Claudia Hidalgo Solano
Expediente 759/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudia Hidalgo Solano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil dieciocho. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por el apoderado de Claudia Hidalgo Solano; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE REMITEN CONSTANCIAS. Por otra parte, como resulta innecesaria la permanencia de las constancias remitidas por la autoridad responsable, Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, consistentes en el toca I-231/2018, Diligencias de Jurisdicción Voluntaria 408/2009 e Incidente de Reducción de Pensión, que obran en tres tomos, se ordena devolver las constancias anteriormente señaladas a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo respectivo, a fin de estar en condiciones de determinar lo correspondiente al archivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte promovente el siguiente auto: Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO POR INCOMPETENCIA. ... SE RECONOCE PERSONALIDAD. ... ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción IV, y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: ... Del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente por cuanto a que en relación al acto reclamado consistente en la resolución de trece de agosto pasado, dictada en el toca de apelación I-231/2018, mediante la cual se confirmó la resolución interlocutoria de once de junio del año en curso, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto y falta de documentos en el emplazamiento, deducido del incidente de reducción de pensión alimenticia, que a su vez de deriva de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 408/2009, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Para evidenciar la actualización de la causal antes invocada, es importante resaltar que, como se ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, autónomo con sus características procesales como demanda, contestación, etapa probatoria y de alegatos, y como consecuencia, al igual que en un juicio, dentro de un incidente no puede promoverse el amparo en contra de cualquier resolución, sino únicamente contra aquellas que la propia ley de la materia y criterios jurisprudenciales establecen. También cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente, como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado consistente en la resolución de trece de agosto pasado, dictada en el toca I-231/2018, que confirmó la resolución interlocutoria de once de junio del año en curso, emitida en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto y falta de documentos en el emplazamiento deducido del incidente de reducción de pensión alimenticia, que derivan de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 408/2009, dado que no es un acto de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, virtud a que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), sino únicamente producen efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva, los cuales se destruirán si la parte ahora amparista obtuviera resolución favorable en el incidente de reducción de pensión alimenticia, que se deriva de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 408/2009, con lo que desaparecerían fácticamente las violaciones que se le hubieren generado con la determinación que se pretende reclamar. Máxime, que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la materia, prevé que por regla general el amparo sólo podrá promoverse contra actos verificados fuera de juicio cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda las violaciones cometidas durante la secuela procedimental que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; lo cual, en el caso no acontece, pues se insiste que el acto que se reclama lo es una resolución de segundo grado que confirma la interlocutoria de once de junio pasado dictado en el incidente de nulidad de actuaciones por defecto y falta de documentos en el emplazamiento, que deriva del incidente de reducción de pensión alimenticia, deducido de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 408/2009, del índice del juzgado de primera instancia. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Se invoca en lo particular el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, que a la letra dice: ...Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por el apoderado de Claudia Hidalgo Solano, contra actos de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Sin que haya lugar a tener por autorizados a Jaime Hernández Rodríguez y Gustavo Uriel Hernández Rodríguez, toda vez que en este propio proveído se les reconoció el carácter de apoderados, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. ...
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