Coastal Energy Solutions, Pte. Ltd.

Expediente 1213/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1213/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
05/12/2023

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions, Pte. Ltd.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Agréguese el comunicado del juzgado responsable, mediante el cual remite las constancias que refiere, en consecuencia; dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde al estado procesal de autos, fórmese el cuaderno auxiliar II. Por lo anterior, y vista la certificación Secretarial, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy por el motivo que se asienta en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO para su verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia III.2o.P.J/14 visible en la página 1449, tomo XVII, Marzo De 2003 de la Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIO TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES CONTINUOS." NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Agréguese el ocurso de la parte quejosa por conducto de su apoderado, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso a), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la suspensión definitiva dictada en autos; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, así como impresión del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido, para lo cual se deberá agregar sin previo acuerdo la constancia que se tenga para ello. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el informe justificado de la Juez responsable, el suscrito acuerda: Dese vista a las partes con su contenido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Acorde al estado procesal de autos, fórmese el cuaderno auxiliar I. Ahora bien, para contar con todos los elementos que permitan resolver, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se solicita a la Juez responsable para que conforme a sus cargas de trabajo, de ser posible en el plazo de tres días, legalmente computado, remita copia certificada del contrato de fideicomiso *****. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1213/2023, promovido por ****, por conducto de su apoderado ******; contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. La resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró infundado el recurso de revocación promovido por ******, contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés (donde se proveyeron las promociones 17232 y 17333), que solicitó a ****, entregar información sobre los pagos efectuados a la quejosa por concepto de rentas, dentro del fideicomiso. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, la autoridad responsable rindió su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La autoridad responsable aceptó la existencia del reclamado. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. Previo a analizar la procedencia de la medida suspensional solicitada, es pertinente establecer que en el amparo, el interés jurídico se ha estatuido como la noción del derecho que la quejosa tiene con relación al objeto específico que pretende afectarse con el acto de autoridad. Por ejemplo, si se reclama un acto de desposesión, el interés jurídico se acredita con la existencia del acto jurídico o la norma que confieren al afectado el derecho real o personal en relación al bien del que pretende privarse la tenencia. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En esta tesitura, puede válidamente colegirse que el interés jurídico para el amparo, es una cuestión de derecho y no solamente de hecho. Luego, la figura del interés se hace presente tanto en el juicio principal de amparo, como para efectos de la medida cautelar; con lo cual deben distinguirse tres estándares probatorios para acreditarlo, cuyo grado se intensifica conforme transcurre la secuela procesal, a fin de dar oportunidad al impetrante de amparo de probar lo que a su interés conviene. I. El primer grado corresponde al de la suspensión provisional; cuyo rigor probatorio es el menos exigente, en tanto que participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; de ahí que basta la exhibición de un documento sin mayores requisitos que presuntivamente revele la existencia de un derecho. Es aplicable la jurisprudencia 4/2009, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." II. Por otro lado, cuando se trata de la suspensión definitiva, la comprobación del interés jurídico, así como su afectación, exige de un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables y se da al quejoso la oportunidad de participar en la contienda más activamente en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiéndole en su caso, desvirtuar o no su contenido; y aportar elementos probatorios durante la sustanciación del incidente de suspensión, a fin de revelar que existen más elementos (adicionales a lo que se ofrecieron originalmente, cuando éstos por sí mismos no sean suficientes para permear en las dos suspensiones), que hagan más perceptible o patente la existencia de un derecho a su favor. Orienta lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), de la Décima Época, registro: 2008231 de los Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1726, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." III. Por último, el tercer grado en el interés jurídico, que sólo corresponde al juicio de amparo principal, en donde debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." CUARTO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Precisado lo anterior, en el caso, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues existe petición de parte agraviada; y no se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Federal. Empero, no es dable conceder la medida cautelar solicitada, pues la quejosa no acredita ni indiciariamente, la afectación de su interés jurídico para suspender la ejecución del acto reclamado. Lo anterior, porque la medida tomada en la determinación que dio origen al acto reclamado, consiste en requerir directamente a ***** para exhibir documentación específica sobre la administración del fideicomiso donde es fiduciaria. Por lo que, si bien es cierto que requiere la relación de los movimientos de las cuenta a fin de tener conocimiento de los pagos efectuados a la aquí quejosa por concepto de rentas, en realidad dicha determinación no causa una consecuencia directa a la quejosa ***** ya que la información solicitada no revela aspectos de su organización y administración interna. Además de que la información requerida no impone obligaciones a la quejosa, pues la destinataria es la fiduciaria del fideicomiso *****, tampoco abarca aspectos corporativos de la impetrante, pues acorde a la reproducción del acto reclamado exhibida, se trata de una relación de pagos específicos de los fondos gestionados por la fiduciaria, es decir, una lista de pagos realizados con fundamento en el propio contrato de fideicomiso. De esos aspectos a juicio del suscrito no se sigue develar las operaciones financieras, relaciones comerciales, haberes patrimoniales, funcionales u orgánicos, administrativos o contables sobre las operaciones propias de la quejosa. Acorde a esa narrativa y conforme a las constancias presentadas por la propia quejosa, se corrobora que la impetrante no es la destinataria directa del requerimiento ordenado en el auto que dio origen al acto reclamado. Ahora, al resolver el recurso de revisión ****** el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, determinó que la fiduciaria es la encargada de registrar y administrar los ingresos derivados del contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, así como de distribuir el dinero realizando los gastos ordinarios necesarios para mantener la plataforma y la planta de gas con base en la cual se da cumplimiento a lo pactado con la paraestatal, y una vez hechos esos pagos, también tiene el deber de repartir los ingresos remanentes a los fideicomitentes, conforme a los porcentajes pactados en la cláusula ******* del aludido contrato. Asimismo, que a través del fideicomiso únicamente se garantiza a ***** el pago de la renta de la plataforma, por lo que solo es beneficiaria en razón del servicio que provee. Lo cual corrobora el objeto del requerimiento, en cuanto a que no es información de la quejosa sino del contrato de fideicomiso, que gestiona diversa entidad. En ese contexto, el requerimiento realizado a ***** como fiduciaria, se encuentra directamente relacionado con el desempeño de sus funciones de administración y registro de los recursos del fideicomiso; no así con la quejosa, a quien no se dirige mandamiento alguno tendiente a esclarecer su administración interna que afecte directa e inmediatamente sus derechos sustantivos, ya que de modo alguno se encuentra frente a la posibilidad de quedar expuesta la secrecía y la confidencialidad de su contabilidad o la verificación del cumplimiento de sus obligaciones de fiscalización. Esto es, no resiente una afectación indirecta con motivo del acto reclamado; consecuentemente, conforme al acto reclamado, el requerimiento de información únicamente surte efectos para ******, en ejercicio de sus obligaciones como fiduciaria; entonces la quejosa no debe soportar afectaciones sustantivas relativas a su administración interna con la determinación cuestionada. Atento a lo anterior, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, pues el requerimiento de información solo se encuentra dirigido a *****, y no así a la parte quejosa. Finalmente, por lo que ve a los alegatos formulados, debe decirse que no es dable que sean tomados en cuenta, dado que no forman parte de la litis constitucional; a lo anterior tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por ******, por conducto de su apoderado ******; contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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