encuentra en la mejor disposición de seguir dando cumplimiento. Empero, es de establecer que en el sumario obra la notificación realizada el cinco de junio del dos mil doce (foja 283), donde se le hizo del conocimiento al sentenciado *******, que se le tuvo por acogido al beneficio de la condena condicional, asimismo las obligaciones que conllevaba su disfrute, conforme lo establece el artículo 90, fracción II, del Código Penal Federal. En ese tenor, con base en el artículo 90, fracción X, de la codificación en cita, se revoca el beneficio de la condena condicional y se ordena la reaprehensión del sentenciado *******, la que deberá transcribirse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para su cumplimiento; en la inteligencia que una vez lograda la misma, el enjuiciado deberá quedar detenido en el centro penitenciario de la localidad a disposición de este juzgado; por lo anterior, hágase efectivo el billete de depósito *******, valioso por la cantidad de $*******, a favor de la Tesorería de la Federación, para que aplique su importe a favor del erario federal. Infórmese lo anterior a la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad para los efectos legales conducentes. En atención a lo expuesto, se suspende la ejecución de la sentencia hasta en tanto se logre la captura de dicho sentenciado, de quien se hacen saber sus datos generales. Narrado todo lo anterior, el que suscribe no pierde de vista que la norma citada como fundamento para revocar al aquí quejoso el beneficio de la libertad provisional bajo caución y ordenar la reaprehensión del quejoso, artículo 90, fracción X, del Código Penal Federal, no es aplicable al caso, pues dispone lo siguiente: ARTÍCULO 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas: (.) X.- El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas en este precepto y que está en aptitud de cumplir los demás requisitos que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la condena condicional, podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa. Como puede advertirse de la lectura de dicho precepto, no se refiere a la hipótesis en la cual, debido a que el sentenciado haya incumplido con las obligaciones inherentes al beneficio de la condena condicional, pueda revocársele dicho beneficio sustitutivo y ser reaprehendido con el propósito de que cumpla con la pena privativa de libertad que se le haya impuesto; sino que, el precepto aplicable al caso, es la fracción IX, de la propia norma, que dispone: IX.- En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción. Sin embargo, ya que el acto reclamado proviene de una autoridad jurisdiccional, emitida dentro de un proceso penal, en el cual las partes conocen los hechos que ahí se dirimen y las circunstancias del caso, no es trascendente la cita errónea de la fracción mencionada, pues sí queda claro, en cambio, que el beneficio de la condena condicional se revocó debido al incumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo, lo que trajo como consecuencia que se ordenara la reaprehensión del quejoso; además, a ningún efecto práctico conduciría otorgar al quejoso la protección de la Justicia Federal para el único efecto de que el Juez de Distrito responsable cite la fracción efectivamente aplicable, del artículo 90 del Código Federal de Procedimientos Penales -al que sí se hizo referencia-, pues la orden de reaprehensión y su estudio de fondo, subsistirían. Continuando, la orden de reaprehensión reclamada, se advierte correctamente motivada, pues el Juez de Distrito responsable, argumentó que consta la notificación de cinco de julio de dos mil doce (foja 43 y 44), practicada al quejoso, respecto del auto de cuatro de junio del mismo año (foja 39), en el cual se le hicieron saber las obligaciones inherentes al beneficio de condena condicional, tales como: - que quedaría bajo el cuidado y vigilancia de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, residente en México, Distrito Federal, - que debería obligarse a residir en determinado lugar, del que no podría ausentarse sin permiso de la autoridad mencionada en el punto que antecede, - que debería desempeñar, en el plazo que se le fijara, una profesión, arte, oficio u ocupación lícitos, y - que debería abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica. Esto, tal como lo prescribe el citado artículo 90, fracciones II y V, del Código Penal Federal: ARTICULO 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas: II.- Para gozar de este beneficio el sentenciado deberá: a).- Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido; b).- Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia; c).- Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos; d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; y e).- Reparar el daño causado. Cuando por sus circunstancias personales no pueda reparar desde luego el daño causado, dará caución o se sujetará a las medidas que a juicio del juez o tribunal sean bastantes para asegurar que cumplirá, en el plazo que se le fije, esta obligación. (.) V.- Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. En consecuencia, lo procedente es negar al quejoso *******, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó, contra la orden de reaprehensión que reclamó el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, dictada el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal *******; negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, pues no se les reclamaron actos por vicios propios. Por lo expuesto, fundado se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en contra del acto reclamado y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy, diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio remitido por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. Se tiene que tal autoridad cumple con lo que se le solicitó en autos de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y de cuatro de los actuales, pues indica que no llevó a cabo en la causa penal *******, de su índice, la diligencia a que se refiere el artículo 90, fracción IV, del Código Penal Federal. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el oficio remitido por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. Se tiene que tal autoridad no cumple con lo que se le solicitó en auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, pues remitió sólo copia certificada del auto de cuatro de junio de dos mil doce, en que tuvo por acogido al aquí quejoso al beneficio de condena condicional, así como de las constancias actuariales relativas, no así de la diligencia a que refiere el artículo 90, fracción IV, del Código Penal Federal, es decir, la encaminada a hacer del conocimiento del sentenciado que se suspendió el beneficio que le fue concedido. Por ende, se solicita atentamente al Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, para que a la brevedad posible, remita copia certificada de la diligencia aludida supra líneas, o bien, informe si no se llevó a cabo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.

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