Coastal Energy Solutions Pte. Ltd

Expediente 762/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
762/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions Pte. Ltd

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admite a trámite el medio de impugnación que menciona, de lo que se toma conocimiento. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese el ocurso electrónico de ... apoderado de la moral ... PTE. LTD.; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA, contra el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el informe respectivo, los presentes autos, así como la impresión y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación del mismo. Fórmese el cuaderno de antecedentes. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales correspondientes. Se ordena que, una vez que se tenga conocimiento de quién es el Tribunal que resolverá el medio de impugnación referido, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    CITATORIO: se notifica por medio de lista a la moral quejosa.. el contenido del auto de fecha 19 de julio de 2022, que en lo conducente dice:"Vista la demanda de amparo que promueve ****, personalidad que se le reconoce en términos del instrumento notarial que acompaña1; contra un acto de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, al respecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 762/2022. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo2 establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia3, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de junio del año en curso, emitida en el concurso mercantil ****, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de treinta de mayo pasado, donde se agregó sin mayor pronunciamiento la petición de multar a la concursada y su depositaria, conforme al apercibimiento decretado el ocho de abril de la presente anualidad. Lo anterior, pues aduce que estas últimas han realizado gastos comunes sin reportarlos, de modo que incumplen lo ordenado por la juez del concurso. Al respecto se invoca la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. El presente juicio es improcedente toda vez que el acto reclamado no genera un agravio personal y directo en contra de la quejosa; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales aludidos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Por otra parte, el ordinal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acciónconstitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". En la especie, la improcedencia surge toda vez que el desentrañamiento del reclamo permite sostener que la pretensión de la moral quejosa es que se imponga a su contraria una multa para que rinda información que a su decir, tiene el objeto de cumplir con sus obligaciones procesales; sin embargo, debe decirse que las medidas de apremio se diseñan y contemplan en la ley para que los juzgadores hagan cumplir sus determinaciones, sin que sea la sanción, un derecho disponible para los justiciables, sino un mecanismo coactivo con que cuentan las autoridades. Al efecto se invoca la tesis I.10o.T.1 K de la Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, en Materia(s): Común, Página: 523, que dispone: "MEDIDAS DE APREMIO. LAS PARTES NO PUEDEN COMPELER AL JUZGADOR PARA APLICARLAS. El juzgador es quien tiene a su disposición las medidas de apremio que establece la ley para hacer cumplir sus determinaciones y por ende, la potestad para decidir cuándo es necesaria su aplicación, por lo que ninguna de las partes puede compelirle a hacer efectivo alguno de los medios de apremio contenidos en el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo." De modo que si la resolución, como señala la moral quejosa, evita que la concursada y su depositaria sean sancionadas con una multa por no manifestar la información que se les ha requerido e el juicio concursal de origen, es claro que no se afecta la esfera de derechos sustantivos de la parte quejosa; y es que más allá de que la imposición de medidas de apremio no es una prerrogativa disponible para los particulares, lo cierto es que en este caso, la situación jurídica creada por el acto reclamado está dirigida a dichas personas, y no a la peticionaria. Analógicamente, se cita la tesis II.3o.C.19 K, de la Novena Época, Registro: 173849, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, página: 1245, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las pre staciones reclamadas." También se cita, por las razones que la sostienen, la tesis I.8o.C.34 K de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, en Materia(s): Común, Página: 1155, que dispone: "MULTA. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE APLICARLA AL QUEJOSO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY DE AMPARO, NO LEGITIMA A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, DADO QUE EN ESE ASPECTO NO SE AFECTAN DE MANERA DIRECTA SUS INTERESES. De la interpretación armónica de los artículos 5o., 83, 87 y 88 de la Ley de Amparo, se advierte quiénes pueden intervenir en el juicio de garantías como partes: el agraviado, las autoridades responsables, el Ministerio Público y el tercero perjudicado, teniendo ese carácter la contraparte del quejoso, en litigios que no sean del orden penal, el ofendido en procedimientos de ese tipo o las personas con derecho a la responsabilidad proveniente de un ilícito y los gestionantes del acto reclamado, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo, así como el que tenga interés directo en la subsistencia de dicho acto reclamado; que el tercero perjudicado tiene un interés en que subsista el acto reclamado, bien sea porque se niegue al quejoso la protección de la Justicia Federal o porque se sobresea en el juicio de amparo respectivo; que en todos los casos en que sea procedente el recurso de revisión, cuando la sentencia de amparo sea favorable a los intereses de una de las partes, ésta podrá adherirse a la revisión interpuesta por la parte que obtuvo resolución adversa a sus intereses, mas no interponer directamente el recurso de revisión cuando la sentencia le fue favorable, aunado a que la revisión adhesiva no tiene por objeto impugnar la o las determinaciones tomadas en la sentencia constitucional recurrida, sino expresar argumentos que robustezcan la parte considerativa de la sentencia de amparo. Así, el tercero perjudicado carece de legitimación en la causa para interponer el recurso de revisión, cuando la sentencia le sea favorable, esto es, cuando se niegue el amparo y protección de la Justicia de la Unión o cuando se sobresea en el juicio constitucional, empero, además, carece de legitimación en la causa para impugnar, a través de ese medio de impugnación, la omisión del Juez de Distrito de aplicar una multa al quejoso, aun cuando se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, en virtud de que la multa correspondiente se aplicaría a favor del erario de la Federación, pero no a favor de la parte recurrente; por ende, si con tal omisión no se afecta de manera directa el interés jurídico de aquélla, carece de legitimación en la causa para solicitar en el multicitado recurso de revisión la aplicación de dicha sanción, por lo que debe desecharse el correspondiente medio de impugnación que con tal propósito haga valer la parte tercera perjudicada." Por tanto, el acto reclamado no genera una afectación personal y directa a la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que el particular carece de un derecho a que su contrario en la contienda sea sancionado; y en su caso, cuando la medida de apremio se impone, corresponde al apremiado la legitimación para impugnar y no al colitigante. Al efecto se invoca, por analogía, la tesis XI.2o.48 L de la Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 1995, en Materia(s): Laboral, Página: 161, que establece: "CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y MEDIDAS DE APREMIO IMPUESTAS POR LAS JUNTAS, AFECTAN EL INTERES JURIDICO EN CONTRA DE QUIEN SE APLICAN. Las correcciones disciplinarias y medidas de apremio que se impongan por las Juntas laborales, para mantener el buen orden en el desarrollo de las diligencias o dictado de los laudos, para lograr hacer comparecer a las personas ante su presencia o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones, sólo producen afectación directa en la esfera jurídica de la persona o personas a quienes se impongan, aún para el caso de que se trate del apoderado de alguna de las partes, porque será a éste y no a sus representados a quien, por su aplicación, se causará un acto de molestia." Consecuentemente, al no afectarse de forma personal y directa la esfera jurídica de la quejosa con la emisión del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia aludida; y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada para los mismos efectos a la persona que menciona. Respecto de aquellas que autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Asimismo, como lo solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con el nombre de usuario proporcionado, para consultar el expediente electrónico. Se hace de su conocimiento que puede pedir la notificación de las resoluciones que lleguen a dictarse en este asunto a través de dicha vía. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ****, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.""

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