Coastal Energy Solutions Pte. Ltd.

Expediente 1285/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1285/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/12/2023

Partes del expediente

  • Coastal Energy Solutions Pte. Ltd.
  • Juez Séptimo de Distrito En Materia Civil En la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1285/2023, promovido por ****, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. El acto reclamado es la resolución de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el concurso mercantil ***/*** por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación promovido contra el auto de treinta de agosto anterior (donde se proveyeron las promociones ****), que ordenó girar oficio a los Jueces Quincuagésimo Sexto y Décimo Octavo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, en los expedientes **** respectivamente, para informales: - El resolutivo décimo segundo de la sentencia que declaró en concurso mercantil a ****. - Que no se pueden ejecutar medidas en contravención al concurso mercantil. - Que deben prevalecer las providencias del concurso mercantil sobre las dictadas por dichos juzgadores, únicamente por cuanto hace a los recursos de la comerciante. - Requirió la remisión de fondos de la concursada que hubieren sido entregados por ***, en los citados procesos. - Que los derechos de cobro derivados del contrato *** fueron cedidos al fideicomiso ***, y que su fiduciaria es la única facultada para defender su patrimonio. Además, la A Quo postergó emitir medidas ejecutivas sobre el patrimonio de **** e instruyó al órgano interno de control de la empresa estatal, en el conocimiento de la negativa a entregar recursos para la concursada. Asimismo, se expidieron comunicaciones oficiales a diversas dependencias para informar la etapa en que se encuentra el concurso mercantil, y la vigencia de las medidas decretadas, con la finalidad de no afectar, disponer o dilapidar recursos de la masa concursal SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, la autoridad responsable rindió su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La autoridad responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La quejosa es parte recursal sobre el acto reclamado, y por ende destinataria de la decisión judicial objeto de este asunto, con lo cual acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Para el otorgamiento de la suspensión en el juicio constitucional, el órgano de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal y del artículo 138 de la Ley de Amparo. La apariencia del buen derecho consiste en un juicio. La apariencia del buen derecho consiste en un juicio preliminar sobre la conformidad a derecho de la pretensión del solicitante, y en términos del artículo 138 citado, el o la juzgadora está facultado para verificar preliminarmente si está o no probada la apariencia del buen derecho alegada. Por su parte, el interés social es entendido como el conjunto de pretensiones de una determinada colectividad encaminadas a obtener beneficios para todos sus integrantes y que, por tales razones, son protegidas en forma permanente y continua por el Estado a través de disposiciones legislativas y diversas medidas de carácter administrativo; entendiéndose que existe un agravio a ese interés cuando, de concederse la suspensión del acto reclamado, se provoque a la sociedad o colectividad un daño o perjuicio que de otra manera no resentiría, o bien, cuando se le prive de algún beneficio que ordinariamente le corresponda. Este interés público existe en la Ley de Concursos Mercantiles, en cuanto a la finalidad de conservar las empresas y evitar el incumplimiento generalizado de sus obligaciones, que ponga en riesgo su viabilidad y de las demás con las que el concursado mantenga una relación de negocios, en términos del artículo 1 de la propia ley. La legislación toma en cuenta el valor intrínseco de la empresa por la importancia que representa a la comunidad, generadora de empleos productivos y de riqueza para la sociedad; de manera que las circunstancias que llevan a los problemas económicos y financieros de un empresario no sólo afectan a su empresa, sino también a todos aquellos que tienen una relación con ella, como son los proveedores de materias primas y servicios, empleados y acreedores. Por esa razón, la ley regula el proceso de concurso mercantil desde la perspectiva de conservar las empresas y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, ponga en riesgo la viabilidad de la empresa, así como de las diversas sociedades con las que aquélla mantenga una relación de negocios, y sólo cuando no haya condiciones de reestructurar las finanzas de la concursada, se procederá a la quiebra, con el objeto de proceder a la liquidación con la consecuente enajenación de sus unidades productivas o de sus bienes para el pago de los créditos reconocidos. Para lograr dicha finalidad, la legislación prevé diversos mecanismos de protección jurídico-patrimonial para salvaguardar los bienes de la concursada y evitar que sean dilapidados en detrimento de los acreedores que eventualmente concurrirán al procedimiento de concurso mercantil. Una medida que posibilita la rehabilitación de la empresa y evita el incumplimiento generalizado de las obligaciones, es la de permitir que el comerciante continúe con sus operaciones ordinarias o esenciales, solventando los gastos indispensables para ellas, bajo la supervisión del conciliador. De esta manera, se conserva la operación de la empresa y se mantiene la liquidez necesaria durante la tramitación del concurso mercantil, evitándose que el incumplimiento que dio origen al procedimiento concursal ponga en riesgo su viabilidad económica. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra la determinación que ordenó girar oficio a los Jueces Quincuagésimo Sexto y Décimo Octavo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, en los expedientes **/** y **/** respectivamente, para informales y requerirles cumplir las medidas que protegen únicamente los recursos de la comerciante sujeta a concurso mercantil. La juzgadora responsable sostuvo que las medidas precautorias promovidas por la quejosa ante los juzgadores locales, tienen relación con los bienes del fideicomiso CIB/2346, los cuales solo pueden ser defendidos por la fiduciaria, como titular directa de la administración, gestión y dispersión del patrimonio fideicomitido, integrado por los recursos entregados por ***. Las razones empleadas en el acto reclamado tienen la finalidad directa y expresa de procurar la conservación de la comerciante, es decir, mantener la viabilidad de la empresa y salvaguardar únicamente la masa concursal. Además, los mecanismos impuestos por la Juzgadora responsable también buscan mantener la rectoría y vigilancia del fideicomiso que provee fondos para la concursada, pues se basa en señalar las medidas obsequiadas por los Jueces Quincuagésimo Sexto y Décimo Octavo de lo Civil, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, en los expedientes ***/*** y **/** respectivamente, no tienen el alcance de restringir o defender los recursos requeridos. Esos objetivos justifican negar la suspensión solicitada, pues de paralizar la ejecución del acto reclamado se constituirían derechos a la impetrante, para afectar el patrimonio fideicomitido sin tener legitimidad para ello, e imponer mecanismos discrecionales de reparto sobre el capital entregado por ***. Ahora, es un hecho notorio lo resuelto en el recurso de revisión *** por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se concluyó que deben consignarse ante el juzgado concursal, los recursos que entregue *** que pertenecen a la concursada, porque tiene vigentes los derechos de cobro originados en el contrato de prestación de servicios ***. Además, en dicho precedente se concluyó que los bienes y derechos en general que son patrimonio de la comerciante, tratándose del concurso mercantil, están sujetos a los principios y reglas de orden público sobre la administración, custodia y aplicación de activos regidos por el concurso mercantil. En tanto que los requerimientos de numerario solo deben estar dirigidos a los derechos de cobro de que es beneficiaria la comerciante, finalidad que predica la orden emitida en el acto reclamado pues se limita a requerir las cantidades pertenecientes a la concursada y en tal orden de ideas, la quejosa tampoco puede condicionar la eventual defensa de sus recursos, por una afectación generalizada de todos los fondos que buscó paralizar con las medidas emitidas por los juzgadores locales requeridos. De igual modo, debe tenerse presente que en el apuntado precedente se resolvió que las órdenes provenientes de terceros, como la quejosa, para dispersar los recursos del fideicomiso, son injustificadas e ilegales. Por ello, al acoger los términos de las medidas implementadas por los juzgadores de la Ciudad de México requeridos, se incurriría en el vicio de ilegalidad observado en el precedente señalado. Conforme a esos antecedentes, si se impide el otorgamiento de los recursos requeridos por la concursada mediante la suspensión de las medidas dictadas por la juez de origen para lograr su exhibición, se pondría en riesgo la viabilidad de la comerciante y se contravendrían disposiciones de orden público, que es una limitación para conceder la suspensión. Es decir, de conceder la suspensión se inobservaría la finalidad del concurso mercantil que es de interés de la sociedad y de orden público, consistente en hacer llegar directamente recursos a la concursada, porque compromete la viabilidad de sus operaciones empresariales a falta de los recursos que le pertenecen. Máxime que el acto reclamado únicamente requirió la entrega de recursos de la concursada, lo cual limita el alcance a esos fondos, y protege los de la quejosa o sujetos relacionados. En estas condiciones, a partir de un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social, resulta que al conceder la suspensión solicitada se afectaría este último concepto, así como el funcionamiento de la concursada durante la tramitación del proceso concursal y se pondría en riesgo su viabilidad económica, lo que contravendría el interés público de evitar que las empresas incumplan de manera generalizada con las obligaciones de pago. Por ende, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no es posible vislumbrar conforme a la apariencia del buen derecho la afectación a las prerrogativas sustantivas de la parte quejosa, puesto que de conceder la medida, como se explicó, se generarían afectaciones al orden público e interés general. Por tanto, al analizar los requisitos mencionados, se debe NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***, contra actos de la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Agréguese el oficio de la Juez responsable, mediante el cual de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, rinde su INFORME PREVIO en los términos que indica NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Agréguese al ocurso de *****, apoderado de la tercera interesada *****, personalidad que se le reconoce conforme al instrumento digitalizado anexo, atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente cuaderno incidental. Respecto de quienes designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, gozarán de las facultades amplias que prevé, si tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; pues de lo contrario, únicamente podrán oír y recibir notificaciones. Se autoriza a las personas que indica para los efectos que refiere. Como se solicita, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con los nombres de usuarios proporcionados, para consultar el expediente a través de la vía electrónica, así como para recibir notificaciones personales. Atento a ello, no ha lugar a tener por señalado el domicilio procesal. Respecto al correo electrónico que refiere, únicamente será considerado para entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese el escrito de la quejosa, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado y desahoga la prevención formulada en autos, en consecuencia: Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que habrán de rendir cumpliendo con lo prescrito en los dispositivos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberán anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al arábigo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. Conforme a lo dispuesto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, por cuerda separada, con copia simple de la demanda, así como con reproducción certificada del presente proveído, fórmese el incidente de suspensión. IV. De los terceros interesados. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada a ..., ..., ambas Sociedades Anónimas de Capital Variable, ****.*** y .... a quienes se deberá emplazar en los domicilios que se proporcionan para tal efecto. En términos del precepto 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. V. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. ACUMULACIÓN DE PLANO DEL AMPARO 1285/2023, CON EL 1272/20233. Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, en relación a los numerales 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento en cita, el suscrito decreta oficiosamente y de plano la acumulación de este juicio desde este momento, conforme a las razones que se exponen enseguida. La acumulación de juicios es una figura adjetiva que tiene por objeto hacer efectivo el principio de economía procesal y evitar la contradicción de resoluciones que se dicten en negocios que impliquen el mismo problema jurídico. Esto es, cuando existan dos causas con una conexidad palmaria en su objeto jurídico, procede dar una misma solución a ambas, lo cual es dable por medio de la figura en mención. La Ley de Amparo no contempla disposición expresa que regule la acumulación, empero, su artículo 66 sí establece las cuestiones incidentales. Asimismo, esta figura se encuentra contemplada en el código procesal supletorio, específicamente en sus artículos 72 y 73. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la viabilidad jurídica de la acumulación de juicios cuando se tramitan en el mismo Juzgado Federal, y estableció los pasos a seguir en el procedimiento relativo. Dichos lineamientos quedaron plasmados en la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10ª.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, en materia Común, que dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." De lo anterior derivan los requisitos de procedibilidad de la acumulación, que son: El amparo se promueva en contra de las mismas autoridades. Identidad en el acto reclamado a las responsables. Que las causas estén en trámite. Es decir, que no se haya celebrado la audiencia constitucional en alguno. En el caso, de las demandas que promovidas por ****** por conducto de sus apoderados legales, se advierte lo siguiente: 1. En ambas se señaló como responsable a la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2. En sendos procesos, se reclamó: La resolución de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el concurso mercantil ... por la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que declaró infundado el recurso de revocación promovido contra el auto de treinta de agosto anterior (donde se proveyeron las promociones 17737, 17872, 17873 y 17970), que ordenó girar oficio a los Jueces Quincuagésimo Sexto y Décimo Octavo, ambos de lo Civil de la Ciudad de México, en los expedientes 792/2023 y 774/2023 respectivamente, para informales: - El resolutivo décimo segundo de la sentencia que declaró en concurso mercantil a ***** - Que no se pueden ejecutar medidas en contravención al concurso mercantil. - Que deben prevalecer las providencias del concurso mercantil sobre las dictadas por dichos juzgadores, únicamente por cuanto hace a los recursos de la comerciante. - Requirió la remisión de fondos de la concursada que hubieren sido entregados por ..., en los citados procesos. - Que los derechos de cobro derivados del contrato 422213801 fueron cedidos al fideicomiso ..., y que su fiduciaria es la única facultada para defender su patrimonio. Además, la A Quo postergó emitir medidas ejecutivas sobre el patrimonio de **** e instruyó al órgano interno de control de la empresa estatal, en el conocimiento de la negativa a entregar recursos para la concursada. Asimismo, se expidieron comunicaciones oficiales a diversas dependencias para informar la etapa en que se encuentra el concurso mercantil, y la vigencia de las medidas decretadas, con la finalidad de no afectar, disponer o dilapidar recursos de la masa concursal Por lo que, al haberse promovido los juicios de amparo de referencia en contra de la misma autoridad responsable y contra el mismo acto reclamado; se colige que por economía procesal y agilidad en el trámite, es dable decretar la acumulación. Por tanto, se ordena acumular oficiosamente y de plano, el amparo indirecto 1285/2023 al 1272/2023, pues este último fue el primero en haberse tramitado ante este órgano jurisdiccional. Se ordena cambiar la carátula del expediente en que se actúa, debiendo asentar los datos relativos a la acumulación. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído a las partes. Finalmente, es necesario precisar que con relación a la audiencia constitucional, subsiste la señalada en el amparo indirecto 1272/2023, para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

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