Claudia Georgina Rivera Cortes

Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
954/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Claudia Georgina Rivera Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el cuatro de febrero de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió la protección constitucional a CLAUDIA GEORGINA RIVERA CORTES, para el efecto de que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".provea lo conducente para darle impulso procesal al juicio especial laboral 2A-12/2016. " Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, por oficio presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia autorizada del laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 2A-12/2016. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dado el impulso procesal en el controvertido de origen y con ello, haberse dictado con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el laudo dentro del juicio laboral número 2A-12/2016, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia autorizada del laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral número 2A-12/2016. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de cuatro de febrero del año en curso, en que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Claudia Georgina Rivera Cortés. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: "La Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, provea lo conducente para darle impulso procesal al juicio especial laboral 2A-12/2016.". DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase la devolución del tomo de pruebas que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado adjuntó a su informe, consistente en copias certificadas del juicio especial laboral 2A-12/2016, rogando acuse de recibo de las mismas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Esperanza Fuentes Reyes Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL NDE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo I-954/2021, promovido por Claudia Georgina Rivera Cortes, por conducto de sus apoderados Arturo Sánchez Castro y Eréndira Cedillo Nieto, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dada la naturaleza de los actos reclamados y el sentido en que resolverá el presente asunto, no se advierte que en la especie sea procedente reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a).- La Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. b).- La Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte la autoridad señalada como responsable la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, adjunto la documental consistente en un legajo de copias certificadas del juicio especial laboral 2A-12/2016, con la cual se ordenó formar un tomo de pruebas por separado; así como también las documentales que la parte quejosa adjuntó a su libelo constitucional. Documentales anteriores que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Se tiene por perdido el derechos de las partes de formular alegatos; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-954/2021, promovido por Claudia Georgina Rivera Cortes, por conducto de sus apoderados Arturo Sánchez Castro y Eréndira Cedillo Nieto, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el día siguiente, Claudia Georgina Rivera Cortes, por conducto de sus apoderados Arturo Sánchez Castro y Eréndira Cedillo Nieto, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose con la misma con el número de expediente I-954/2021; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. Por otra parte, mediante auto de veinticinco de octubre del año próximo pasado, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para requerir si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Lo anterior, porque con base al informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advirtió que el juicio especial laboral 2A-12/2016 le corresponde conocer, tramitar y resolver a la Junta Especial Número Dos de esa ??????????????? Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por tratarse de un conflicto individual del trabajo. Luego, por proveído de trece de diciembre del año citado, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo por la autoridad en cita. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos omisivos de autoridades laborales con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, de manera que el conocimiento del caso se determina a prevención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable dentro del juicio especial laboral 2A- 12/2016, del índice de la Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en la presente instancia constitucional, consisten en: a) Omisión de emitir acuerdo alguno tendente a la prosecución del juicio especial citado, con posterioridad a la resolución interlocutoria de seis de julio de dos mil dieciocho, que resolvió la nulidad de actuaciones específicamente del acta de notificación y emplazamiento de la parte demanda del juicio de origen. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, negó la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó, toda vez que adujo que el juicio especial laboral 2A-12/2016, corresponde al índice de la Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 10281, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. Existencia del acto reclamado. En cambio, del contenido del informe justificado rendido por la responsable Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se desprende que es cierto el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con las constancias que la junta responsable remitió junto con su informe justificado; a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por 1 Consultable en la página 708, del Tomo VI, en Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995. ??????????????? tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. Conceptos de violación. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mato 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación aducidos en el escrito inicial, son esencialmente fundados, por los motivos que se exponen a continuación. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las ??????????????? obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues ". la justicia tardía es una forma de injusticia.". En el caso, se desprende que la aquí quejosa reclama la omisión de emitir acuerdo alguno tendente a la prosecución del juicio natural, con posterioridad a la resolución interlocutoria de seis de julio de dos mil dieciocho, que resolvió la nulidad de actuaciones específicamente del acta de notificación y emplazamiento de la parte demanda del juicio especial laboral 2A-12/2016, del índice de la Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Circunstancia que se corrobora con las constancias que remitió la Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Tales circunstancias patentizan que la junta especial responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues de las constancias remitidas por las responsables se desprende que, al menos desde el seis de julio de dos mil dieciocho, fecha en que se dictó la resolución interlocutoria que resolvió el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre nulidad de actuaciones de seis de julio de dos mil dieciocho, deducido del juicio especial laboral 2A-12/2016, no ha emitido ningún acuerdo que tendiente a la prosecución judicial del juicio natural, hasta el momento en que se emite la presente determinación. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Juzgado Federal lo previsto en los numerales 761, 762 y 763 de la anterior Ley Federal del Trabajo, que a la letra reza: "Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." Lo anterior, lleva a concluir que el incidente de nulidad es de previo y especial pronunciamiento, y se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento, lo que conlleva a ??????????????? deducir que en cuanto se resuelva e incidente en comento, la autoridad debe continuar el procedimiento, de inmediato, sin que la ley otorgue un plazo como tal. Por otra parte, no pasa inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra dilaciones excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben haber transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Tales consideraciones dieron génesis a la jurisprudencia de contenido literal siguiente. "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h Materia(s): (Común, Laboral) Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Sin embargo, a la fecha en que esto se resuelve, ya ha transcurrido en demasía el propio término fijado por nuestro Máximo Tribunal; por tanto, era necesario que después de haber declarado improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, específicamente, respecto del emplazamiento el juicio natural, en resolución interlocutoria de seis de julio de dos mil dieciocho, la autoridad señalada como responsable emitiera un acuerdo tendiente a la prosecución del juicio. Apuntado lo anterior, en el presente asunto, desde el seis de julio del dos mil dieciocho, a la fecha en que se actúa, han transcurrido aproximadamente ??????????????? de tres años, siete meses; término que excede en demasía el referido por el Máximo Tribunal del país para efecto de que se realice la tramitación del juicio laboral. No pasa por alto que, con motivo del brote de la enfermedad COVID-19, se han suspendido plazos y términos en diversos órganos jurisdiccionales en toda la República Mexicana; sin embargo, dicha situación no justificaría la omisión en que incurren la responsable, toda vez que existen diversos mecanismos para laborar a fin de salvaguardar la integridad del personal, pues resulta un hecho notorio que incluso las responsables rindieron el informe justificado que les fue requerido. Consecuentemente, lo procedente es otorgar a la quejosa Claudia Georgina Rivera Cortes, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: ? La Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, provea lo conducente para darle impulso procesal al juicio especial laboral 2A-12/2016. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: "Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Lo anterior, a fin de restituir a la parte amparista en el goce de sus derechos humanos transgredidos, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Claudia Georgina Rivera Cortes, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. ??????????????? SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Claudia Georgina Rivera Cortes, en contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de esa Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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