Coastal Energy Solutions Pte. Ltd

Expediente 676/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
676/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions Pte. Ltd

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    Agréguese el comunicado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual informa que las terceras interesadas interpusieron revisión adhesiva en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Agréguese el comunicado del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Agréguese el escrito del apoderado de la parte quejosa; en atención a su contenido; con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso a), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la interlocutoria dictada en este cuaderno; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, así como el escrito electrónico de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de agravios, dejando en esta Secretaría la correspondiente a la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se informe quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 676/2023, promovido por ***** contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. El acto reclamado es la resolución de trece de abril de dos mil veintiuno (engrosada el veintidós de mayo de dos mil veintitrés), que modificó el auto dictado el once de enero de dos mil veintiuno en el concurso mercantil **** por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y en su lugar dio intervención a la fiduciaria para cuantificar los USD $15´147,004.61 (quince millones ciento cuarenta y siete mil cuatro dólares 61/100), requeridos para la comerciante, a partir de la tarifa máxima pactada en el contrato de fideicomiso y sin considerar el gasto ordinario generado, particularmente el indicado en la cláusula octava del contrato de fideicomiso ..., por el cual debe responder la concursada. La quejosa solicita la medida en general, para suspender la entrega del dinero requerido a la fiduciaria; se atenderá a ello conforme a la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019200, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, la autoridad responsable rindió su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez responsable aceptó la existencia del acto reclamado. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La parte quejosa es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Para el otorgamiento de la suspensión en el juicio constitucional, el órgano de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y del artículo 138 de la Ley de Amparo. La apariencia del buen derecho consiste en un juicio preliminar sobre la conformidad a la pretensión del solicitante, y en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, el o la juzgadora está facultado para verificar preliminarmente si está o no probada la apariencia del buen derecho alegada. Por su parte, el interés social es entendido como el conjunto de pretensiones de una determinada colectividad encaminadas a obtener beneficios para todos sus integrantes y que, por tales razones, son protegidas en forma permanente y continua por el Estado a través de disposiciones legislativas y diversas medidas de carácter administrativo; entendiéndose que existe un agravio a ese interés cuando, de concederse la suspensión del acto reclamado, se provoque a la sociedad o colectividad un daño o perjuicio que de otra manera no resentiría, o bien, cuando se le prive de algún beneficio que ordinariamente le corresponda. Este interés público existe en la Ley de Concursos Mercantiles, en cuanto a la finalidad de conservar las empresas y evitar el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, que ponga en riesgo su viabilidad y de las demás con las que el concursado mantenga una relación de negocios, en términos del artículo 1 de la propia ley. La legislación toma en cuenta el valor intrínseco de la empresa por la importancia que representa a la comunidad, generadora de empleos productivos y de riqueza para la sociedad; de manera que las circunstancias que llevan a los problemas económicos y financieros de un empresario no sólo afectan a su organización, sino también a todos aquellos que tienen una relación con ella, como son los proveedores de materias primas y servicios, empleados y acreedores. Por esa razón, la ley regula el proceso de concurso mercantil desde la perspectiva de conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, ponga en riesgo la viabilidad de la empresa, así como de las diversas sociedades con las que aquélla mantenga una relación de negocios, y sólo cuando no haya condiciones de reestructurar las finanzas de la concursada, se procederá a la quiebra, con el objeto de proceder a la liquidación con la consecuente enajenación de sus unidades productivas o de sus bienes para el pago de los créditos reconocidos. Para lograr dicha finalidad, la legislación prevé diversos mecanismos de protección jurídico-patrimonial para salvaguardar los bienes de la concursada y evitar que sean dilapidados en detrimento de los acreedores que eventualmente concurrirán al procedimiento de concurso mercantil. Una medida que posibilita la rehabilitación de la empresa y evita el incumplimiento generalizado de las obligaciones, es la de permitir que el comerciante continúe con sus operaciones ordinarias o esenciales, solventando los gastos indispensables para ellas, bajo la supervisión del conciliador. De esta manera, se conserva la operación de la empresa y se mantiene la liquidez necesaria durante la tramitación del concurso mercantil, evitándose que el incumplimiento que dio origen al procedimiento concursal ponga en riesgo su viabilidad económica. En el caso, la parte quejosa impugnó la resolución donde se dio intervención a la fiduciaria para cuantificar el monto requerido para la comerciante equivalente a USD$15´147,004.61 (quince millones ciento cuarenta y siete mil cuatro dólares 61/100), e indicó que sus operaciones debían realizarse a partir de la tarifa máxima pactada en el contrato de fideicomiso y sin considerar el gasto ordinario generado, particularmente el indicado en la cláusula octava del contrato de fideicomiso CIB/2346, por el cual debe responder la concursada. Acorde a la demanda de amparo, el auto impugnado constituyó el derecho a la comerciante a recibir una cantidad, que sólo podría disminuir acorde al desarrollo de las operaciones señaladas por la juzgadora responsable, además, se dejó a cargo de la concursada el pago del gasto ordinario, sin intervención de la fiduciaria. La juzgadora responsable sostuvo que la fiduciaria puede emprender la revisión de los recursos fideicomitidos, empero, la medida tomada en el acto reclamado se basa en evitar disminuciones injustificadas al capital correspondiente a la comerciante, así como vencer la resistencia a entregarle sus recursos. Las razones empleadas tienen la finalidad directa y expresa de procurar la conservación de la comerciante, es decir, mantener la viabilidad de la empresa, lo cual justifica negar la suspensión solicitada. En efecto, en primer término debe señalarse que un punto en común del acto reclamado es que los fondos requeridos, se generaron a causa de la relación comercial que vincula al fideicomiso ..., para captar los recursos tanto de la comerciante como de las morales con las cuales integra un grupo empresarial, que conjuntamente tienen operaciones comerciantes con .... Ahora, es un hecho notorio lo resuelto en el recurso de revisión R.C. ... por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo objeto fue la resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, que confirmó el acuerdo emitido el ocho de diciembre de dos mil diecisiete en el concurso mercantil, que ordenó consignar ante el juzgado de origen y ahora responsable, montos de los derechos de cobro originados en el contrato de prestación de servicios ****. En dicho precedente, se concluyó que los bienes y derechos en general que son patrimonio de la comerciante, tratándose del concurso mercantil, están sujetos a los principios y reglas de orden público sobre la administración, custodia y aplicación de activos. Por su parte, en el diverso recurso de revisión R.C. ..., el propio órgano colegiado concluyó que el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la juzgadora concursal estipuló que los requerimientos de numerario solo van dirigidos a los derechos de cobro de que es beneficiaria la comerciante. Conforme a esos antecedentes, si se impide dar cumplimiento al requerimiento hecho por la autoridad judicial responsable en el acto reclamado, se pondría en riesgo la viabilidad de la concursada, es decir, de conceder la suspensión se inobservaría la finalidad del concurso mercantil que es de interés de la sociedad y de orden público, consistente en hacer llegar directamente recursos a la comerciante, porque compromete la viabilidad de sus operaciones empresariales a falta de los recursos que le pertenecen. En estas condiciones, a partir de un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social, resulta que al conceder la suspensión solicitada se afectaría este último concepto, así como el funcionamiento de la concursada durante la tramitación del proceso concursal y se pondría en riesgo su viabilidad económica, lo que contravendría el interés público de evitar que las empresas incumplan de manera generalizada con las obligaciones de pago. Lo cual se justifica además, en que la fiduciaria ha sido contumaz en acatar la orden de entregar a la concursada el capital a que tiene derecho, además, que ha descontado recursos injustificadamente. En ese sentido, la medida adoptada en el acto reclamado tiene esa doble finalidad de vencer la conducta señalada, y facilitar la viabilidad financiera de la comerciante, por ello, debe prevalecer el acto reclamado. Por ende, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no es posible vislumbrar conforme a la apariencia del buen derecho la afectación a las prerrogativas sustantivas de la parte quejosa, puesto que de conceder la medida, como se explicó, se generarían afectaciones al orden público e interés general. Por tanto, al analizar los requisitos mencionados, se debe NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***** contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo. Doy fe

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