Claudia Ibeth Gaona Anguiano
Expediente 738/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 738/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudia Ibeth Gaona Anguiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Billete de depósito. Visto el estado procesal de autos, en específico la certificación de cuenta, se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito N-911839 y N-917752 expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, que amparan las cantidades de $15,881.00 (quince mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional) y $.04 (cero pesos 04/100 moneda nacional), respectivamente, los cuales fueron exhibidos por la parte quejosa con motivo de la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión derivado del presente asunto; en consecuencia se provee lo siguiente. Hágasele saber a la parte promovente que una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución de dichos certificados de depósito, en el entendido que de no hacerlo en ese lapso, transcurridos dos años, prescribirá a favor del erario federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Se ordena archivo físico. En otro aspecto, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente. En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio. Incidente de suspensión. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las medidas cautelares solicitadas; sin soslayar que, por una parte, se negó la suspensión definitiva. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio y depúrese el original de los cuadernos de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, en su momento transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de enero de dos mil veintidós. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la resolución de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de cuaderno de prueba. Finalmente, devuélvale al Juez responsable la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil ********************, lo cual remitió como sustento de su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA JORGE IGNACIO PAREDES MAGAÑA, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto V-738/2021, promovido por Claudia Ibeth Gaona Anguiano, por su propio derecho contra los actos reclamados de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial Morelia y otra autoridad; y,R E S U L T A N D O:PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Claudia Ibeth Gaona Anguiano, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial Morelia y el Actuario judicial de su adscripción, de quienes reclamó los siguientes actos: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DECADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De la autoridad responsable señalada como ordenadora, reclamo todo lo actuado dentro del expediente relativo al juicio Ejecutivo Mercantil número 345/2021 que promueve en mi contra el C: JORGE IGNACIO PAREDES MAGAÑA, desde el ilegal emplazamiento hasta la última actuación. De la autoridad responsable señalada como ejecutora, reclamo la ilegal diligencia de emplazamiento que se practicó dentro del expediente de referencia, así como todos los actos derivados de dicho llamamiento a juicio, o que son consecuencia de éste, reclamo así mismo las omisiones en que incurrió la actuaria, al no cumplir con los requisitos de ley para los emplazamientos y, las demás omisiones que se siguieron cometiendo durante los actos subsecuentes al ilegal emplazamiento." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose la misma con el número de amparo V-738/2021; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. En virtud de que en términos de lo dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, con tales funciones celebró la audiencia constitucional, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional.Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia de rubro "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER". TERCERO. Asignación de nuevo titular. Toda vez que a través de los oficios SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determinó que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, será éste quien habrá de emitir el presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia civil con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, ampliación de la misma y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y ampliación de ésta y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: El emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 345/2021, promovido por Jorge Ignacio Paredes Magaña, sobre pago de pesos, en contra de la aquí quejosa. Las consecuencias derivadas del emplazamiento.TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial Morelia y el Actuario judicial de su adscripción, pues así se advierte del informe con justificación que rindieron, en el sentido de que en ese órgano jurisdiccional se tramita el juicio ejecutivo mercantil de origen, promovido por el tercero interesado Jorge Ignacio Paredes Magaña, sobre pago de pesos, en contra de la aquí quejosa y, fue emplazada a juicio.Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 345/2021, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones.CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.En ese sentido, no obstante la certeza del acto reclamado, el presente juicio de garantías deviene improcedente, al actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado a contrario sensu, de la Ley de la Materia,En efecto, los numerales invocados disponen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ""Artículo 107. El amparo indirecto procede:.VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." De los preceptos transcritos se aprecia que por regla general, el juicio de amparo promovido por quien tiene la calidad de tercero extraño equiparado en un juicio, contra la falta o ilegal emplazamiento realizado en un juicio. A contrario sentido, la acción constitucional es improcedente si quien lo promueve no tiene dicha calidad de tercero extraño por equiparación.En el caso a estudio, la peticionaria del amparo reclama la ilegalidad del emplazamiento verificado el dos de julio de dos mil veintiuno, al juicio ejecutivo mercantil número 345/2021, promovido por Jorge Ignacio Paredes Magaña, por conducto de sus endosatarios en procuración, en su contra, así como las consecuencias de dicho emplazamiento.Ahora bien, precisa indicar que de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 341/2021, mismas que fueron previamente valoradas, evidencian que: - Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, compareció Jorge Ignacio Paredes Magaña, por conducto de sus endosatarios en procuración, a promover juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, con base en un pagaré, en contra de la ahora quejosa, de quien reclamó el pago de la suma de doscientos setenta mil pesos, como suerte principal entre otras prestaciones. - De dicha demanda correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil hoy responsable, quien la admitió a trámite mediante auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, además, ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demandada. - El dos de julio de dos mil veintiuno, previo citatorio, la actuaria adscrita al Juzgado responsable, llevó a cabo el emplazamiento al juicio natural de la ahora quejosa. En auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, como la parte demandada no contestó la demanda entablada en su contra, se le tuvo por confesa de los hechos asentados en la misma, además, se ordenó abrir el juicio a prueba por el plazo de tres días comunes a las partes. Finalmente, en proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, señaló hora y fecha, a fin de que, en audiencia pública, las partes emitieran sus alegatos, misma que tuvo verificativo el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, conforme al acta respectiva, sin que hayan concurrido las partes en litigio, por lo que ordenó citar a las partes para oír sentencia definitiva, sin que a la fecha se haya emitido la misma. En el caso, como quedó de manifiesto, el emplazamiento a juicio reclamado en este juicio, tuvo lugar el dos de julio de dos mil veintiuno. Mientras que de la demanda de amparo, la quejosa manifestó haber tenido conocimiento exacto de los actos reclamados el día dos de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que acudió al Juzgado responsable a imponerse de las actuaciones. Luego, es evidente que con ello se desvirtúa su carácter de tercero extraño equiparado en el presente juicio de amparo.Es decir, la hoy quejosa tuvo conocimiento pleno del acto que reclama antes del dictado de la sentencia dictada en el juicio natural.En el mismo sentido, si bien es cierto que el ilegal emplazamiento resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, no menos lo es que, en el particular, al haber tenido conocimiento de ello antes de emitirse la sentencia definitiva, debió ser combatido a través del incidente de nulidad de actuaciones.O en su defecto, en amparo directo como violación intraprocesal, en los términos de lo establecido por los artículos 170, 172, fracción I y 174 de la Ley de Amparo. Mas no, el juicio de amparo en la vía indirecta, pues como quedó de manifiesto, la hoy quejosa tuvo conocimiento de la tramitación del juicio natural, previo al dictado de la sentencia en el mismo.Esto es, aunque la peticionaria del amparo se ostenta como tercera extraña por equiparación, en realidad no tiene esa calidad.Es así, porque tercero extraño por equiparación, es quien habiendo sido señalado como parte en el juicio natural de donde emana el acto de que se duele, no es llamado al mismo a defender sus derechos o se le cita en forma contraria a la ley.De ahí, que no puede estimarse como tercera extraña a la promovente, porque como quedó de manifiesto, las constancias del juicio natural evidencian que ésta es parte formal en el mismo y que tuvo conocimiento de la "ilegalidad del emplazamiento" de que se duele, antes de que se hubiera dictado la sentencia definitiva correspondiente en el procedimiento de origen, lo que lleva a colegir que tuvo expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos en el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, antes de promover el juicio de amparo.Y si bien es cierto que un tercero extraño no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legal previstos por el Código de Procedimientos Civiles respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento cuando se tiene conocimiento de dichos actos después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones, resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo; sin embargo, cuando se tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio, de la demanda que lo originó, de los documentos adjuntos a la misma, de los documentos que identifican a la parte actora, del nombre del juzgado y del número de juicio, como aconteció en el caso a estudio, no se está en el caso de excepción que se atiende.En apoyo de lo anterior es de invocar la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, bajo el registro digital 2004274, que a la letra dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia".Y la diversa de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:"PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo."En tales circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI interpretado a contrario sensu, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Por lo anterior, es improcedente analizar los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados, que son aspectos que no pueden analizarse en este amparo, ante el sobreseimiento decretado.Apoya lo así expuesto, la jurisprudencia número 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decrete el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente".Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, al no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia.Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 24, tercera parte, página 50, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios."No se atenderán los alegatos formulados en autos, toda vez que no son materia de la litis Constitucional y, por ello, no existe el deber de atender las argumentaciones ahí vertidas, en términos de los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." (Registro: 205449, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Página 14)Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente.Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número V-738/2021, promovido por Claudia Ibeth Gaona Anguiano, contra actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad y la Actuaria de su adscripción, por las razones anotadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto V-738/2021, promovido por Claudia Ibeth Gaona Anguiano, por su propio derecho contra los actos reclamados de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial Morelia y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Claudia Ibeth Gaona Anguiano, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial Morelia y el Actuario judicial de su adscripción, de quienes reclamó los siguientes actos: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DECADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De la autoridad responsable señalada como ordenadora, reclamo todo lo actuado dentro del expediente relativo al juicio Ejecutivo Mercantil número 345/2021 que promueve en mi contra el C: JORGE IGNACIO PAREDES MAGAÑA, desde el ilegal emplazamiento hasta la última actuación. De la autoridad responsable señalada como ejecutora, reclamo la ilegal diligencia de emplazamiento que se practicó dentro del expediente de referencia, así como todos los actos derivados de dicho llamamiento a juicio, o que son consecuencia de éste, reclamo así mismo las omisiones en que incurrió la actuaria, al no cumplir con los requisitos de ley para los emplazamientos y, las demás omisiones que se siguieron cometiendo durante los actos subsecuentes al ilegal emplazamiento." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose la misma con el número de amparo V-738/2021; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. En virtud de que en términos de lo dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, con tales funciones celebró la audiencia constitucional, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia de rubro "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER". TERCERO. Asignación de nuevo titular. Toda vez que a través de los oficios SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determinó que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, será éste quien habrá de emitir el presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia civil con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, ampliación de la misma y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y ampliación de ésta y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: El emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil 345/2021, promovido por Jorge Ignacio Paredes Magaña, sobre pago de pesos, en contra de la aquí quejosa. Las consecuencias derivadas del emplazamiento. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial Morelia y el Actuario judicial de su adscripción, pues así se advierte del informe con justificación que rindieron, en el sentido de que en ese órgano jurisdiccional se tramita el juicio ejecutivo mercantil de origen, promovido por el tercero interesado Jorge Ignacio Paredes Magaña, sobre pago de pesos, en contra de la aquí quejosa y, fue emplazada a juicio. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 345/2021, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, no obstante la certeza del acto reclamado, el presente juicio de garantías deviene improcedente, al actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, interpretado a contrario sensu, de la Ley de la Materia, En efecto, los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." De los preceptos transcritos se aprecia que por regla general, el juicio de amparo promovido por quien tiene la calidad de tercero extraño equiparado en un juicio, contra la falta o ilegal emplazamiento realizado en un juicio. A contrario sentido, la acción constitucional es improcedente si quien lo promueve no tiene dicha calidad de tercero extraño por equiparación. En el caso a estudio, la peticionaria del amparo reclama la ilegalidad del emplazamiento verificado el dos de julio de dos mil veintiuno, al juicio ejecutivo mercantil número 345/2021, promovido por Jorge Ignacio Paredes Magaña, por conducto de sus endosatarios en procuración, en su contra, así como las consecuencias de dicho emplazamiento. Ahora bien, precisa indicar que de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 341/2021, mismas que fueron previamente valoradas, evidencian que: - Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, compareció Jorge Ignacio Paredes Magaña, por conducto de sus endosatarios en procuración, a promover juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, con base en un pagaré, en contra de la ahora quejosa, de quien reclamó el pago de la suma de doscientos setenta mil pesos, como suerte principal entre otras prestaciones. - De dicha demanda correspondió conocer al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil hoy responsable, quien la admitió a trámite mediante auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, además, ordenó llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a la parte demandada. - El dos de julio de dos mil veintiuno, previo citatorio, la actuaria adscrita al Juzgado responsable, llevó a cabo el emplazamiento al juicio natural de la ahora quejosa. En auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, como la parte demandada no contestó la demanda entablada en su contra, se le tuvo por confesa de los hechos asentados en la misma, además, se ordenó abrir el juicio a prueba por el plazo de tres días comunes a las partes. Finalmente, en proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, señaló hora y fecha, a fin de que, en audiencia pública, las partes emitieran sus alegatos, misma que tuvo verificativo el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, conforme al acta respectiva, sin que hayan concurrido las partes en litigio, por lo que ordenó citar a las partes para oír sentencia definitiva, sin que a la fecha se haya emitido la misma. En el caso, como quedó de manifiesto, el emplazamiento a juicio reclamado en este juicio, tuvo lugar el dos de julio de dos mil veintiuno. Mientras que de la demanda de amparo, la quejosa manifestó haber tenido conocimiento exacto de los actos reclamados el día dos de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que acudió al Juzgado responsable a imponerse de las actuaciones. Luego, es evidente que con ello se desvirtúa su carácter de tercero extraño equiparado en el presente juicio de amparo. Es decir, la hoy quejosa tuvo conocimiento pleno del acto que reclama antes del dictado de la sentencia dictada en el juicio natural. En el mismo sentido, si bien es cierto que el ilegal emplazamiento resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, no menos lo es que, en el particular, al haber tenido conocimiento de ello antes de emitirse la sentencia definitiva, debió ser combatido a través del incidente de nulidad de actuaciones. O en su defecto, en amparo directo como violación intraprocesal, en los términos de lo establecido por los artículos 170, 172, fracción I y 174 de la Ley de Amparo. Mas no, el juicio de amparo en la vía indirecta, pues como quedó de manifiesto, la hoy quejosa tuvo conocimiento de la tramitación del juicio natural, previo al dictado de la sentencia en el mismo. Esto es, aunque la peticionaria del amparo se ostenta como tercera extraña por equiparación, en realidad no tiene esa calidad. Es así, porque tercero extraño por equiparación, es quien habiendo sido señalado como parte en el juicio natural de donde emana el acto de que se duele, no es llamado al mismo a defender sus derechos o se le cita en forma contraria a la ley. De ahí, que no puede estimarse como tercera extraña a la promovente, porque como quedó de manifiesto, las constancias del juicio natural evidencian que ésta es parte formal en el mismo y que tuvo conocimiento de la "ilegalidad del emplazamiento" de que se duele, antes de que se hubiera dictado la sentencia definitiva correspondiente en el procedimiento de origen, lo que lleva a colegir que tuvo expeditos sus derechos para hacer valer los recursos ordinarios o medios de defensa legales establecidos en el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, antes de promover el juicio de amparo. Y si bien es cierto que un tercero extraño no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legal previstos por el Código de Procedimientos Civiles respectivo, esto ocurre sólo cuando se impugna la ilegalidad o falta de emplazamiento cuando se tiene conocimiento de dichos actos después de haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones, resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo; sin embargo, cuando se tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio, de la demanda que lo originó, de los documentos adjuntos a la misma, de los documentos que identifican a la parte actora, del nombre del juzgado y del número de juicio, como aconteció en el caso a estudio, no se está en el caso de excepción que se atiende. En apoyo de lo anterior es de invocar la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, bajo el registro digital 2004274, que a la letra dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Y la diversa de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARÁCTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." En tales circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VI interpretado a contrario sensu, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, es improcedente analizar los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados, que son aspectos que no pueden analizarse en este amparo, ante el sobreseimiento decretado. Apoya lo así expuesto, la jurisprudencia número 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decrete el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a la Actuaria adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, al no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 24, tercera parte, página 50, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." No se atenderán los alegatos formulados en autos, toda vez que no son materia de la litis Constitucional y, por ello, no existe el deber de atender las argumentaciones ahí vertidas, en términos de los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." (Registro: 205449, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, Página 14) Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 61, 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número V-738/2021, promovido por Claudia Ibeth Gaona Anguiano, contra actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad y la Actuaria de su adscripción, por las razones anotadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
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