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Expediente 1129/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1129/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
07/12/2023

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions, Pte. Ltd.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su verificativo. Lo anterior, porque el secretario encargado del despacho, licenciado ..., actúa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, esto es, únicamente con facultades para proveer cuestiones de mero trámite o urgentes; luego, la celebración de la audiencia señalada para el día de hoy no podría calificarse como un acto con las características apuntadas, dada su naturaleza y trascendencia en el proceso constitucional. Al respecto se cita la tesis I.7o.C.63 K, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, de octubre de 2010, novena época, en materia común, cuyo rubro y texto son: "SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CARECE DE FACULTADES PARA PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Doctrinariamente se ha considerado que un acuerdo de mero trámite es aquel que no implica un pronunciamiento de derecho con relación a las cuestiones planteadas, esto es, decisiones que no establecen o definen una situación particular de las partes dentro del procedimiento o que reconozcan a favor de ellas un derecho, ya sea procesal o sustantivo. Ahora bien, la persona que suple al Juez de Distrito en sus funciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene limitadas sus atribuciones para únicamente practicar diligencias urgentes y dictar providencias de mero trámite; en este sentido debe concluirse que el secretario encargado del despacho no está facultado para resolver sobre el escrito de ofrecimiento de pruebas, en virtud de que no se trata de una diligencia de carácter urgente y tampoco de una providencia de mero trámite puesto que tal acuerdo contiene una posición que decide la situación procesal planteada y trasciende al resultado del fallo; además, de acuerdo con los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, es en la audiencia constitucional donde debe proveerse sobre la admisión y, en su caso desahogo de las pruebas; acto que el secretario encargado del despacho en términos del artículo 43 de la ley orgánica invocada no puede llevar a cabo, si no cuenta con la correspondiente autorización del Consejo de la Judicatura Federal. Hipótesis diferente a lo que acontece respecto a los alegatos cuya determinación sí es de mero trámite." Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Finalmente, agréguese el escrito del apoderado de la tercera interesada ...; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos e invocando la improcedencia del juicio, con lo que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional que al efecto celebre. Por lo que hace a las determinaciones que precisa, de ser necesarias se tomarán en cuenta como hecho notorio para dictar la respectiva sentencia, pues constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como, en la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Tribunal Pleno, de la Décima Época, registro en el IUS 2017123, intitulada: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Agréguese a sus autos el escrito de la parte quejosa; atento a su contenido; con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso a), 84, 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la interlocutoria de trece de noviembre de este año; remítanse los autos del incidente de suspensión al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, para los efectos de la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistas las constancias que remite el juzgado responsable, el suscrito acuerda: Dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el plazo que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmese el cuaderno auxiliar I, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1129/2023, promovido por ******, apoderado de ** *****, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. La determinación emitida el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el concurso mercantil ***** por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró fundado el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de once de agosto anterior, en su lugar reiteró la imposición a ****** del apercibimiento consistente en una multa equivalente a veinte días de unidad de medida en la Ciudad de México, a quien también ordenó transferir ******(***** y modificó únicamente lo relativo a fundar y motivar el diverso requerimiento de doble pago. La quejosa solicita suspender la entrega del numerario requerido. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, la autoridad responsable rindió su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. Previo a analizar la procedencia de la medida suspensional solicitada, es pertinente establecer que en el amparo, el interés jurídico se ha estatuido como la noción del derecho que la quejosa tiene con relación al objeto específico que pretende afectarse con el acto de autoridad. Por ejemplo, si se reclama un acto de desposesión, el interés jurídico se acredita con la existencia del acto jurídico o la norma que confieren al afectado el derecho real o personal en relación al bien del que pretende privarse la tenencia. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En esta tesitura, puede válidamente colegirse que el interés jurídico para el amparo, es una cuestión de derecho y no solamente de hecho. Luego, la figura del interés se hace presente tanto en el juicio principal de amparo, como para efectos de la medida cautelar; con lo cual deben distinguirse tres estándares probatorios para acreditarlo, cuyo grado se intensifica conforme transcurre la secuela procesal, a fin de dar oportunidad al impetrante de amparo de probar lo que a su interés conviene. I. El primer grado corresponde al de la suspensión provisional; cuyo rigor probatorio es el menos riguroso, en tanto que participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; de ahí que basta la exhibición de un documento sin mayores requisitos que presuntivamente revele la existencia de un derecho. Es aplicable la jurisprudencia 4/2009, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." II. Por otro lado, cuando se trata de la suspensión definitiva, la comprobación del interés jurídico, así como su afectación, exige de un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables y se da al quejoso la oportunidad de participar en la contienda más activamente en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiéndole en su caso, desvirtuar o no su contenido; y aportar elementos probatorios durante la sustanciación del incidente de suspensión, a fin de revelar que existen más elementos (adicionales a lo que se ofrecieron originalmente, cuando éstos por sí mismos no sean suficientes para permear en las dos suspensiones), que hagan más perceptible o patente la existencia de un derecho a su favor. Orienta lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), de la Décima Época, registro: 2008231 de los Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1726, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." III. Por último, el tercer grado en el interés jurídico, que sólo corresponde al juicio de amparo principal, en donde debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Precisado lo anterior, en el caso, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues existe petición de parte agraviada; y no se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del dispositivo 107, fracción X de la Constitución Federal. Empero, no es dable conceder la medida cautelar solicitada, pues la quejosa no acredita ni indiciariamente, la afectación de su interés jurídico para suspender la ejecución del acto reclamado. Lo anterior, porque las medidas tomadas en el acto reclamado consisten en la imposición directa de sanciones a la paraestatal ****, por no cumplir con las determinaciones judiciales con las cuales fue apercibida. Además, la juzgadora responsable formuló órdenes a dicha empresa del Estado para transferir capital, y la apercibió con aplicar un doble pago, en caso de desatender ese mandamiento. De donde se sigue que en términos del acto reclamado el único patrimonio afectado, visto de forma preliminar, es el de la paraestatal *****, porque es quien deberá afrontar la multa actualizada, así como desprenderse de patrimonio propio para solventar la carga apuesta y garantizar el pago demandado. Acorde a esa narrativa y conforme a las constancias presentadas por la propia quejosa, se corrobora que la impetrante no fue involucrada directamente en los desplazamientos financieros ordenados por el acto reclamado. Por otra parte, conforme a la reproducción de la decisión judicial cuestionada se advierte que la quejosa fue parte recurrente y por ende destinataria del pronunciamiento de la juzgadora responsable. Lo cual constituye la posibilidad de obtener una respuesta a los agravios planteados de forma fundada y motivada, no obstante, ese evento corresponde analizarse en la sentencia que se dicte en el fondo de la controversia, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Empero, la posibilidad de obtener una respuesta a los cuestionamientos efectuados de modo alguno implica un reconocimiento indirecto de prerrogativas, derechos o de garantías para la quejosa. Esto es, al haber participado en la secuela recursal la impetrante sólo tiene a favor un derecho procesal, tutelado por el derecho de acceso a la jurisdicción, donde se analice las alegaciones sustentadas como conceptos de violación, consistentes en tener la propiedad o prerrogativa de una parte del numerario requerido a la paraestatal. Consecuentemente, si de acuerdo al acto reclamado exhibido por la quejosa, el requerimiento de pago y apercibimientos únicamente surten efectos para *******, entonces la quejosa no debe soportar afectaciones patrimoniales, puesto que no las tiene reconocidas en términos de la determinación cuestionada. Atento a lo anterior, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, pues el requerimiento de pago únicamente se encuentra dirigido a ******, y no así a la parte quejosa. Finalmente, por lo que ve a los alegatos formulados, debe decirse que no es dable que sean tomados en cuenta, dado que no forman parte de la litis constitucional; a lo anterior tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a *****, apoderado de ****, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ... Ley de Amparo. Doy fe.

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